Lucía Velázquez Hernández*
DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExBr06
Resumen: En México, las personas defensoras del ambiente y del territorio frecuentemente son violentadas por un modelo económico que pondera las ganancias económicas sobre las razones sociales y ambientales. Esto ha derivado en el surgimiento de un mayor número de conflictos y de frentes ambientales originados por la defensa del territorio, los recursos naturales, los ecosistemas y las diversas formas de vida, frente a los intereses de grupos económicos y políticos. Quienes defienden su territorio y el derecho a un ambiente saludable están sufriendo agresiones en sus derechos fundamentales: a la vida y a la integridad y seguridad personales, violaciones que se hacen cada vez más frecuentes.
En México han sido asesinadas 261 personas que defendían el ambiente y los territorios en el período de 1995-2022, 133 de ellas en el último sexenio. Mediante una revisión documental, este artículo ofrece un panorama de dos procesos que se mantienen indisolublemente conectados en el caso de México: a) el notable incremento de los conflictos socioambientales y b) el aumento de la violencia ambiental, que se expresa por el número de víctimas registrado.
Palabras clave: conflictos ambientales, defensores ambientales, violencia ambiental, personas defensoras de derechos humanos.
Abstract: In Mexico, land and environmental defenders are frequently attacked from an economic model that priorities economic gains over social and environmental causes. This has derived into the surgency of a higher number of conflicts and environmental movements originated by territorial defense, natural resources, ecosystems and diverse ways of life against the interests of economic and political elites. People who defend their land and their right to a healthy environment are being attacked in their fundamental rights: the right to live, of personal integrity and security. Attacks which are becoming more frequent.
In Mexico, 261 environment and land defenders were murdered between 1995 and 2022. In the last sexennium, the lives of 122 male and 11 female land and environmental defenders were taken. This essay offers an overview of two fundamentally linked processes in the case of Mexico: a) the notable increment of socioenvironmental conflicts and b) the rise of environmental violence expressed by the number of fatal victims registered in the last years by a documental review. This for contributing to a scarcely analysed theme on the national scale in the recent literature.
Keywords: land and environmental defenders, environmental conflicts, environmental violence, human rights defenders.
Introducción
Aldo Zamora, Fernando Mayen, Salomé Sánchez, Juventina Villa Mujica, Dante Valdez y Noé Vázquez fueron asesinados por salvaguardar la vida, el ambiente y el territorio en México. Sus nombres engrosan una larga lista de defensores y defensoras enfrentados a la crisis ecológica derivada del modelo económico dominante, que busca mercantilizar los procesos naturales, es decir, maximizar la explotación del capital natural. En 2021 México fue el país con mayor número de asesinatos de personas involucradas en la defensa del ambiente: fueron 54 (Global Witness, 2022). En ese mismo año el Centro Mexicano de Derecho Ambiental identificó 108 eventos de agresión en los cuales se perpetraron alrededor de 238 agresiones (Cemda, 2023), y en 2022 México fue el tercer país con mayor número de asesinatos (Global Witness, 2022 y 2023).
Las personas que defienden el ambiente y el territorio emergen de los procesos de resistencia, la defensa de los medios de vida, la protección de los entornos ambientales sanos, los derechos humanos, los bienes comunes y la diversidad cultural «en un contexto caracterizado por la ampliación y profundización de las reformas estructurales de corte neoliberal, orientadas a crear condiciones favorables para la inversión privada y extranjera» (Tetreault et al., 2019: 6).
Quienes defienden el ambiente y el territorio se identifican como «defensores de derechos humanos en asuntos ambientales», según el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, firmado por México el 7 de septiembre de 2018 y ratificado por el Senado el 5 de noviembre de 2020. Este acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021 y ya en su preámbulo «reconoce la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible» (Cepal, 2022: 13). Las personas que defienden al ambiente y el territorio no son sujetos únicos, sino una multiplicidad de sujetos colectivos inmersos en una acción colectiva o movimiento social orientado a la acción política con el objetivo de modificar la sociedad a través de cambios en el poder político, la mentalidad y el comportamiento de los individuos (Schiedel et al., 2020).
Este articulo tiene la finalidad de analizar el incremento de los conflictos socioambientales y del ecocidio en México, que se expresa por el número de personas defensoras del ambiente asesinadas en México de 1995 a 2022. La investigación se inició en 2015,[1] mediante una revisión documental de: a) informes técnicos de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, b) revisión de noticias en medios de comunicación en línea y c) bases de datos en línea de organizaciones defensoras de los derechos humanos que abarca veintiocho años, de 1995 a 2022, elaborada a partir de la revisión anterior.
Cinco sexenios de ecocidio y políticas neoliberales
En los inicios de la década de 1990 en América Latina se establecieron las bases de un modelo económico que buscaba solucionar la crisis de la deuda de la década anterior, adoptando un conjunto de políticas neoliberales que incluían privatizar las industrias extractivas bajo el argumento de la eficiencia del sector privado, lo que dio lugar a la explotación de los territorios de la población indígena y campesina. El año 1995 también fue de restructuración de la economía mexicana, que trajo consigo toda una serie de cambios de fondo en los patrones culturales, las relaciones laborales, los derechos humanos, el ambiente y la disponibilidad de recursos. Esta restructuración de la economía también tuvo un importante impacto en los medios de comunicación, que entraron en un proceso de recomposición y reajuste: «Los cambios en los medios de comunicación permitieron que se diera una separación entre los medios y el Estado» (Velázquez, 2017: 37).
Es importante destacar que en 1994 la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas señalo que «la violación de derechos humanos casi siempre era consecuencia de violaciones de la tierra y degradación ambiental, siendo inseparable de estos factores» (Ksentini, 1994: 88), y en 1999 la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, junto con la organización ambientalista Sierra Club, publicó un documento titulado «Ambientalistas bajo fuego: diez casos urgentes de abusos de derechos humanos» (Cedha, 2002). Antes de este informe se identificaron personas que defendían el ambiente y se las incluyó en las categorías de líder campesino, activista y luchador social. La información referente al tema de la violencia ejercida contra quienes defienden el ambiente ha ido en aumento por el reconocimiento de su labor y por la expansión del uso del internet.
En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) tuvo lugar la masacre de Aguas Blancas de 1995, donde perdieron la vida diecisiete integrantes de la Organización Campesina Sierra Sur (OCSS), que en los años sesenta había promovido la defensa de los bosques y la presentación con vida de las personas desaparecidas (Rangel y Sánchez, 2021). Otros seis defensores del ambiente resultaron asesinados en ese sexenio, en total fueron veintitrés.
Para el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se han identificado seis personas defensoras del ambiente asesinadas. El inicio de la década de 2000 estuvo marcado por el boom de los commodities, con un incremento del precio de las materias primas que desencadenó una ola de conflictividad social en México y en América Latina en general (Torres, 2019). Si bien es cierto que en 2004 nació el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en el marco de la lucha contra la presa La Parota en Guerrero (Tetreault et al., 2019). También en este sexenio aumentó la producción minera y, en consecuencia, entre 2000 y 2011, lo hicieron las luchas ambientales en su contra.
E sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) siguió la inercia del sexenio anterior: «El país se convirtió en uno de los principales destinos de inversión minera del mundo, siendo uno de los principales focos de conflicto social por entrañar nuevos procesos» (Paz, 2014: 25). En este tipo de conflictos fueron asesinadas once personas que se oponían a estos proyectos mineros. Asimismo, en ese periodo continuó la deforestación: entre 2000 y 2010 se perdieron 195.000 hectáreas de bosques por año como consecuencia del cambio de usos de suelos, los incendios y la tala ilegal, un 34 por ciento de la cobertura original de selvas y bosques (Toledo, 2015). En este tipo de conflictos murieron asesinadas veintidós personas. El crimen organizado que en este sexenio diversifico sus actividades delictivas, haciendo de la tala de bosques una de las principales actividades en territorios como Michoacán, Guerrero y Chihuahua.También un activista en el ejido indígena de Baqueachi, que defendía tierras comunales. En este sexenio, en total fueron aniquiladas treinta y cinco personas que defendían el ambiente y el territorio.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se diversificaron los conflictos socioambientales en los que perdieron la vida defensores y defensoras. En este periodo fueron asesinadas trece personas que se oponían a proyectos energéticos: nueve personas por proyectos hidroeléctricos, dos instalaciones eléctricas de alta tensión y dos proyectos eólicos. Asimismo, fueron asesinadas diez personas que se oponían a proyectos mineros. En conflictos relacionados por el agua fueron asesinadas ocho personas que defendían el acceso al agua, seis personas que defendían los bosques y una persona que se oponían a proyectos turísticos, así como veintiséis defensores del territorio.
Este sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por las agresiones a periodistas (se contabilizaron 448), un 342 por ciento más que en el sexenio anterior (Chouza, 2019). Entre estas destaca el asesinato Miroslava Breach, periodista que denunciaba violaciones a derechos humanos, la situación en la Sierra Tarahumara, el narcotráfico y la corrupción en Chihuahua (Nájar, 2017). En total, sesenta y cuatro personas fueron privadas de su vida por defender el ambiente y el territorio.
Después del sexenio de Peña Nieto, la Presidencia de México ha sido ocupada por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de un partido de izquierda. La entrada del nuevo presidente parecía el parteaguas de una política ambiental que erradicara las prácticas de sexenios anteriores (Velázquez, 2020), pero desde que asumió dio señales contradictorias sobre la política minera. En 2019 declaró que no otorgaría más concesiones mineras, pero aprobó nuevos proyectos de explotación a cielo abierto. Tampoco realizó cambios a la ley minera ni en las ambientales. Estas omisiones derivaron en el aumento de asesinatos relacionados con la minería: de ocho agresiones letales en el sexenio de Peña Nieto, en el suyo se pasó a catorce.
Imagen 1: Personas asesinadas por defender el ambiente y el territorio en México. Fuente: Elaboración propia.
Asimismo, pese a la promesa de no usar las fuerzas armadas del Estado para reprimir las acciones de protesta (Tetreault, 2020), en este sexenio fueron asesinados 133 defensores y defensoras del ambiente y el territorio, más del doble de las agresiones letales del sexenio anterior. Pero, a diferencia de otros sexenios, se trata de conflictos de defensa del territorio, en los que el principal agresor es el crimen organizado.
Este cambio en el tipo de ataques es importante, ya que el crimen organizado está siendo uno de los actores que violentan a quienes defienden el ambiente en función de sus intereses económicos o de los grandes capitales, las grandes empresas, las trasnacionales y grupos políticos que controlan el territorio mediante la intimidación y violencia contra las comunidades indígenas, que son las que tienen un mayor índice de marginación, precariedad y abandono. El Gobierno federal no procesa los crímenes y agresiones en contra de las personas que defienden el ambiente, y esta falta de justica permite que los agresores sigan violentando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Imagen 2: Personas asesinadas por defender el ambiente y el territorio por tipo de conflicto en México. Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
En México, en los últimos cinco sexenios (1995-2022), han sido asesinadas 261 personas que defendían el ambiente y el territorio. Esta defensa en México cada vez es más peligrosa debido a la diversificación de las actividades delictivas del crimen organizado y su inserción en los territorios. Asimismo, es cada vez más apremiante que el Estado implemente procesos de justicia eficientes que garanticen el bienestar físico de la ciudadanía y de los defensores ambientales.
Referencias
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Ksentini, F. Z., 1994. «Human Rights and Environment: Final Report». Naciones Unidas, Biblioteca Digital. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/226681?v=pdf, consultado el 1 de julio de 2024.
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* Máster en Antropología Social. Colaboradora en el laboratorio de Etnoecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del doctor Víctor Toledo M. E-mail: shia_clu@live.com.mx
[1] Trabajo de grado Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015).
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