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Dentro de la disciplina de la ecología política se centra en aspectos como los conflictos ambientales, las desigualdades en el acceso a los recursos y las cargas de contaminación, las políticas ambientales, las redes de resistencia y movimientos sociales y los referentes del pensamiento ambiental.

En 2021, Ecología Política cumplió 30 años. La revista fue fundada en 1991 por el Dr. Joan Martínez Alier, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y por Anna Monjo, directora de Icaria Editorial. (Generic Ambien) Desde entonces se ha convertido en referente para activistas y académicos/as del ámbito del medio ambiente, particularmente en España y en Latinoamérica.

ENT asumió el secretariado de la revista des de 2006. Desde 2013 la revista es coeditada por la Fundació ENT y por Icaria Editorial, y cuenta con un Consejo de Redacción y un Consejo Asesor. En 2021 se suma como co-editor el Grupo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).

Ecología Política es posible gracias al respaldo de las suscripciones y numerosas colaboraciones voluntarias. Si quieres contribuir al proyecto, puedes realizar tu suscripción aquí o contactarnos en subscriptores@ecologiapolitica.info

La revista libera en su web la totalidad de los contenidos tras un año de su publicación, lo que aumenta el alcance de su difusión. Los números anteriores pueden descargarse en nuestra web y en la plataforma Dialnet. La revista se ha dotado de una política de publicaciones a través de la cual se establecen los mecanismos y condiciones de divulgación del material generado.

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ISSN versión impresa: 1130-6378 | ISSN versión online: 2604-6091

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Ecología Política forma parte de la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE).

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura.

Esta revista ha contado con la colaboración de Pablo Pellicer (2019), Sergi Chapatte (2021) e Irene Castells (2022). Los dos primeros, gracias al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) de la Generalitat de Catalunya. En el caso de Irene, contratada en el marco de la concesión de subvenciones destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de desempleo por el Servicio Público de Empleo de Cataluña y financiada por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.

 

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