Candela de la Vega* y María Alejandra Ciuffolini**

 

Resumen: Este artículo parte de observar una alarmante escalada de visible violencia contra militantes y poblaciones en lucha en defensa de la naturaleza y los bienes comunes en América Latina. Lo que aquí sostenemos es que la extensión de los crímenes, asesinatos o desapariciones relacionados con procesos de lucha ambiental no es solo, como podría desprenderse de una lectura superficial, un indicador del carácter violento de los repertorios de acción de los contendientes o de la incapacidad de los Estados para controlar y gobernar los conflictos en sus territorios. Esta violencia es, en primer lugar, la manifestación más evidente del carácter antagónico con el que se impone la política neoliberal sobre territorios y poblaciones, y, en segundo lugar, la confirmación de que las resistencias ambientales participan de una nueva escala de intensificación de luchas frente al neoliberalismo, que profundiza la disputa por la trayectoria regional de los procesos políticos actuales.

Palabras clave: violencia, neoliberalismo, capitalismo, gubernamentalidad

 

Abstract: This article starts from observing an alarming escalation of visible violence against militants and populations struggling in defense of nature and common goods in Latin America. What we maintain here is that the extent of the crimes, murders or disappearances related to processes of environmental struggle is not, only and in a superficial reading, an indicator related to the violent nature of the contenders’ action repertoires or to the incapacity of States to control and govern conflicts in their territories. This violence is, in the first place, the most evident manifestation of the antagonistic character with which neoliberal policy is imposed on territories and populations; and, secondly, a confirmation that environmental resistance participates in a new scale of intensification of struggles against neoliberalism, which deepens the dispute over the regional trajectory of current political processes.

Keywords: violence, neoliberalism, capitalism, governmentality

 

 

 

Introducción

Por su capacidad de instituirse como forma de vida —sin que incida demasiado la forma del régimen político—, América Latina es uno de los espacios donde el neoliberalismo adquirió las notas más radicales, si consideramos su impacto en la reorganización del Estado, el mercado, la política y la sociedad. En consecuencia, el escenario latinoamericano del siglo xxi muestra con claridad el efecto devastador de varias décadas de aplicación y vigencia de la matriz capitalista y neoliberal: intensificación de la desigualdad social, aumento de la deuda externa, inestabilidad económica e institucional y consolidación de un modelo de desarrollo que actualiza las dinámicas del colonialismo extractivo y predatorio.

Particularmente en relación con los conflictos ambientales, la proliferación de proyectos de explotación de la naturaleza en la región ha sido un proceso sostenido en los últimos treinta años con una marcada incidencia en las inequitativas condiciones de acceso, distribución y uso de bienes naturales. Cierto es también que, en este tiempo, las formas productivas del capitalismo neoliberal renovaron las estrategias coloniales que a) hacen del racismo el dispositivo privilegiado para enunciar, inferiorizar y violentar a las poblaciones en conflicto; b) reproducen un modelo de explotación dispuesto desde el Norte global, que atraviesa, perfora e incluso en algunos casos doblega a los Gobiernos de nuestros países del Sur, dejándolos como meros administradores y guardianes de sus intereses, y c) inscriben la subalternidad, nuevamente, como la marca y condición del continente y sus recursos.

Todo ello explica las álgidas resistencias por parte de distintas poblaciones y colectivos como una constante. Basta considerar el año 2019 para reconocer, por un lado, cómo los más visibilizados levantamientos populares en Chile, Bolivia, Colombia, Haití y Ecuador incluyeron cuestionamientos de las lógicas extractivas de bienes naturales y su impacto sobre los modelos de desarrollo y bienestar de las mayorías. Por otro lado, el pasado 2019 no dejó de ser un tiempo de activación del descontento socioambiental ante lo que Fermín (2019) llama los «ecocidios de 2019»: el incendio de más de cientos de miles de hectáreas de la selva amazónica o de los Llanos de Chiquitos (Bolivia); la expansión de las minas de litio en Sudamérica; el uso masivo de agrotóxicos en la producción agropecuaria; el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en aguas del mar de Cortés (México) o el derrame petrolero del oleoducto Norperuano; el avance de la tala de bosques en la Reserva Ecológica Mache-Chindul (Ecuador), en las Dunas de Baní (República Dominicana) o en la selva misionera (Argentina).

Si ha sido constante la activación de resistencias en las comunidades y organizaciones, ha sido firme también la respuesta represiva —de agentes públicos o privados— que nos devuelve una alarmante escalada de visible violencia contra militantes y poblaciones en lucha.[1] Aunque no siempre estos casos se difunden, los informes anuales del observatorio británico Global Witness (2018) son una muestra ejemplificativa: desde que en 2012 este observatorio comenzó a publicar información sobre muertes de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, América Latina ha sido siempre la región con más fallecimientos registrados. En sus reportes para los últimos tres años, la minería, el petróleo y la agroindustria son los sectores económicos vinculados a más asesinatos. El primer puesto como país latinoamericano más violento, según el recuento de los dos últimos años, se lo disputan Brasil y Colombia.

La situación de violencia y hostigamiento se agrava en sectores específicos. El informe de Amnistía Internacional de 2019 advierte que, entre las situaciones más peligrosas, se encontraron las luchas indígenas. Desde siempre, estas comunidades han enarbolado su resistencia con el reclamo inclaudicable por el uso y el acceso a la tierra —y el territorio—, que les es expropiada mediante la radicación de proyectos extractivos en sus tierras ancestrales sin ningún consentimiento previo o informado. La invasión, la degradación o la apropiación ilegal de tierras explican las migraciones de comunidades y familias que acrecientan las cifras de refugiados y desplazados ambientales expuestos a situaciones de altísima violencia, abuso y discriminación (OIM, 2019: 112). Por si fuera poco, está muy bien registrado que mayormente son las mujeres quienes, en todo el continente, integran los colectivos de defensa de los territorios. Figuras emblemáticas como Berta Cáceres y Máxima Chaupe así lo ejemplifican.

Imagen 1. Presencia policial en protestas ambientales. Fuente: Colectivo Manifiesto (Argentina).

 

Ahora bien, lo que aquí sostenemos es que la extensión de los crímenes, asesinatos y desapariciones relacionados con procesos de lucha ambiental no es solo, como podría indicar una lectura superficial, un indicador del carácter violento de los repertorios de acción de los contendientes o de la incapacidad de los Estados para controlar y gobernar los conflictos en sus territorios con más o menos hegemonía y mediaciones políticas. Esta violencia es, en primer lugar, la manifestación más evidente del carácter antagónico con el que se impone la política neoliberal sobre territorios y poblaciones, y, en segundo lugar, la confirmación de que las resistencias ambientales participan de una nueva escala de intensificación de luchas frente al neoliberalismo, que profundiza la disputa por la trayectoria regional de los procesos políticos actuales.

 

Neoliberalismo y gestión del conflicto social

Comprender el neoliberalismo como una fuerza política en disputa antagónica con otras exige aceptar que se trata de mucho más que de una trama de variables económicas o conjunto de políticas económicas o sociales. Es un modo de gobierno capitalista sobre los sujetos y los territorios que justifica, promueve e implementa una determinada disposición de orden sociopolítico. Incluso, como señala De Lagasnerie (2015), la defensa teórica y ética de la libertad individual es tan radical que moviliza promesas de emancipación y de revolución y, como señala Brown (2015), tiene la increíble capacidad de borrarse como «ideología dominante». Aun sí, se trata de un proyecto político que, como tal, engendra relaciones de fuerza antagónica con otros proyectos y alternativas de orden y participa en ellas.

En general, esta inscripción antagónica de las fuerzas neoliberales en procesos de conflicto y lucha tiende a ocultarse tras una singular economía de la conflictividad, es decir, tras un modo específico de presentar y gobernar el conflicto social. No se trata de eliminar o reprimir —en primera instancia— cualquier expresión colectiva de descontento u oposición. Antes de eso, el orden neoliberal se caracteriza por haber creado y sostenido una serie de estrategias orientadas a reducir los conflictos sociales a niveles y códigos aceptables, esto es, a volverlos gestionables dentro de las fronteras, códigos y lenguajes de la propia racionalidad neoliberal.

En este sentido, en nuestras investigaciones sobre conflictos y luchas sociopolíticas en la región,[2] hemos reconocido dos estrategias principales de gestión neoliberal de los conflictos sociales:

La primera de estas estrategias consiste en la institución de nuevas áreas de preocupaciones susceptibles de ser politizadas. Lejos de los grandes discursos que la política tradicional contemplaba como preocupaciones sociales legítimas de la conflictividad (la autonomía nacional, el desarrollo, la inclusión social, la emancipación o incluso el imperialismo), la racionalidad neoliberal ha abierto nuevos temas, elementos, actividades e inquietudes como potencialmente politizables. La «vida sana», los «espacios verdes», la «salud deportiva», los «animales domésticos», la «femineidad», la «libre expresión» de «identidades folclóricas» o la intranquilidad moral por la «corrupción» forman parte del código del neoliberalismo para leer el conflicto social, producir narrativas sobre sus causas y consecuencias, representarlo políticamente y, desde allí, gestionarlo.

En segundo lugar, destaca la modulación individual de deseos y necesidades movilizados en un proceso de conflicto. En este sentido, es cierto que el neoliberalismo ha ido fijando un nuevo sustrato para demandas de nuevos o ampliados derechos e importantes conquistas en relación con la consagración de la libertad individual como principio del orden ético-político. Pero es justamente la garantía de esas libertades individuales lo que abre una vía para abandonar el reclamo colectivo y dedicarse a los asuntos privados con una actitud más «emprendedora» y coherente con una «responsabilidad individual» (Han, 2014; Torres, 2019). Se trata de concebir y habilitar el tránsito hacia soluciones individuales para problemas generados socialmente. En este plano, la codificación del conflicto político en los términos y canales del orden y la institucionalidad jurídica representa una de las aristas más analizadas. Por ejemplo, la judicialización de las disputas alrededor de la naturaleza entra en este código cuando se establece su tratamiento como «acuerdos» —en general por la vía de compensaciones— entre los agentes involucrados directamente en los conflictos (De la Vega, 2013; Seoane, J. y Roca Pamich, 2019).

Ambas estrategias traducen la máxima neoliberal de gobernar sujetos de tal manera que sea mínima la intervención física y directa. Gobernar, en la lógica neoliberal, no significa imponer una coacción, sino conducir, orientar conductas y, en el mejor de los casos, producir subjetividades que permitan que los individuos «caminen solos» —parafraseando la fórmula althusseriana—.

 

Capitalismo y conflicto social

Ahora bien, a pesar de la eficiencia de estas formas de gobernar los conflictos sociales, es necesario reconocer que, en las sociedades capitalistas como las nuestras, es constante la posibilidad de que emerjan conflictos sociales con capacidad de desnudar y vulnerar las bases del orden social, aunque no podamos anticipar exactamente cuándo, dónde y con qué particularidades. Es que esta condición de amenaza latente del conflicto social está inscripta en las propias contradicciones que caracterizan el modo capitalista de organizar la producción-acumulación a nivel global y las relaciones sociales que se estructuran por y más allá de ese proceso.

Para reproducirse, el capital necesita mercantilizar y explotar volúmenes suficientes de naturaleza, cuerpos, territorios, trabajo remunerado y no remunerado. Esta explotación y acumulación representa una tendencia constante, expansiva y asombrosamente adaptativa. Pero, además, la acumulación y mercantilización capitalista se extiende por —incluso a veces se opone a— todo un conjunto de relaciones culturales, étnicas, políticas, legales, territoriales y lingüísticas. Por eso, el capitalismo no es solo un sistema o un modo de producción económico: es también un orden social que se estructura de manera racista y patriarcal, que agudiza la separación entre humanidad y naturaleza y que hace posible, al tiempo que constriñe, demandas democráticas y transformadoras. En pocas palabas, las sociedades capitalistas no son solo mercancías hasta el final, como dicen Fraser y Jaeggi (2019); hay «condiciones de posibilidad» no mercantiles que son indispensables para la existencia de esas mercancías.

Los conflictos ambientales en la región se han mostrado como instancias de rechazo evidente a la alienación creciente del acceso a los bienes indispensables para vivir, a la injusticia persistente en la distribución de la tierra, a la selectividad y el racismo de los daños ambientales, de los desplazamientos a causa de «desastres naturales» y de la contaminación y, asimismo, a la violencia patriarcal inscripta en las reglas de distribución y disfrute de los bienes naturales.

Imagen 2. Morir, emigrar o luchar dignamente. Fuente: Colectivo Manifiesto (Argentina).

 

Justamente por eso, no es casualidad que estos conflictos activen automática y sistemáticamente los dispositivos de fuerza represiva en su faceta más carnal y feroz, tal como hoy se nos presenta en la región. En este umbral, la gubernamentalidad neoliberal no logra contener ni canalizar las demandas ni las necesidades sociales, y la democracia formal-liberal opera al filo de sus posibilidades antes de mutar en formas fascistas y autoritarias. Las situaciones de hostilidad que reviste ese campo muestran hasta qué punto ha fracasado la máxima neoliberal de gobernar sujetos de tal manera que sea mínima la intervención física y directa. En su lugar, se recurre a estrategias más militaristas de regulación del conflicto social.

Sin dejar de denunciar ni de advertir la gravedad y la preocupación de la activación neoliberal de estrategias militaristas, de excepción y de uso explícito de la fuerza para gobernar los conflictos, las resistencias ambientales hoy expresan uno de los puntos de fuga por los que reaparece el campo antagónico contra el neoliberalismo. Estos conflictos exponen una crisis del neoliberalismo como forma de gobierno y del capitalismo como proyecto societal sustentable y equitativo. Hacen evidente que, más allá de las modulaciones de los procesos e instituciones políticas de nuestra América —progresistas o conservadores—, la dinámica extractiva y contaminante se despliega de igual forma y, con ella, la violencia a la que está asociada. Aun así, los conflictos ambientales, con sus victorias y fracasos, han ganado en América Latina una legitimidad que habilita y amplía el debate político, al resignificar la contradicción y las luchas como condiciones necesarias de procesos políticos emancipatorios.

 

Referencias

Alimonda, H., Toro Pérez, C. y F. Martín (coord..), 2017. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulacion epistémica (vol. II). Buenos Aires, CLACSO.

Amnistía Internacional, 2019. Informe anual 2019. Londres, Amnisty International.

Antonio, M., y M. Rojas, 2016. «Neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina». Espiral, 23 (66), pp. 152-192.

Brown, W., 2015. El pueblo sin atributos: la secreta revolución del neoliberalismo. Barcelona, Malpaso.

De la Vega, C., 2013. «La definición del territorio en las leyes y políticas ambientales nacionales entre 1973 y 2010». Perspectivas de Políticas Públicas, 4, pp. 99-133.

De Lagasnerie, G., 2015. La última lección de Michel Foucault. Buenos Aires, FCE.

Díaz Roco, A., 2019. Informe de criminalización de la protesta social por oposición a la minería en América Latina. Situación 2017-2018. Santiago de Chile, OCMAL

Elmhirst, R., 2018. «Ecologías políticas feministas: perspectivas situadas y abordajes emergentes». Ecología Política, 54, pp. 53-59.

Fermín, C., 2019. «Los 10 ecocidios de 2019 en Latinoamérica». Rebelión (26 de diciembre). Disponible en: https://rebelion.org/los-10-ecocidios-del-2019-en-latinoamerica/, consultado el 27 de abril de 2020.

Fraser, N., y Jaeggi, R., 2019. Capitalismo. Una conversación desde la Teoría Crítica. Madrid, Ediciones Morata.

Global Witness, 2018. ¿Enemigos del Estado? Informe anual. Londres, Global Witness.

Han, B., 2014. Psicopolítica. Buenos Aires, Herder.

Kauffer Michel, E. F., 2018. «Pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina: hacia la definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo multiforme». Sociedad y Ambiente, 16, pp. 33-57.

Laval, C., y P. Dardot, 2013. La nueva razón del mundo. Barcelona, Gedisa.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2019. Informe sobre las migraciones en el mundo, 2020. Ginebra, OIM.

Seoane, J., y B. Roca Pamich (coord.), 2019. Salir del neoliberalismo. Aportes para un proyecto emancipatorio en Argentina. Buenos Aires, Batalla de Ideas.

Torres, M., 2019. Neoliberalismo y subjetividad. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.

Villegas, P., Machado, H., Gandarillas Marco A., Milanez, B. Wagner, L., Sandá Mera, A., y H. Scandizzo, 2014. Extractivismos: nuevos contextos de dominación y resistencias. Cochabamba, Cedib.

* Investigadora del colectivo de investigación «El llano en llamas» (www.llanocordoba.com.ar). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UE-CONICET). Investigadora y profesora de la Universidad Católica de Córdoba (UA-CONICET), Argentina. Militante del Encuentro de Organizaciones, Córdoba. E-mail: cande_dlv@yahoo.com.ar.

** Directora del colectivo de investigación «El llano en llamas» (www.llanocordoba.com.ar). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (CIJS-UE-CONICET)Argentina. E-mail: ma.ciuffolini@hotmail.com.

[1]. Lo registros de muchos análisis actuales así lo confirman (Alimonda et.al., 2017; Antonio y Rojas, 2016; Díaz Roco, 2019; Kauffer Michel, 2018; Elmhirst, 2018; Villegas et. al., 2014).

[2]. Ambas autoras forman parte del colectivo de investigación «El llano en llamas» (www.llanocordoba.com.ar), que desde el año 2004 se dedica al estudio de procesos de lucha y conflicto social en Argentina y en América Latina.

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