Víctor L. Bacchetta*
La tradicional economía agro-pastoril del Uruguay, bastante alterada ya por las plantaciones de árboles para celulosa y de soja para la hacienda global, no escapa del auge minero que atraviesa América Latina al compás de la demanda asiática y la especulación financiera con los metales, pero ha generado una resistencia inédita contra la megaminería en el país donde diversos sectores sociales luchan por preservar el ecosistema pampeano.
Uruguay es un pequeño país de 177.414 kilómetros cuadrados, con una población de 3,2 millones de habitantes. Situado entre los 30 y 35° de latitud sur, con un territorio suavemente ondulado y una altitud media de 300 metros sobre el nivel del mar, Uruguay posee un clima templado subtropical húmedo, con lluvias distribuidas en todo el año. El territorio está en el centro del Bioma Pampa, cubierto por un tapiz casi continuo de pasturas naturales. Son 16 millones de hectáreas aptas para la cría de ganado ovino y bovino y la agricultura.
Cruzado por numerosos ríos y arroyos, Uruguay comparte con Argentina, Brasil y Paraguay el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importante del planeta. Este acuífero ocupa 45.000 km2 de la región norte del país, al este el agua se encuentra a pocos metros de la superficie, mientras que al oeste desciende a más de mil metros, debajo de un manto de rocas basálticas. En 2004, Uruguay aprobó mediante un plebiscito que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y debe ser gestionado por el estado.
Las reservas minerales conocidas de Uruguay son el hierro, en el centro (Valentines) y el noreste del país, el oro en algunas localidades y la ilmenita. Son yacimientos relativamente pequeños en volumen y pobres en concentración —el hierro se encuentra al 28% y el oro entre 1 y 1,9%—, pero una coyuntura especulativa del mercado internacional los ha vuelto muy rentables. A lo anterior se agregan unos estudios recientes para definir la viabilidad de la extracción de gas de esquisto (shale gas) en el centronoroeste del país.
En los últimos años, el mercado de metales ha sido pautado por el fuerte crecimiento de las economías asiáticas, China en especial, y la especulación financiera desatada en torno a las materias primas y los metales, que registraron en 2008 un gran salto en los precios a partir de las crisis financieras de España y Estados Unidos. En tres años, el valor del hierro se multiplicó por cinco y, en este contexto, se comprende porqué yacimientos como el de Valentines, que nunca se explotaron, hoy pueden estar siendo apetecidos.
Entre 2000 y 2010, el total de solicitudes anuales para la prospección de hierro en Uruguay oscilaba en torno a las 90.000 hectáreas, mientras que en 2011 llegaron hasta un millón de hectáreas. Según el Ministerio de Industrias, hay 3,5 millones de hectáreas solicitadas para prospección minera —es decir, casi un 25% de la superficie productiva del país—, que ha sido alentada además desde el gobierno con subsidios y otras concesiones.
Pero al ser yacimientos pequeños y pobres, los capitales que llegan a Uruguay buscan una explotación rápida y en gran escala para aprovechar la coyuntura internacional. Pasado el momento, al país le quedará un legado de destrucción social y ambiental. Paradójicamente, mientras países de tradición minera buscan otras vías de desarrollo, el Uruguay haría el camino inverso, sustituyendo un rico ecosistema por un negocio de ocasión.
EXPERIENCIA REGIONAL
Justamente, otros países del continente sudamericano, como Chile, Bolivia y Perú poseen grandes riquezas minerales y procesos extractivos de larga historia. La actual coyuntura internacional ha significado también un auge de las inversiones mineras en esos países y, aunque las minas se localicen mayormente en la cordillera andina, en zonas desérticas o semidesérticas, por ser operaciones a cielo abierto en gran escala, los impactos sociales y ambientales han generado fuertes movimientos populares de resistencia.
El fenómeno ha ido en aumento y se manifiesta hoy en toda la región. Se han denominado comisión, junta o asociación de vecinos, ciudadanos autoconvocados, comité, asamblea ciudadana o, simplemente, comunidad o población de tal localidad. A menudo, el alcalde, el párroco y los concejales del municipio se suman a los pobladores. Forman federaciones o confederaciones, pero parten siempre de una realidad territorial local.
Con el avance del modelo extractivista, las comunidades se han visto obligadas a defender su sustentabilidad social y ambiental, pero los gobiernos, las empresas e incluso ONG, no contemplaban a este nuevo actor y no asimilan aún el valor de esa participación.
Desde hace décadas, en los acuerdos de las organizaciones internacionales, la participación de las comunidades locales en la decisión de los proyectos de desarrollo que las afectan, parece ser un principio consolidado. Asimismo, los estados de la región han modificado sus estructuras hacia formas menos centralizadas de gobierno. Pero esta tendencia choca con la globalización económica que impone una centralización total de las decisiones. Que un grupo local, una comunidad o la población de una zona, reclame una participación en la decisión sobre un gran proyecto de inversión, no encaja en esa realidad.
Por esta razón, la práctica real de la participación social es escasa y son pocos todavía los gobiernos que se preocupan por averiguar qué piensan y cómo lo harían los involucrados. Es más, cuando los afectados, es decir las poblaciones, se han decidido a actuar por su cuenta y riesgo, en vez de ser bienvenida su intervención, a menudo son ignorados, se busca manipularlos o, simplemente, son criminalizados y luego reprimidos.
EL DESPERTAR URUGUAYO
Uruguay nunca tuvo grandes explotaciones mineras y, por tanto, no conoció un movimiento social en correspondencia con esa problemática hasta el año 2007 cuando llegó al país una empresa trasnacional, Zamin Ferrous (Aratirí se denomina la filial local) con un proyecto de extracción de hierro a cielo abierto en gran escala del yacimiento de Valentines. En la fase de exploración surgieron los primeros conflictos con productores familiares que viven por generaciones en una amplia zona de pequeños y medianos predios rurales.
El conflicto fue creciendo y se sumaron poblaciones de los balnearios de la costa oceánica, que se sienten amenazadas también por el mineroducto y el puerto de aguas profundas que se pretende construir para llevar los minerales al exterior. A comienzos de 2011, productores rurales, residentes de la costa, organizaciones sociales y ciudadanos de otras localidades constituyeron el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) con el fin de informarse, informar y movilizar a la opinión pública contra los proyectos de megaminería.
Es un movimiento social sin antecedentes en el Uruguay. Los productores enfrentados a la megaminería no son grandes terratenientes o latifundistas, sino productores familiares que viven en y de la tierra. Y no la poseen como simple negocio, conocen los suelos que han sostenido históricamente a la actividad agropecuaria y tienen conciencia del valor de ese ecosistema para la sobrevivencia de la sociedad. Al MOVUS se sumaron profesionales y académicos que dieron mayor solidez técnica a la crítica de la megaminería.
Por ahora, con la excepción de los trabajadores del agua y el saneamiento (FFOSE) que impulsaron la reforma constitucional del agua, el apoyo de gremios estudiantiles y obreros liderados por la izquierda en el gobierno (Frente Amplio) ha sido bastante escaso. Estos sectores no incluyen la variable ambiental como condición central del capitalismo actual y confunden la agroindustria y la gran minería con una modernización capaz de generar un pujante proletariado. Sin embargo, la destrucción y la contaminación ambiental son parte integral de la rentabilidad de esas empresas y, en lo social, llegan a concentrar más la propiedad de la tierra y utilizan menos mano de obra que el antiguo latifundio.
No obstante, el MOVUS, el Colectivo de Lucha por la Tierra, los trabajadores de la caña de azúcar (UTAA) y otras organizaciones sociales realizaron en 2011 dos grandes marchas a caballo «En Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales» que conmovieron a la capital. Las actividades de información y las acciones callejeras pusieron el tema de la megaminería en la agenda pública y esto obligó a los políticos a moderar sus intenciones.
Mientras a principios de 2011, integrantes del gobierno decían que el proyecto Aratirí sería aprobado en el mes de julio, hasta el presente no fue autorizado. Tras el rechazo al primer estudio de impacto ambiental (EIA) elaborado por la empresa, Aratirí presentó un segundo EIA sin mayores variantes que está nuevamente a estudio del gobierno.
LA LUCHA CONTINÚA
El modelo de saqueo y depredación de los bienes naturales del país continúa vigente y los proyectos de megaminería están a la orden del día. Aún resta mucho para consolidar un movimiento capaz de proponer una estrategia de desarrollo alternativa que lleve a los órganos legislativos y ejecutivos a adoptar esa opción como política nacional.
Con ese objetivo, las proclamas públicas del movimiento, además de rechazar la minería metálica a cielo abierto en gran escala en el país, reivindican también:
• el derecho de los productores y sus familias a seguir trabajando su tierra;
• la conservación y el desarrollo del potencial turístico del país;
• la exigencia de tierra para el que quiera trabajarla;
• un Uruguay verdaderamente natural, en defensa de nuestros bienes naturales;
• un país donde los más infelices sean los más privilegiados;
• el derecho de las comunidades a elaborar y participar directamente en los planes y proyectos que involucran su forma de vida y entorno.
El MOVUS cuenta con el Observatorio Minero del Uruguay (www.observatorio-minero-del-uruguay.com) y el cotidiano MOVUS (www.scoop.it/t/movus), para brindar informaciones actuales y sistematizadas sobre el tema. También se utilizan redes sociales tales como «No a la minería a cielo abierto en Uruguay», «Uruguay libre de megaminería», etc., que llegan a miles de participantes y son semillero de nuevos grupos y acciones.
El movimiento se articula y comunica a través de una lista de correo electrónico y luego en forma presencial a través de asambleas mensuales. Es importante señalar que para que el movimiento pueda participar y apoyar las acciones llevadas a cabo por cada organización o grupo, estás deberán ser consensuadas en asamblea.
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* Periodista uruguayo (vbacchet@yahoo.com.ar). Actualmente colabora como free-lance con medios de Uruguay y la región en temas de medio ambiente y desarrollo y es editor del blog «Observatorio Minero del Uruguay – Impactos y voces desde la sociedad» (http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/).
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