Juraj Sendra* y Julio Rodolfo González Gutiérrez**
DOI: doi.org/10.53368/EP60MABr09
Resumen:Este artículo analiza los impactos socioecológicos del modelo de desarrollo privatizador y extractivista que se ha impuesto en Guatemala desde los años noventa, en el contexto regional del Plan Puebla-Panamá. En concreto, se centra en el caso de los complejos hidroeléctricos Oxec y Renace en Alta Verapaz. Construidos sobre los ríos Cahabón y Ox-eek’, sagrados para el pueblo maya q’eqchi’, estos proyectos atentan directamente contra la vida económica y cultural de las comunidades. Por la manera en que se imponen, vulneran el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, destruyen el tejido social comunitario y conllevan una gran conflictividad materializada en agresiones, criminalización y profundización de relaciones sexistas. Por último, el artículo visibiliza la labor de las organizaciones y resistencias indígenas en la defensa de sus derechos y territorios.
Palabras clave: hidroeléctricas, Alta Verapaz, derechos de los pueblos indígenas
Abstract: This article discusses the socio-ecological impacts of the privatization and extractivist development model that has been imposed in Guatemala since the 1990s, in the regional context of the Puebla-Panama Plan. Specifically, it analyses the case of the Oxec and Renace hydroelectric complexes in Alta Verapaz. Built on the rivers Cahabón and Ox-eek’, sacred to the Mayan Q’eqchi’ peoples these projects directly undermine the economic and cultural life of communities. By the way they are imposed, they violate the right to consultation of indigenous peoples, destroy the community social fabric, and lead to great conflict materialized in aggression, criminalization and the deepening of sexist relations. Finally, the article raises awareness of the work of indigenous organizations and resistances in defending their rights and territory.
Keywords: Hydroelectric Plants, Alta Verapaz, Indigenous People’s Rights.
La imposición de un modelo extractivo
Alta Verapaz (AV), al norte de Guatemala, es un territorio predominantemente indígena. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 80,58 por ciento de su población es de etnia maya q’eqchi’. Al finalizar el conflicto armado interno (1996), comenzó a sustituirse el modelo económico basado en la exportación de café y cardamomo por otroneoliberal extractivista basado en la expansión de agrocombustibles (en particular de palma aceitera), la explotación minera (sobre todo de níquel y mármol) y la generación de energía hidroeléctrica,que incluye la privatización y explotación de los recursos hídricos de Alta Verapaz. Desde los primeros asentamientos conocidos, el pueblo q’eqchi’ ha desarrollado su vida económica y cultural alrededor de las cuencas de los ríos Cahabón y Ox-eek’ (González- Izás, 2014).
En el año 1996, durante el Gobierno de Álvaro Arzú, se promulgó la Ley General de Electricidad, que privatiza el sector,y se conformó elSistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (Siepac), un mercado mayorista enmarcado en el Proyecto Mesoamérica (antiguo Plan Puebla-Panamá). Además, la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos en Energías Renovables (2003) estableció toda una serie de privilegios, exenciones y ventajas fiscales para grandes empresas hidroeléctricas, a las que concesionó los ríos de manera gratuita por cincuenta años. Este modelo se impuso con la promesa de abaratar el coste de la energía y mejorar el acceso de la población a ella. Sin embargo,en el departamento de Alta Verapaz, que concentra casi un tercio de todos los complejos hidroeléctricos construidos en Guatemala, un escaso 44,36 por ciento de la población disfruta de cobertura eléctrica (MEM, 2017). Esto es posible porque la energía generada se vuelca en el Siepac, que administra la demanda de todos los países de la región. Con el Siepac, el Estado de Guatemala se desligó de la obligación de atender la luz eléctrica como un servicio público esencial, al privatizar su administración y consumo (Quiles Sendra, 2020).
En los municipios de San Pedro Carchá y Santa MaríaCahabón, donde se han ubicado los megacomplejos hidroeléctricos Renace y Oxec, solo un tercio de los hogares tiene acceso a la electricidad (MEM, 2017).Para las poblacionesde estos municipios, la instalación de ambos megaproyectos supone una profundización de las desigualdades ya existentes, así como una enorme destrucción social y ambiental en la región con mayores índices de pobreza[1] e impunidad[2]del país (García-Torres, 2018). Así, en la última década se han conformado resistencias indígenas con los objetivos de defender su territorio y medios de vida y, a la vez,de plantear alternativas de desarrollo a partir de la propia organización comunitaria y de su cosmovisión como pueblo maya.
Imagen 1: Río Cahabón. Autor: Julio Rodolfo González Gutiérrez.
Los complejos Oxec y Renace: impactos socioambientales y conflictividad
Interpuse el amparo contra el MEM[Ministerio de Energía y Minas] por haber violado el derecho de consulta al pueblo q’eqchi’ cuando se concesionó el río Cahabón por cincuenta años. Un río que, para los pueblos mayas, así como está establecido en el Popol Vuh, es sagrado […]y realmente está en el pensamiento y la memoria del pueblo. Los elementos fundamentales para la vida no se pueden ver como una ganancia [como hace] esta nueva corriente neoliberal mercantilista que solo genera despojo y pobreza (Quiles Sendra, 2020: 33).[3]
La empresa Renace S.A. (propiedad de Corporación Multi Inversiones), con cuatro plantashidroeléctricas en funcionamiento, instaladas entre 2004 y 2019, afecta aproximadamente treinta kilómetros del cauce del río Cahabón.Por su parte, los complejosOxec I (año 2015) y II (2018), propiedad de Energy Resources Capital Corporation, ocupan unos quince kilómetros de los ríos Cahabón y Ox-eek’. Dos plantas hidroeléctricas más, Renace V y Oxec III,se encuentran en fase de construcción. Estos megaproyectos se han impuesto en un territorio habitado por centenares de comunidades indígenas q’eqchi’. De acuerdo a la legalidad guatemalteca, debieron haber realizado los estudios de impacto ambiental (EIA) pertinentesy una consulta libre, previa e informada, estipulada en el Convenio 169 de la OIT.Pero desde el año 2015 las organizaciones comunitarias y ecologistas denuncian el incumplimiento de estas obligaciones. En primer lugar, los EIA se realizaron de forma fraccionada, por tramos, por lo que la percepción y acumulación de estos impactos, así como la responsabilidad social y ambiental de las empresas, quedaron diluidas (Alianza por la Solidaridad, 2016; Quiles Sendra, 2020).
Entre los impactos ambientales de estos proyectos se cuentan la deforestación, la contaminación del agua por las actividades de construcción y una gran pérdida de la biodiversidad del río al canalizarse el caudal e impedir la locomoción de especies acuáticas. A esto se suma el levantamiento de represas quesecan kilómetros del río aguas abajo, provocan inundaciones y funcionan como vector de enfermedades y acumulación de materia orgánica estancada (que liberagas metano) (Quiles Sendra, 2020). Para las comunidades indígenas, la canalización del agua conlleva una destrucción de sus medios de supervivencia al dejar dedisponer de agua para laagricultura yla pesca, el consumo propio y de los animales domésticos, la limpieza o la recreación. Alrededor del complejo Renace, solo un 3 por ciento de la población cuenta con acceso al agua potable (García-Torres, 2018). Las mujeres q’eqchi’, habitualmente encargadas de tareas de subsistencia como el acarreo y la provisión de agua, se ven afectadas de un modo especial. Esta apropiación del agua se traduce en un grave deterioro de sus condiciones de vida por la sobrecarga de trabajo,que implicadaños graves en la salud y a nivel psicológico.
Ambas empresas evadieron la obligación de realizar una consulta en las comunidades afectadas por medio del recurso al tráfico de influencias estatales, la compra de voluntades en las municipalidadesy engaños a la población. En su lugar, en el año 2003 Renace S.A.hizo una serie de encuestas de percepción social fraudulentas y desinformadas, mediante coacciones o previa selección de personas afines a la empresa (Rodríguez-Carmona y De Luis Romero, 2016). Por su parte, Oxec firmó en 2012 una serie de convenios con personas de once comunidades, entre las más de doscientas del municipio de Cahabón. Según estos acuerdos, las comunidades recibirían paquetes de apoyo económico a cambio de «no entorpecer el desarrollo del proyecto, dejando constancia que ellos no apoyarán a organizaciones campesinas […]defendiendo de manera expresa la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica» (Quiles Sendra, 2020).
Imagen 2: Protesta por el derecho a la consulta en Santa María Cahabón, 28 de septiembre de 2020. Autor: Julio Rodolfo González Gutiérrez.
Las resistencias pacíficas de Carchá y Cahabón denuncian la manera en que se han impuesto ambos proyectos. Para adquirirlas tierras y licencias necesarias, las empresas hanpuesto en marchaestrategias deliberadas de violencia y desarticulación del tejido social comunitario,como la cooptación de los liderazgos políticos y la infiltración en organizaciones comunitarias, con nefastas consecuencias. A esto se suma la violencia que ejercen sobre las mujeres q’eqchi’a distintos niveles. En primer lugar, ambas empresas han priorizado la interlocución con los hombres como representantes de las comunidades y familias, quizá porque, como encargadas de las tareas de subsistencia y reproducción de la vida, la predisposición de las mujeres campesinas a vender las tierras a empresas suele ser menor (Privado, 2017). Esto conlleva la profundización de espacios y relaciones sexistas, al conformar espacios de toma de decisión masculinos de donde las mujeres quedan excluidas.
Peor aún, Oxec y Renace han utilizado estrategias que explotan la vulnerabilidad social y económica de las mujeres, tanto para entretener como para amenazar a otros hombres. La empresa Oxec construyó toda una serie de cantinas ilícitas para sus trabajadores donde empleaba a mujeres jóvenes y niñas, lo que provocó varios conflictos y muertes. Por otra parte, la concepción de las mujeres como objeto de explotación las hace especialmente vulnerables en contextos de tanta conflictividad. La violencia sexual ha sido muy recurrente como arma de dominación contra las mujeres que deciden luchar por sus derechos (Quiles Sendra, 2020). Cuando son sus familiares hombres quienes protestan, muchas veces la violencia también se dirige hacia ellas y sus cuerpos. Entorno a ambos proyectos hidroeléctricos se han registrado múltiples amenazas a personas de las comunidades, agresiones con palos y machetes, una desaparición, disparos contra el domicilio de integrantes de las resistencias, amenazas de quema de sus hogares, exclusión de sus hijas e hijos de las escuelas,impedimento de paso por caminos comunales, difamaciones, amenazas de muerte y allanamientos ilegales, así como múltiples episodios de agresión y violación sexual (Quiles Sendra, 2020; García-Torres, 2018).
Por último, las empresas también han puesto en marcha todo un aparato de recursos jurídicos, políticos[4] y mediáticos para deslegitimar y criminalizar a las personas que defienden los derechos de las comunidades, lo que ha terminado de generar un clima de temor e impunidad. Un buen ejemplo es el encarcelamiento del defensor Bernardo CaalXol, miembro de la Resistencia Pacífica de Cahabón, desde enero de 2018.Esto evidencia la crisis dentro del sistema de justicia que afecta la vida política del país. La lucha por el control de las cortes y salas de apelaciones por parte de grupos de poder económico son el reflejo de lo que significa la reactivación económica del país en la «nueva normalidad»: la continuidad del modelo extractivo que ha aumentado la pobreza y la migración en los últimos veinte años. Al mismo tiempo,se fortalecen y reactivan las resistencias ancestralesen defensa de los derechos humanos y a favor de la recuperación de las tierras ancestrales despojadas de forma ilegal. El hecho de que en el siglo xxi estén regresando a manos de los pueblos mayas demuestra la ilegalidad de estos despojos históricos.
Se avecinan tiempos de lucha y resistencia.
Referencias
Alianza por la Solidaridad, 2016. La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS). Disponible en:https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Maq.-Tierrra3.pdf,consultado el 5 de octubre de 2020.
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 2018. Una mirada a la justicia y el Estado en Guatemala. Ciudad de Guatemala, Cicig.
García-Torres, M., 2018. El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista. Madrid, Ecologistas en Acción.Disponible en: https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-ibex35.pdf,consultado el 30 de septiembre de 2020.
González-Izás, M., 2014. Modernización capitalista, racismo y violencia. Guatemala (1750-1930). México, CDM.
Instituto Nacional de Estadística (INE), 2014. República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Disponible en: https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/02/03/bwc7f6t7asbei4wmuexonr0oscpshkyb.pdf, consultado el 2 de octubre de 2020.
Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018. Censo de población y vivienda 2018. Disponible en: https://www.censopoblacion.gt/explorador, consultado el 2 de octubre de 2020.
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017. Índice de cobertura eléctrica 2016. Disponible en: http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Cobertura-Electrica-2016.pdf, consultado el 3 de octubre de 2020.
Quiles Sendra, J., 2020. ¡Defendemos la vida! Las luchas sociales en Alta Verapaz.Ciudad de Guatemala, PBI Guatemala. Disponible en: https://pbi-guatemala.org/sites/pbi-guatemala.org/files/Defendemos%20la%20vida_cL.pdf, consultado el 30 de septiembre de 2020.
Privado, M. A., 2017. El derecho a la vida: las mujeres y el acceso a la tierra.PNUD (13 de marzo). Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/13/El-derecho-a-la-vida-Las-mujeres-y-el-acceso-a-la-tierra.html,consultado el 4 de octubre de 2020.
Rodríguez-Carmona, A., y E. De Luis Romero, 2016. Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas. Disponible en: https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/10/hidroelectricos_insaciables_guatemala.pdf, consultado el 5 de octubre de 2020.
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* Consultoría independiente. E-mail:jordi_ew@hotmail.com.
** Colectivo Ecologista Madre Selva. E-mail:jurgotz@yahoo.com.mx.
[1] El índice de pobreza en Alta Verapaz es del 83,1 por ciento (INE, 2014).
[2] Con un índice de impunidad del 97,06 por ciento, el sistema de justicia en Alta Verapaz se muestra como el más corrupto del país (Cicig, 20189.
[3] Intervención de Ana Rutilia Ical Choc como querellante en el caso Renace ante la Corte de Constitucionalidad. Vista pública número 144- 2019, 23 de octubre de 2019.
[4] En marzo de 2017 la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala emitió un comunicado en que instaba al Estado guatemalteco a iniciar «acciones y procesos penales»en contra de quienes se opusieran a los proyectos hidroeléctricos Renace y Oxec.
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