David Eduardo Barreto Sánchez[a], Laura Gutiérrez Escobar[b],  Catalina Toro Pérez[c],  Line Algoed[d], Pambana Bassett[e],  YaYa Marin Coleman[f],  Tomaso Ferrando[g], Hugh Johnson[h], Mariolga Juliá Pacheco[i], Graybern Livingston Forbes[j], John Mussington[k], Patricia Northover[l], Jessica Paddock[m]

 

Resumen: Mediante una conversación interdisciplinaria en el contexto del proyecto «Inseguridad alimentaria en tiempos de cambio climático: compartiendo y aprendiendo de respuestas de abajo-arriba en la región Caribe»,[n] exponemos las voces, historia y conocimientos de comunidades y activistas locales de Barbuda, Belice, Colombia (San Andrés y Providencia), Jamaica y Puerto Rico ante la inseguridad alimentaria y la crisis ecológica en el Caribe. Se esboza el efecto compuesto de la injusticia climática y la pandemia COVID-19 como crisis antropogénicas que prosperan a partir de la desigualdad y la dependencia en el Caribe. Las experiencias comunitarias de los países del proyecto revelan una emergencia de saberes y formas diversas de producir alimentos y relacionarse con el entorno como alternativas al desarrollo. Se plantea una crítica a las soluciones impuestas desde arriba que ignoran los conocimientos, las necesidades y las prácticas de los ecologismos populares en el Caribe.

Palabras clave: justicia climática, justicia de la tierra, justicia alimentaria, Caribe, alternativas, soluciones de abajo arriba (bottom-up)

 

Abstract: Through an interdisciplinary conversation in the context of the project: Food Insecurity in Times of Climate Change: Sharing and Learning from Bottom-up Responses in the Caribbean Region, we expose the voices, history and knowledge of local communities and activists in Barbuda, Belize, Colombia (San Andres and Providencia), Jamaica and Puerto Rico to the food insecurity and ecological crisis in the Caribbean. The composite effect of climate injustice and the COVID-19 pandemic is outlined as anthropogenic crises that thrive on inequality and dependency in the Caribbean. The community experiences of the project countries reveal an emergence of knowledge and diverse ways of producing food and relating to the environment as alternatives to development. It is a criticism of the solutions imposed from above that ignore the knowledge, needs and practices of popular ecologies in the Caribbean.

Keywords: climate justice, land justice, food justice, Caribbean, alternatives, bottom-up solutions

 

 

Introducción

En un contexto de crisis civilizatoria planetaria, pareciera que no hay alternativa a la crisis ecológica estrechamente relacionada a una visión del desarrollo capitalista moderno, y sus expresiones de devastación de medios de existencia y subsistencia: contaminación, destrucción de fuentes de agua, deforestación, así como la dramática reducción de la biodiversidad en mares y costas, que están llevando a la destrucción ecológica y a su correspondiente injusticia climática.

El cambio climático es una cuestión social y ecológica que impacta en comunidades vulnerables en todo el planeta. Por una parte, es la consecuencia de las actividades antropogénicas y sus efectos se intensifican por la falta de formas adecuadas de infraestructura, manejo ecológico y protección social. Por otra parte, la fragilidad ecológica de los ecosistemas insulares y costeros, los cambios en la distribución y estado de las especies sobre todo marinas y la violencia de los fenómenos climáticos contribuyen a la pérdida de vidas, reducción del bienestar, migraciones, urbanización del territorio, desaparición del patrimonio cultural y conocimiento ecológico local de las comunidades caribeñas (Douglass y Cooper, 2020).

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) confirmó en 2018 que «Limitar el calentamiento global a 1,5 °C requeriría cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad». En los Estados del Gran Caribe —en especial los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)—, el cambio climático impacta en la relación entre el territorio y sus habitantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Tras siglos de conmociones en el equilibrio ecológico de las islas, modelos de desarrollo extractivo,[1] deforestación y políticas sociales insuficientes, las comunidades que residen en estas áreas son particularmente vulnerables a efectos del cambio climático como la mayor frecuencia e intensidad de los huracanes, la impredictibilidad de los patrones de precipitación o el incremento relativo del nivel y la temperatura del mar. Estos cambios ambientales conllevan la pérdida acelerada de la biodiversidad marina e isleña, la erosión y sedimentación costera y la salinización del agua dulce (Douglass y Cooper, 2020).

En este contexto, la violencia biológica de la pandemia COVID-19 y la destrucción socioeconómica y ecológica provocada por la lenta reacción política han puesto de manifiesto la importancia de la justicia alimentaria (acceso de las comunidades a sus prácticas ancestrales y territorios, así como su control) en relación con la justicia climática (reconocimiento de la responsabilidad de las corporaciones y Estados en la profundización de los modelos de desarrollo extractivo), la justicia energética (creación de energías alternativas, descarbonización del planeta y mantenimiento del 80 por ciento de los combustibles fósiles bajo tierra y mar), para asegurar el futuro de los pueblos del Caribe. Incluso antes de la aparición de este nuevo coronavirus, el sistema alimentario descansaba en un terreno precario. Alrededor del 90 por ciento de todos los alimentos que se consumen en las islas del Caribe son importados, por lo que las comunidades locales ven afectada su disponibilidad durante períodos de tiempo indeterminados por perturbaciones económicas, políticas y ambientales repentinas. Por tanto, la región del Caribe es insegura desde el punto de vista de los alimentos por la dependencia del mercado internacional.

La crisis del COVID-19 que afectó a las cadenas alimentarias, la movilidad y la integración del Caribe en el proceso de circulación mundial de capitales también ofrece oportunidades a los pequeños agricultores, los movimientos sociales, los campesinos y los indígenas —como los mayas, misquitos y garífunas en Centroamérica—, los raizales y palenqueros en Colombia, los líderes y lideresas defensores de la naturaleza, que han presionado y enfrentado a los Gobiernos durante décadas acerca de la necesidad de reformas agrarias, producción local de alimentos, autonomía y soberanía alimentarias y justicia climática.

Para desentrañar estas cuestiones y posibilidades, sostenemos que es necesario entender las experiencias de los proyectos comunitarios que luchan por la redistribución de la tierra, un mayor control comunitario sobre esta y los recursos, la soberanía alimentaria y la justicia climática con el fin de lograr una respuesta justa y eficaz a la emergencia climática, al COVID-19 y otras catástrofes socioambientales.

Este artículo mezcla las voces de activistas, organizadores y pequeños propietarios con las de investigadores activistas; busca una descripción multidisciplinaria y amplia de la cuestión que está en juego. En la primera parte esbozamos el efecto compuesto del cambio climático y la pandemia del COVID-19 como crisis antropogénicas que prosperan a partir de la desigualdad y la dependencia en el Caribe, producto del modelo de desarrollo colonial, extractivista. En la segunda parte, partimos de las nociones de justicia alimentaria, de la tierra y del clima para presentar una comprensión sistémica de la inseguridad alimentaria y climática, mediante el diálogo sobre experiencias entre pequeños agricultores de Barbuda, Belice, Jamaica, Puerto Rico y Colombia (Imagen 1), en una emergencia de saberes diversos, formas de relacionarse con el entorno y, por ende, de otras ontologías que proponen alternativas al desarrollo. Estas visiones desde abajo permiten plantear la importancia de los conocimientos y las prácticas de los ecologismos populares en el Caribe para afrontar la crisis socioambiental, en especial alimentaria, derivada del cambio climático y la pandemia del COVID-19.

Imagen 1: Mapa de los países incluidos en el proyecto de participación colaborativa «Inseguridad alimentaria en tiempos de cambio climático: compartiendo y aprendiendo de respuestas de abajo-arriba en la región Caribe». Fuente: Elaboración propia con información de Arcgis en línea.[2]

 

El COVID-19 como un estado prolongado de la emergencia climática y alimentaria en el Caribe

La intensificación de la emergencia climática en las últimas décadas ha afectado la capacidad de los países y los agricultores del Caribe para acceder al mercado internacional y generar ingresos. Por ejemplo, las recientes tormentas han acabado con toda la producción de caña de azúcar de Cuba, las plantaciones de banano de Jamaica, Santa Lucía y Dominica y las exportaciones de nuez moscada de Granada. Al mismo tiempo, la intensificación de los fenómenos climáticos, con estaciones secas más largas y húmedas más cortas, también ha contribuido a destruir cultivos de alimentos locales, y esto ha afectado a esos pequeños núcleos de autonomía alimentaria en ecosistemas de altísima diversidad biológica.

A diferencia del cambio climático, que rara vez siente la mayoría de la población que vive en el Norte, el COVID-19 ha tenido un alcance global. Aunque distribuida y sentida de manera desigual, la pandemia ha revelado a la comunidad internacional lo que los pequeños agricultores y los ambientalistas de todo el mundo venían diciendo desde hace décadas: que necesitamos construir un sistema alimentario autónomo y autosuficiente que regenere el planeta y nutra a sus habitantes (Galtung et al., 1980).

Inevitablemente, a falta de estructuras adecuadas y de un apoyo apropiado a las iniciativas locales, el Caribe ha estado sujeto al comercio internacional de alimentos en la región. No es sorprendente que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) pidieran a los países «que se aseguren de que ninguna medida relacionada con el comercio perturbe la cadena de suministro de alimentos [porque] en momentos como este es cuando más, y no menos, la cooperación internacional se hace vital». En medio de los bloqueos del COVID-19, se hace lo posible para conseguir que «el comercio fluya tan libremente como sea posible, en especial para evitar la escasez de alimentos» (Galtung et al., 1980).

Si bien el llamado a una mayor cooperación para garantizar la disponibilidad de alimentos tiene sentido a la luz de la actual construcción del sistema alimentario del Caribe, no cabe duda de que la emergencia climática y el riesgo de futuras pandemias requieren algo más que la continua dependencia de los fletes internacionales y las importaciones. Si el cambio climático destruye los cultivos y hace vulnerables a los agricultores, la solución no son más importaciones. Si la pandemia pone de manifiesto la dependencia de la región de las cadenas globales y los agentes internacionales, el camino a seguir no puede consistir en asegurar que nunca falten alimentos importados en las estanterías. La consolidación de las rutas y flujos globalizados es una solución intrínsecamente defectuosa y falsa.

Por ejemplo, se descartan el efecto incremental del cambio climático y los riesgos asociados a este; se da por sentada la continua afluencia de capital extranjero en forma de turismo e inversiones —aceptando, por tanto, otra forma de dependencia para satisfacer la demanda alimentaria es la importación de alimentos—; no se tienen en cuenta los costos cada vez mayores de la prestación de servicios de transporte internacional en situaciones de emergencia y pandemias, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte marítimo, los impactos del turismo en las fuentes de agua y la agricultura convencional ni el hecho de que el hambre y la malnutrición no solo tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, sino también con la posibilidad de adquirirlos en un contexto de pobreza y desigualdad.

Por todas estas razones, un número cada vez mayor de movimientos, asociaciones y comunidades del Caribe construyen y comparten aspiraciones que van más allá del logro de la seguridad alimentaria mediante importaciones y políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, de arriba-abajo. Los pequeños agricultores, pescadores, personas sin tierra y comunidades locales exigen que la seguridad colectiva e individual vaya acompañada del establecimiento de una sociedad justa y equitativa para los seres humanos y el planeta. El futuro no solo consistirá en alimentar y dar refugio, sino también en corregir y reparar las injusticias materiales y culturales del pasado, garantizar el equilibrio ecológico de la región y asegurar la justicia alimentaria y climática como premisas de una sociedad sustentable.

Estas aspiraciones se asocian cada vez más a la idea de la soberanía alimentaria, concepto que surgió de los deseos y la experiencia de los pequeños agricultores y pescadores del movimiento transnacional La Vía Campesina, consagrada en la Declaración de Nyéléni de 2007. La soberanía alimentaria plantea el derecho de las naciones y los pueblos a definir con libertad sus sistemas agroalimentarios y busca transformar las desigualdades estructurales y defender los conocimientos, prácticas y territorios de los pueblos productores de alimentos, incluidos campesinos, pescadores, pastores y agricultores urbanos. Este concepto no es una forma de proteccionismo o aislacionismo, sino un horizonte político que se basa en premisas y objetivos opuestos a los del libre mercado (Gutiérrez Escobar, 2019a).

Luchar por la soberanía alimentaria en el Caribe en tiempos de emergencia climática y en la pospandemia significa más que pensar en la producción y el consumo de alimentos. Su objetivo es crear un sistema alimentario democrático, participativo y equitativo que…

… dé prioridad a las economías y mercados locales y nacionales y potencie la agricultura campesina y familiar impulsada por los agricultores, la pesca artesanal, el pastoreo guiado y la producción, distribución y consumo de alimentos basados en la sostenibilidad ambiental, social y económica (La Vía Campesina, 2007).

La soberanía alimentaria, como enfoque integrado, holístico e interseccional de los alimentos, requiere una redefinición radical de los programas y políticas climáticos hegemónicos.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos decidido enriquecer la idea de la soberanía alimentaria con tres nociones fundamentales en las luchas y reivindicaciones de quienes actúan sobre el territorio: la justicia alimentaria, la justicia de la tierra y la justicia climática. La connotación de justicia y la combinación entre los tres elementos permiten reflexionar sobre los alimentos como una relación, no solo como mercancía; sobre la tierra y el territorio como origen de los alimentos y, por lo tanto, como un elemento crucial en la lucha por la soberanía alimentaria.

 

Alimentos, tierra y justicia climática en el Caribe insular y costero: voces, saberes y prácticas de comunidades locales en cinco países

Las relaciones e interacciones entre las tres nociones de justicia alimentaria, de la tierra y climática surgen de una comprensión sistémica de la inseguridad alimentaria y climática construida históricamente, determinada socioeconómicamente y que exige una intervención holística que aborde las causas estructurales de la dependencia y la desigualdad en el Caribe. La grave escasez de alimentos, consecuencia de la ausencia de varias temporadas de lluvia y de los huracanes, las prolongadas sequías y sus posteriores inundaciones, así como la dependencia de alimentos importados, está elevando los niveles de hambre y desnutrición en el Caribe.

Las condiciones climáticas extremas afectan a miles de personas, merman su capacidad para acceder a alimentos y las dejan en situación de alta vulnerabilidad ante potenciales crisis. La situación se ha visto agravada por los conflictos que asolan la región, debidos en gran parte a las luchas por el territorio contra los extractivismos petroleros, mineros y del turismo de resort, lo que ha convertido el Caribe en una de las áreas con mayor número de conflictos socioambientales en el mundo (Ejolt, 2020; Global Witness, 2019).

En este contexto, hemos compartido la experiencia de líderes y lideresas de organizaciones agroecológicas del Archipiélago de San Andrés y Providencia (Colombia), Puerto Rico, Bermuda, Belice y Jamaica, quienes a través de sus historias, conocimientos y visiones sobre la inseguridad y la dependencia alimentarias, el COVID-19 y la crisis climática, proponen alternativas de producción y comercialización de alimentos desde sus organizaciones de agricultores y pescadores tradicionales.

 

San Andrés y Providencia, Colombia

La agricultura y la pesca local se han visto afectadas por el acaparamiento de agua, tierra y recursos marinos, por el turismo de resort, el comercio, la migración masiva desde la Colombia continental, la pesca industrial y el crecimiento de las importaciones de alimentos que demandan estos sectores, por lo que el 95 por ciento de los alimentos proviene de Estados Unidos, Centroamérica y la Colombia continental (Gutiérrez Escobar, 2019b; Márquez, 2019).

Estas redes alimentarias internacionales crean una dependencia cada vez más confrontada por las comunidades raizales en las islas, lo que alienta a las organizaciones locales a promover la producción y el consumo de alimentos tradicionales. También fomentan la innovación a partir de sus conocimientos tradicionales y la agroecología, el rescate y uso de productos y semillas de variedades locales y los cultivos orgánicos. La pandemia COVID-19 ha impulsado a las comunidades raizales a cultivar de nuevo en sus tierras o en los patios traseros de sus viviendas, dada la crisis del turismo y el comercio en las islas. Graybern Livingston, miembro de la Raizal Youth Organization de San Andrés, comenta al respecto:

Nosotros, como organización, estamos tratando de luchar en esta crisis mundial para invitar a la gente a plantar de nuevo. Usemos nuestros patios, nuestra tierra y nuestro territorio para hacer de San Andrés lo que fue antes. Porque en el pasado era muy autónomo en los suministros de alimentos. Y también fuimos autónomos en las decisiones que tomamos en nuestro territorio. Es necesario el reconocimiento de la gente y el Gobierno local del sistema alimentario de la agricultura ancestral del pueblo raizal como una forma de enfrentar la nueva crisis. En cuanto a la pesca, mucha gente ha estado pescando como una forma de sostener a sus familias porque el turismo se ha detenido por el momento. Pero, por otro lado, hay mucha gente que no tiene acceso a estos recursos. Entonces, realmente están pasando hambre en este momento en San Andrés.

 

Puerto Rico

Puerto Rico importa al menos el 85 por ciento de los alimentos, controlados por las cadenas de grandes supermercados, una dieta basada en comida rápida y ultraprocesada que genera problemas de salud pública: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Durante esta emergencia por el COVID-19, en Puerto Rico muchas personas no tienen acceso a alimentos, máscaras faciales o cobertura médica. Dice Krystal Geigel, del Young Leaders in Action de las comunidades del Caño Martín Peña:

En la actualidad nuestro país está luchando para que toda la gente tenga acceso a la comida. La gente ha paralizado las calles y ha establecido centros de recolección de alimentos, y el Gobierno está arrestando a quienes piden comida en las calles y no se responsabiliza de esta crisis. Así que, durante esta crisis, lo que hemos visto es que la organización comunitaria está tomando la responsabilidad del Gobierno.

En esta comunidad de clase trabajadora existe un fideicomiso de tierras que busca impedir la gentrificación a manos de la inversión y la especulación inmobiliaria. Durante la crisis actual, el Young Leaders in Action trabaja para identificar a las familias necesitadas y llevarles alimentos provenientes de los agricultores locales con una red de otras organizaciones aliadas. También ayudan a cafeterías escolares y comedores sociales mediante la creación de redes de comercio directas entre los agricultores locales y los consumidores urbanos. Sin embargo, Chrismaury Alomar, otro activista de la organización, sostiene que el Gobierno de Puerto Rico no apoya esta lucha contra el hambre y en defensa de la agricultura local.

 

Belice

En este país centroamericano el acceso a la tierra es una cuestión importante para poder cultivar y asegurar la soberanía alimentaria; adquirirla puede tomar diez años o más. La creación de una unión de agricultores ha traído beneficios a la comunidad: mayor interacción social entre distintos actores en actividades como preparar la tierra para cultivar productos orgánicos. Organizaciones de agricultores como Yucatec Maya Cultural Garden han visto la pandemia como un impulso adicional para producir sus propios alimentos y convertirse en una comunidad más sostenible, con un lugar común para intercambiar y vender sus artículos, y generar la capacidad de proporcionar a su sociedad y al país sus alimentos orgánicos locales.

Cuenta Andy Chuc, de Yucatec Maya Cultural Garden:

Este COVID-19 ha afectado mucho a la agricultura en Belice. Se ha continuado produciendo alimentos durante el mes, pero nadie compra porque la gente no está trabajando. Además, no ha llovido durante un mes, y esto está afectando a los cultivos, y los bosques se queman. Pero creo que el COVID-19 ha sido un despertar para todos, en especial para los indígenas. Mi recomendación sería que empezáramos a plantar de nuevo, a reconectarnos con la Madre Tierra. Si tenemos un pequeño patio, plantas alimenticias, plantas medicinales, que pueden ser útiles para nosotros y nuestra familia. En mi comunidad, mucha gente se ha vuelto demasiado dependiente del sistema gubernamental y del sistema internacional de la caña de azúcar, lo que acarrea dificultades, sobre todo porque venimos de una comunidad que en su originen fuimos agricultores. El COVID-19 nos ha mostrado lo vulnerables que nos hemos vuelto al integrarnos demasiado en lo peor de la sociedad. Creo que debemos integrarnos sin renunciar a nuestra cultura.

 

Jamaica

Las organizaciones de productores de alimentos populares están modificando las condiciones sociales y económicas que los afectan, en especial las mujeres, a quienes se les reconoce su rol en la transformación de productos agrícolas. Los proyectos de esta transformación expresan la diversidad de saberes, culturas y prácticas de las mujeres en productos como mermeladas, zumos de frutas y confitería. De esta manera se impulsan cooperativas para poder atender la demanda de los y las más pobres. A su vez, los pequeños ganaderos generan productos cárnicos de calidad, con énfasis en la innovación e intercambio de saberes locales con otras regiones del mundo.

Hugh Johnson, presidente de la Asociación de Pequeños Negocios, plantea recomendaciones para aprovechar la pandemia y fortalecer la agricultura local:

Primero, desarrollar un documento de política sobre nuestra sostenibilidad y seguridad alimentarias. Lo segundo es buscar un compromiso más profundo de cooperación contra el acaparamiento de tierras que está impidiendo los cultivos sostenibles. Y lo tercero es comprometer a los actores regionales, incluso a una entidad como la Caricom, para ayudar a cimentar estas ideas y garantizar la seguridad alimentaria.

 

Barbuda

A diferencia de otros ejemplos del Caribe aquí incluidos, la tierra en Barbuda es propiedad común de sus habitantes; se prohíbe su venta y compra de manera individual, pues se la considera un bien y una riqueza común de la nación y los pueblos para el beneficio y disfrute de todos y todas. Esta propiedad comunal de la tierra significa la progresiva reversión de procesos históricos coloniales de despojo, individualización y acaparamiento de tierras y de control de los recursos naturales. No obstante, Barbuda importa la mayoría de sus alimentos.

Después de los desastres ocasionados por el paso del huracán José y la tormenta tropical Emily en 2017, hubo un esfuerzo concertado para privatizar la tenencia y propiedad de la tierra en la isla que fue resistido por las organizaciones locales, conscientes de la importancia de la propiedad comunal no solo para la soberanía alimentaria, sino para adquirir resiliencia frente al cambio climático. Fue evidente que estos fenómenos climáticos extremos afectaron menos a Barbuda que a islas vecinas como Puerto Rico y Bahamas, dado que el buen estado y el funcionamiento de los ecosistemas actuó como barrera protectora.

Por otro lado, la pandemia del COVID-19 no ha tenido repercusiones negativas gracias a la fortaleza organizativa y comunitaria asociada al control de los recursos y de su territorio. Las comunidades y el Consejo de Barbuda cerraron las fronteras para impedir que llegara el virus. Este cierre del comercio al inicio generó una crisis alimentaria asociada a la dependencia de la importación de alimentos, pero fortaleció la producción local y se mantuvieron el control de la tierra y el acceso a los recursos marinos, como langostas y caracoles. Las organizaciones que trabajan desde hace diez años por la seguridad y soberanía alimentarias y la adaptación al cambio climático se fortalecieron. En 2013 fueron pioneros en el sistema de acuaponía, a través de un proyecto llevado a cabo por la escuela secundaria Sir McChesney y el Complejo de Investigación de Barbuda, con la adaptación de técnicas de cultivo ancestrales. Así lo explica Johan Mussington:

A lo que nos enfrentamos es a una ola de capitalistas del desastre que ahora trabajan para erosionar aún más nuestra soberanía, en términos de propiedad y control de esos recursos. Tenemos que ser conscientes de ello y luchar para evitarlo. Debemos desarrollar sistemas que utilicen la tecnología y la abundancia de energía que tenemos en la región para modificar los sistemas de producción de alimentos de manera que podamos estar seguros y continuar con nuestra vida.

 

Conclusiones

Estos primeros diálogos e intercambios de saberes y experiencias entre pequeños productores de Jamaica, San Andrés y Providencia, Belice, Barbuda y Puerto Rico han permitido acceder a aprendizajes sociales entre diversos pueblos del Caribe con posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, así como de desarrollar procesos de autogestión para estructurar alternativas, resolver y comparar cuestiones técnicas y mejorar las prácticas socioagroecológicas.

A través de los testimonios de los líderes y lideresas de estos países del Caribe, hemos conocido la terrible situación que vive esta región en lo que respecta al cambio climático y la pandemia. Pero también las soluciones y oportunidades en términos de iniciativas de recuperación de semillas locales; de la adaptación de modelos agrícolas ancestrales para enfrentar los retos actuales; de la propiedad y el manejo colectivo de la tierra y los recursos, y de la defensa de la cultura ancestral. Iniciativas para revertir el modelo de desarrollo, heredero del colonialismo, y fortalecer la soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre.

Ello significa repensar los modelos de políticas que se imponen de arriba abajo sin atender las problemáticas y alternativas locales que, como un «pluriverso de opciones» (Escobar, 2012), surgen en las comunidades en sus relaciones con la tierra, el agua, el clima y la biodiversidad.

La imposición de políticas alimentarias y climáticas desconoce el patrimonio cultural intangible que representa siglos de formas colectivas de manejo de la biodiversidad marina y costera en el Caribe. Esto puede ser muy problemático para las comunidades indígenas, afrocaribeñas y otros grupos étnicos minoritarios con fuertes conexiones con la tierra y el agua, que comparten la carga añadida de vivir con el legado del colonialismo interno y la esclavitud, asociada a las economías de plantación.

Por ello, exploramos, mediante un diálogo de respeto y colaboración regional, el potencial que ofrecen las memorias culturales y las prácticas agroecológicas de las comunidades locales desde los ecologismos populares (Martinez Alier, 2011) con base a los principios de autodeterminación, cooperación, producción de lo común e intercambio de saberes, de semillas y alimentos así como de acceso y gestión equitativa de la tierra en el Caribe.

 

Referencias

Douglass, K., y J. Cooper, 2020. «Archaeology, Environmental Justice, and Climate Change on Islands of the Caribbean and Southwestern Indian Ocean». PNAS, 117 (15), pp. 8254-8262. Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1914211117, consultado el 1 de diciembre de 2020.

Environmental Justice Liability and Trade (Ejolt), 2020. «Mapping Environmental Justice». Disponible en: http://www.ejolt.org, consultado el 1 de diciembre de 2020.

Escobar, A., 2012. «Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso». Revista de Antropología Social, 21, pp. 23-62.

Galtung, J., P. O’Brien y R. Preiswerk (eds.), 1980. Self-Reliance: A Strategy for Development. Londres, Bogle-L’Ouverture.

Global Witness, 2019. «Defender el mañana». Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/, consultado el 1 de diciembre de 2020.

Gudynas, E., 2015. Extractivismos, ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Cochabamba, Cebid-Claes.

Gutiérrez Escobar, L., 2019a. «Food Sovereignty and Autonomy». En: A. Kothari, F. Demaria, A. Acosta et al. (eds.), The Post-Development Dictionary. A Guide to the Pluriverse. Nueva Delhi, Tulika, pp. 185-188.

Gutiérrez Escobar, L., 2019b. «Diversidad biocultural, agricultura raizal y soberanía alimentaria en San Andrés y Providencia (Colombia)». Tabula Rasa, 32, pp. 195-225. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39661317010/, consultado el 2 de diciembre de 2020.

La Vía Campesina, 2007. Declaration of Nyéléni. Disponible en: https://viacampesina.org/en/declaration-of-nyi/. Consultado el 14 de diciembre de 2020.

Márquez, A. I., 2019. «Acaparamiento de territorios marinos y costeros: dos casos de estudio en el Caribe colombiano». Revista Colombiana de Antropología, 55 (1), pp. 119-152.

Martínez-Alier, J., 2011. El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, Icaria (5.a edición).

Toro Pérez, C., 2017. «La Mosquitia: ¿última frontera imperial? Neo-colonialismo y neo-extractivismo petrolero y minero en el mundo afro-Caribe». En: H. Alimonda, C. Toro Pérez y F. Martín (coords.), Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Ciudad de México, CLACSO y Universidad Autónoma Metropolitana.

* Proyecto del Fondo de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI por sus siglas en inglés) en el que participan las organizaciones: Bernard Lodge Farmers Group, Jamaica; Fideicomiso de la Tierra del Caño Martin, Puerto Rico; Library of African & Indigenous Studies, Belice; Raizal Youth Organization, Colombia (San Andrés), y Sir McChesney George Secondary School, Barbuda, así como las universidades Nacional de Colombia; West Indies de Jamaica; Amberes de Bélgica y Bristol de Reino Unido.

[a] Co-investigador en Ecología del Grupo Derecho y Política Ambiental. Universidad Nacional de Colombia. E-mail: dbarretos@unal.edu.co.

[b] Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana. E-mail: lmgutierrez@javeriana.edu.co.

[c] Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia; miembro del Grupo Ecología(s) Política(s) del Sur, Clacso. E-mail: toroperez.catalina1@gmail.com.

[d] Investigadora doctoral Cosmopolis, Departamento de Geografía, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica. E-mail: line.algoed@vub.be.

[e] Organizadora comunitaria. E-mail: ppgbassett@gmail.com.

[f] Presidenta de la Biblioteca de Estudios Africanos e Indígenas, Belice. E-mail: knowthyself3@hotmail.com.

[g] Facultad de Derecho (Grupo de Investigación en Derecho y Desarrollo) e Instituto de Políticas de Desarrollo, Universidad de Amberes, Bélgica; miembro de Global Legal Action Committee (GLAN). E-mail: Tomaso.ferrando@uantwerpen.be.

[h] Oficial de Relaciones Públicas, Bernard Lodge Farmers Group. E-mail: hugh.johnson63@yahoo.com.

[i] Directora de la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.
E-mail: mariolga@fideicomisomartinpena.org.

[j] Cofundador de Raizal Youth Organzation. E-mail: gbern321@gmail.com

[k] Director de la Escuela Secundaria Sir McChesney George, Barbuda. Defensor comunitario de la justicia ambiental y la propiedad común de las tierras y recursos de Barbuda. E-mail: john.mussington@gmail.com

[l] Miembro sénior del Instituto Sir Arthur Lewis de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad de las Indias Occidentales, Mona, Jamaica. E-mail: patricia.northover@uwimona.edu.jm.

[m] Director de la Escuela Secundaria Sir McChesney George, Barbuda. Defensor comunitario de la justicia ambiental y la propiedad común de las tierras y recursos de Barbuda. E-mail: john.mussington@gmail.com

[1]. El modelo de desarrollo extractivo es un tipo de extracción a gran escala en volumen e intensidad de recursos naturales destinados a la exportación, con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2015). Para el Caribe, nos referimos al extractivismo pesquero, turístico de resort y minero-energético en el continente y el mar (Toro Pérez, 2017).

[2]. En: http://bit.ly/3pgipbI

Descargar artículo

La revista Ecología Política se publica gracias al apoyo de sus suscriptores/as. Este es un proyecto sin ánimo de lucro por lo que todos los recursos donados se dedicarán exclusivamente a realizar y mejorar la revista Ecología Política. Puede adquirir la versión en papel de la revista así como suscribirse a ella y contribuir a su creación y difusión.

Compra la revista Suscríbete  Suscríbete al newsletter 

Pasado un año desde su publicación, los contenidos pasan a ser de libre acceso. Puede consultar este contenido de forma gratuita y descargar el pdf.

Descargar artículo