Josep Maria Antentas*
Sudáfrica, en el marco de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno, ha sido escenario de intensas políticias de privatización de los servicios públicos y del agua, en especial a través de la instalación de mecanismos de prepago por los servicios, en beneficio de multinacionales como Suez. El resultado ha sido un aumento del precio del agua y la falta de un acceso digno a la misma por parte de los sectores más pobres del país. Los procesos de mercantilización han desencadenado fuertes resistencias sociales protagonizadas por dichos sectores en áreas como Orange Farm y Phiri, en Johannesburg, en defensa del derecho al agua.
Las políticas neoliberales de mercantilización del agua han generado múltiples conflictos durante los últimos años a lo largo y ancho del planeta. Estos han tenido muchas expresiones: luchas contra la privatización, contra la construcción de presas, contra la extracción de agua para la exportación, en defensa de una gestión del agua ecológicamente responsable… (Barlow y Clarke, 2002). Sudáfrica ha sido uno de los lugares donde se han desarrollado algunas de estas verdaderas «guerras del agua». La privatización de la gestión del agua en Sudáfrica se enmarca en el programa económico neoliberal que el gobierno del Congreso Nacional Africano adoptó a partir de 1996, el llamado Growth, Employment, and Redistribution Strategy (GEAR), cuyas consecuencias sociales han sido muy severas para el grueso de los sectores populares del país, golpeados por la pobreza y el desempleo.
Desde entonces, en el marco de unas políticas consideras «modélicas» por parte del Banco Mundial, los servicios públicos han sido privatizados y se han guiado por el principio de «recuperación de costes» (cost recovery) por el cual se pretende hacer pagar al consumidor los costes de la implementación y suministro de los servicios. Estas políticas provocaron un aumento de las tarifas de servicios básicos como el agua o la luz, y cortes masivos del suministro debido al impago de las facturas por parte de las familias pobres. Así, en el año 2001 se contabilizaban más de 10 millones de familias con cortes de agua y/o luz por esta razón. El impacto de estas políticas provocó desde finales de los años noventa la emergencia de crecientes resistencias sociales que experimentaron un período de auge imparable del año 2000 al 2003, para después contraerse parcialmente. Estas luchas por la supervivencia cotidiana han estado protagonizadas por los habitantes de las áreas urbanas más degradadas y por los sectores más pobres (Antentas, 2006).
Las luchas contra la privatización del agua aunque se han dado en varias regiones del país se han desarrollado con más fuerza sobretodo en el área de Johannesburg. La privatización del agua en la ciudad se enmarca en el plan de privatización municipal de los servicios públicos iGoli 2002 aprobado a finales de los noventa. El plan conllevó la transferencia de la gestión cotidiana, vía proceso de subcontratación, de la compañía municipal de aguas Johannesburg Water a una filial de la multinacional francesa Suez, una de las grandes compañías que lideran el sector del agua a escala mundial. La privatización comportó un aumento sustancial de las tarifas, en particular entre la gente pobre de los townships y zonas degradadas, y un fuerte aumento de los cortes de suministro por impago.
Las políticas de privatización experimentaron un salto cualitativo en el año 2003 con la puesta en marcha de mecanismos de prepago en Orange Farm y Phiri (Soweto), dos áreas degradadas y pobres. La instalación de «contadores de prepago» no era, sin embargo, una experiencia inédita y de hecho había empezado en regiones como KwaZulu Natal en 2000, donde el proyecto fue cancelado después que estallara una epidemia de cólera debido a la utilización de aguas no potables por parte de las famílias que no podían pagar el agua. El mecanismo del prepago consiste en la instalación en cada hogar de un contador individualizado. Cada hogar recibe gratis 6000 litros mensuales, cantidad que para una família media de ámbas localidades está por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera el mínimo para una existencia digna. A muchas famílias esta cantidad se les agota en la segunda semana de cada mes. A partir de ahí, para obtener más agua, hay que pagarla por adelantado. Sólo quienes pueden hacerlo tienen el suministro. El sistema de los «contadores de prepago» permite un mayor control por parte de las compañías, que se ahorran tener que lidiar con los atrasos en el pago de los recibos muy habituales entre los barrios pobres, y se aseguran el cobro automático del servicio. Si el mecanismo tradicional de cortes de suministro sanciona al usuario a posteriori, debido al impago, el mecanismo del contador de prepago sanciona al usuario antes de tener acceso al servicio. Las políticas de prepago suponen una profundización extrema de la mercantilización del agua y hacen responsable individualmente a cada persona de conseguir el acceso al agua. De hecho, como señalan Ngwane y Veriava (2004), el «contador de prepago» simboliza perfectamente la lógica neliberal: la mercantilización de los bienes básicos públicos y el desarrollo de nuevas formas de control social.
La instalación de contadores de prepago levantó fuertes resistencias en Phiri y en Orange Farm. Éstas, con un protagonismo central de las mujeres, han incluído varias formas de lucha, como el bloqueo físico a la instalación de los contadores o la reconnexión ilegal al suministro de agua de los hogares sin servicio. De las luchas emergieron en el año 2003 la Coalition Against Water Privatization y al Orange Farm Water Crisis Committee respectivamente, las cuales contaron con el apoyo del Anti-Privatization Forum (APF), un espacio de coordinación de luchas contra la privatización creado en el año 2000. En la actualidad, la lucha contra la política de prepago sigue en pie. En julio de 2006 cinco residentes de Phiri, con el apoyo de la Coalition Against Water Privatization, presentaron formalmente una querella contra Johannesburg Water, denunciando que la decisión unilateral de instalar contadores de prepago y limitar el suministro gratuíto de agua a 6000 litros mensuales por família es inconstitucional e ilegal.
Junto con la resistencia local, los activistas contra la privatización en Sudáfrica han buscado ligarse con luchas similares en otros países, en particular en el continente africano, donde en el marco de la última edición del Foro Social Mundial en Nairobi fue lanzada la African Water Network con el objetivo de favorecer la coordinación internacional de las luchas. Este es un paso más para reforzar las campañas internacionales en defensa del derecho al agua, que se han venido expresando en varios marcos como los Foros Sociales, las contra-cumbres durante los Encuentros de la OMC, o las movilizaciones paralelas durante el Foro Mundial del Agua, dominado por las multinacionales del sector y el Banco Mundial y cuya última edición se celebró en marzo del 2006 en Ciudad de México, atrayendo a más de 30.000 manifestantes (Bond, 2006).
REFERENCIAS
AA VV (2005), Por una nueva cultura del agua. El Viejo Topo, Barcelona.
ANTENTAS, J M. (2006), «Sudáfrica: resistencias al neoliberalismo», Viento Sur nº 85. p. 41-46.
BARLOW, M. y CLARKE, T. (2002), Blue Gold, LeftWord, Delhi.
Bond, P. (2006), «Water activists Turn On the Taps and Turn Up The Pressure», Zmag, www.zmag.org
NGWANE, T. y VERIAVA, N. (2004), «Strategies and Tactics: Movements in the Neoliberal Transition», Development Update, vol. 5 nº 2. p. 129-146.
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* Profesor del Departamento de Sociología de la UAB. Miembro de la redacción de la revista Viento Sur (www.vientosur.info), email: josepmaria.antentas@uab.es
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