Hemos confluido como miembros de sindicatos y organizaciones ecologistas y por la justicia social para constituir un frente común a favor de la economía verde en Canadá. Al hacerlo, asumimos que estamos viviendo en uno de esos momentos críticos de la historia en los que es necesario tomar decisiones y actuar para influir sobre nuestro destino como personas, como nación y como habitantes de este planeta.

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Como gran parte del resto del mundo, los canadienses continuamos padeciendo las turbulencias de la actual crisis económica global. Cada vez resulta más evidente que el modelo económico vigente está acabado. Cualquier recuperación económica basada en un simple retorno al viejo status quo corre el riesgo de ser insuficiente e inútil. Al mismo tiempo, esta crisis económica incrementa, a la vez que es agravada, por una crisis ecológica, claramente perceptible por el alarmante avance del cambio climático y el calentamiento global que ahora amenazan a nuestra civilización y a los ecosistemas del planeta. A su vez, esta crisis ecológica se ve potenciada por una crisis energética, en la que nuestra adicción a los combustibles fósiles está cada vez más amenazada por la menguante disponibilidad de petróleo barato. Más aún, tanto nuestra sociedad como nuestra economía padecen de una crisis de equidad que fomenta la pobreza y las disparidades de género, raza y clase.

Creemos que ha llegado el momento de diseñar un nuevo modelo y determinar un nuevo rumbo para la economía de Canadá. Este país no puede seguir permitiéndose un modelo económico que trata al entorno natural y a los seres humanos como bienes desechables. En su lugar, los canadienses necesitamos reconsiderar nuestros procesos de producción, la forma en que generamos y usamos energía, y el modo en que construimos nuestros edificios. Debemos reconsiderar la forma en que nos desplazamos, transportamos mercaderías, utilizamos el agua, impulsamos nuestras fábricas, y calentamos nuestros hogares y lugares de trabajo. De hacer esto, deberíamos también superar nuestra adicción a los combustibles fósiles y acabar con la pobreza y las desigualdades que aun padece nuestra sociedad. En pocas palabras, debemos lograr una economía verde que transforme el modo en que nuestra sociedad produce y consume, logrando que los actuales puestos de trabajo sean ecológicamente sostenibles y, simultáneamente, crear nuevos puestos de trabajo saludables, seguros, a jornada completa y decentemente remunerados en todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de superar las acuciantes desigualdades económicas y sociales actuales.

Aunque tanto el sector público como el privado tienen importantes papeles que jugar en la construcción de una economía verde para el futuro, consideramos que son los gobiernos y las instituciones públicas los que deben llevar la delantera, puesto que son ellos quienes tienen las herramientas para gestionar con rapidez los recursos de la magnitud necesaria que requiere semejante transformación económica. Mediante inversiones del sector público, infraestructuras, la adecuada regulación e incentivos estratégicos, los gobiernos pueden estimular que el sector privado desempeñe un papel esencial en el enverdecimiento de los principales sectores industriales de la economía; por ejemplo, en los sectores de manufacturas, explotación de recursos, transporte y construcción. Además, gran parte del ímpetu para crear puestos de trabajo verdes provendrá de las economías locales y regionales, donde la gente vive y trabaja en una relación más estrecha con su medio ambiente.

Como organizaciones de la sociedad civil, nos hemos comprometido a trabajar para motivar a los canadienses en la construcción de una economía que tienda a proporcionar buenos puestos de trabajo verdes para todos, de modo que las actuales y futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades viviendo en armonía con el prójimo y con los ecosistemas que aseguran la vida humana y la prosperidad. Para avanzar en esta transición hacia una verdadera economía verde, defenderemos vigorosamente propuestas concretas y organizaremos campañas y actividades centradas en los acuciantes desafíos ecológicos, energéticos y de equidad de nuestro tiempo. Con tal finalidad, utilizaremos todas las herramientas educativas a nuestro alcance, no sólo para informar y animar a nuestros miembros y al público en general, sino para constituir un amplio movimiento a favor de una economía verde en este país, en solidaridad con movimientos afines del resto del mundo.

Creemos que sólo mediante el desarrollo progresivo, paso a paso, de un nuevo modelo económico para Canadá podríamos contribuir a la creación de un mundo mejor en el siglo XXI, protegiendo la biosfera para las generaciones que nos sucederán.

En su etapa inicial, la junta rectora de la Red ha decidido centrar su atención en tres áreas prioritarias en el diseño de políticas gubernamentales federales tendientes a la promoción de una economía verde. La primera está relacionada con el tráfico público y el ferrocarril de alta velocidad interurbano. La segunda prevé estimular las inversiones públicas en fuentes renovables de energía. La tercera se centra en un programa de renovación de viviendas y edificios para el ahorro energético.

Prioridades y plan de acción

Canadá se encuentra en una encrucijada. Las opciones que escojamos hoy determinarán si nosotros, como sociedad y como país, habremos decidido seguir la senda hacia un futuro sostenible o hacia un futuro insostenible. Hemos propuesto un plan de acción diseñado para encauzarnos por la senda hacia un futuro sostenible. Este programa de tres frentes reclama el liderazgo y la inversión públicos en iniciativas nacionales que favorezcan el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios y el transporte público junto con el tren de alta velocidad.

Este triple programa no pretende ser una panacea. Aun cuando estas tres prioridades fuesen ampliamente desarrolladas y puestas en práctica, no serían en sí mismas suficientes para superar el triple desafío que afrontamos como sociedad en los ámbitos económico, ecológico y energético. Sin duda, como sugiere el cuadro siguiente, las tres piedras angulares de esta estrategia están estrechamente relacionadas y son interdependientes. Ninguna de ellas puede funcionar sin las otras dos.

No obstante, cualquier estrategia de transición hacia un futuro económico verde no puede ignorar los actuales regímenes comerciales internacionales y su impacto legal. Durante los pasados veinticinco años, las reglas comerciales liberalizadoras impuestas por el NAFTA (Acuerdo de libre comercio para América del Norte) y por la OMC (Organización Mundial del Comercio) han tendido a minar la confianza y capacidad de los gobiernos para gestionar sus economías en interés de la ciudadanía y del medio ambiente. Según tales regímenes comerciales, los gobiernos extranjeros y las empresas multinacionales pueden atacar las políticas innovadoras de los gobiernos nacionales sobre cuestiones ambientales y energéticas, acusándolas de “prácticas comerciales injustas” y reclamar medidas de represalia; de tal modo, provocan un “efecto paralizante” sobre los diseñadores de políticas públicas. En el proceso de transición hacia una economía verde, recomendamos mantener una actitud vigilante en lo concerniente a los potenciales impactos de las reglas comerciales, a la vez que se neutraliza su “efecto paralizante”[1].

Simultáneamente, habrá quienes planteen que esta transición hacia una economía verde es innecesaria, imprudente o demasiado costosa. Pero tanto el cambio climático como el agotamiento de las fuentes convencionales de energía nos confirman que el reloj sigue avanzando y no tenemos tiempo que perder. Si, como nación, continuamos postergando el pasar a la acción, nos encontraremos pagando un coste mucho mayor por nuestra inacción, tanto económica y socialmente como ecológicamente. Como ya advertía el Informe Stern, permitir que el calentamiento global continúe incrementándose podría provocar un descenso del PIB de hasta el cinco por ciento anual, permanentemente[2]. Canadá tiene ya la capacidad fiscal y las herramientas para afrontar esta transición hacia un futuro modelo económico sostenible. Se requiere la imaginación política y el coraje para convertir este proceso en una meta nacional prioritaria.

  Metas primer año Metas a cinco años Metas a diez años
Inversiones públicas 20.730 millones de dólares en inversión pública 103.650 millones de dólares en inversión pública * 160.600 millones de dólares en inversión pública *
Financiación privada innovadora para la renovación de edificios Meta imprevisible en los primeros años de financiación “paga a medida que ahorras” Aproximadamente 20.000 millones de dólares en financiación “paga a medida que ahorras” para edificios ecológicos. 50.000 millones de dólares en financiación “paga a medida que ahorras” para edificios ecológicos.
Creación de empleo 409.956 empleos por año 2.445.302 empleos por año * 4.164.825 empleos por año *
Reducción gases efecto invernadero Reducción de 8 millones de toneladas anuales Reducción de 53 millones de toneladas anuales. Reducción de cien millones de toneladas anuales.
Medidas para la equidad (ejemplos) –   Enfoque positivo para la creación de empleo en comunidades de bajos ingresos.-   Devolución de impuestos y créditos fiscales para familias de bajos ingresos.-   Consulta previa y consentimiento sobre proyectos en tierras de las Primeras Naciones.-   Estrategias de transición justas para asistir a trabajadores desplazados por el cierre de industrias.

(*) Acumulativos.

Al vivir en una sociedad democrática, somos conscientes de que un liderazgo político audaz sólo puede ser efectivo si cuenta con el apoyo popular. Las encuestas de opinión revelan signos de descontento con la actual administración del país y un sentimiento de que es urgente tomar una nueva senda para el siglo XXI, que sea económica y ecológicamente sostenible. Con tal finalidad, nos comprometemos a hacer todo lo posible para movilizar a nuestros miembros en apoyo de esta transición hacia un futuro económico verde. Trabajaremos con nuestros miembros y los ciudadanos comprometidos de las comunidades de todo el país para constituir una sólida base de apoyo popular a las tres prioridades que hemos propuesto aquí: desarrollo de las energías renovables, renovación ecológica de viviendas y edificios, y una estrategia nacional del transporte público; creemos que ellas son el trampolín a un futuro más sostenible para nuestros hijos y nuestros nietos.

 

Varios autores


[1] Además de ser el comercio mundial una de las principales causas del aumento de emisiones de gases invernadero, los actuales acuerdos comerciales multilaterales, regionales y bilaterales socavan la capacidad de los gobiernos para establecer políticas y leyes no vinculadas al comercio que preserven el medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, las cláusulas inversor-estado del NAFTA permiten que las multinacionales demanden a los gobiernos y reciban compensaciones por la violación de sus reglas comerciales. Más específicamente, algunas estipulaciones de la Ley sobre Energía Verde de la provincia de Ontario están siendo cuestionadas como prácticas comerciales desleales dentro de la Organización Mundial del Comercio. Puesto que estos nuevos regímenes comerciales tienen un peso legal mayor que el de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, las estrategias de transición hacia una economía verde podrían implicar un cuestionamiento de las actuales reglas de juego del comercio mundial.

[2] Nicholas Stern, El Informe Stern: La verdad del cambio climático. Barcelona, Paidós, 2007.

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