María Paz Aedo*

DOI: doi.org/10.53368/EP65TEep03

 

Resumen: Las inversiones en energías renovables y en minería se están acelerando a escalas inéditas. Esta tendencia puede atribuirse al fin de la energía barata, basada en combustibles fósiles, y a la amenaza de recesión económica mundial. Más que la crisis climática y el compromiso con las metas de descarbonización, son la crisis de los combustibles y el interés por la reactivación económica los que están empujando las iniciativas de transición energética a escala  nacional y global. Frente a los nuevos extractivismos, en diversos territorios del Sur global emergen iniciativas para transiciones justas, democráticas, feministas y decoloniales. En este artículo, presentamos algunas experiencias de Chile, Argentina, Colombia y Perú vinculadas a la iniciativa Transición Justa Latinoamericana, en la que organizaciones y redes de mujeres están organizándose para poner en común y visibilizar tanto los impactos de la corriente hegemónica como las resistencias y las transiciones emergentes.

Palabras clave: nuevos extractivismos, transiciones justas, experiencias locales

 

Abstract: Investments in renewable energy and mining are accelerating on unprecedented scales. This trend can be attributed to the end of cheap, fossil fuel-based energy and the threat of a global economic recession. More than the climate crisis and the commitment to decarbonization goals, it is the fuel crisis and the interest in economic recovery that is driving energy transition initiatives at global and national levels. Facing these new extractivisms, initiatives for just, democratic, feminist and decolonial transitions are emerging in various territories of the global South. In this article, we present some experiences from Chile, Argentina, Colombia and Peru linked to the Latin American Just Transition initiative, where women’s organizations and networks are organizing themselves to share and make both the impacts of the hegemonic current and the emerging resistances and transitions visible.

Keywords: new extractivisms, just transitions, local experiences

 

Introducción

Las narrativas tecnoptimistas y prometeístas están impulsado fuertemente las inversiones y la promoción de las fuentes energéticas renovables no convencionales (solar, eólica y, más recientemente, hidrógeno «verde»), como también los minerales requeridos para la conducción y el almacenamiento de energía. Derivado del mito de Prometeo como captor del fuego divino para beneficio de la humanidad, el prometeísmo asocia el bienestar humano a la inventiva tecnológica. Invirtiendo los factores de la crisis múltiple (es decir, poniendo su causa como solución), estas narrativas asumen que es posible y razonable hacer crecer la macroeconomía y cumplir las metas de descarbonización, simultáneamente. Y si las políticas públicas y los marcos regulatorios impulsan ajustes para hacer frente a la crisis socioecológica en curso, las empresas e instituciones se adaptarán a un contexto «más amigable con lo ambiental» (Pastén, 2022: 14) a través del cambio tecnológico.

Así, empresas y Gobiernos orientan sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dar cumplimiento a los Acuerdos de París no tanto por el reconocimiento y la aceptación de los límites planetarios, sino por la necesidad de ajustarse a las condiciones restrictivas de la crisis múltiple, buscando mantener o generar nuevas ganancias, en el mejor de los casos, y minimizar los riesgos y las pérdidas, en el peor.

En este escenario, las políticas de transición socioecológica y energética emergen como nuevos territorios en disputa. Frente a la tendencia hegemonizante de la transición corporativa (Bertinat y Argento, 2021), impulsada por las empresas de energía, surgen iniciativas en las organizaciones y las prácticas cotidianas para lograr transiciones justas, feministas y situadas, que desvelan las falsas soluciones de los megaproyectos y promueven un amplio espectro de posibilidades de reflexión y acción colectiva, abarcando desde la incidencia política a las autonomías. Este artículo recoge los relatos de organizaciones de mujeres que en Chile, Argentina, Perú y Colombia están promoviendo procesos para transiciones energéticas justas, situadas y feministas, que buscan abrir el espectro de posibilidades de diálogo y cocreación sociopolítica.

 

Transición energética y crecimiento sostenido

La disponibilidad limitada de recursos no renovables conduce a lo que conocemos como rendimientos decrecientes: materiales cada vez más caros y más difíciles de encontrar, extraer, almacenar y transportar. El fin de la energía barata y, más recientemente, la crisis energética europea asociada a la guerra en Ucrania (Pérez, 2022) están impulsando con fuerza la inversión en energías no convencionales[1] y en los llamados «minerales para la transición» (Bordera y Turiel, 2022). Así, la transición socioecológica en general y energética en particular queda reducida al cambio de insumos y a la innovación tecnológica, sin alterar las relaciones socioeconómicas ni socioecológicas presentes y afectadas por la crisis múltiple.

En los últimos diez años, las inversiones en energías renovables no convencionales han aumentado de forma sostenida, volviéndolas incluso más atractivas para la inversión que las fuentes fósiles (Pnuma, 2019: 25).

Gráfico 1: Evolución de la capacidad eólica y solar FV instalada en América Latina (GW), 2012-2018.

Fuente: Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma, 2019: 25).

Los costos asociados a este modo de entender la transición no solo resultan invisibilizados, sino que reproducen la subordinación del Sur global como proveedor de energía y materiales (Aedo y Cabaña, 2022). En la cúspide del tecnoptimismo, los autores del informe Carbono Cero del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente llegan a afirmar que «los recursos de energía renovable de América Latina y el Caribe tienen el potencial de satisfacer veintidós veces las necesidades de electricidad de la economía mundial» (Pnuma, 2019:84).

Imagen 1: Ejemplos de disponibilidad de fuentes de energía renovable en América Latina.

Fuente: Pnuma, 2019: 84.

Bajo esta lógica se plantea que América Latina puede llegar a ser más atractiva que los países árabes para invertir en energía, ya que…

… el potencial de generación de electricidad anual de algunas de estas áreas es de un tamaño comparable a la extracción anual de petróleo de las naciones ricas en petróleo. Por ejemplo, en la región de Atacama en Chile, el potencial de la energía solar, si se utilizase el 10 % de la superficie con las eficiencias de conversión disponibles en el mercado de los sistemas fotovoltaicos, produciría alrededor de ocho meses de electricidad igualando el potencial de generación de la producción anual de petróleo de Arabia Saudita (Pnuma, 2019: 85).

Pero la producción, generación y distribución de energías renovables no convencionales genera serios impactos, incluso si sus emisiones de carbono son mínimas o cercanas a cero (Bertinat y Chemes, 2020). De hecho, los insumos para la construcción de grandes plantas de generación de energía eólica y solar, como también para la producción de hidrógeno «verde» (agua desalinizada y energía basada en fuentes renovables, principalmente), impactan ecosistemas, biodiversidad, cuencas hídricas, patrimonios y economías locales. Y la electrificación de sectores de alta demanda de combustibles, como el transporte, supone un aumento sostenido de la extracción de los metales que se necesitan para la conducción y el almacenamiento de energía (cobre, litio, cobalto, cadmio, «tierras raras»), con la consiguiente pérdida de biodiversidad, daño a las cuencas hídricas, afectación de suelos, pérdida de medios de vida y un largo etcétera.

La expectativa prometeica de cubrir la demanda energética con fuentes renovables presenta al menos tres serias limitaciones: 1) la tasa de retorno energético (TRE) de las fuentes renovables no es suficiente para sostener la dinámica de la demanda de energía y materiales de la economía global; 2) la producción de energía a partir de estas fuentes es por sí misma altamente demandante de materiales como cobre, litio, cobalto y tierras raras, que también alcanzarán su pico de extracción durante el siglo xxi (Valero et al., 2021;  Bordera y Turiel, 2022), y 3) la promoción de alternativas como el hidrógeno verde, para cubrir la demanda de combustibles allí donde la electrificación es insuficiente (sector industrial, transporte marítimo, minería, sector agropecuario), resulta altamente intensiva en uso de suelos y de agua purificada para realizar la electrólisis a partir de energías «limpias», como la eólica y solar.

Además, la discusión sobre la energía ha tendido a la concentración, sectorización y masculinización del debate a cargo de «los expertos» sobre aspectos tecnológicos y económicos (Araya et al., 2022: 23), descuidando «otros aspectos críticos del sistema, vinculados al carácter oligopólico del sector energético o al agravamiento de las dificultades del acceso a la energía, generando un aumento de la pobreza energética» (García Howell, 2021: 7).

En efecto, la pobreza energética afecta amplios sectores de la población, concentrados sobre todo en los territorios subordinados y empobrecidos del Sur global, que escasamente logran acceder a sistemas de calefacción y enfriamiento suficientes para una vida digna. La demanda de energía crece junto con el aumento de fenómenos extremos (frío polar y olas de calor), mientras los costos de los equipos y del suministro energético siguen subiendo y aumenta la desigualdad en los accesos. La proporción del presupuesto de los hogares destinada a energía no hace sino crecer en todos los segmentos socieconómicos, empobreciendo a los ya empobrecidos y, por tanto, precarizando y empeorando las condiciones de vida de las mujeres, en quienes recae la mayor parte de las tareas de cuidado y reproducción social (Araya et al., 2022).

Dado el carácter múltiple, intersectorial, sinérgico y descentralizado de la crisis en curso, no es suficiente un proyecto energético libre de emisiones de carbono si su construcción y su implementación omiten aspectos fundamentales de la reproducción de la vida, como la dimensión doméstica y cotidiana del uso de la energía «tanto dentro como fuera del hogar, así como su importancia en las labores de cuidado, que suelen estar tradicionalmente feminizadas» (Araya et al., 2022). La transición energética de las corporaciones y los oficialismos obstaculiza «el acceso de las mujeres a los debates sobre servicios energéticos fuera del espacio doméstico, dificultando su capacidad para tomar decisiones informadas y acceder a energía de alta calidad» (Araya et al., 2022).

Es precisamente el carácter complejo de la crisis múltiple lo que posibilita que en distintas escalas y territorios emerjan y persistan diversas narrativas y múltiples experiencias para su abordaje. Como en toda tendencia hegemonizante, la transición energética está atravesada por grietas, resistencias, alternativas y ventanas de oportunidad encarnadas por colectividades, organizaciones, comunidades y territorios (Baigorrotegui, 2019). En términos micropolíticos, las transiciones socioecológicas conforman un entramado de «fuerzas vitales»: insurrecciones, alternativas y resistencias (Rolnik, 2019) en las que las mujeres organizadas despliegan sus saberes y potenciales para la construcción colectiva de procesos de transición justa.

 

Transición energética y transformaciones socioecológicas situadas: debates y experiencias feministas

En distintos territorios, organizaciones de mujeres urbanas, campesinas e indígenas en la región latinoamericana están generado procesos de reflexión y fortalecimiento de experiencias que, con una perspectiva situada y múltiple, conforman un espectro de «transiciones energéticas justas», plurales, presentes y emergentes, capaces no solo de construir autonomías, sino también de interpelar a la política pública y los espacios oficiales de toma de decisiones. Más allá de sus alcances y posibilidades de escalamiento, estas experiencias contribuyen a abrir la discusión y visibilizar otros modos de entender las autonomías y los derechos a la energía en tiempos de crisis.

En el marco de la iniciativa Transición Justa Latinoamericana, redes y organizaciones impulsadas por mujeres de Chile, Perú, Colombia y Argentina trabajaron durante 2022 en la construcción participativa de procesos de puesta en común de reflexiones, agendas y prioridades. Transitan desde la resistencia a la denuncia, la construcción de alternativas y la incidencia política.

  • Mates para la Cohesión de las Comunidades (Chiloé, Chile). Las organizaciones Ojos de Zarapito, Agrupación Cultural Ludus y la red Chiloé Libre de Saqueo Energético llevaron a cabo procesos de discusión con comunidades locales sobre el extractivismo energético y sus consecuencias en el territorio insular. Para ello, implementaron tres encuentros o trawun (en mapudungun), en distintos territorios de la isla, que concluyeron con la elaboración de un mapeo participativo de proyectos energéticos en el territorio y con la elaboración de principios y demandas con acento en la justicia socioambiental, la democracia en las decisiones, la soberanía sobre los territorios y la construcción popular y comunitaria de propuestas.
  • Tejiendo Alternativas desde las Mujeres Diversas y Pueblos de la Macronorte Perú frente al Extractivismo y las Transiciones Energéticas (Chiclayo, Perú). Este proceso fue implementado por la organización Aiwa y la Marcha Mundial de las Mujeres de Perú. Se planteó como objetivo fortalecer la capacidad de incidencia de la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú frente a los extractivismos. Convocaron una asamblea territorial, un foro público y un espacio de divulgación virtual.
  • Experiencias de Mujeres Campesinas de Traslasierra: hacia una Transición Energética Justa, Participativa y Situada (Córdoba, Argentina). Este trabajo fue realizado en conjunto por mujeres de la agrupación campesina Nuestras Granjas Unidas (NGU) e investigadoras de Conicet, quienes llevaron adelante una serie de actividades formativas, de diálogo, producción y difusión de saberes sobre estrategias territoriales de transición energética en el hábitat rural campesino.
  • Voces por el Clima: Aportes para una Transición Energética Justa en América Latina (Bogotá, Colombia). Esta iniciativa, a cargo de la organización de jóvenes Climalab, se orientó a promover debates, generar reflexiones y propuestas colaborativas e incidir en la discusión pública sobre la transición justa con una perspectiva centrada en los derechos, la justicia y la democracia. Para ello, implementaron reuniones de articulación, webinarios, una campaña comunicacional y una revista electrónica. A través de metodologías participativas, elaboraron el documento Mensajes fuerza y propuestas identificadas, compartido con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería.

Al finalizar, las responsables de cada iniciativa elaboraron reportes en los que registraron los relatos y reflexiones emergentes en los distintos territorios y contextos.[2] También participaron de la grabación del documental Flujos y resistencias, en el que las mujeres de las organizaciones participantes (campesinas, indígenas, investigadoras y activistas) registraron sus pensamientos y experiencias sobre la crisis energética y los desafíos para transiciones justas.[3] Los relatos grabados y escritos conforman un enjambre de miradas, cuerpos, registros y contextos, flujos que recorren los cuidados mutuos, las autonomías y la cooperación. Este entramado de mujeres diversas nos habla de la energía como necesidad y potencia, que moviliza sus cuerpos y territorios para construir presentes e imaginar futuros posibles.

En Chiloé, los encuentros dieron lugar a la puesta en común de miradas y sentires ante la amenaza de la construcción de varios megaparques eólicos y una macrorred de transmisión eléctrica. Allí convergen las violencias de género y las violencias racistas, por lo que resulta no solo necesaria, sino vital, la reunión (trawun) y los cuidados mutuos.

Ya en el segundo trawun (encuentro) se abrieron las heridas que ha generado este extractivismo. Lxs[4] asistentes se sinceraron con respecto a sus sentipensares, donde se señaló la desesperación de enfrentar a estos proyectos, cómo han fragmentado el interior de las comunidades a través de diferentes mecanismos, cómo han sido continuamente hostigados, bloqueados muchas veces por parte de la institucionalidad, señalando sentirse solxs enfrentando a estas grandes corporaciones y al Estado […]. Este neocolonialismo está destruyendo la delicada relación e historia insular, que ya ha sido aplastada de manera brutal durante la época de colonización y durante gran parte de la soberanía de Chile […]. Dentro del contexto del trawun hemos conocido a la comunidad indígena de Huillinco (Chonchi), la cual será afectada por un proyecto de 42 aerogeneradores en la cordillera del Piuchén por la empresa Engie. Así también conocimos a parte de las comunidades que se verán afectadas por la línea de alta tensión de Transelec, Llanquihue-Ancud. También a los trawun asistió la comunidad de Compu (Chonchi), quienes están siendo abordados por la empresa consultora del parque eólico Tablaruca, por lo que están sufriendo presiones para comenzar las etapas de negociación y consulta indígena. A las dos primeras comunidades mencionadas hemos estado apoyando desde el conocimiento técnico-profesional y también con apoyo físico y contención […] (Mates para la Cohesión de las Comunidades, proyecto TJLA, 2022).

De forma afín, en Perú, el relato de las mujeres sobre lo sucedido en los encuentros habla de los mismos dolores y de la urgencia de interpelar a los centros de decisión, ante las violencias y amenazas vitales que enfrentan los cuerpos y territorios asediados por la gran minería. Es posible comprender las movilizaciones de las comunidades campesinas e indígenas hacia la ciudad de Lima durante 2023 y la escalada hacia la demanda por un cambio constitucional, si se tienen en cuenta las sistemáticas vulneraciones de sus derechos. Así lo cuentan:

En esta reunión, las comunidades evidenciaron que el conjunto de acciones desde el Gobierno central, como la Ley de Comités de Autodefensa ley 31494, en vez de fortalecer la autonomía de las comunidades las debilita; y que se ha dado viabilidad a los proyectos mineros en territorios donde no se dio el consentimiento desde las comunidades. Solo en la comunidad campesina San Juan de Cañaris existen 18 concesiones mineras. En la comunidad de Yanta existirían 75 lagunas amenazadas por la minería. A nivel nacional Cajamarca está en el segundo lugar después de Cuzco con mayores concesiones mineras, Yanacocha está sacando oro y algo de cobre. En Puno están peleando por litio. Informan que Cajamarca está en crisis de salud, hay trabajadores de la Yanacocha que han estado entre diez y quince años trabajando en la minería y están con cáncer sin un amparo […]. Los y las participantes reconocen que la raíz de este impulso a la producción minera está en la demanda energética de China y Europa, quienes necesitan cobre y litio para su electricidad. Por tanto, reafirman la necesidad de poner la lucha por la vida, la salud y la soberanía alimentaria en el centro de la discusión, por su vinculación con la defensa de la tierra, el territorio, la alimentación y el respeto a las comunidades campesinas, indígenas y nativas. También demandan la anulación de las concesiones mineras en su territorio, la anulación del DS. 023, de la ley 30151 que criminaliza la protesta social, y la urgencia de un cambio constitucional (Tejiendo Alternativas desde las Mujeres Diversas y Pueblos de la Macronorte Perú, TJLA 2022).

En Argentina, la precariedad de los accesos al agua y la energía, los impactos de la agroindustria, las subordinaciones históricas y las «falsas soluciones» de la economía verde motivaron la alianza entre mujeres campesinas e investigadoras en la Pampa de Pocho, provincia de Córdoba. Las mujeres reconocen las amenazas del modelo productivo convencional y las limitaciones de la política pública para la promoción de energías renovables en los hogares, sin un involucramiento activo de los actores locales. Observan tendencias subordinantes y reduccionistas: altos impactos socioecológicos, en el caso de los extractivismos, y falta de pertinencia, en el caso de las políticas de transferencia tecnológica.

Detrás del discurso de la «economía verde» existe un compromiso mercantil y en beneficio de los sectores económicos concentrados de la provincia, en detrimento de las poblaciones expuestas a las consecuencias del modelo de agronegocio. La Pampa de Pocho (Córdoba) no está exenta de esto, ya que el monocultivo, las fumigaciones y la desertificación son parte de ese paisaje rural […]. Ante la complejidad de este contexto encontramos al Permer (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), un programa nacional (que) consiste en la transferencia de tecnologías, como boyeros eléctricos o paneles solares […]. Se transfieren artefactos tecnológicos, paquetes tecnológicos cerrados, sin una formación o promoción previa, sin tener en cuenta la opinión, el deseo, la cultura de quienes usarán esos artefactos […]. En la Pampa de Pocho llevamos a cabo un taller de diálogo y reflexión sobre energía: acceso, uso y control de bienes energéticos en prácticas productivas y reproductivas del hábitat rural. En este taller no solo se dialogó en torno a los recursos energéticos, sino también sobre el trabajo y los cuerpos de las mujeres como energía manual fundamental para las prácticas productivas y reproductivas y en estrecho vínculo a los múltiples modelos de gestión de la energía en la región […]. Surge fuertemente desde las mujeres de la comunidad la necesidad de reflexionar sobre la energía como una tecnología apropiada, adaptada, desde una concepción de tecnología social, hablar de democratización de la tecnología. Es decir, repensar la energía para la reproducción de la vida, en la Pampa de Pocho, en determinadas particularidades, de manera situada (Experiencias de Mujeres Campesinas de Traslasierra, TJLA, 2022).

Finalmente, en Colombia las mujeres de la organización Climalab convocaron a un amplio espectro de actores de la sociedad civil y organismos internacionales para discutir las claves de lo que podrían considerar procesos de transición socioecológica y energética justa, con miras a la incidencia política y al fortalecimiento de la discusión en los territorios. Con esta perspectiva, levantaron tres principios clave que derivaron en documentos de posicionamiento ante las autoridades públicas en el marco de la COP27, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático[5] en su 27a versión:

Que sea amplia: como un proceso que permita sembrar la base de una vida digna, justa y equitativa, para todos.

Que sea sostenible: para que la transmisión socioeconómica y ambiental emprendida se enmarque en los límites planetarios.

Que sea democrática: para que, en un nuevo pacto social suscrito bajo el mayor consenso posible, la vida digna y su cuidado se conviertan en el centro de la existencia de los seres vivos del planeta (Voces por el Clima, TJLA, 2022).

 

Conclusiones

Es posible observar la condición patriarcal y colonial de la transición energética como política hegemónica, caracterizada por la subordinación de cuerpos y territorios, centrada en grandes procesos productivos y objetivos macroeconómicos. La energía para los trabajos reproductivos y de cuidados no está garantizada como derecho ni resulta accesible para amplios sectores de la población. Esta desigualdad y lo que reconocemos como «pobreza energética» están presentes en los sectores más vulnerabilizados del mundo urbano y más todavía en el mundo rural, afectando directamente los trabajos de cuidados y reproduciendo las desigualdades sexogenéricas.

En la esfera micropolítica y reproductiva, satisfacer las necesidades energéticas sinergiza y potencia la satisfacción de otras necesidades, generando riquezas en múltiples dimensiones: mejora la eficiencia en la cocción y producción de alimentos; reduce la carga de trabajo reproductivo y productivo; genera espacios de encuentro y organización para la gestión y obtención de insumos; invita a capacitarse y abre perspectivas de aprendizaje; genera conversaciones sobre usos, destinos y prioridades de la energía, etc. Por esto la discusión sobre transiciones socioecológicas y energéticas justas no necesita enmarcarse en dicotomías o dualismos a favor o en contra de las energías y de las tecnologías, sino traer al debate su condición sociotécnica, política y ecológica, desvelando su no neutralidad y la narrativa prometeica que sostiene los grandes megaproyectos. Es preciso discutir amplia y colectivamente qué es posible hacer y qué es inconveniente, con qué estándares, bajo qué premisas y considerando qué límites. En esta perspectiva, es preciso también considerar que el viento, el Sol y el agua no son objetos, sino actores que dan forma a las comunidades y los territorios, cuyas dinámicas es preciso escuchar y con quienes es necesario aprender a relacionarse para una convivencia que haga posible la vida y la toma de decisiones en los territorios.

Las praxis y reflexiones sobre transiciones justas que hemos observado en estos territorios dan cuenta de la posibilidad de dignificar la vida de las comunidades, facilitando el acceso a la energía y al mismo tiempo resguardando los ecosistemas y territorios donde se insertan. Estas iniciativas conforman una malla compleja de saberes y experiencias de cuidados no como un todo homogéneo, sino como un enjambre de posibilidades dinámicas.

Por eso decimos que ninguna hegemonía es total, aunque lo parezca. Al delimitarse, genera bordes, márgenes donde proliferan disidencias y experiencias alternativas. En el propio ejercicio de reproducción y actualización de las corrientes principales aparecen «grietas» donde es posible observar discrepancias y ventanas de oportunidad para los espacios micro y macropolíticos.

Finalmente, afirmamos que abordar la crisis climática, energética y geopolítica con y desde las mujeres organizadas es fundamental para que las transiciones socioecológicas ya existentes y futuras acometan la complejidad de la crisis. Hablamos de «transiciones justas», con todas y en plural, a fin de no perder de vista la diversidad de respuestas y mundos posibles. Como decíamos en una reflexión anterior, «no sabemos cuándo ni cuáles de estos mundos lograrán desbordar el consenso para transformar o al menos interferir su agenda. Solo sabemos que a veces ocurre» (Aedo, 2022: 108).

 

Referencias

Aedo, M., 2022. «Cuidar es resistir. Saberes y experiencias de mujeres en conflictos socioterritoriales». Ecología Política, 63, pp. 105-108.

Aedo, M., y G. Cabaña, 2022. «Del ecomodernismo al entramado vital. Narrativas e imaginarios sobre participación en proyectos de energía». Energía y Equidad, 4, pp. 18-24.

Araya, P., J. Sanazzaro, K. Pradenas et al., 2022. «Cada vez que viene la boleta de la luz. Carga mental asociada a las alzas de los precios de los combustibles y su feminización. Reflexiones desde Chile». Energía y Equidad, 5, pp. 21-29.

Baigorrotegui, G., 2019. Transición Energética y Democracia: Chile – Comunidades energéticas en Latinoamérica. Notas para situar lo abigarrado de prácticas energocomunitarias. País Vasco: Proyecto TRADENER, Ekologistak Martxan, Ingeniería Sin Fronteras (ISF-MGI), Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Bertinat, P., y M. Argento, 2021. «Perspectivas sobre energía y transición». En: M. Svampa y P. Bertinat (comps.), La transición energética en la Argentina. Madrid, Siglo XXI, pp. 49-74.

Bertinat. P., y J. Chemes, 2020. Aportes del sector energético a una transición social-ecológica. Berlín, Friedrich Ebert Stiftung.

Bordera, J., y A. Turiel, 2022. El otoño de la civilización. Madrid, Traficantes de Sueños.

García Howell, D., 2021. «¿Estamos avanzando en la transición energética en América Latina?: Análisis y consideraciones». Boletín Política Comercial y Ambiental, 13. Fundación Konrad Adenauer,

Pastén, R., 2022. «¿Límites al crecimiento? El rol de las preferencias, la institucionalidad, la tecnología (y sus consecuencias)». En: E. Costa y V. Bellamy (coords.), Economía en tiempos de crisis. Perspectivas para la transición socioecológica en Chile. Santiago, Fiscalía del Medio Ambiente y Fundación Marisla, pp. 5-21.

Pérez, A., 2022. «Crisis energética en Europa. Política energética al servicio de la guerra». Energía y Equidad, 5, pp. 30-35.

Pnuma (Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 2019. Carbono Cero. La oportunidad, el costo y los beneficios de la descarbonización acoplada de los sectores de la electricidad y el transporte en América Latina y el Caribe. Documento de trabajo.

Rolnik, S., 2019. Esferas de insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Buenos Aires, Tinta Limón.

Valero, A., A. Valero y G. Calvo, 2021. Thanatia. Límites materiales de la transición energética. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

 

* Centro de Análisis Socioambiental, CASA. E-mail: contacto@centrosocioambiental.cl.

Este trabajo se enmarca en el proyecto Transición Justa Latinoamericana, en el que participan las ONG Fiscalía del Medio Ambiente, Centro de Análisis Socioambiental (CASA) y CEUS Chile.

[1] Sin embargo, desde fines de 2022 las restricciones de acceso al gas están motivando la reapertura de centrales de carbón en Alemania, Francia y Austria. Véase: https://energynews.pro/es/el-carbon-al-rescate-de-europa/). Aunque circunstanciales, estas medidas son una prueba más de la volubilidad de las consideraciones socioecológicas cuando se trata de satisfacer la demanda de energía y materiales, en los términos del modelo de desarrollo vigente.

[2] Véase: https://centrosocioambiental.cl/wp-content/uploads/2023/02/Informe-TJLA-2022.pdf.

[3] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=WeEFX7gwPfU.

[4] El uso de la equis para el género conserva la redacción original del equipo responsable de este proceso, a fin de respetar su voz.

[5] La Conferencia de las Partes (COP) es la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se reúnen los 196 países más la Unión Europea que conforman a las Partes.

 

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