Austeridad y corona-shock en Ecuador: resistencias y ecologismos antineoliberales[1]

Diana Vela-Almeida,* Angus Lyall,** Geovanna Lasso,*** Diego Andreucci****

Foto: Luis Herrera R., Cooperativa Audiovisual CoopDocs, 2019. 

 

Resumen: El regreso de un Gobierno neoliberal a Ecuador desde 2017 se ha caracterizado por políticas de austeridad diseñadas para reducir la deuda estatal, a través de recortes a los programas sociales y ambientales, la privatización de las instituciones estatales y de los bienes comunes, la promoción de concesiones mineras y la corporativización de la producción alimentaria. En este artículo, examinamos los procesos organizativos que han surgido o se han fortalecido para defender y promover formas alternativas de gobernar la crisis en el contexto de la pandemia: 1) las movilizaciones antiextractivistas que han resistido el avance de las empresas mineras en la región del Chocó Andino y 2) las organizaciones agroecológicas que han promovido la distribución de productos alimenticios campesinos en múltiples localidades de los Andes. Destacamos el trabajo solidario que entra en esta (re)articulación de distintas formas de antiausteridad y reflexionamos sobre las maneras en que la organización descentralizada no está aislada de las luchas antineoliberales presentes en los movimientos de masas.

Palabras clave: austeridad, neoliberalismo, organización decentralizada, antiextractivismo, agroecología

Abstract: The return of a neoliberal government in Ecuador since 2017 has been characterized by austerity policies designed to reduce state debt, through cuts to social and environmental programs, the privatization of state institutions and common goods, the promotion of mining concessions and the corporatization of food production. In this article, we examine the organizational processes that have emerged or strengthened to defend and promote alternative ways of governing the crisis in the context of the pandemic: 1) the anti-extractivist mobilizations that have resisted the advance of mining companies in the Chocó Andino region and 2) agroecological organizations that have promoted the distribution of peasant food products in multiple locations in the Andes. We highlight the solidarity work that enters into this (re) articulation of different forms of anti-austerity and we reflect on how the decentralized organization is not isolated from the anti-neoliberal struggles present in the mass movements.

Keywords: austerity, neoliberalism, decentralized organization, anti-extractivism, agroecology

 

Introducción

Los recientes Gobiernos de derecha en Ecuador han impuesto medidas de austeridad, incluidos recortes a los programas sociales y ambientales y la privatización de las instituciones estatales. Tales medidas han hecho recaer el costo de la creciente deuda externa y los déficits fiscales en las clases populares. La coyuntura actual se caracteriza por reducciones del gasto social y desregulación del mercado, además de políticas diseñadas para asegurar la acumulación de capital, como la flexibilización laboral y los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En respuesta a una amplia gama de reformas neoliberales, surgieron protestas callejeras masivas en octubre de 2019, que sin embargo fueron truncadas por la crisis de salud pública del COVID-19. La crisis fue aprovechada por el Gobierno de Lenín Moreno para promover más medidas de austeridad y beneficiar aún más al capital a través de la desregulación estatal y la provisión de incentivos financieros para actividades ambientalmente destructivas vinculadas a las industrias extractivas y al sector alimentario corporativo: un verdadero corona-shock económico y ambiental (De Fato, 2020).

Durante la pandemia, si bien no hubo levantamientos, la resistencia no desapareció. La organización descentralizada se rearticuló a nivel regional y nacional en espacios digitales y a través de procesos legales, uniendo a familias empobrecidas y organizaciones indígenas y campesinas. Además, algunos Gobiernos locales, fortalecidos institucionalmente en la coyuntura de Gobiernos progresistas durante la década anterior, juegan un papel clave en la resistencia a las medidas de austeridad y en el apoyo a la organización socioambiental popular desde el interior del Estado. Durante la pandemia, estos procesos organizativos han surgido o se han fortalecido para defender y promover formas alternativas de gobernar las crisis económicas a través de propuestas que favorezcan a los pobres y protejan el ambiente.

En este artículo examinamos dicha organización descentralizada en dos estudios de caso: las movilizaciones antiextractivistas que han resistido el avance de las empresas mineras en la región del Chocó Andino y las organizaciones agroecológicas que han promovido la distribución de productos alimenticios campesinos en ciudades andinas. Destacamos el trabajo solidario que entra en esta rearticulación de distintas formas de antiausteridad y reflexionamos sobre las maneras en que la organización descentralizada se vincula a los movimientos antineoliberales de masas.

Sostenemos que los ecologismos antineoliberales dependen de formas de solidaridad que responden a las consecuencias materiales de la austeridad, y también las producen. Al mismo tiempo, desafían su base ideológica al proporcionar narrativas contrahegemónicas (Calvário et al., 2020). Esta atención a la solidaridad entre ecologismos antiausteridad «particulares» contrasta con estudios que los minimizan al entenderlos como reactivos, efímeros o «contenidos» en relación con la «universalidad» del capital (Harvey, 2007: 165). Al contrario, a pesar de sus limitaciones, la organización descentralizada ha constituido un momento distinto en las trayectorias históricas en curso de formas de política alternativa que moldean de manera contingente la resistencia antineoliberal (Featherstone, 2015). Además, siguiendo el llamado de la geógrafa Doreen Massey (2009) a prestar atención a las articulaciones entre escalas, la organización descentralizada en contextos aparentemente locales en Ecuador está incrustada en la política progresista a escala nacional e internacional y articulada con ella. La organización descentralizada contra la austeridad durante la pandemia ha representado un momento particular para construir agencias y relaciones alternativas con el fin de avanzar en la autoorganización y la autodeterminación de manera más amplia (Calvário et al., 2022).

En la siguiente sección, detallamos las medidas de austeridad del Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), la movilización social de octubre de 2019 y las acciones llevadas a cabo durante la pandemia de COVID-19. Destacamos la descentralización de la protesta y la organización en medio de esta pandemia. Concluimos con algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas de las formas variadas de organización en el Ecuador contemporáneo.

 

Foto 1: Jóvenes en primera línea en los primeros días del levantamiento nacional de octubre de 2019. Fuente: Luis Herrera R., Cooperativa Audiovisual CoopDocs, 2019.

 

Austeridad y el levantamiento de octubre de 2019

En 2017, el exvicepresidente Lenín Moreno llegó al poder y prometió continuar la agenda posneoliberal de Rafael Correa. Sin embargo, tras distanciarse muy pronto de Correa, Moreno se alineó con bloques conservadores ansiosos por garantizar que la crisis fiscal se manejara mediante la austeridad. Moreno inició un agresivo programa de austeridad para reducir la deuda, incluidos recortes en el gasto social y despidos masivos en el sector público. En consecuencia, la pobreza, el desempleo y la desigualdad aumentaron rápidamente en el país (INEC, 2020). De un modo paralelo, viabilizó desgravaciones fiscales para que las corporaciones «salvaran» la economía en general y redistribuyó de forma activa la riqueza hacia arriba. En 2018, eliminó más de 1300 millones de dólares en deuda fiscal entre las cincuenta corporaciones más grandes del país y ofreció recortes de impuestos al sector privado. Así favoreció a las transnacionales petroleras, telefónicas y exportadoras de banano y a los bancos más grandes del país (Arauz, 2018).

Mantener estas formas de bienestar empresarial, en medio de una crisis económica, requirió líneas de financiamiento externo y más medidas de austeridad contra los pobres del país. Así, en 2019, Moreno firmó un acuerdo con el FMI para pedir prestado 4200 millones de dólares durante tres años. El pacto implicaba más deducciones de impuestos y exenciones fiscales para las grandes empresas, junto con despidos de empleados públicos. Una condición clave fue eliminar los subsidios a los combustibles, que aumentaría los costos de transporte y podría tener efectos inflacionarios en los alimentos.

Cuando el Gobierno de Moreno anunció estas reformas en octubre de 2019, estallaron de inmediato protestas en todo el país. Estas constituyeron el mayor levantamiento que había visto Ecuador en quince años. En el transcurso de once días, una diversa gama de organizaciones sociales —indígenas, campesinas, sindicales y de derechos humanos— se unieron a estudiantes, trabajadores, ecologistas, feministas, trabajadores de la salud y amplios segmentos de las clases medias y pobres urbanas para rechazar la austeridad. En una impresionante muestra de solidaridad desde abajo, diversos grupos se organizaron con cooperativas de transporte para moverse en las ciudades y centros de acogida en universidades y centros culturales. Muy pronto se organizó una vibrante economía del cuidado. Los alimentos se preparaban en cocinas improvisadas; se donaron alimentos, ropa y suministros médicos, canalizados hacia donde se necesitase sostener la protesta. Las autoridades municipales y provinciales disidentes apoyaron las protestas a través de redes de radio alternativas y plataformas en línea.

 

Foto 2: Personas del movimiento indígena, campesino, trabajadores, estudiantes y sociedad civil en general marchan en el levantamiento nacional de octubre de 2019. Fuente: Luis Herrera R., Cooperativa Audiovisual CoopDocs, 2019.

 

Moreno y su equipo, al reconocer el peligro de estas formas de movilización masiva, declararon el estado de emergencia nacional y trasladaron su Administración a la ciudad de Guayaquil. Se restringieron los derechos civiles, se prohibieron los encuentros y se impuso la censura previa de la información en los medios de comunicación. La violencia racista, física y psicológica, se intensificó con un despliegue masivo de fuerzas policiales y militares junto con tanques de guerra. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la violación de los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza policial. Como resultado, nueve personas manifestantes murieron, 1507 resultaron heridas y 1382 fueron detenidas ilegalmente (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019). En una dramática negociación televisada entre Moreno y representantes del movimiento indígena y otros sectores, el Gobierno cedió a las demandas de las y los manifestantes y acordó suspender la eliminación de los subsidios a los combustibles.

A pesar del impulso para la organización tras la experiencia de octubre de 2019, la pandemia por COVID-19 impidió nuevas convergencias masivas debido al riesgo de contagio y un estado de excepción prolongado que permitiría a Moreno avanzar con nuevas medidas de austeridad. La pandemia favoreció capitalizar la crisis repentina e imponer reformas neoliberales de shock con posibilidades limitadas de oposición social. De acuerdo con Klein (2007),[2] adoptamos el término corona-shock para referirnos a la implementación de políticas de austeridad por parte del Gobierno de Moreno durante la crisis de salud del COVID-19.

La pandemia facilitó el avance de las medidas de austeridad sobre todo de tres maneras: 1) como la «causa» construida discursivamente de la crisis socioeconómica, al legitimar nuevas reformas de austeridad que ya habían sido planificadas; 2) creando un contexto de emergencia permanente como contexto extralegal para impulsar políticas de austeridad impopulares, suspender derechos civiles y proponer reformas legislativas que habían fracasado meses antes debido al levantamiento popular, y 3) como una oportunidad para promover la expansión del extractivismo y la desregulación ambiental, presentadas como única salida a una crisis económica cada vez más profunda.

 

Foto 3: Una mujer reparte bebida durante el levantamiento nacional de octubre de 2019. Fuente: Luis Herrera R., Cooperativa Audiovisual CoopDocs, 2019. 

 

Corona-shock en Ecuador

En marzo de 2020, el país se convirtió en epicentro regional del COVID-19 (Millán Valencia, 2020). El Gobierno impuso el estado nacional de excepción, con toques de queda y restricciones a la movilización de marzo a junio. El gasto público estaba constreñido; sin embargo, Ecuador fue uno de los pocos países que decidió pagar por adelantado a sus prestamistas extranjeros, en lugar de invertir en su sistema de salud, seguridad alimentaria u otras necesidades esenciales (Báez Valencia, 2020). La denominada «Ley Humanitaria» aprobada en junio de 2020 relajó la normativa laboral: permitió mayor precarización de las condiciones de trabajo y la fuga de capitales a paraísos fiscales (Tobar, 2020), además de profundizar la vulneración de los derechos económicos y laborales. Ecuador cayó en una crisis de salud pública y posiblemente en la peor crisis económica de su historia moderna.

Se redujo la regulación en materia ambiental. El Código Orgánico Ambiental, aprobado en abril de 2018, permite redefinir o cambiar la categoría de áreas protegidas (artículo 37), lo que aumenta la posibilidad de realizar actividades extractivas. Mientras Moreno defendía la reducción del tamaño de un «Estado obeso», el Ministerio del Ambiente se fusionó con la Secretaría de Agua en marzo de 2020. La reducción presupuestaria que acompañó a esta fusión debilitó las capacidades regulatorias de ambas instituciones (Consorcio Camaren, 2020). Lo mismo ocurrió con la fusión de los organismos reguladores de los sectores de minería, hidrocarburos y energía, que redujeron sus capacidades regulatorias generales sobre el sector extractivo. En junio, la Asociación de Guardaparques denunció la eliminación de 193 contratos de guardaparques y especialistas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), entidad responsable del control y cuidado de los ecosistemas terrestres, marítimos y costeros del país. En septiembre de 2020, el viceministro del Ambiente renunció en protesta por el despido de 398 funcionarios y la intención del régimen de despedir a más trabajadores, lo que conduciría a la «absoluta inoperancia del Ministerio del Ambiente y Agua, y el debilitamiento de la gestión ambiental» (Petersen, 2020). Estas y otras medidas de austeridad para el control ambiental contribuyeron al rápido aumento de la tala ilegal para la exportación (Aguilar, 2020), a la expansión de la minería ilegal en el sur andino y la Amazonía y a varios derrames de petróleo en el norte de la Amazonía.

El Estado justificó nuevas concesiones mineras como una estrategia para responder al estancamiento económico relacionado con la pandemia. El sector minero se convirtió en el centro de las discusiones sobre la reactivación económica y el empleo en respuesta a la crisis económica agravada por el COVID-19 (Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Mernnr, 2020). En junio de 2020, el Mernnr publicó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, lo que sorprendió a la mayoría de las organizaciones sociales, ya que el documento no pasó por los mecanismos administrativos de participación prelegislativa. Este plan busca que la minería «alcance una mayor representación en el aporte a la economía nacional al incrementar la participación de esta actividad en el Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleo y la atracción de inversión nacional y extranjera» (Mernnr, 2020: 1). El plan promueve la desregulación institucional, pues señala que «una demora en el otorgamiento de permisos ambientales y de agua ha provocado que muchos de los mineros desarrollen sus actividades extractivas aun sin los permisos pertinentes, provocando actividades mineras ilegales» (Mernnr, 2020: 53). En otras palabras, se argumenta que la regulación en realidad favorece la minería ilegal.

En el sector de los alimentos, el Estado central favoreció los intereses de los agronegocios y las corporaciones alimentarias durante la crisis, a través de pagos de seguros específicos y participación en programas de emergencia. El Gobierno trabajó para fomentar el ingreso formal de semillas transgénicas al sector productivo, a pesar de su prohibición constitucional. Se intentó también importar frutas y verduras, exponiendo potencialmente a los campesinos a la competencia de industrias subsidiadas en el extranjero. Ambos intentos de desregular las importaciones fueron bloqueados por el movimiento campesino y sus aliados. El Gobierno dirigió créditos de emergencia casi en exclusiva a la agroindustria, aun cuando el movimiento campesino exigía al Estado apoyo para las organizaciones campesinas. Además, el Gobierno avanzó en sus negociaciones con Estados Unidos para establecer un tratado de libre comercio, cuya primera fase se firmó a puerta cerrada a fines de 2020 (González Franco, 2020). Por último, el Gobierno central impulsó la incorporación de los pequeños y medianos productores agrícolas al modelo agroindustrial a través de la Propuesta de Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Agropecuario, que incentiva la digitalización de la producción agrícola y modelos inteligentes basados ​​en la eficiencia.

Los mercados de todo el país se cerraron entre marzo y junio de 2020 y se dejó la opción más costosa de los supermercados, a pesar de la profundización de la crisis económica. Las respuestas del Gobierno nacional a la creciente inseguridad alimentaria durante el cierre fueron ad hoc y limitadas. El Plan de Alimentos de Emergencia del Gobierno para distribuir kits de alimentos se organizó en coordinación con la Corporación Nacional de la Cerveza, que desarrolló una plataforma en línea para facilitar la entrega de una oferta limitada de «canastas solidarias». El Ministerio de Agricultura (MAG) también distribuyó un número escaso de canastas al público. Asimismo, el Gobierno municipal de Quito se asoció con la mayor corporación de alimentos del país, La Favorita, a pesar de la presión de los productores campesinos para que comprasen sus productos. En conclusión, los intereses corporativos estaban preparados para aprovechar la crisis alimentaria y gran parte del Gobierno estaba listo para apoyarlos.

 

Foto 4: Frente Antiminero de Pacto, que pide la protección del agua, la vida y la naturaleza. Fuente: Frente Antiminero de Pacto, enero 2021.

 

 

Organización antineoliberal descentralizada

En un contexto de mayor control policial y miedo generalizado debido a la pandemia, los movimientos sociales no lograron organizar un levantamiento masivo en respuesta a los ataques del Gobierno contra los trabajadores, los campesinos y el ambiente. En cambio, la organización descentralizada se consolidó para resistir intervenciones particulares y se articuló a nivel nacional a través de vías digitales y del sistema legal. A continuación detallamos dos estudios de casos y destacamos el papel emergente de los Gobiernos locales en los ecologismos antineoliberales bajo el COVID-19.

 

  • Antiextractivismos

Con el estado de excepción y las restricciones de movilidad, las empresas mineras movilizaron equipos mineros sin permisos e ingresaron a territorios protegidos para acelerar la extracción minera, en colaboración con personal de instituciones públicas (R. Paredes, comunicación personal, 22 de octubre de 2020). Hasta 2020, el 24,6 por ciento del territorio ecuatoriano estaba concesionado a la minería. Algunas empresas mineras operan sin licencia ambiental, y afectan los ecosistemas, la salud de la población y el turismo (Y. Tenorio, Frente Antiminero de Pacto, comunicación personal, 4 de septiembre de 2020). Este intento de expansión no quedó sin oposición. Una gran resistencia se mantuvo en la Mancomunidad del Chocó Andino (en adelante, Mancomunidad), una coalición de seis Gobiernos parroquiales en el noroeste de los Andes, región designada Reserva de la Biosfera por la Unesco, debido a su alta biodiversidad, el ecoturismo y la agricultura.

Diversas organizaciones ambientales, Gobiernos locales y la población en general conformaron el Frente Antiminero de Pacto. El Frente se movilizó e incautó camiones y otros equipos mineros; a la vez inició procesos legales para defender su derecho a la consulta previa para las actividades extractivas en sus territorios (I. Arcos, Frente Antiminero de Pacto, comunicación personal, 8 de septiembre de 2020). Además, se solicitó al Consejo Metropolitano de Quito aprobar una resolución para apoyar la conservación de los bosques de la Mancomunidad y «dar prioridad a la vida y no al oro». El 20 de octubre de 2020, el Consejo Metropolitano de Quito expresó de forma unánime su apoyo a la terminación de las concesiones mineras de metales en la región y su inclusión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Bosques Andinos y Cambio Climático, 2020).

Asimismo, la Mancomunidad se alió con otros actores locales para responder al crecimiento de la inseguridad alimentaria en la región y organizó la distribución de alimentos como alternativa económica durante la pandemia. La organización y la resistencia local forjaron articulaciones extraterritoriales, a través, por ejemplo, de plataformas virtuales y redes sociales, para difundir información sobre movilizaciones en el Chocó Andino.

Otra estrategia efectiva de resistencia antiextractivista se centró en denuncias legales para exigir medidas cautelares y acciones de protección frente a la violación de los derechos colectivos, en especial la «consulta libre, previa e informada» y la consulta popular (Vela-Almeida y Torres, 2021). Por ejemplo, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, una organización nacida durante el levantamiento de octubre de 2019, jugó un papel fundamental en la generación de alertas sobre violaciones de derechos humanos durante el estado de excepción y, más recientemente, en el seguimiento de las demandas de las comunidades indígenas y negras en relación con reparaciones ambientales y sociales y la defensa territorial frente a los proyectos extractivos.

Así, en 2020, la organización antiextractiva avanzó a través de diversas formaciones, alianzas y tácticas de movilización y ocupó varios espacios en la opinión pública debido a los intentos del Gobierno central de expandir las fronteras extractivas. En febrero de 2021 se realizó una consulta popular en el municipio de Cuenca, el tercer cantón más poblado del país, donde se han planificado dos proyectos mineros a gran escala. Más del 80 por ciento de los votantes rechazaron la minería metálica en áreas de recarga hídrica. Este histórico voto antiminero obliga legalmente al Estado a prohibir la minería metálica en los ecosistemas de páramo, y demuestra la centralidad de la movilización socioambiental en la defensa del agua, las tierras agrícolas, el ambiente en general y los medios de vida.

 

  • Movimientos agroecológicos

En respuesta a la austeridad durante la pandemia surgieron tres iniciativas por parte de organizaciones campesinas. Primero, las comunidades rurales establecieron nuevos mercados para facilitar el trueque o la venta de alimentos a escala local. En segundo lugar, algunos Gobiernos locales, municipales y provinciales promovieron el trueque interprovincial al recolectar grandes cantidades de alimentos de los productores locales e intercambiarlos entre zonas ecológicas. Por último, el movimiento agroecológico facilitó la entrega de productos frescos a los consumidores urbanos a través de canastas.

Algunos circuitos agroecológicos no podían funcionar debido a las regulaciones sobre la circulación de alimentos que favorecían al sector alimentario corporativo. Pero otros circuitos de distintas regiones del país, como la Unión de Productores Agroecológicos y de Comercialización Asociativa de Tungurahua (Pacat) o la Red Agroecológica de Loja (RAL), lograron expandirse de forma temporal para facilitar el acceso de los consumidores urbanos de sectores de clase media y populares, y así generaron una respuesta eficaz a la catástrofe que no dependía del sector corporativo de alimentos. Entidades como el Colectivo Agroecológico del Ecuador ya habían intentado organizar directamente a los consumidores en años recientes para comprar productos agroecológicos, pero esta estrategia se aceleró en decenas de sitios a lo largo de los Andes durante la pandemia. Las organizaciones de productores agroecológicos se coordinaron con aliados en los Gobiernos locales para desarrollar o expandir diversas estrategias de comercialización, incluidas plataformas en línea con entregas a domicilio de canastas de alimentos. Las asociaciones agroecológicas además generaron alianzas entre distintas entidades y zonas geográficas para poder imitar los volúmenes, los precios y la diversidad de productos que los consumidores esperan de los mercados públicos o los supermercados, en gran medida mediante la distribución a través de nuevas plataformas digitales. Además, algunos colectivos culturales urbanos, como Aya Hatariy y La Changa, en colaboración con organizaciones vecinales en sectores urbanos populares en Quito, se apropiaron de los centros culturales y las calles de la ciudad para facilitar la circulación barata de los alimentos agroecológicos y promover su apropiación colectiva y cultural en los sectores de bajos ingresos. En efecto, el movimiento agroecológico pudo reelaborar rápidamente sus arreglos internos; transformar sus procesos de logística, almacenamiento, procesamiento, empaque y entrega; gestionar volúmenes grandes, e impulsar una diversidad de productos para cubrir necesidades, como una estrategia alternativa al sistema corporativo.

 

Conclusiones: articulaciones cambiantes de la resistencia

En este artículo, destacamos el papel de la organización descentralizada en el contexto del corona-shock. A partir de nuestro análisis, enfatizamos cuatro dimensiones de la ecología política de la austeridad en Ecuador.

Primero, la austeridad neoliberal en Ecuador ha operado como un proyecto de clase, mediante el cual el Gobierno central ha respondido a las crisis fiscales con recortes en el gasto social, mientras redistribuye de un modo activo la riqueza hacia arriba por medio de subsidios focalizados, desregulación e inversiones en sectores «estratégicos», como minería y agroindustria. El caso de Ecuador ilustra que la austeridad tiene importantes dimensiones socioambientales, como demuestran los intentos de expandir las actividades extractivas y los intereses alimentarios corporativos durante la pandemia, presentados como «la única salida» de una crisis económica.

En segundo lugar, como proyecto de clase, el neoliberalismo funciona explotando las condiciones de crisis, como el corona-shock. Las medidas de austeridad durante la crisis del COVID-19 fueron impuestas en un estado de emergencia y en medio del miedo y condiciones de vida cada vez más precarias. Al mismo tiempo, el neoliberalismo se muestra como un proyecto fracturado que nos permite llamar la atención sobre formas diversas y variadas de agencia política y narrativas contrahegemónicas (Featherstone, 2015).

En tercero término, articular organizaciones y movimientos de base permite dinámicas antiausteridad desde adentro del mismo Estado, lo que evidencia su complejidad y porosidad. Esto se pudo ver en el caso de la Mancomunidad, donde Gobiernos locales han jugado roles clave en el apoyo a las luchas antimineras y han brindado apoyo institucional a la distribución de canastas agroecológicas. El papel activo desempeñado por los Gobiernos locales para facilitar la resistencia localizada demuestra aún más la naturaleza incompleta y heterogénea de la neoliberalización estatal.

Por último, a pesar de que la pandemia interrumpió la posibilidad de un movimiento popular masivo, la movilización contra la austeridad se descentralizó y se expandió a través de distintas redes de acción y solidaridad descentralizadas. Estas diferentes iniciativas se han revelado como conjuntos flexibles, escalables y específicos en cada contexto, que generan relaciones sociopolíticas entrelazadas a través de una organización constante contra los ataques neoliberales. Si bien no todas las formas de ambientalismo en el país son necesariamente antineoliberales, la autoorganización permite crear nuevas subjetividades, construir agencias alternativas y espontáneas y formular relaciones sociales cotidianas en y con la naturaleza (Calvário et al., 2020). En este sentido, no se trata de luchas meramente defensivas, sino que forman parte de un proceso continuo de organización contextualizada que defiende la vida y se opone a la austeridad.

El contexto de austeridad no ha cambiado en la coyuntura política presente. En mayo de 2021, Guillermo Lasso, representante de la oligarquía del país, fue elegido presidente de Ecuador a pesar de que los partidos de derecha obtuvieron uno de los porcentajes de voto más bajos de su historia electoral y del resurgimiento electoral del movimiento indígena. Aunque existe un rechazo popular a las medidas de austeridad existentes, la precarización de la vida ha logrado restringir los mecanismos de movilización social.

 

Referencias

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Vela-Almeida, D., A. Lyall, G. Lasso et al., 2022. «Resisting Austerity in the Era of COVID-19: Between Nationwide Mobilisation and Decentralised Organising in Ecuador». En: R. Calvário, M. Kaika y G. Velegrakis (eds.). The Political Ecology of Austerity. Londres, Routledge.

 

* Departamento de Geografía, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

** Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Ecuador.

*** Colectivo Agroecológico del Ecuador y Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – Condesan, Ecuador.

**** Instituto Internacional de Estudios Sociales, Universidad Erasmus de Róterdam, Países Bajos.

[1]. La versión original ampliada de este artículo ha sido publicada en Diana Vela-Almeida et al., 2022. «Resisting Austerity in the Era of COVID-19: Between Nationwide Mobilisation and Decentralised Organising in Ecuador».

[2]. El concepto de doctrina del shock propuesto por Naomi Klein (2007) explica las formas en que los Estados han utilizado históricamente situaciones de crisis, como las guerras, las catástrofes naturales u otras convulsiones sociales, para introducir políticas económicas neoliberales y marcos legales impopulares que precarizan las condiciones de vida, impactan de forma negativa en la economía de la población o van en detrimento de los derechos humanos. Sin la existencia de estas crisis, la implementación de políticas de shock no sería posible o sería más difícil que la población la aceptada. La crisis sanitaria del coronavirus se constituyó, en el caso de Ecuador, en la oportunidad perfecta para permitir y justificar varias de las políticas de austeridad adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno y más recientemente de Guillermo Lasso.

 

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