José Cláudio Gonçalves* y Rosemeire Aparecida Scopinho**

Palabras clave: conflictos ambientales, desarrollo sostenible, agroindustria cañera

 

Introducción

El crecimiento de la producción de los agrocombustibles, sobre todo el etanol derivado del cultivo de caña de azúcar, esconde los impactos socioambientales existentes en el interior del sector sucroenergético brasileño. En el ámbito de los derechos sociales y el trabajo, los problemas están relacionados con las pésimas condiciones de vida y de trabajo que se dan en las haciendas que cultivan caña de azúcar; además, el aumento de la mecanización de las etapas de plantío y cosecha reduce la fuerza del trabajo manual usada en la labranza de caña. En cuanto a los impactos ambientales, las principales cuestiones se refieren al uso de agrotóxicos y la práctica de fertirrigación de cañaverales con vinaza, un subproducto que resulta del destilado del etanol. Este residuo agroindustrial posee una elevada concentración de nitrato, potasio y materia orgánica. Por lo tanto, si es utilizado sin el debido control, puede contaminar el suelo y eutrofizar los ríos y los acuíferos (Freire y Cortêz, 2000; Russi, 2008).

Sin embargo, con la determinación de estos problemas, a partir de los años 2000 el Gobierno brasileño liberó recursos financieros que permitieron a los empresarios del sector sucroenergético ampliar el cultivo de caña de azúcar, modernizar las agroindustrias, adquirir insumos, maquinaria, tractores y cosechadoras más eficientes. Además de contar con recursos financieros provenientes de bancos públicos, otra estrategia emprendida por los representantes del sector fue adoptar una retórica ambientalista, la cual presenta al etanol como un combustible ambientalmente sostenible. (thesaddleroomrestaurant.com) Los cambios organizacionales, tecnológicos y discursivos abrieron las puertas para la fusión de empresas brasileñas con multinacionales que actúan en el sector de energía (renovable y no renovable) en diversas partes del mundo. Entre las compañías que pasaron a operar en el mercado brasileño de agrocombustibles destacan Tereos Internacional SA, la francesa Luis Dreyfus Company (LDC) y Raízen, una joint venture creada a partir de la fusión entre la brasilera Cosan y la petrolífera anglo-holandesa Shell. El objetivo de estas empresas es aumentar la exportación de etanol para los mercados de Europa, Asia y América del Norte.

Así, el crecimiento de la producción y comercialización de etanol reconfigura física, política y socialmente diversos territorios rurales. Un ejemplo de este proceso ocurre en la región de caña de azúcar de Ribeirão Preto, donde el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Federación de Empleados Rurales Asalariados del Estado de São Paulo (FERAESP) luchan por la reforma agraria y por la implantación de asentamientos rurales que se contrapongan a la lógica de acumulación de la agroindustria de la caña de azúcar. Según Fernandes y Gonçalves (2011: 29), este abordaje indica que “la disputa territorial no es solamente por tierra, sino por todas las dimensiones del territorio”.

La posición del MST y de la FERAESP está alineada, por lo tanto, con las propuestas definidas por la Vía Campesina Internacional. De acuerdo con esta Organización, la producción de alimentos libres de insumos químicos, la soberanía alimenticia de la población de baja renda y la conservación de los recursos naturales solo pueden ser garantizadas por los pequeños agricultores, ya que se oponen a la matriz productiva utilizada por las grandes agroindustrias y a la forma de comercialización impuesta por las cadenas de supermercados que controlan el comercio mundial de alimentos (Altieri, 2009).

A pesar de la legitimidad y la urgencia de las perspectivas socioambientales defendidas por la Vía Campesina, es importante tener en cuenta que los movimientos sociales se enfrentan a obstáculos. Un ejemplo de esto se da en la macrorregión de Ribeirão Preto, donde las investigaciones demuestran que la agroecología y el asociativismo campesino encuentran dificultades para consolidarse. Esta situación resalta dos cuestiones importantes: ¿cuáles son los límites y las potencialidades de la agroecología en regiones cuyo modelo de desarrollo económico históricamente ha generado degradación socioambiental? ¿Es posible realizar una agricultura ecológica en estas regiones?

Los argumentos contenidos en el presente artículo son el resultado de investigaciones llevadas a cabo en cinco asentamientos rurales del tipo Proyectos de Desarrollo Sostenible (PDS)[1] localizados en la macrorregión de Ribeirão Preto. Los trabajos de campo se realizaron a través de observaciones directas en el día a día de las familias, entrevistas semiestructuradas con los trabajadores rurales, los funcionarios públicos y líderes de movimientos sociales, además de la participación en reuniones de planeación y evaluación de las acciones desarrolladas en el proceso de organización de estos asentamientos. El objetivo de este artículo es analizar la implementación de PDSs a la luz de la ecología política, vertiente teórica y metodológica que busca reflexionar críticamente sobre los problemas socioambientales contemporáneos.

Agroecología y agroindustria de la caña de azúcar: ¿un par imperfecto?

En la región de Ribeirão Preto, las experiencias con la Agroecología son desarrolladas dentro de asentamientos rurales llamados PDS. Creados para satisfacer las especificidades socioambientales existentes en la región de la Amazonia brasileña, esta modalidad de asentamiento rural acabo siendo traspuesta a agroecosistemas con características físicas, sociales y económicas distintas a los la cuenca amazónica.[2]

Desde el inicio de los años 2000, acompañamos el proceso organizativo de PDSs implantados en la macro-región de Ribeirão Preto.

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Figura 1. Ubicación de las áreas estudiadas. (Fuente: Elaboración propia.)

Las investigaciones desarrolladas a lo largo de este periodo indican que, en estos proyectos, ocurren importantes arreglos sociales, algunos circunscritos al ámbito familiar; otros, sin embargo, resultan de acuerdos que involucran a los trabajadores, los movimientos sociales, algunos institutos de investigación agrícola e instituciones públicas gubernamentales y no gubernamentales. Basados en la agroecología y en el asociativismo, estos agentes reúnen recursos técnicos y financieros para el desarrollo de varios proyectos, entre los cuales están la implantación de Sistemas Agroflorestales (SAFs), la instalación de ecotecnologías de saneamiento básico y experiencias con la agricultura orgánica. De hecho, esta articulación expresa una sensibilidad ecológica dispuesta a crear territorios (reales o simbólicos) de re-significación de la vida social (Alphandéry et al., 1992).

Aunque existen trabas que dificultan el desarrollo productivo y la organización política de los PDSs, las investigaciones indican que hay una mejora en las condiciones de vida de las familias. Entre los factores positivos, destacamos la adquisición de vivienda propia y la posibilidad que tienen los trabajadores de ingresar en programas de crédito agrícola y de transferencia de renta, ambos mantenidos por el Gobierno federal.[3] Cultivando mandioca, maíz, frutas, verduras y legumbres; criando gallinas, pollos, porcinos y bovinos, los trabajadores rurales también se aseguran una alimentación más rica y más diversificada. Además de estos aspectos, hay que considerar que, a partir de los PDSs, algunas familias restablecen lazos afectivos rotos en el pasado.

Según representantes del MST y de la FERAESP, los asentamientos rurales del tipo PDS son conquistas importantes, ya que permiten organizar núcleos de economía campesina cercanos a los centros urbanos. De este modo, las personas que en el pasado vivían en el campo y fueron obligadas a migrar a la ciudad en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, pueden retornar al campo para desarrollar actividades agrícolas y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación de los recursos naturales. Junto con los principios de la agroecología, el MST también estimula la formación de cooperativas y asociaciones como una estrategia para fortalecer la organización política y el desarrollo económico de los trabajadores rurales.

No obstante esta perspectiva, es importante destacar que, durante el proceso organizativo de los PDSs, emergen diversos problemas que amenazan la consolidación de estos proyectos. En el ámbito interno, las dificultades están relacionadas con la falta de asistencia técnica y de infraestructura que facilite el desarrollo de prácticas agrícolas conservacionistas. Envueltos en un mar de caña, los trabajadores encuentran dificultades para librar sus labranzas de la contaminación causada por la pulverización aérea realizada sobre los cañaverales. La comercialización agrícola también aparece como un gran obstáculo, ya que en una región dominada por la agroindustria de la caña de azúcar es difícil para los pequeños agricultores criar canales de comercialización sólidos y duraderos. Ante este panorama, muchos trabajadores se ven obligados a recorrer a empleos temporarios y precarios, tanto en las grandes agroindustrias como en el sector de los servicios urbanos.

A este conjunto de restricciones se suma el hecho de que los PDSs son utilizados como una especie de “isla de sintropía” por los técnicos del INCRA. En vez de fomentar la restauración forestal y la recuperación de la calidad del suelo, los agentes utilizan áreas de conservación ambiental, existentes en algunos PDSs, como una forma de compensar la falta de estas áreas en otros proyectos. Estas acciones buscan, simplemente, cumplir con las prerrogativas legales establecidas por la legislación ambiental brasileña. Es una opción reduccionista, ya que, actuando de esta forma, el INCRA apenas fortalece lo que Alphandéry et al. (1992) denominan “Estatuto jurídico de la naturaleza” y no el agroecologismo defendido por el MST y la FERAESP.

Como una forma de escapar a los problemas existentes en los PDSs, sobre todo aquellos relacionados con la infraestructura para el desarrollo de la producción agrícola, algunas familias comenzaron a adherirse a proyectos ambientales financiados por el Banco Mundial y por la empresa estatal brasilera Petrobras.[4] Ciertamente, la participación de instituciones financieras y de grandes empresas amplía las posibilidades de desarrollo económico de los PDSs, pero, en contrapartida, lanza estos proyectos a una lógica de financialización de la conservación de los recursos naturales; además, la racionalidad ambiental de los agentes financiadores exige que los trabajadores rurales institucionalicen sus prácticas de cooperación. Al aceptar estas condiciones, los propios trabajadores acaban reproduciendo formas enajenadas y jerarquizadas de trabajo.

Conclusiones

Al configurarse como una mezcla de comunidad rural sumada a la idea de sostenibilidad agroambiental, los PDSs implantados en la región de caña de Ribeirão Preto revelan que la realización de prácticas cooperativas y agroecológicas es rodeada de conflictos y distintos intereses. Eso se da tanto en razón de las contradicciones existentes en la política agrícola y agraria del Gobierno brasileño como en el poder (económico y simbólico) ejercido por la agroindustria de la caña de azúcar. Por parte del MST y la FERAESP, aún hay expectativas de que el asociativismo agroecológico pueda demostrar su relevancia social como un contrapunto a los impactos socioambientales generados por las agroindustrias de la caña de azúcar. Esta perspectiva socioambiental adquiere relevancia a medida que aumentan la escasez hídrica y los problemas agrícolas causados por los cambios climáticos. Nuestras investigaciones siguen explorando las relaciones que se establecen entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de vida de los trabajadores rurales, así como el significado que el asociativismo agroecológico adquiere en el contexto regional de expansión del agroindustria de la caña de azúcar.

Referencias

ALPHANDÉRY, P.; BITOUN, P.; DUPONT, I. (1992). O equívoco ecológico: riscos políticos da inconsequência. São Paulo: Brasiliense.

ALTIERI, M. A. (2009). “Agroecología, pequeñas y soberanía alimentaria”, Ecologia Política: Cuadernos de Debate Internacional, 38, pp. 25-35.

FERNANDES, B. M.; WELCH, C. A.; GONÇALVES, E. C. (2011). “Políticas de agrocombustíveis no Brasil: Paradigmas e disputa territorial”, Espaço Aberto, 1, pp. 14-37.

FREIRE, W.J.; CORTÊZ, L. A. B. (2000). Vinhaça de cana-de-açúcar. Guaíba: Agropecuária.

MDA/INCRA/CNS/MMA (2000). Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS. Brasília: MDA.

RUSSI, D. (2008). “Los agrocombustibles: ¿una solución para muchos problemas o muchos problemas sin solución?”, Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional, 34, pp. 35-46.

* Doctor en Sociología, miembro del Núcleo de Estudios Trabajado, Sociedad y Comunidad (NUESTRA) (ze_goncalves44@yahoo.com.br)

** Doctora en Sociología, profesora asociada al Departamento de Psicología de la Universidad Federal de São Carlos e investigadora del Programa de Posgraduación en Psicología y Programa de Posgraduación en Sociología. Coordinadora de Núcleo de Estudios Trabajado, Sociedad y Comunidad (scopinho@ufscar.br)

[1] Esta modalidad de asentamiento rural fue creada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). De acuerdo con los técnicos de este Instituto, un PDS es un asentamiento rural destinado a las poblaciones que basan su subsistencia en el extractivismo, en la agricultura familiar y en otras actividades de bajo impacto ambiental (MDA/INCRA/CNS/MMA, 2000).

[2] Hasta el año 2015, el territorio brasileño albergaba 143 asentamientos del tipo PDS. De este total, 96 proyectos estaban ubicados en la región Norte, 13 en la Nordeste, 13 en la Centro Oeste y 21 en la Sudeste. En el estado de São Paulo, los PDSs ocupaban un área de 17.468,93 hectáreas de tierra, en los cuales estaban asentadas 1.511 familias, siendo 43,3% de la región de caña de Ribeirão Preto.

[3] Entre estos programas están el Bolsa Familia y el Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar). www.mds.gov.br www.mda.gov.br accedidos en marzo de 2016.

[4] Obviamente, los financiamientos hechos por Petrobras no resultan de ninguna “sensibilidad ecológica” de los dirigentes y accionistas de esta empresa, pero sí resultan de la necesidad que las industrias petrolíferas tienen que construir una imagen socioambiental positiva frente al mercado internacional de agrocombustibles.

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