Raquel Neyra*

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExBr02

Resumen: La cuarentena dictada a raíz de la pandemia del COVID-19 marcó el inicio de una dinámica que reunió cuatro elementos del submundo de la ilegalidad: el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras indígenas, lo que multiplicó la violencia, el maltrato contra pueblos indígenas e inclusive el asesinato de defensores indígenas. El Estado sostiene esta dinámica extractivista con leyes que favorecen la deforestación y la expansión de cultivos en la Amazonía, y actúa en total colusión con los actores ilegales exacerbando la dependencia del sector ilegal al cual cede amplias zonas del país. La expansión de las fronteras de la extracción es llevada a cabo muchas veces por colonos en búsqueda de nuevas oportunidades con el cultivo ilegal de la hoja de coca o al servicio de grandes empresas agroindustriales. Una espiral de violencia de la cual será difícil salir mientras los regímenes extractivos continúen en el poder. El empoderamiento de los pueblos indígenas se erige como alternativa para la defensa de sus territorios.

Palabras clave: violencia, actividades ilegales, pueblos indígenas, Amazonía, extractivismo

Abstract: The quarantine imposed due to the Covid-19 pandemic marked the beginning of a dynamic that brought together four elements from the underworld of illegality: drug trafficking, illegal mining, deforestation, and the seizure of indigenous lands. This combination escalated violence, mistreatment of indigenous peoples, and even the murder of indigenous defenders. The State perpetuates this extractivist dynamic through laws favoring deforestation and the expansion of crops in the Amazon, acting in collusion with illegal actors and further entrenching the dependence on the illicit sector, which claims vast areas of the country. The expansion of extraction borders is often driven by settlers seeking new opportunities through the illegal cultivation of coca leaves or in service of large agro-industrial companies. Breaking free from this spiral of violence will be challenging as long as extractive regimes remain in power. Empowering indigenous communities stands as an alternative for defending their territories.

Keywords:  violence, illegal activities, indigenous peoples, Amazonia, extractivism

 

Introducción

El Perú es uno de los primeros productores de hoja de coca y pasta básica de cocaína que luego las diferentes mafias exportan hacia Bolivia, Colombia y Brasil —y de ahí a los mercados europeos y norteamericanos—. Esta situación ha venido creciendo a pesar de los acuerdos de cooperación firmados principalmente con Estados Unidos desde 1990 y de las acciones militares peruanas en la zona del VRAEM.[1] El inicio de la colaboración se dio durante el Gobierno del exdictador Fujimori, él mismo acusado de transportar cocaína en el avión presidencial. Debido a la presencia militar en esta zona —justificada por el Gobierno por la presencia de remanentes armados de Sendero Luminoso—, el narcotráfico se ha ido desplazando hacia otras, principalmente el área central de la selva —en las regiones de Junín, Huánuco y Ucayali—, la llamada triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú y las zonas fronterizas con Colombia en el Putumayo (Devida, 2023). Cabe resaltar que en el Perú se permite una superficie para el cultivo legal de hoja de coca supervisada por Enaco,[2] única empresa autorizada para la compra y comercialización (Devida, 2022) de la hoja entera y procesada.[3] Esto se debe a su uso ancestral por los nativos peruanos para combatir el frío, el hambre y el cansancio y como elemento esencial de ceremonias espirituales de la cosmovisión andina, en la cual la hoja de coca posee un valor sagrado.

Desde la pandemia, la región de la selva central ha sido testigo de un alto número de asesinatos de defensores ambientales, todos ellos pertenecientes a pueblos indígenas que resistían a la invasión por parte de colonos, cocaleros y taladores ilegales, así como testaferros que revendían la tierra a empresas de palma aceitera o actuaban en nombre de ellas (Castro y Luna, 2019). La complicidad de autoridades regionales corruptas quedó demostrada al permitir la actividad agrícola en tierras deforestadas previa aplicación del artículo 8 sobre la «capacidad de uso mayor» de la Ley Forestal 29763[4] (Neyra, 2020 EJAtlas, 2024).

La estricta cuarentena obligatoria dictada a raíz de la pandemia por el Covid-19 permitió la actuación en la sombra de las actividades ilegales y los asesinatos. Muchos defensores, a pesar de gozar de medidas cautelares de protección o de haber solicitado protección a las autoridades, recibieron amenazas, vieron sus casas e instalaciones quemadas o fueron asesinados (Redacción de Servindi, 2024a). Más de veinte han sido asesinados desde el inicio de la pandemia. La falta de implementación de los mecanismos de protección por parte del Estado peruano es en parte responsable de la inoperancia de la protección policial. Este mecanismo tampoco dispone de un presupuesto específico atribuido (Odesc-Clacso, 2023).

La extensión del cultivo de hoja de coca ha pasado de 54.134 hectáreas en 2018 a 95.008 en 2022; de ellas, 8613 se sitúan en la Amazonía, mientras que en 2018 eran 2939, lo que corrobora la penetración de este cultivo en esta región, como una ampliación de las fronteras de la extracción de actividades ilegales o que reemplazan anteriores cultivos. Los asesinatos de defensores indígenas ocurren en zonas donde las actividades ilegales penetran e invaden territorios indígenas. En ellos se han identificado 15.380 hectáreas de cocales, de las cuales 11.102 dentro de comunidades nativas (Espinosa, 2019) e incluso más de 12.000 dentro de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas (Devida, 2023). Se han abierto nuevas rutas hacia Brasil y Bolivia, producto de la entrada en el tráfico de bandas criminales brasileras como Os Crias, Comando Vermelho, PCC, etc. Cárteles rusos, albaneses y serbios vienen a aumentar la «clásica» lista de cárteles mexicanos, colombianos e italianos. En la frontera norte con Colombia, en el Putumayo, indígenas huitotos (entre otros pueblos) son obligados a trabajar en el cultivo ilegal de hoja de coca (Ebus y Brehaut, 2022) como si estuvieran aún en la era del caucho. Muchos pobladores locales entran en el circuito de la producción por necesidades económicas. La violencia, el tráfico y la inseguridad se generalizan en todas estas zonas. Los mapas elaborados por el Giatoc (2023) dan cuenta de una repartición territorial entre las bandas criminales implicadas en la producción, el contrabando y la comercialización de la cocaína, como si se tratara de concesiones mineras o forestales, donde estas bandas aplican su propia ley. Esta expansión del tráfico se acompaña del sometimiento sexual de menores y mujeres a proxenetas, como lo conocemos en la zona de Madre de Dios.

 

Narcotráfico, minería ilegal y explotación sexual

Tres componentes que van de la mano en su expansión: narcotráfico, minería ilegal y explotación sexual. A la creciente situación de inseguridad, se suma la minería ilegal, cuyos circuitos se utilizan como cubierta para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El oro ilegal toma circuitos que llegan hasta Estados Unidos y Europa (De Echave, 2024). Existe responsabilidad de los Estados, que, con el pretexto de financiar la lucha contra las actividades ilegales, se benefician de estos tráficos. Como diría san Bernardo: «A Dios rogando y con el mazo dando». La explotación sexual de menores y mujeres es una muestra más del reforzamiento de los eslabones del patriarcado que sostienen a estas actividades. Quien huye o se rebela es aniquilado.

La entrega de amplias zonas del país al sector ilegal es alentada por el Gobierno extractivista con la nueva Ley Forestal 31973, promovida por congresistas del lobby cocalero, que facilita el desbosque y la expansión de zonas agrícolas (Huerta, 2024). Esta ley favorecería a grandes empresas como el ex-Grupo Melka y el Grupo Romero, y a los grupos religiosos menonitas e israelitas asentados en la Amazonía acusados de deforestación (Brehaut, 2024). Finalmente, el Gobierno se vuelve también dependiente del extractivismo del sector ilegal e incurre en graves actos de corrupción en una manifestación clara de narcopolítica.

 

Inseguridad ciudadana

La presencia policial es en todas estas zonas casi inexistente, y podemos afirmar casi deseada por el Estado porque somete a estas áreas a una permanente situación de inseguridad en la que la violencia es pan de cada día y las actividades ilegales se desarrollan sin control alguno. Varias zonas del país viven una violencia sin tregua, como las del norte, en parte por la minería ilegal, y las del nororiente amazónico, ruta del narcotráfico donde la delincuencia y la criminalidad son habituales.

Esta violencia reviste distintas formas: estructural, con zonas sin saneamiento ni servicios básicos; física, con la trata de personas o las enfermedades provocadas por el daño al medioambiente; legal, por no tener ninguna posibilidad de defensa jurídica, y económica, porque los pobladores no tienen muchas veces ninguna otra alternativa que someterse a las actividades ilegales. Los niños nacen y crecen en este entorno y piensan que es la situación normal de vida, desconociendo el equilibrio emocional y la felicidad, sin control de sus emociones, y tienen como concepto de vida sortear la violencia.

La aniquilación de los territorios de los pueblos indígenas es completa cuando los sabios de las etnias fallecen imposibilitados de transmitir la historia y los conocimientos de sus pueblos, pueblos que sufren las afectaciones ambientales y el abandono social. La memoria, y con ella la identidad, e in fine el pueblo van desapareciendo.

Por si no fuera suficiente, estas actividades ilegales se acompañan del tráfico de armas, demostrado hace poco por los terribles sucesos en el Ecuador cuando se incautaron a los insurgentes delincuentes ecuatorianos armas provenientes de la policía peruana (Redacción de Ojo Público, 2024). En otros casos, se probó que la policía proveía de armas a narcotraficantes (Navarrete, 2023). Los circuitos del narcotráfico se extienden por todo el país hasta el principal puerto del Callao, hacia puertos secundarios, aeropuertos oficiales y centenares de aeródromos ilegales construidos en plena selva amazónica. Mientras, se siguen construyendo carreteras de penetración que atraviesan literalmente gran parte de la Amazonía, para el transporte de mercancías entre los países fronterizos. Estas carreteras se acompañan de la proliferación de prostitución y de bares donde se expende alcohol, y facilitan la penetración y el acaparamiento de más territorios a los lados de las carreteras, construidas sin ninguna consulta previa ni conocimiento de las poblaciones indígenas afectadas, lo que pone en grave riesgo a las pueblos aislados o en contacto inicial.

 

Conclusiones: resistencias

El dominio completo del narcotráfico, la minería y demás actividades ilegales como la tala y el tráfico de flora y fauna convierte estas amplias zonas en tierra de nadie donde las naciones indígenas penan por defender sus territorios y obtener su titularidad con el objetivo de desarrollar sus planes de vida plena con autogestión territorial (Aidesep, 2017). Sin titulación oficial de su territorio —trámite muchas veces engorroso y costoso—, los pueblos indígenas no pueden defenderse ante los fueros judiciales para recuperar o reclamar su territorio invadido. Esta inseguridad jurídica es mantenida intencionalmente por el Estado, que facilita la invasión del territorio indígena aún no reconocido. Algunos pueblos recurren a la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que el Estado cumpla con sus obligaciones frente a sus ciudadanos (Redacción de Servindi, 2024b). La deforestación de amplias zonas de la Amazonía por las actividades ilegales, la contaminación de los ríos y fuentes de agua por la minería ilegal y la narcodeforestación (JIFE, 2024) llevan a estas naciones a autodefenderse ante la inoperancia del Estado, como los wampis o los awajunes de la región Amazonas, que se han enfrentado muchas veces a los mineros ilegales y sus dragas. Las multitudinarias protestas en Jaén contra la minería ilegal demuestran que las poblaciones optan por conservar sus actividades agrícolas.

El extractivismo es ya en su propia definición violento. Conocemos el extractivismo de empresas y corporaciones legales en el sector de materiales y energía. Ahora nos enfrentamos al extractivismo en el sector ilegal que tiene las mismas implicancias ambientales, sociales y económicas, corrupciones y complicidades que el legalizado. El país también se vuelve dependiente del sector ilegal al cual cede amplias zonas. La pregunta es cómo nos defendemos y construimos un mundo nuevo. Las poblaciones indígenas tienen muy buenas propuestas. Sin embargo, son ellas las personas que soportan la violencia y están permanentemente amenazadas.

 

Referencias

Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), 2017. «Autogobierno Territorial de Vida Plena para salir de la crisis de corrupción y represión extractivista, Mandato de Zungarococha XXIV Asamblea Nacional Ordinaria de Aidesep».Servindi (30 de diciembre). Disponible en: https://www.servindi.org/30/12/2017/proponen-autogobierno-territorial-para-enfrentar-la-crisis, consultado el 28 de junio de 2024

Brehaut, I., 2024. «Las empresas y grupos religiosos que se benefician con la modificación de la ley forestal». Convoca.pe (29 de febrero). Disponible en: https://convoca.pe/agenda-propia/las-empresas-y-grupos-religiosos-que-se-benefician-con-la-modificacion-de-la-ley, consultado el 28 de junio de 2024.

Castro, A., y N. Luna, 2019. «El esquema detrás del tráfico de tierras que está destruyendo la Amazonía». Ojo Público (21 de julio). Disponible en: https://ojo-publico.com/1284/el-esquema-que-encubrio-el-trafico-de-tierras-en-la-amazonia, consultado el 28 de junio de 2024.

De Echave, J., 2024. «Las exportaciones de oro, los principales destinos y sus orígenes». Servindi (26 de febrero). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/26/02/2024/las-exportaciones-de-oro-los-principales-destinos-y-sus-origenes, consultado el 28 de junio de 2024.

Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Perú), 2022. «Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada, 2021». Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3633678/Anexo%20RPE%20N%C2%B0%20134-2022-DV-PE.pdf.pdf, consultado el 28 de junio de 2024.

Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Perú), 2023. «Monitoreo de cultivos de coca 2022». Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/devida/informes-publicaciones/4364118-monitoreo-de-cultivos-de-coca-2022, consultado el 28 de junio de 2024.

Ebus, B., e I. Brehaut, 2022. «La violencia de la coca cruza de Putumayo hacia Perú». Servindi (21 de diciembre). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-reportaje/21/12/2022/la-violencia-de-la-coca-cruza-de-putumayo-hacia-peru, consultado el 28 de junio de 2024.

EJAtlas, 2024. «Deforestación en Loreto y Ucayali por Grupo Melka, Perú». Disponible en: http://old.ejatlas.org/conflict/deforestacion-en-loreto-y-ucayali-por-grupo-melka, consultado el 28 de junio de 2024.

Espinosa, O., 2019. «Etnónimos, “comunidades nativas” y otras categorías problemáticas del Estado en contextos de diversidad cultural: el caso de la Amazonía peruana». Forum historiae iuris (9 de enero). Disponible en: https://forhistiur.net/media/zeitschrift/0119_Espinosa_pdf.pdf, consultado el 28 de junio de 2024.

Giatoc (Global Iniciative Against Transnational Organized Crime), 2023. «Amazon Underworld, economías criminales en la mayor selva tropical del mundo». Disponible en: https://globalinitiative.net/analysis/amazon-underworld-economias-criminales/, consultado el 28 de junio de 2024.

Huerta, P., 2024. «Elizabeth Medina, la autora de la nueva Ley Forestal vinculada a cocaleros del Alto Huallaga». La República (12 de enero). Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2024/01/11/elizabeth-medina-la-autora-de-la-nueva-ley-forestal-vinculada-a-cocaleros-del-alto-huallaga-802846, consultado el 28 de junio de 2024.

JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), 2024. «Informe 2023». Disponible en: https://unis.unvienna.org/unis/uploads/documents/2024-INCB/2325540S_INCB_Annual_Report.pdf, consultado el 28 de junio de 2024.

Navarrete, J. (dir.), 2023. «Amazonas: territorio amenazado». Españoles en conflictos, RTVE (17 de mayo). Disponible en: https://www.rtve.es/play/videos/espanoles-en-conflictos/amazonas-territorio-amenazado/6891855/, consultado el 28 de junio de 2024 (documental).

Neyra, R., 2020, Conflictos socioambientales en el Perú: Violencia y Extractivismo, Quito, editorial Abya Yala

Odesc-Clacso, 2023. «Marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina». Barcelona, Odesc.

Redacción de Ojo Público, 2024. «Del Ejército peruano a las mafias del Ecuador: las rutas del tráfico de armamento en la frontera». Ojo Público (14 de enero). Disponible en: https://ojo-publico.com/4916/rutas-del-trafico-armamento-peruano-detras-del-terror-ecuador, consultado el 28 de junio de 2024.

Redacción de Servindi, 2024a. «Amazonas: incendian casa de jefa de reserva comunal». Servindi (6 de marzo). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/03/2024/amazonas-incendian-casa-de-jefa-de-reserva-comunal, consultado el 28 de junio de 2024.

Redacción de Servindi, 2024b. «CIDH emplaza al Estado por demanda achuar». Servindi (22 de febrero). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/02/2024/cidh-emplaza-al-estado-por-demanda-achuar, consultado el 28 de junio de 2024.

*Activista, doctora y economista ecológica, comparte la economía ecológica con movimientos sociales, miembro de la coordinación del GT Ecologías Políticas desde el Sur/Abya Yala, vicepresidenta del Sociedad Andina de Economía Ecológica E-mail: neyraraquel@gmail.com

[1] Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

[2] Empresa Nacional de la Coca.

[3] Procesada en mate, harina y complementos alimenticios, la coca es muy rica en calcio.

[4] La nueva Ley Forestal 31973 de 2024 exime de este procedimiento técnico.

 

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