EDITORIAL
Santiago Gorostiza | Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Suecia.
Palabras clave: ecología necropolítica, ecocidio, militarización, militarismo verde, extractivismo, historia ambiental de la guerra, paisajes militarizados
Introducción: de la ecología política de la guerra a la militarización
En 2024, el gasto militar por persona a escala global alcanzó el máximo desde las postrimerías de la Guerra Fría, en 1990 (Liang et al., 2025). De la invasión rusa de Ucrania a la destrucción de Gaza por parte del ejército israelí o la guerra civil en Sudán, diversos conflictos armados están reconfigurando la agenda política global y poniendo las tensiones geopolíticas por delante de la crisis climática y las múltiples crisis socioambientales. La misma lógica de violencia se extiende a los espacios militarizados y a su conexión con los proyectos extractivistas. Desde la perspectiva de la necropolítica propuesta por Achille Mbembe (2019), este panorama revela un régimen en el que la vida queda subyugada al poder de dar muerte, y en el que el poder militar y estatal decide de forma cada vez más explícita quién puede vivir, quién debe morir y qué territorios pueden ser destruidos y sacrificados. Este número de la revista Ecología Política explora los conflictos y transformaciones socioambientales producidas por la militarización y los conflictos armados, planteando la necesidad de una ecología necropolítica que analice la distribución desigual de la violencia y la devastación ambiental en cuerpos y territorios, así como la persistencia y acumulación de estos daños a lo largo del tiempo.
La ecología política ha prestado una atención creciente a la guerra desde principios del siglo xxi. En 2001, Philippe Le Billon publicó un artículo en que abordaba las relaciones entre recursos naturales y conflictos armados y los procesos históricos en que estas se inscriben. Le Billon iba más allá de las ideas de escasez o abundancia de recursos como origen de los conflictos, para centrarse en la vulnerabilidad resultante de la dependencia de estos. En su artículo, analizaba cómo las dimensiones políticas del acceso y el control de los recursos naturales podían contribuir a la violencia —entendida como «la subyugación de los derechos de las personas a decidir el uso de su entorno» (Le Billon, 2001: 561). El mismo año, la geógrafa Rachel Woodward identificaba la emergencia de los discursos ambientalistas militares. A partir del caso del ejército británico, Woodward señalaba los discursos que naturalizaban las instalaciones militares en zonas rurales —bases, campos de tiro y zonas de entrenamiento— y presentaban su gestión del territorio como compatible con la protección ambiental, legitimando las fuerzas armadas como gestores del paisaje (Woodward, 2001).
La revista Ecología Política recogió los debates sobre seguridad y medio ambiente en un número especial publicado en 2002 (Costa, 2002; Izquierdo, 2002; Shermatova, 2002). Entre otros artículos, este dosier incluía un detallado estudio de los historiadores de la Universidad de Georgetown John McNeill y David S. Painter, dedicado a la huella ambiental de las actividades militares de Estados Unidos desde 1789 (McNeill y Painter 2002). Más allá de los impactos ambientales de la guerra, estos autores subrayaban la importancia de los continuos preparativos para la misma, el mantenimiento de las bases militares o el extraordinario consumo de combustible requerido por los usos militares. Su trabajo se enmarca en el rápido desarrollo que la historia ambiental de la guerra experimentó durante los primeros años del siglo xxi (Gorostiza, en prensa).
Durante los últimos diez años, diversos trabajos han profundizado en el rol de los ejércitos como actores ambientales. Los estudios de la «ecología geopolítica» del ejército estadounidense han analizado los flujos metabólicos dependientes del ejército y su contribución al cambio climático (Bigger y Neimark 2017; Belcher et al., 2020). Entre otras dificultades, este tipo de investigaciones se enfrentan a la falta de datos públicos sobre los impactos ambientales de las fuerzas armadas. Las emisiones militares de gases de efecto invernadero son comparables a las de la industria de la aviación o el transporte marítimo, pero quedan al margen de los tratados internacionales (Rajaeifar et al., 2022).
Esta falta de transparencia no solo es un obstáculo para estudiar el metabolismo militar y sus contribuciones a los gases de efecto invernadero. Los ministerios de Defensa son uno de los mayores propietarios de tierra de los Estados. Bases militares, zonas de maniobras, campos de tiro, campos de entrenamiento y almacenes de armamento son también «paisajes militarizados» (Pearson, 2012b) cuya gestión suele quedar fuera del escrutinio ambiental. Adoptando una perspectiva histórica, pero firmemente arraigada en el presente, algunos historiadores han explorado la gestión de estos espacios a lo largo del tiempo. Estos trabajos abordan cómo algunos de estos espacios se han convertido en refugios de biodiversidad y eventualmente en parques protegidos, pero también han documentado la contaminación de otras zonas, la expulsión de la población local y otros conflictos vinculados a la gestión militarizada del territorio (Pearson, 2012a; Dudley, 2012; Havlick, 2007). En paralelo, la militarización de la conservación en nombre de la defensa de la biodiversidad también ha generado un gran número de trabajos desde la perspectiva de la ecología política (Duffy et al., 2019; Ashaba y Marijnen, 2025; Büscher y Fletcher, 2018).
Los artículos del presente número de Ecología Política, resumidos en la siguiente sección, abordan algunas de las cuestiones planteadas hasta aquí, a la vez que abren otras vías de trabajo.
Síntesis de los artículos
¿Forma parte el militarismo del ADN de la economía estándar? Esta es la pregunta que José Manuel Naredo y Cati Torres exploran en su artículo, publicado en la sección de «Opinión», donde abordan el papel de la economía como disciplina pretendidamente científica para la legitimación de las acciones de la civilización industrial. A continuación, Claudia Bucio Feregrino discute cómo los estudios sobre seguridad ambiental han abordado los impactos del cambio climático, así como la protección de la naturaleza en contextos de guerra, pero han prestado poca atención a la violencia asociada al extractivismo. La autora destaca que la visión de la naturaleza como una amenaza justifica la renovación del protagonismo de los ejércitos y otras fuerzas de seguridad en el contexto de fenómenos climáticos extremos, sin cuestionar el modelo desarrollista extractivo.
La sección de artículos en profundidad abre con el trabajo del historiador Alejandro Bonada Chavarría, que analiza la construcción del Estado en el Sur global desde la perspectiva de la historia ambiental de los conflictos armados. Seguidamente, Nico Edwards muestra cómo los sectores financiero y militar-industrial están movilizando conceptos como sostenibilidad social y ambiental para legitimar la producción y venta de armas, presentándolas como una condición para la paz y para la acción climática.
Joan Martínez-Alier, por su parte, explora las transformaciones socioambientales vinculadas a la militarización mediante diversos conflictos registrados en el Atlas de justicia ambiental, desde Okinawa al Delta del Níger. Como en otros artículos de este número, Martínez-Alier identifica la misma lógica de destrucción ecológica y violencia estructural en los conflictos armados, los espacios militarizados y los proyectos extractivistas. Dos artículos más completan la sección «En Profundidad». Mediante un amplio abanico de ejemplos, Joel Segarra muestra cómo la teledetección militar se ha convertido en una tecnología fundamental para el control territorial. Más allá de analizar quién posee y controla los datos producidos por los satélites, así como sus usos militares y de control social, Segarra señala los posibles usos de la tecnología satelital hacia el bien común, como la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos. Por último, Patrick Brodie y Patrick Brian Smith abordan la ecología política de la militarización digital, examinando el uso de tecnologías bélicas vinculadas a la inteligencia artificial por parte del ejército israelí en Gaza y Cisjordania.
Seis artículos forman la sección de «Breves» de este número. En primer lugar, Rinata Kazak realiza un estudio bibliométrico de las referencias al concepto de ecocidio en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La autora profundiza en la destrucción de la presa de Kajovka y los impactos de la guerra sobre la Reserva de la Biosfera de Askania-Nova. A continuación, Daniel Prieto Sánchez se centra en el papel de la naturaleza como sujeto de derechos en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado de Colombia y las FARC-EP. Este estudio de caso permite analizar desde la perspectiva de la ecología política un contexto posconflicto en el que se trata de articular la construcción de la paz con las reparaciones ambientales, a la vez que se cuestionan las lógicas antropocéntricas. Seguidamente, Ana Pohlenz de Tavira examina cómo los gobiernos militares de Guatemala trataron de controlar el territorio mediante estrategias contrainsurgentes que sentaron las bases del modelo extractivista de posguerra. De este modo, la autora subraya las continuidades entre la lucha contrainsurgente y los proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos, que han impactado gravemente a la población indígena maya.
Siguiendo con la sección de «Breves», Noelia Villena-Rodríguez estudia el caso de la militarización de la isla de Guam (islas Marianas), conquistada por Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense de 1898 pero aún con estatus de «territorio no incorporado». La construcción de un complejo militar de entrenamiento en el norte de la isla no solo amenaza la calidad de las aguas y la valiosa biodiversidad de la zona, sino el acceso a las tierras, las prácticas ancestrales y la memoria biocultural de la comunidad indígena chamorra, que se ha movilizado buscando alianzas con movimientos de otros espacios similares, como Hawái. Finalmente, dos artículos sobre los gases de efecto invernadero (GEI) cierran la sección. Pere Ortega señala la falta de transparencia sobre las emisiones de GEI del sector militar y presenta los cálculos sobre las emisiones del sector en Estados Unidos, la Unión Europea y España. Jennifer Tamara, por su parte, aborda la militarización de los proyectos de descarbonización en América Latina, destacando cómo los megaproyectos de energías renovables rearticulan la dinámica extractivista minera con el apoyo de fuerzas policiales y militares.
En la sección «Redes de Resistencia», Delmy Tania Cruz Hernández presenta los esfuerzos de los colectivos y comunidades que forman la Alianza Fronteriza de Chiapas para desarticular el proceso de repatriarcalización y «masculinización armada del espacio público» que ha implicado el despliegue militar de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Frente a los imaginarios de masculinidad asociados a la militarización del territorio, la autora reivindica la organización de los feminismos comunitarios territoriales por contribuir a la formación de nuevas masculinidades que rompan las alianzas patriarcales.
La abogada y activista Polly Higgins (1968-2019) y el profesor en Fisiología Vegetal Arthur W. Galston (1920-2008) son las dos figuras abordadas en la sección de «Referentes Ambientales». Ambos contribuyeron de forma clave a la conceptualización de los crímenes contra la naturaleza como crímenes contra la humanidad. En 1970, en el contexto de la Guerra del Vietnam, Galston propuso el concepto de ecocidio, definiéndolo como «la destrucción deliberada y permanente del entorno en el cual un pueblo puede vivir de acuerdo con su modo de vida», y presentándolo como un crimen contra la humanidad. Décadas después, Polly Higgins abandonó su carrera en la abogacía, vendió su casa y se lanzó a una intensa década de activismo para lograr la inclusión del ecocidio como quinto crimen internacional contra la paz en el Estatuto de Roma, la base legal de la Corte Penal Internacional. Su fallecimiento en 2019 no ha detenido esta reivindicación, convertida en un movimiento global apoyado por numerosas organizaciones, y solicitado formalmente a las Naciones Unidas por las islas-Estado de Vanuatu, Fiji y Samoa en 2024.
Como es habitual, la sección final de Ecología Política está dedicada a las reseñas de libros. Durante los últimos años, la literatura dedicada a las dimensiones socioambientales de los conflictos armados y la militarización está creciendo rápidamente. Por ello, en las últimas páginas de la revista se abordan obras muy recientes. Josephine Becker reseña el libro de Shourideh C. Molavi, investigadora de Forensic Architecture: Guerra medioambiental en Gaza (Levanta Fuego, 2025). Molavi documenta las tácticas de guerra medioambiental empleadas por Israel en los territorios palestinos, desde la destrucción de los cultivos al uso de herbicidas. La mirada sigue fija en el genocidio en Palestina en la doble reseña de Joan Martínez-Alier, dedicada en primer lugar al libro de Andreas Malm La destrucción de Palestina es la destrucción de la Tierra (Verso, 2025). Martínez-Alier destaca las conexiones entre el nuevo trabajo del investigador de la Universidad de Lund y su obra previa, dedicada, entre otros temas, a las conexiones entre el crecimiento de la extrema derecha y el modelo extractivista de los combustibles fósiles.
A continuación, Martínez-Alier aborda otra obra reciente que desmonta el mito de la transición energética: Sin transición. Una nueva historia de la energía (Arpa, 2025), del historiador francés Jean-Baptiste Fressoz. En lugar de transición, cabe hablar de una adición tras otra, puesto que la incorporación de nuevas fuentes de energía no ha sustituido a las anteriores, sino que ha contribuido a un crecimiento generalizado del uso de la energía, dependiente, por otra parte, de la extracción de múltiples materiales, desde minerales y tierras raras hasta madera. El último de los libros reseñados nos lleva precisamente a una de las fronteras extractivas: la Amazonía. Rogerio Almeida presenta el trabajo de Felipe Milanez, profesor de la Universidad de Bahía (Brasil), Lutar com a floresta: uma ecologia política do martírio em defesa da Amazônia (Elefante, 2024). Milanez aborda la violencia de los acaparadores de tierra y las resistencias a la destrucción de la Amazonía, simbolizadas en la vida —y el asesinato el año 2011— de Zé Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo.
Resistencias y esperanzas, a pesar de todo
Este número de Ecología Política no solo pone de manifiesto cómo la guerra y la militarización producen destrucción ambiental, inseparable del daño a las comunidades humanas y no humanas, sino cómo esta violencia se legitima mediante los discursos del militarismo verde. En un contexto gobernado de forma creciente por la necropolítica (Mbembe, 2019), la escala de la devastación ecológica, social y humana puede inducir a la desesperación. En este panorama lúgubre, las resistencias colectivas narradas en diversos de los artículos de este número son chispas de optimismo que pueden alimentar «ecologías de esperanza» (Rajan y Duncan, 2013). Al analizar los conflictos causados por la militarización, la ecología política puede construir puentes con los estudios sobre paz (Le Billon y Duffy, 2018). Mirar al pasado para recuperar la memoria de las luchas antimilitaristas, trazar los legados de «violencia lenta» (Nixon, 2011) asociados a la militarización y visibilizar la violencia narrativa (Barca, 2014) de los discursos del militarismo verde puede contribuir a imaginar futuros emancipadores en medio de la peor de las tormentas. En palabras del poeta Antonio Machado (1875-1939), «ni el pasado ha muerto, ni está el mañana —ni el ayer— escrito» (Machado [1912], 2023: 111).
Agradecimientos
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Från militärt till civilt brott: ekocids miljöhistoria (2024-00611), financiado por el Swedish Research Council for Sustainable Development (FORMAS).
Referencias
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