Ana Pohlenz de Tavira*
DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExEP02
Resumen: La economía ilegal está desencadenando actividades extractivas impuestas por medio de la violencia a la población. La mayor incidencia suele darse en zonas de frontera entre países donde se intensifica el trasiego ilegal que dinamiza dicha economía.
El impacto de esta economía en las zonas fronterizas de México y Centroamérica vinculada con la extracción de barita en Chicomuselo (en el estado de Chiapas, México, en la frontera con Guatemala y la camaronicultura en el municipio de Moyuta del departamento de Jutiapa, Guatemala, en el límite con El Salvador) genera y agudiza los conflictos socioambientales mediante la violencia criminal, con graves afectaciones sobre la población y los ecosistemas.
Este artículo pretende dar respuestas a las preguntas que nos hacemos tanto investigadores como la población en general respecto a la participación de la economía ilegal en los conflictos socioambientales en Latinoamérica. ¿Cómo abordar esta variable y sus impactos en los socioecosistemas?
Palabras clave: economía ilegal, conflictos socioambientales, frontera, México, Guatemala.
Abstract: The illegal economy is unleashing extractive activities imposed by means of violence on the population. The highest incidence tends to occur in border areas between countries where illegal trafficking is intensifying and boosting this economy.
The impact of this economy in the border areas of Mexico and Central America, linked to barite extraction in Chicomuselo, in the state of Chiapas, Mexico, on the border with Guatemala, and shrimp farming in the municipality of Moyuta, department of Jutiapa, Guatemala, on the border with El Salvador, generates and intensifies socio-environmental conflicts through criminal violence with serious effects on the population and ecosystems.
This article aims to provide answers to the questions we ask ourselves, both researchers and the general population, regarding the participation of the illegal economy in socio-environmental conflicts in Latin America. How to address this variable and its impacts on socio-ecosystems?
Keywords: illegal economy, socio-environmental conflicts, border, Mexico, Guatemala.
Introducción: territorios bajo asedio, las zonas de frontera como corredores de la economía ilegal
La economía ilegal ligada a las drogas, la violencia y los desplazamientos poblacionales acelera la destrucción del medio y atenta contra los derechos humanos, en particular de los grupos vulnerables como indígenas, campesinos, mujeres e infancias. Los conflictos socioambientales derivados de actividades extractivas ilícitas como la minería y la tala son el tercer tipo de mayor actividad criminal en el mundo y generan 281.000 millones de dólares en ganancias al año (Redacción de Servindi, 2023). Dichas actividades suelen entrar al mercado financiero legal mediante vínculos con entidades financieras debido a una enorme capacidad de restructuración de los flujos de la economía ilegal.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, 2023) advirtió que las actividades económicas ilegales relacionadas con las drogas causan devastación ambiental y acrecientan las desigualdades sociales en América Latina. Por ejemplo, la economía ligada a las drogas en la cuenca del Amazonas está estimulando otras actividades delictivas como la ocupación ilegal de tierras, la tala y la minería ilícitas, así como el tráfico de vida silvestre, que dañan la mayor selva tropical del mundo. Los pueblos indígenas están sufriendo las consecuencias de esta convergencia delictiva, con desplazamientos, envenenamiento por mercurio y exposición a múltiples formas de violencia. En muchos casos, las personas defensoras del medio son el blanco específico de traficantes y grupos armados.
La economía ilegal, además, acelera los conflictos socioambientales en Latinoamérica; la espacialidad que genera es de carácter regional, con clave geopolítica que va de sur a norte del continente con énfasis en las zonas de frontera. Las actividades criminales son trasnacionales, en especial el tráfico de drogas, armas y personas migrantes (Dalby, 2023). Un ejemplo de ello son los casos de los corredores fronterizos en México y Centroamérica, donde el narcotráfico y otros negocios ilícitos ejercen el control de regiones completas para dar paso a la droga y a las personas migrantes hacia Estados Unidos. Dicha situación se agudizó a partir de 2019, cuando el Estado mexicano envío tropas del Ejército y la Guardia Nacional a su frontera sur para detener el flujo migratorio hacia el norte ante las presiones del Gobierno estadounidense en el sentido de imponer aranceles punitivos si no lo hacía.
Las espacialidades que producen los grupos dedicados a la economía ilegal van acompañadas de patrones espaciales del despliegue de la violencia, los cuales varían y tienen más énfasis en zonas de frontera, con el fin de controlar las rutas del narcotráfico. También los mercados ilegales han crecido hacia otros rubros, como el contrabando de licor, cigarrillos, armas y municiones en sitios fronterizos con fuerte actividad comercial (López, 2021). La economía ilegal lucra, además, con la trata de personas, que genera ganancias extraordinarias equivalentes al presupuesto total de países como Guatemala (Redacción de InSight Crime, 2021; Redacción de El Faro, 2010).
Estos elementos son parte de los múltiples factores que devienen en la escalada de violencia en las zonas de frontera por el control de las redes de comercio ilegal. Se refleja en enfrentamientos armados entre grupos por controlar el territorio y las rutas de trasiego del narcotráfico y de personas que migran hacia Estados Unidos. Es importante mencionar el carácter trasnacional de los grupos que protagonizan estas disputas, en particular la creciente presencia en Guatemala de los grupos mexicanos dedicados a la economía ilegal (Redacción de El Faro, 2010).
Los grupos de narcotraficantes que manejan sus operaciones en las fronteras a lo largo del istmo centroamericano aprovechan los deficientes controles fronterizos para pasar de un país a otro. El tráfico consiste en una cadena de suministros dependiente de redes sucesivas, que controlan diferentes tramos de las rutas que atraviesan Centroamérica por tierra, aire y mar, y trabajan de manera conjunta para asegurarse de que los cargamentos pasen sin trabas en dirección a México y Estados Unidos (Papadovassilakis y Silva, 2021).
La población fronteriza tiene graves problemas (Papadovassilakis y Silva, 2021), pues enfrenta la violencia multicausal por la expansión de actividades de tráfico ilícito. La corrupción en las zonas de narcoactividad es una constante (López, 2021), a lo que se suman los enfrentamientos entre grupos rivales que compiten por el control de los pasos fronterizos de una economía ilegal cada vez más diversificada. Los grupos de la delincuencia organizada controlan el territorio, las actividades económicas, instituciones sociales y servicios básicos, y afectan la vida cotidiana de la población. Organizaciones de derechos humanos locales constatan que estos grupos están jugando un papel importante en la gestión de estos territorios (Red TDT, 2024).
El crimen organizado llena el vacío del Estado para ejercer el poder político y control territorial; su objetivo es forzar decisiones políticas que les favorecen —particularmente relajar el combate al narcotráfico o neutralizarlo— y acceder a la infraestructura pública para ponerla a su disposición. Al controlar o tener poder sobre autoridades locales, no solo mantiene un corredor para trasegar sustancias ilícitas, sino que también tiene un lugar donde invertir el dinero y darle apariencia lícita a esas ganancias (Rojas, 2021).
El amplio abanico de actividades redituables que se dan en el marco de la ilegalidad varía desde los sobornos, extorsiones y fraudes hasta el blanqueo de dinero, como el que se obtiene de los extractivismos. La mayor conflictividad se da en las zonas de frontera, donde se presentan casos como la extracción minera de barita en Chicomuselo, Chiapas, México, en la frontera con Guatemala y la camaronicultura intensiva en Moyuta, departamento de Jutiapa, Guatemala, frontera con El Salvador.
Imagen 1: Mapa de ubicación. Fuente: elaboración de Rogelio López.
El caso de la minería en Chicomuselo
La escalada de violencia en el estado sureño de Chiapas, México, se ha extendido desde el año 2020 afectando a la población de los municipios fronterizos con Guatemala. Las disputas entre fracciones asociadas a los llamados «cárteles de la droga»[1] más importantes de México se expresan en una serie de ejecuciones, reclutamientos forzados y bloqueos de las vías de comunicación, según informa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes» (Red TDT, 2024). En Chiapas, estado lindante con Guatemala, las actividades criminales son transnacionales, en especial el tráfico de drogas, armas y migrantes. La violencia se expande con operaciones de los grupos criminales mexicanos hacia Guatemala y la creación de alianzas con grupos locales (Dalby, 2023), acciones que se explican por la ubicación estratégica de la región y sus características biofísicas.
Desde el año 2008 en el municipio mexicano de Chicomuselo, en la zona fronteriza con Guatemala, se inició la violencia y el hostigamiento contra la población que se oponía a la extracción minera. Se incrementó en el año 2022, cuando comenzó el desplazamiento de la población local derivado de la violencia generada por cárteles dedicados al narcotráfico y al control de flujos migratorios a través de la sierra chiapaneca. «En Chicomuselo se está viviendo una fuerte presión, porque dos grupos buscan tomar el control y la gente está saliendo como puede, porque ya no se puede vivir…» ante el temor por el cierre de caminos y enfrentamientos armados (Redacción de La Jornada, 2023). Esta crisis de seguridad atenta contra la vida cotidiana de la población y su integridad, el acceso a los alimentos, el libre tránsito, la comunicación, los servicios educativos y de salud (Red TDT, 2024).
También en este municipio estos grupos realizan actividades de extracción minera de barita amenazando a la población y a las autoridades locales, a pesar de que en 2009 la mina local, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration México, fue clausurada por presiones sociales tras el asesinato del ambientalista Mariano Abarca,[2] integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Chiapas. La empresa minera cometió una serie de violaciones al Manifiesto de Impacto Ambiental que había presentado a la autoridad ambiental mexicana, por lo que sus actividades fueron suspendidas (Henríquez, 2014).
Este desarrollo minero ha sido impuesto a la población local por medio del hostigamiento, la intimidación y amenazas de muerte. Los problemas para los habitantes de comunidades de Chicomuselo comenzaron hace más de veinte años, cuando la Compañía Minera Caracol inició trabajos de explotación de barita. Dicha empresa abandonó la zona, aparentemente por estar en quiebra, y en 2006 vendió los derechos de la concesión a Blackfire Exploration México, que comenzó a trabajar en el área en ese mismo año hasta la clausura tres años después por presiones de la población local (Henríquez, 2023).
En efecto, los pobladores realizaron actos de resistencia, como bloquear el paso de los camiones que transportan el mineral por los caminos municipales o por sus tierras. La actividad minera se detuvo por algunos años hasta que grupos del crimen organizado la reactivaron de manera esporádica en el marco de sucesos violentos presentados en Chicomuselo.
En mayo de 2023 personas armadas amagaron contra la población para que dejaran pasar los camiones que transportaban el material de barita extraído años atrás por Blackfire y que abandonó en la zona. En varias localidades del municipio incursionaron personas armadas para extraer barita sin que los pobladores pudieran impedirlo. Ya no se presentaban en nombre de ninguna empresa, sino por la potencia de sus armas. Las autoridades comunitarias han sido rebasadas y no tienen el poder para contenerlos. En un documento dirigido a la autoridad federal, los habitantes de varias localidades aledañas a la veta manifestaron su inconformidad por la explotación de la mina, que afecta un manantial que abastece de agua a la población. Las comunidades rechazan totalmente estas actividades extractivas realizadas bajo custodia de personas armadas, ya que, además de las amenazas directas, perjudican la salud de la población (Henríquez, 2023).
El conflicto socioambiental en Chicomuselo continúa vigente, debido a que se han otorgado dieciséis permisos para la exploración y explotación de minerales. Sin embargo, de acuerdo con la nueva ley minera del país, esta actividad ya no tendrá un trato preferente y la vigencia de las concesiones se reducirá. Por ello se vislumbra que las actividades de extracción minera puedan activarse mediante la violencia contra la población local y en el marco de la economía ilegal.
Camaronicultura intensiva y economía ilegal en Guatemala
De acuerdo con información del Ministerio de la Defensa de Guatemala, citada por el Centro Internacional de Investigación de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, con sede en Colombia, Guatemala es considerado un país protagonista en la ruta del narcotráfico marítimo de cocaína. Durante 2021 se registró el transporte por la vía marítima de narcóticos en diferentes rutas y bajo distintas modalidades. El trasiego también se da por rutas terrestres principalmente en la región del noroccidente, en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México (Armada de Colombia, 2021). Además, coincidentemente en estas zonas se presentan las tasas de homicidio más altas en Guatemala en el período 2011-2021 (López, 2021).
En el oriente de Guatemala, en el departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, un punto crítico es un puerto de descarga marítima en la costa del Pacífico, con redes de transporte de carga que se han especializado durante mucho tiempo en el traslado ilegal de drogas y armas entre el sur y norte del continente. Además, el departamento de Jutiapa posee tres cruces fronterizos con El Salvador, y es una zona de tránsito de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, los cuales pueden ser víctimas de trata de personas (Papadovassilakis y Silva 2021).
Jutiapa aparece como uno de los departamentos guatemaltecos con las tasas más altas de incautaciones de armas ilícitas y de homicidios cometidos con armas de fuego; esta última es de 53 por cada 100.000 habitantes (Méndez y Mendoza, 2013). En dicho departamento la violencia se ha desatado desde hace varios años dadas las fuertes confrontaciones entre grupos rivales por el control territorial de la costa del Pacífico guatemalteco, destacada región del tráfico transnacional de cocaína (Redacción de InSight Crime, 2021).
Al sureste del departamento de Jutiapa, a poco más de 118 kilómetros de la capital de Guatemala, se ubica el Municipio de Moyuta. Abarca un territorio de 380 kilómetros cuadrados con costa al Pacífico y frontera con El Salvador. La infraestructura vial de acceso al municipio consta de carreteras asfaltadas en buenas condiciones. Parte importante de la población desciende del pueblo originario xinca (Rojas, 2021). La autopista costera que une Moyuta con el vecino país de El Salvador mantiene el libre flujo del comercio de ganado, productos agrícolas y mercancías básicas.
Moyuta está al sur de las montañas volcánicas centroamericanas, donde los cerros y volcanes cubiertos de densos bosques van decreciendo hacia llanuras áridas y playas de arena negra en la costa Pacífica. Es una zona predominantemente rural, con una población estimada de 45.000 habitantes. Se divide en tierras altas de clima templado, donde se cultivan café y otros productos básicos; tierras bajas de clima cálido, con haciendas ganaderas, y la costa, con caseríos de pescadores (Papadovassilakis y Silva 2021).
En este municipio se encuentra el humedal El Paraíso, un ecosistema de manglar en donde se realizan actividades de acuicultura intensiva de la industria camaronera que afectan el balance hídrico y la sobrevivencia de los pescadores artesanales. Los manglares son ecosistemas de gran diversidad biológica, hogar de especies de aves, peces, moluscos y mangles, además de servir de barrera contra huracanes.
Los manglares se distribuyen en zonas tropicales del planeta como la costa del Pacífico en Guatemala, donde se ha registrado una cobertura de 22.763,25 hectáreas de bosque de manglar, compuesto por seis especies.[3] Participan en la estabilización microclimática ya que actúan como defensa ante tormentas, también albergan una gran diversidad de especies terrestres y acuáticas que brindan alimento a la población de los litorales (Schoenbeck, 2022).
Dada su importancia desde el punto de vista ecológico, social y cultural, el deterioro de estos ecosistemas tiene efectos en la degradación de la vida costera en su totalidad. Únicamente el 23 por ciento de estos manglares está dentro del sistema de áreas protegidas de Guatemala, por lo que la cobertura vegetal de manglar ha ido disminuyendo cada vez más, debido a una serie de actividades antropogénicas tales como cambios de uso de suelo, deforestación, crecimiento urbano, contaminación, tala ilegal y camaronicultura, que alteran el ciclo hídrico y la salinidad, además de los impactos derivados del cambio climático (Schoenbeck, 2022).
Una de las zonas de importancia en cuanto al ecosistema de manglar es la conocida como manglares del norte de la costa pacífica seca. Con una superficie de 150 kilómetros cuadrados, está ubicada en los departamentos Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Esta zona contiene el corredor biológico Monterrico-Hawaii, conocido como la segunda mayor masa de manglar del país y señalado como un área de importancia para la conservación de las aves (Schoenbeck, 2022).
La sobreexplotación del manglar se relaciona con la ausencia de instituciones encargadas de la conservación, restauración y seguridad. También con la cooptación y corrupción de autoridades locales, pues estas permiten el avance de la industria camaronera y la apertura de brechas para el trasiego de estupefacientes, que trae a la par la tala ilegal y daños a los cuerpos de agua. Las autoridades ambientales carecen de recursos para realizar patrullajes de vigilancia y sancionar las actividades ilícitas; de aquí que a las comunidades locales les falte respaldo y apoyo gubernamental en el cuidado de los manglares (Schoenbeck, 2022).
La camaronicultura es una forma de blanquear las ganancias de los traficantes, que invierten en este negocio con serias implicaciones socioambientales. En las últimas décadas ha aumentado la violencia de grupos de traficantes con fuertes inversiones en dicha industria. La riqueza de Moyuta radica en la economía ilegal, sobre todo en las codiciadas rutas de narcotráfico en una franja poco vigilada de la costa Pacífica y la porosa frontera con El Salvador. Aunque pueda parecer un sitio tranquilo, la población de Moyuta ha visto intervenida su vida cotidiana por disputas violentas entre grupos de traficantes que compiten por el control de la política local y las vías transnacionales de tráfico que atraviesan el municipio (Papadovassilakis y Silva 2021). La violencia en el municipio se caracteriza por disputas criminales rodeadas de historias de traiciones y persecuciones, y el incremento de activos inmobiliarios para el blanqueo de dinero que sirven, además, para almacenar diversos bienes.
Conclusiones
En años recientes, en las zonas estudiadas se observa un incremento de la violencia contra la población local y las personas en tránsito, relacionado con la llegada de nuevos grupos dedicados a la economía ilegal que expanden sus zonas de control y se dirigen hacia actividades extractivas. En el territorio continuo de ecosistemas desde la sierra y la costa de Chiapas hasta El Salvador, se han establecido peligrosos corredores de tráfico ilegal que, mediante la minería y la acuicultura intensivas, impactan en el ecosistema generando pérdida de diversidad biológica y otros problemas ambientales.
Se puede inferir que el avance de la deforestación está vinculado con las actividades ilícitas en estas zonas de frontera, al aprovechar la condición limítrofe que divide los ecosistemas. Debe entenderse que la afectación no es solamente local, sino regional, pues el aumento del control territorial de los grupos dedicados a la economía ilegal está vinculado a los corredores que van de sur a norte del continente americano.
La violencia derivada de la economía ilegal genera presión sobre la población. El sufrimiento humano provocado por el aumento de las actividades criminales trastoca el desarrollo normal de la vida cotidiana, al grado de que se ha rebasado todo límite y sus efectos se verán durante varias generaciones. Es grave que la amenaza se cierne sobre la población más vulnerable, como las infancias y juventudes.
La violencia ha dislocado toda organización social de resistencia a los proyectos extractivos. La variable de estos conflictos socioambientales radica en que la coerción armada se usa para resolver conflictos.
Referencias
Armada de Colombia, 2021. «Estudio de caso de narcotráfico marítimo. Guatemala, sustancial protagonista en la ruta del narcotráfico marítimo de cocaína». Bogotá, Centro Internacional de Investigación de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo.
Castro, G., 2023. «Chiapas, ¿narco o crimen organizado?». El Escaramujo, 115, pp.1-8.
Dalby, C., 2023. «Guerra entre CJNG y cartel de Sinaloa por rutas de tráfico desde Guatemala desangra a Chiapas». InSight Crime. Disponible en: https://insightcrime.org/es/noticias/guerra-cjng-cartel-sinaloa-rutas-trafico-guatemala-desangra-chiapas/, consultado el 27 de junio de 2024.
Henríquez, E., 2014. «Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas». La Jornada (25 de enero). Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2014/01/25/estados/024n2est, consultado el 27 de junio de 2023.
Henríquez, E., 2023. «Grupo armado saquea barita en Chicomuselo y amaga a habitantes». La Jornada (22 de mayo). Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2023/05/22/estados/027n1est, consultado el 27 de junio de 2024.
López, J., 2021. «Nororiente de Guatemala, corredor perenne de la muerte». El Faro (17 de agosto). Disponible en: https://elfaro.net/es/202108/centroamerica/25660/Nororiente-de-Guatemala-corredor-perenne-de-la-muerte.htm, consultado el 27 de junio de 2024.
Méndez, C., y C. Mendoza, 2013. «Siete mitos sobre la violencia homicida en Guatemala». elPeriódico (4 de febrero). Disponible en: https://elfaro.net/es/201302/internacionales/10873/siete-mitos-sobre-la-violencia-homicida-en-guatemala.htm, consultado el 27 de junio de 2024.
Unodc, 2023. «Informe Mundial sobre las Drogas 2023». Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html, consultado el 27 de junio de 2024.
Papadovassilakis, A., y H. Silva, 2021. «Un alcalde y la violencia del narco en el Pacífico de Guatemala». InSight Crime (29 de enero). Disponible en: https://insightcrime.org/es/investigaciones/alcalde-violencia-narco-guatemala/, consultado el 27 de junio de 2024.
Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes»), 2024. Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas. Ciudad de México, Red TDT.
Redacción de El Faro, 2010. «Destruyen 319 millones de matas de amapola en Guatemala». El Faro (5 de febrero). Disponible en: https://elfaro.net/es/201002/internacionales/1098/Destruyen-319-millones-de-matas-de-amapola-en-Guatemala.htm, consultado el 27 de junio de 2024.
Redacción de InSight Crime, 2021. «Jutiapa, Guatemala». InSight Crime (22 de enero). Disponible en: https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-guatemala/jutiapa-guatemala/, consultado el 27 de junio de 2024.
Redacción de La Jornada, 2023. «Chicomuselo: crece éxodo de civiles por la violencia de bandas criminales». La Jornada (21 de noviembre). Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2023/11/21/estados/028n1est, consultado el 27 de junio de 2024.
Rojas A., 2021. «Alcaldías bajo la sombra del narco». Prensa Libre (11 de marzo). Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/alcaldias-bajo-la-sombra-del-narco/, consultado el 27 de junio de 2024.
Schoenbeck, M. A., 2022. «Los manglares como ecosistemas prioritarios para aumentar la resiliencia ante el cambio climático: retos y oportunidades en el Pacífico de Guatemala». Revista Ciencia, Tecnología y Salud, 9 (2), pp. 237-245.
Redacción de Servindi, 2023. «Informe alerta sobre “narcodeforestación” en la Amazonía». Servindi (10 de julio). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/07/2023/informe-alerta-sobre-narcodeforestacion-en-la-amazonia, consultado el 27 de junio de 2024.
WRI (Word Resources Institute), 2022. «Encabeza México lista de países con más asesinatos de personas defensoras ambientales». Disponible en: https://es.wri.org/noticias/encabeza-mexico-lista-de-paises-con-mas-asesinatos-de-personas-defensoras-ambientales, consultado el 28 de junio de 2024.
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* Posdoctorante del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) de México, adscrita al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. E-mail: anapohlenz@gmail.com.
[1] Gustavo Castro (2023) entiende por cártel una organización ilegal de personas, criminal, con estructura propia, armada, con presencia significativa y determinante en la vida social, política y económica de un territorio o «plazas», cuyo principal motor que le da origen es el narcotráfico, pero sus negocios se ramifican en los que les aportan más poder y ganancias.
[2] De acuerdo con el Informe de Global Witness 2021, México es uno de los países con mayor número de asesinatos de ambientalistas (WRI, 2022).
[3] Se han reportado seis especies de mangle para el área: Rhizophora mangle, Rhizophora racemosa, Avicennia germinans, Avicennia bicolor, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus (Schoenbeck, 2022: 238).
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