Podría haber más pescado en el mar*
Rod Fujita**
«Las reservas de peces para el consumo humano podrían haberse agotado para el 2048,» leemos en los alarmantes titulares aparecidos en los periódicos de todo el mundo como resultado de un artículo publicado por la revista Science. Dicho artículo sugiere que, según las tendencias actuales, es inminente el colapso de las pesquerías si los seres humanos no cambian sus criterios de pesca. Pero eso no tiene por qué ser así. La especie humana tiene capacidad de adaptación; su adaptación cultural ante cualquier situación, desde las eras glaciares a nuevos y exóticos continentes, ha sido la clave de nuestra evolución y supervivencia. Nos ha permitido trascender nuestas limitaciones físicas y ampliar enormemente nuestro poder mediante la tecnología. El reto que nos plantea este nuevo siglo es el de cambiar nuestro comportamiento, para que los riesgos de cambio climático descontrolado y de colapso masivo de los caladeros marinos no lleguen a hacerse realidad. ¿Podremos adaptarnos al hecho de que las existencias pesqueras son limitadas y controlar concientemente nuestra capacidad de devastarlas?
La gestión de la pesca, al igual que cualquier otro esfuerzo de gestión de recursos naturales, no se centra tanto en comprender y gestionar ese recurso sino en comprender y orientar a la gente. Dado que la gente responde a incentivos sociales y económicos, una gestión pesquera ideal debería compatibilizar la conservación y la gestión con factores motivadores de determinadas pautas de conducta. Los cambios de comportamiento se darían espontáneamente como respuesta a esos incentivos, con poca necesidad de adoptar medidas compulsivas.
En el mundo real, existen numerosas formas de gestión pesquera porque hay muy diversos tipos de pesquería. No todas las noticias son malas; de hecho, hay muchas buenas noticias que casi nunca se convierten en titulares de los perió- dicos. Algunos sistemas de gestión que generan incentivos para que la gente se sienta administradora de las pesquerías han dado como resultado experiencias de pesca sostenible, que generan puestos de trabajo, reportan beneficios y protegen tanto las reservas pesqueras como los ecosistemas oceánicos. Lamentablemente, gran parte de las pesquerías del planeta han sido gestionadas con métodos que incentivan la sobreexplotación de los recursos pesqueros. La consecuencia ha sido el declive o el colapso de los caladeros, flotas pesqueras excesivamente sobrevaloradas, empleos temporales y mal remunerados, beneficios menguantes, enormes subsidios y graves daños ecológicos. Desde los orígenes de la civilización, los océanos han sido considerados un commons, es decir, un espacio compartido por todos pero sin propietarios. El libre acceso y disposición de los mares ha sido protegido por la legislación internacional desde hace siglos. Los océanos eran considerados inagotables e imperturbables, razón por la que no se cuestionaba ninguna medida que tendiese a maximizar el acceso y la explotación de sus riquezas. Sin embargo, hace algunos años la producción pesquera mundial alcanzó su punto culminante de cerca de 100 millones de toneladas anuales. Es difícil imaginar otro indicio más fehaciente de que los océanos no son inagotables.
Los sistemas de gestión que fracasaron, al menos desde nuestra moderna perspectiva orientada a la conservación, parecen tener al menos un rasgo común: la finalidad explí- cita o implícita de maximizar el acceso a los recursos pesqueros. Ese énfasis en el acceso es típico del concepto de gestión de recursos terrestres que predominaba hace dos siglos en Estados Unidos, cuando se creía que la mejor manera de servir al interés nacional era generando incentivos para poblar nuevas tierras y explotar recursos como los bosques, los minerales, el agua y la vida silvestre. Ese deseo de colonizar y explotar debe haber parecido razonable a quienes vivían en una época de escasa población humana, una creciente economía industrial, fronteras aparentemente infinitas y enormes riquezas naturales.
Pero con el transcurso del tiempo, el acceso irrestricto a los recursos naturales ha tenido como resultado la destrucción de los suelos, la deforestación, el desecamiento de los ríos y el exterminio de muchas especies. A medida que el paradigma social dominante se ha ido alejando de un énfasis exclusivo en la explotación y comprendiendo que el gobierno cumple una función de garante de los recursos naturales públicos, se ha ido configurando un nuevo contrato social: la concesión de privilegios para hacer uso de los recursos naturales trae consigo responsabilidades a cambio de tales privilegios, además de la protección de esos recursos. La subasta de esos privilegios de acceso, el cobro de cuotas elevadas por el uso de los recursos y la imposición de normas conservacionistas cada vez más rigurosas son algunos ejemplos de ese nuevo contrato social. Desafortunadamente, esa clase de herramientas no siempre están coordinadas y a veces sirven a propósitos opuestos, perpetuando la sobreexplotación de los recursos y alimentando conflictos entre las partes interesadas.
Se necesitan nuevos regímenes de gobernanza de los océanos para compatibilizar el modo en que los utilizamos y nuestras intenciones conservacionistas. Una gestión más sabia de las pesquerías podría incrementar varias veces el rendimiento y el valor de las reservas pesqueras. Del mismo modo que en la gestión de recursos naturales terrestres, las pesquerías peligran cuando quienes las gestionan dan prioridad al acceso antes que a la conservación. Los pescadores que no tienen una cuota de captura asignada tampoco tienen incentivos para conservar los caladeros, puesto que otro pescador puede explotarlos y beneficiarse con ello. Eso lleva a que cada pescador intente maximizar su captura, una decisión perfectamente racional. Los pescadores a menudo invierten en varios barcos pesqueros y en grandes y eficientes aparejos, como las redes de arrastre. De tal modo, la sobrecapitalización de las flotas pesqueras y el desarrollo de tecnologías cada vez más eficientes para la captura de pescado, con frecuencia señaladas como las principales responsables de la destrucción de antiguos bancos de coral y de la biodiversidad de los fondos marinos, son de hecho síntomas o consecuencias de un agudo problema de gobernanza: el fracaso de precisar explícitamente a los interesados cuál es su cuota de captura. Algunos intentos de regular las pesquerías tienen un efecto contrario, limitando la eficiencia de los pescadores en lugar de asignar equitativamente los privilegios de acceso. Comprensiblemente, ese enfoque conduce al resentimiento de los pescadores y las medidas conservacionistas son vistas por estos como escollos a eludir para así incrementar las capturas.
Las inversiones excesivas en naves de pesca y aparejos, junto con la saturación del mercado y los bajos precios, contribuyen a marginar a muchos pescadores y fomenta que algunos países subsidien a sus flotas pesqueras. A pesar de los subsidios, los beneficios de las pesquerías gestionadas de esa manera frecuentemente declinan después de la inicial explotación excesiva de los caladeros vírgenes, dando como resultado crisis económicas o presiones sobre los administradores para que sobrepasen las capturas que las estimaciones científicas estipulan y así aligerar los problemas econó- micos.
Afortunadamente existen modelos alternativos de gestión de pesquerías que resultan altamente efectivos. Todos se basan en establecer con claridad quién puede faenar y cuáles son sus cuotas de captura (llamados «Privilegios designados de acceso» o DAP). La gestión pesquera de base comunitaria, una forma de DAP, se basa en antiguas tradiciones marineras de tenencia en los que ciertas áreas de pesca eran designadas para uso exclusivo de una aldea. Aun en países sin esas tradiciones están surgiendo nuevas formas de gestión pesquera basadas en la comunidad, como la distribución de cuotas de captura permitida entre cooperativas de pescadores, otro tipo de DAP. Las cooperativas de pescadores tienen una larga historia de éxitos en Japón y están comenzando a implantarse en Estados Unidos y otros países. Las cooperativas mejicanas de pescadores de bogavante son frecuentemente citadas como ejemplo de pesca sostenible, con producción de alta rentabilidad. Su éxito se debe en gran medida a que el gobierno garantiza a las cooperativas el acceso exclusivo a determinadas zonas de pesca, creando poderosos incentivos para su protección; si la zona es devastada, los pescadores pierden su medio de subsistencia.
En pesquerías más industrializadas o sin un carácter geográfico específico, los privilegios de acceso pueden distribuirse entre individuos («Cuotas individuales de pesca» o IFQ). Basados en rígidas normas para evitar impactos sociales, económicos y biológicos indeseables, los sistemas IFQ pueden incrementar enormemente el rendimiento económico y las normas de seguridad de las pesquerías, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente. Cuando la captura permitida es claramente distribuida entre grupos o individuos, los pescadores se esfuerzan por maximizar el valor de sus cupos, no el volumen de captura. Tienden también a adoptar perspectivas a más largo plazo, pues acertadamente ven sus cupos como acciones que incrementarán su valor con el tiempo si los caladeros se mantienen saludables. En otras palabras, un cambio en los criterios de gobernanza puede tener como resultado un poderoso y positivo cambio de comportamiento, que transforme las funestas perspectivas actuales en un futuro sostenible y ventajoso para los pescadores y sus comunidades
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*Traducción al español por Ángelo Ponziano.
** Ecólogo marino en la oficina de Oakland, California, de la ONG Environmental Defense y autor del libro «Heal the Ocean» (Curar el océano).
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