Violencia, silencio, miedo: El desvelo del conflicto de palma aceitera y caña de azúcar en el valle del Polochic, Guatemala

Sara Mingorría*

Palabras clave: organizaciones sociales, cultivos flexibles, conflictos ambientales, conflictos agrarios, violencia

 

La acelerada expansión de cultivos flexibles

En las últimas décadas, la expansión de grandes extensiones de los denominados cultivos flexibles,[1] tales como la palma aceitera (Elaeis guineensis) o la caña de azúcar (Saccharum officinarum), han provocado importantes cambios sociales y ambientales en el Sudeste Asiático y en Latinoamérica (Borras et al., 2011; FAO, 2014). Dicha expansión fue estimulada desde los años 1990 en el Sudeste Asiático y en los 2000 en Latinoamérica por la creciente demanda de productos como agrocombustibles,[2] aceites comestibles, lubricantes industriales o cosméticos en el caso de la palma aceitera, o como alimento para animales y fertilizante en el caso de la caña de azúcar. En Latinoamérica, su expansión ha impedido que comunidades locales accedan a sus principales medios de vida, al remplazarse con estos cultivos la tierra que podría dedicarse a la siembra de granos básicos y a conservar los bosques nativos, que son reserva de alimento, agua y material de construcción (Alonso-Fradejas, 2012). Asimismo, tanto las plantaciones de caña de azúcar como las de palma aceitera están disminuyendo la fertilidad de los suelos y aumentando la contaminación de agua y del aire (Goldemberg et al., 2008). Por otra parte, los procesos de integración en la cadena productiva de la población local como cultivadores o trabajadores asalariados, dan lugar a procesos de diferenciación social, en los que los más pobres y sin tierra, junto con las mujeres, son los que menos beneficios obtienen (Cárdenas, 2012). Los impactos negativos de estos cultivos pueden llegar a expresarse como conflictos ambientales[3] y/o agrarios (Marin-Burgos, 2014).

 

Ambos cultivos están provocando violentos conflictos de tierra en la región denominada Valle del Polochic en Guatemala (véase la figura 1). La tierra se está disputando entre familias oligarcas descendientes de alemanes, propietarios de una empresa de caña de azúcar y de otra de palma de aceite,[4] y más de doscientas veinte comunidades maya-q’eqchi’ (el 80% de la población). Desde 1998, la caña de azúcar y en 2000 la palma aceitera se expandieron por el valle de Polochic, ocupando actualmente una tercera parte de las tierras fértiles (5.000 hectáreas de palma y 8.500 de caña) (Alonso-Fradejas, 2012). Esas tierras, la mayoría sin situación jurídica clara, han sido compradas o alquiladas a finqueros, y, consecuentemente, los miembros de las comunidades maya-q’eqchi’ que vivían como mozos-colonos (i.e., bajo un sistema de servidumbre en el que los indígenas eran forzados a trabajar en las plantaciones de café a cambio de tierra para su subsistencia) rompieron sus relaciones con el finquero y pasaron a ser “ocupas” de esas fincas (Hurtado, 2008). Estas comunidades, actualmente, están bajo amenaza de desalojo, o ya han sido desalojadas y han huido a otras zonas del valle del Polochic o del país como familias “sin tierra”. Sin embargo, tanto los antiguos “mozos-colonos” como los “sin tierra” continúan luchando en contra de esos cultivos para defender el territorio (Alonso-Fradejas, 2015; Mingorría y Gamboa, 2010). Su lucha ha sido apoyada por organizaciones campesinas que reclamaban tierra como pago por los trabajos realizados en las fincas (Hurtado, 2008). Sin embargo, esta lucha ha sido siempre violentamente reprimida por las fuerzas del Estado. El episodio más violento se dio en 1978, cuando cincuenta y tres maya-q’eqchi’ fueron masacrados en la plaza del municipio de Panzós por reclamar acceso a tierra (CEH, 1999). Según la Secretaría de Asuntos Agrarios de Guatemala, el valle del Polochic es uno de los territorios con mayores conflictos de tierra (SAA, 2014). Pese a ello, desde la expansión de estos cultivos, el conflicto no ha sido visible internacionalmente hasta marzo de 2011 (Naciones Unidas, 2013). Por esto, cabe preguntarse: “¿qué ha condicionado que el conflicto de palma o caña de azúcar en el Polochic no fuera visible y se visibilizara internacionalmente en marzo de 2011?

En este artículo, analizo las tres principales fases del conflicto, entre 1998 y 2014, diferenciadas por su grado de visibilidad (silenciada, desvelada y silenciándose). En cada fase examino: 1) la manifestación e intensidad de la violencia y 2) los roles y relaciones que se dan entre las organizaciones locales, nacionales e internacionales y los miembros de las comunidades maya-q’eqchi’ en oposición. Los resultados se basan en cinco años de observación participante (como activista, investigadora y realizadora de documentales);[5] un análisis de contenido de los principales medios de comunicación (durante 1998-2014); contrastado con entrevistas semiestructuradas realizadas en agosto de 2014 a las diecisiete organizaciones locales, nacionales y transnacionales involucradas en el conflicto.

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Figura 1. Valle del Polochic **

 

La visibilidad de los conflictos de palma de aceite y caña de azúcar en el mundo

La visibilidad internacional en los medios de comunicación de algunos conflictos de palma aceite y caña de azúcar ha permitido que se generaran debates públicos sobre la pertinencia de los agrocombustibles; y que se crearan lazos entre el movimiento de justicia ambiental europeo y agrario de Indonesia (Pye, 2010). La visibilidad/latencia de conflictos vinculados con estos cultivos ha sido condicionada por: 1) los roles y alianzas entre organizaciones sociales en oposición (Pye, 2010); 2) la percepción de la población local sobre los beneficios o de los daños de las plantaciones (Castellanos-Navarrete y Jansen, 2015); 3) la intensidad de la violencia directa y la presencia o ausencia de desposesión de tierras a la población local (Grajales, 2011); y 4) las específicas historias agrarias del contexto (Edelmán y León, 2013).

En el Sudeste Asiático algunos conflictos de palma aceitera han sido visibilizados a través de campañas transnacionales (Pye, 2010). En casos como México, el conflicto de las plantaciones de palma no ha sido visible internacionalmente porque la población local (ejidatarios) ha percibido como beneficio cultivar palma aceitera; al mismo tiempo que el discurso ambiental de las organizaciones nacionales no ha sido compartido por los campesinos (Castellanos-Navarrete y Jansen, 2015). Por otro lado, los conflictos en Colombia, Honduras, Guatemala y algunas zonas de Indonesia, han recibido poca atención debido a su forma de expansión en el marco de los mecanismos históricos de control territorial que han sufrido las comunidades locales (Alonso-Fradejas, 2012; White, 2016). En estos mecanismos se puede reconocer tanto formas de violencia directa, i.e., daños físicos o psicológicos concretos (Naciones Unidas, 2007) como otras formas de violencia denominada por Galtung (1969) estructural y por Nixon (2011) “violencia lenta”. Esta violencia hace referencia a los daños a poblaciones marginalizadas, que ocurren de manera continuada en el tiempo y en el espacio, provocando cambios socioecológicos casi inapreciables (Nixon, 2011). En este caso, la violencia lenta es el proceso desposesión de tierra, agua y recursos por ocupación o contaminación, que han provocado desnutrición, pobreza, formas de explotación laboral y la pérdida de biodiversidad (Mingorría et al., 2014). A diferencia de la directa, la violencia lenta ha sido difícilmente denunciable desde el actual marco de Derechos Humanos (Grajales, 2015). Además, en estos países la violencia del pasado vinculada a temas agrarios no ha sido reconocida, juzgada ni condenada (White, 2016); por lo que el miedo, después de haber sufrido sistemáticamente, silencia respuestas de oposición ante “nuevas” injusticas agrarias y ambientales (Figueroa, 1990).

Desvelo del conflicto de palma aceitera y caña de azúcar en el valle del Polochic

Las comunidades maya-q’eqchi’ del Polochic hace más de quinientos años que luchan por recuperar la tierra de la que han sido desposeídos, desde el régimen colonial español, pasando por las reformas liberales y el desarrollo del modelo agroexportador con las fincas algodón, banano, carne vacuna y café, los treinta y seis años de guerra civil (1960-1996), en la cual el eje central de la violencia fue la tierra, y los maya-q’eqchi’, el segundo grupo étnico más afectado. Durante la guerra, el ejército identificó a la población maya como “enemigo interno” por considerarla la base que apoyaba a la guerrilla (CEH, 1999). La Comisión de Esclarecimiento Histórico (1999) informa que en Guatemala hubo doscientas mil desapariciones y asesinatos, seiscientas masacres, cuatrocientos pueblos destruidos y masivos desplazamientos de población a México; y concluye que hubo genocidio en contra de la población maya. Como mecanismo de terror y división comunitaria, hombres mayas fueron obligados a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil que, bajo orden militar, capturaron y asesinaron selectivamente a líderes de sus propias comunidades; además, fueron instalados destacamentos militares desde donde el ejército violó, torturó y asesinó a la población (CEH, 1999). A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, el Valle del Polochic es la región con mayor número de conflictos sobre tierra (Alonso-Fradejas, 2012). Desde la llegada de las plantaciones de palma y caña hasta agosto de 2014, identifico tres fases diferenciadas por la visibilidad del conflicto.

  1. Fase silenciada (1998-2011)

Los maya-q’eqchi’ mostraron su oposición a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, en tres encuentros campesinos nacionales, en los que participaban organizaciones “de confianza” (campesinas, ONGs nacionales e institutos de investigación) y representantes comunitarios. Las comunidades rechazaron estos cultivos pese a que algunos de ellos trabajaban como cortadores para las empresas de palma y caña, con argumentaciones ambientales, agrarias, culturales e históricas: “las plantaciones no se comen, queremos la tierra para el maíz”; “dañan la madre tierra”; “muchas plagas, seca el suelo, desvían el agua”; “nos echan aviones con veneno a nuestros campos y casas”; “sabemos que la palma es igual que el algodón y el café, están machadas de sangre y quieren que trabajemos como esclavos otra vez”. Las comunidades no querían hacer pública su posición porque tenían miedo a la represión. En su memoria estaba presente la guerra civil.

  1. Fase desvelada (2011-2012)

Por primera vez en Guatemala, en una misma orden judicial se incluían catorce fincas a desalojar (doce fueron desalojadas). Los desalojos fueron dirigidos por la familia de alemanes dueños del ingenio de caña de azúcar, acompañados por el Ministerio Público y un comando especial de mil militares y policías. Ochocientas familias perdieron la tierra para sembrar, la policía asesinó a un campesino, docenas de personas fueron heridas, y 1.800 hectáreas de granos básicos a punto de ser cosechados fueron quemadas. La presencia de miembros de organizaciones sociales en el área permitió que los efectos directos de esos hechos violentos fueran denunciados internacionalmente y el conflicto se hiciera visible a escala internacional. Periodistas, investigadores, activistas y ONGs internacionales publicaron artículos relacionando esta violencia con los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar; e hicieron visible, también, la “violencia lenta” de los últimos quinientos años (véase www.valledelpolochic.wordpress.com). Al mismo tiempo, la violación de los Derechos Humanos (a la vivienda, a la alimentación y a la vida) fue denunciada a través de campañas internacionales y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Quema de casas durante el desalojo de la comunidad de Quinich. Marzo de 2011. (Fuente: Organizaciones campesinas Guatemala.)

  1. Fase silenciándose (2012-2014)

Después de la campaña internacional de Intermón Oxfam y la Marcha Indígena, Campesina y Popular de 200 km que recorrieron miembros de organizaciones y comunitarios para exigir al Gobierno, entre otras cosas, acceso a tierra para las familias desalojadas, este prometió entregar tierra a esas familias. A partir de ese momento, el conflicto comenzó a silenciarse nuevamente a pesar de que la violencia directa continuó (asesinatos y desalojos violentos) y las comunidades del Polochic seguían sin tener acceso a tierra para alimentarse. A escala internacional, el caso fue mostrado como un éxito de la resistencia campesina (Velázquez, 2014). Sin embargo, a escala nacional y local el conflicto continuó y la resistencia se debilitó. Parte de las organizaciones nacionales e internacionales rompieron sus alianzas y dejaron de trabajar en la región del Polochic; esto, según argumentan, se debió al miedo a trabajar en contextos de tanta violencia, la criminalización del Gobierno, y las tensiones y disputas entre organizaciones (campesinas, y ONGs nacionales e internacionales) por diferencias estratégicas e ideológicas.

La violencia y el rol de las organizaciones

La interrelación de la violencia y miedo junto con los roles y las alianzas entre organizaciones sociales han condicionado la visibilidad del conflicto del Polochic a escala internacional. La violencia estuvo presente como en la mayoría de conflictos ambientales (Peluso y Watts, 2001). Además, los eventos de violencia directa dieron a conocer internacionalmente injusticias invisibles anteriormente. En este caso, fue la casualidad de que miembros de las organizaciones estuvieran en la zona y pudieran grabar y fotografiar la violencia vinculada a los monocultivos de palma y caña (véase el documental Desalojos en el Valle del Polochic). En el Polochic, la violencia directa ha estado vinculada a las pasadas etapas de control territorial, pero también a los actuales mecanismos de expansión de las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar. Además, el uso del recurso del miedo por el Estado (Figueroa, 1990) y la violencia lenta vinculada a los procesos históricos de despojo y desposesión de la población q’eqchi’ de este territorio, han condicionado la forma de respuesta de estas comunidades y el papel que juegan las organizaciones sociales en el conflicto. La violencia ha continuado en el tiempo, en forma de asesinatos selectivos como los que se dieron durante las fases del análisis; pero también la violencia estructural del Estado se sigue ejerciendo. Los procesos de expansión desposeen a las comunidades de su territorio a través de desalojos, la concentración de tierra, el desvío de agua, la contaminación de ríos y las intoxicaciones por fumigaciones (Hurtado, 2008; Alonso-Fradejas, 2012).

Como consecuencia de estas dinámicas, el conflicto del Polochic ha tenido una cara pública de conflicto “exitoso” y una cara oculta. Fueron algunas organizaciones las que hicieron pública una imagen de éxito, al mismo tiempo que en una esfera más privada continuaron denunciando las desigualdades en el acceso a tierra para las familias del Polochic (no sólo las desalojadas), la desnutrición crónica, la militarización de los territorios, la expansión acelerada de los cultivos de palma y caña, el desvío y contaminación de ríos, la política de desalojos violentos por parte del Estado y los asesinatos sin investigar. Según White (2016), la extrema violencia del Estado en Indonesia (1965-1966) en contra de organizaciones campesinas y sindicatos, condicionó la resistencia actual en contra de plantaciones de palma. Igualmente, el Estado guatemalteco ha sido capaz de desarticular todo movimiento campesino y ambiental o de reprimir cualquier reclamo por la tierra mediante políticas de terror y violencia (Figueroa, 1990). Además, las organizaciones campesinas han sido criminalizadas por su papel revolucionario durante la guerra civil y por promover las “ocupaciones” como mecanismo de acceso a tierra (Granovsky-Larsen, 2013). Por otro lado, el rol de las organizaciones ambientalistas ha sido muy limitado: durante la “democratización” de los años 1980 surgieron pocas muy vinculadas a las élites del país y a partidos políticos; posteriormente, en los 1990, las que protestaron contra el extractivismo minero y petrolero sufrieron una fuerte represión (Berger, 1997). Actualmente, la defensa del medio ambiente y del territorio en contra de la expansión de los monocultivos recae mayormente en las comunidades indígenas; por lo que, en mi opinión, sigue existiendo el reto de articular un movimiento campesino y de justicia ambiental.

Finalmente, desde la ecología política, activistas, académicos y periodistas también tenemos el reto importante de visibilizar estas violencias e injusticias agrarias y ambientales y las distintas formas de resistencia.[6] 

Referencias

ALONSO-FRADEJAS, A. (2015). “Anything but a story foretold: Multiple politics of resistance to the agrarian extractivist project in Guatemala”, Journal of Peasant Studies, 42 (3-4), pp. 489-515.

— (2012). “Land control-grabbing in Guatemala: The political economy of contemporary agrarian change”, Canadian Journal of Development Studies, 33 (4), pp. 509-528.

BERGER, S. A. (1997). “Environmentalism in Guatemala: When fish have ears”, Latin American Research Review, 32 (2), pp. 99-116.

BORRAS, S.M.; HALL, R.; SCOONES, I.; WHITE, B.; WOLFORD, W. (2011). “Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction”, Journal of Peasant Studies, 38 (2), pp. 209-216.

BRAD, A.; SCHAFFARTZIK, A.; PICHLER, M.; PLANK, C. (2015). “Contested territorialization and biophysical expansion of oil palm plantations in Indonesia”, Geoforum, 64, pp. 100-111.

CARDENAS, R. (2012). “Green multiculturalism: Articulations of ethnic and environmental politics in Colombia’s black communities”, Journal of Peasant Studies, 39 (2), pp. 309-333.

CASTELLANOS-NAVARRETE, A.; JANSEN, K. (2015). “Oil palm expansion without enclosure: smallholders and environmental narratives”, Journal of Peasant Studies, 42 (3-4), pp. 791-816.

CEH – Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Conclusiones y recomendaciones, Guatemala Memoria del Silencio Tz’inil Na’tab’al. Guatemala: Naciones Unidas.

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GOLDEMBERG, J.; COELHO, S. T.; GUARDABASSI, P. (2008). “The sustainability of ethanol production from sugarcane”, Energy Policy, 36 (6), pp. 2086-2097.

GRAJALES, J. (2015). “Land grabbing, legal contention and institutional change in Colombia”, Journal of Peasant Studies, 42 (3-4), pp. 541-560.

HURTADO, L. (2008). Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización. El caso de Alta Verapaz, 1970-2007. Guatemala: F&G.

FIGUEROA I, C. (1990). “Guatemala: el recurso del miedo”, Nueva Sociedad, 105, pp. 108-117.

MARIN-BURGOS, V. (2014). Access, power and justice in commodity frontiers. The political ecology of access to land and palm oil expansión in Colombia. Tesis doctoral. Países Bajos.

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MINGORRÍA, S.; GAMBOA, G. (2010). Metabolismo socio-ecológico de comunidades campesinas Q’eqchi’ y la expansión de la agro-industria de caña de azúcar y palma africana: Valle del río Polochic. Guatemala: MagnaTerra.

NIXON, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press.

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PELUSO, N.; WATTS, M. (2001). Violent Environments. Cornell University Press.

PYE, O. (2010). “The biofuel connection-transnational activism and the palm oil boom”, Journal of Peasant Studies, 37 (4), pp. 851-874.

Secretaria de Asuntos Agrarios (2014). http://portal.saa.gob.gt/, consultado el 12 de septiembre de 2015.

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WHITE, B. (2016). “Remembering the Indonesian Peasants’ Front and Plantation Workers’ Union (1945-1966)”, The Journal of Peasant Studies, 43 (1), pp. 1-16.

* Institut de Ciència i Tecnología Ambientals (ICTA)- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (sara.mingorría@gmail.com)

** El Polochic está localizado al Noroeste de Guatemala. La superficie coloreada de negro representa las plantaciones de palma aceitera y el área coloreado de blanco  la caña de azúcar, y el área coloreado de gris el área protegida de la Sierra de las Minas y las Bocas del Polochic. (Fuente: Mingorría et al. 2014)

[1] Cultivos que como commodities tienen múltiples e intercambiables destinos comerciales; por ejemplo, la palma de aceite puede ser comercializada como alimento, como agrocombustible o para elaborar productos industriales (véase Borras et al., 2014).

[2] El término “agrocombustibles” fue acuñado por la Vía Campesina Internacional para evitar usar el prefijo bio-, que hace referencia a la vida como algo positivo (MST – La Vía Campesina 6/6/2007).

[3] Incluyen los conflictos denominados ecológico-distributivos, socioambientales, ecológico-sociales o conflictos de contenido ambiental.

[4] Empresa de caña de nombre Chabil Utz’ aj (‘Buena caña’, en idioma q’eqchi’); y la de palma aceitera, de nombre INDESA, S.A.

[5] Documental Desalojos en el Valle del Polochic y Aj Ral Ch’och (Hijos e hijas de la Tierra), coproduccido por IDEAR-CONGCOOP y Caracol Producciones (véase en http://caracolproducciones.net).

[6] Como ejemplo, véanse mapas en Latinoamérica OCMAL, en Brasil y mundial https://ejatlas.org.

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