La lucha contra la ronda petrolera en México: el antagonismo del pueblo zoque de Chiapas

Fermín Ledesma Domínguez*

 

Resumen: En el trópico húmedo mexicano el Estado promueve un encubierto extractivismo interno basado en la renta petrolera para integrar el área al desarrollo nacional mediante proyectos de matriz energética desde la década de 1950. Sin embargo, el 22 de junio de 2017, una docena de comunidades zoques lograron suspender el proyecto emblemático del gobierno, la ronda petrolera 2.2 que pretendía extraer 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios indígenas de Chiapas. Este artículo reflexiona sobre la acción política del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE) que se despliega bajo la encíclica del Laudato Sí del Papa Francisco, en el norte de Chiapas. 

Palabras clave: extractivismo interno, zoques, hidrocarburos

 

Abstract: In the humid Mexican tropics, the State has been promoting an undercovered internal extractivism based on oil revenues to integrate the area into national development through energy matrix projects since the 1950´s. However, on June 22, 2017, Zoque communities managed to suspend the government’s flagship project, the 2.2 oil round that sought to extract 239 million barrels of oil from 10 indigenous municipalities in Chiapas. This article reflects on the political action of Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE) that is unfolding under the encyclical of the Laudato Sí of Pope Francis, in northern Chiapas.

Keywords: internal extractivism, zoque, fossil fuels.

 

 

Introducción

En su nueva fase de acumulación, el capitalismo extractivo avanza sobre territorios indígenas, sobre todo aquellos que poseen alta biodiversidad, revalorados a partir del new deal inaugurado por el consenso de las commodities que encuentra en los bosques, minerales, hidrocarburos y aire, una renovada forma de especulación financiera a costa de explotar la naturaleza, principalmente en América Latina (Svampa, 2012; Harvey, 2003).

A contracorriente surgen movimientos socio-ambientales de matriz comunitaria- indígena que defienden su territorio, desde donde apelan al retorno de formas ancestrales de vivir, construyen novedosos procesos autonómicos, fuera de la racionalidad ambiental moderna y, alejada de la vigilancia del Estado. Autores como Martínez Alier (2011) sitúan a este nuevo ciclo de luchas en el ecologismo de los pobres como conflictos distributivos de los recursos por sus renovados lenguajes de valoración de la naturaleza.  

 

El extractivismo interno en el sur de México

Junto a los Mixes y Popolucas, las comunidades zoques son una familia lingüística que habitan el sur de México desde hace 3,500 años en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, donde elaboraron el calendario más largo, fechado en el año 36 a.C. Los rastros arqueológicos indican que domesticaron de manera temprana el maíz, lo cual permitió desarrollar la agricultura, además, funcionaron como sociedades políticas sin Estado desde la frontera con Guatemala hasta el Golfo de México, por lo cual, podría tratarse de la cultura madre de Mesoamérica (Pye y Clark, 2006: Bachand, 2013).

Sin embargo, a partir de 1524, la conquista española sometió a la población zoque mediante una agresiva campaña de captura de indios para esclavizarlos. A la par, la evangelización cristiana, la encomienda y la reconcentración de los pueblos, como políticas de control poblacional, desencadenaron hambrunas y epidemias que terminaron por reducir a la población al grado de su extinción durante el siglo XVIII (Villa Rojas, 1975). No obstante, algunos pueblos se sublevaron ante el cumulo de injusticias y agravios como Ixtacomitán en 1533, Tuxtla en 1693, Ocozocuautla en 1722 y Chapultenango en 1884. Durante la revolución mexicana de 1910 permanecieron al margen de las grandes revueltas.

A partir de 1950, el Estado Mexicano intervino una porción del territorio con la idea de replicar el Tennessee Valley Authority (TVA)[1] a través de la Comisión del Río Grijalva, que logró construir 3 centrales hidroeléctricas sobre las turbulentas aguas del Río Grijalva, a costa de desaparecer los pueblos de Usumacinta, Quechula y Chicoasén. Las consecuencias fueron la inundación de 30,000 hectáreas de tierras agrícolas y el desplazamiento de 4,000 familias, de 1950 a 1980 (Ibarra, et al, 2018). En tanto, la ganadería deforestó un millón de hectáreas de bosques y selvas del trópico húmedo y se instalaron 150 campos petroleros en Tabasco y Chiapas (Villafuerte, et al, 1997). En su conjunto estos proyectos configuraron el extractivismo interno mexicano, es decir, una política de intervención del Estado para favorecer a otras regiones del país (García, et al, 2017).

A partir del año 2000, el gobierno determinó convertir a la zona en un distrito minero sobre 70,000 hectáreas, en particular con la minera Frisco que explora yacimientos de oro, plata y wollostanita en la localidad de Solosuchiapa; mientras en el Volcán Chichón se busca instalar una planta de geotermia; 3 mini-hidroeléctricas sobre los ríos Magdalenas y Tzimbac y ocupar 100,000 hectáreas para extraer gas y aceite.

La racionalidad extractiva del Estado contrasta con la percepción que las comunidades zoques tienen sobre su propio territorio. Según los habitantes, el lugar está habitado por seres míticos dueños de los cerros y las montañas, guardianes de los bosques quienes inhiben la sobreexplotación a través de los sueños, como formas otras de proteger a la naturaleza. Así Piogbachuwe (viaje que arde, en zoque), la dueña del Volcán Chichón, impidió que se llevaran el petróleo, durante la erupción volcánica de 1982, mientras Munganan (hombre rayo) y Tzama Pet (hombre de la montaña) cuidan los bosques de Tapalapa y Chapultenango.

 

El derrumbe del mito petrolero

Tras la nacionalización del petróleo en 1938, el Estado Mexicano fundó el mito nacionalista del progreso y el desarrollo sobre la base de la renta petrolera que permitió justificar el extractivismo interno de los territorios indígenas para obtener ingresos públicos, pese a los altos costos ambientales. El boom petrolero por los yacimientos descubiertos en Tabasco y norte de Chiapas aceleró la modernización forzada del trópico húmedo, a partir de 1970 (Tudela, 1992). Sin embargo, la abundancia entró en crisis; si en Chiapas se extraían 334,000 barriles de petróleo crudo diario en la década de 1980 para 1990 descendieron a 84,281 y en el 2000 a 48,174 barriles (SENER, 2020).

La caída fue atribuida al largo historial de corrupción dentro de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) que generó atraso tecnológico de la empresa. La solución fue abrir el sector energético a la inversión privada después de 78 años de control estatal, para lo cual el congreso mexicano modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en diciembre de 2013. La reforma energética, prometía reducir el precio del gas a la población y aumentar la producción petrolera de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones (SENER, 2020).

Para alcanzar la meta, el gobierno organizó las rondas petroleras para subastar 111,800 millones de barriles de petróleo crudo de las reservas marítimas y terrestres del país; en marzo de 2014, la ronda Cero licitó los campos del Golfo de México; la ronda 1 los yacimientos de Veracruz, Tabasco y una porción de Chiapas. En agosto de 2016, la ronda 2.2 por primera vez incluyó tierras indígenas, bajo la promesa de atraer 2,000 millones de dólares de inversión en 12 áreas ubicadas en Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. En este último se pretendía extraer 239 millones de barriles de petróleo de 12 campos sobre una extensión de 84,500 hectáreas, habitado históricamente por las comunidades zoques.

El conjunto de las rondas petroleras reportaron 111 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México, de los cuales 51 son áreas terrestres; 32 aguas someras y 28 en aguas profundas. En las licitaciones participaron 73 empresas de 20 países con una inversión acumulada de 5,954 millones de dólares, de los cuales, 2,352 millones fueron ingresos para el Estado Mexicano, según el reporte de julio 2020 (SENER, 2020).

Sin embargo, el anuncio de la ronda 2.2 motivó que las comunidades del norte de Chiapas conformaran el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), aglutinado por indígenas católicos y campesinos de Tecpatán, Chapultenango, Ixtacomitán y Francisco León. El movimiento irrumpió con una multitudinaria protesta en Tuxtla Gutiérrez el 22 de junio de 2017 para exigir la cancelación del proyecto petrolífero.

Imagen 1:  Mujer zoque durante la protesta del ZODEVITE en Tuxtla Gutiérrez, 22 de junio de 2017. Autor: Fermín Ledesma.

Ante la movilización, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) decidió excluir los bloques 10 y 11 bajo el argumento de no haber logrado realizar las consultas a las comunidades indígenas de las 10 municipalidades afectadas, en términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México en 1992. El ZODEVITE rechazó las consultas del gobierno y a cambio, desplegó sus propias autoconsultas, asambleas comunitarias sin intervención gubernamental, organizadas por los propios pueblos afectados y expresadas en la lengua local.

El ZODEVITE encontró en el giro eco-teológico de la encíclica del Laudato Sí del papa Francisco, promovida por la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, un nuevo marco de significado religioso para emprender la defensa de la casa común – la tierra – que se entrecruzó con la acumulación de agravios históricos propiciados por el gobierno, deterioro de las condiciones de vida de la población, impactos de cambio climático y por otro, procesos de revalorización de la identidad étnica como ejes que detonaron el movimiento frente a la amenaza de la ronda petrolera.

El ZODEVITE incorporó en su repertorio otras demandas territoriales para exigir el retiro de la minera Frisco en Solosuchiapa, tarifas preferenciales de energía eléctrica, la suspensión de los proyectos hidroeléctricos sobre el Río Magdalena y promover la iniciativa ciudadana de una nueva ley general de aguas en México. En ese sentido, las asambleas comunitarias fueron espacios de reflexión, articulación y de poder comunitario desde donde se tejieron la identidad del movimiento y las demandas.

Imagen 2: Campesinado zoque de Francisco León, 24 de marzo de 2018. Autor: Fermín Ledesma

Tras la suspensión de la ronda petrolera, el ZODEVITE comenzó a trazar su propio proyecto político para hacer frente al extractivismo interno del Estado, en una lógica autonómica. En septiembre de 2016, las comunidades plantearon incentivar la soberanía alimentaria y la defensa del agua, como primeras tareas para reapropiarse del territorio.

 

Reflexiones finales

La aparición del ZODEVITE como sujeto político se inserta en el marco de un nuevo ciclo de luchas campesina-indígenas y populares de carácter ambiental, de confrontación abierta contra proyectos mineros, eólicos e hidrocarburos, como actores claves en el cambio de las políticas ambientales en México en la última década.

El caso particular del ZODEVITE cuestiona el mito del desarrollo y el progreso construido por el Estado Mexicano sobre la base de la renta petrolera, además, pone de relieve la configuración de nuevas subjetividades políticas indígenas y la aparición de nuevos marcos de significados religiosos como el Laudato Sí, derivada de la creciente conciencia ambiental promovida por los movimientos sociales urbanos y rurales. Una contribución fundamental de esta lucha es haber logrado mantener bajo subsuelo 239 millones barriles de petróleo, y con ello, evitar la generación de 71.7 millones de toneladas de efectos gas invernadero.

Finalmente, el movimiento zoque evidencia dos proyectos políticos en confrontación permanente en el modo de concebir y apropiarse de la naturaleza. Por un lado, el mundo moderno guiado por el capitalismo que convierte a la naturaleza en mercancía y por otro, el mundo indígena de tradición campesina y comunitaria que apela a su ancestralidad para equilibrar la explotación de los bienes comunes.

 

Referencias

Bachand, B., 2013, «Las fases formativas de Chiapa de Corzo: nueva evidencia e interpretaciones», Revista Estudios de la Cultura Maya, 42, pp 13-52.

García, A., et al, 2017, Extractivismo y neoextractivismo desde el sur de Mexico. Múltiples miradas. Texcoco, Estado de México, Universidad Autónoma Chapingo.

Harvey, D., 2003, El nuevo imperialismo. España, Akal.

Ibarra García, M. V, y E. Talledos, coords, 2015, Megaproyectos en México. Una lectura crítica. México, Itaca

Martínez Alier, J., 2011, El ecologismo de los pobres. Madrid, Icaria Antrazyt.

Sener, 2020,  rondas, Secretaría de Energía, México. Disponible en: https://www.rondasmexico.gob.mx/esp/rondas/

Svampa, M., 2012, Cambio de época, movimientos sociales y poder política, primera edición, CLACSO, Siglo XXI editores: Buenos Aires, Argentina.

Pye M,  y J.E., Clark, 2006, «Los Olmecas son Mixe-Zoques: contribuciones de Gareth Lowe a la arqueología del formativo» en: Aramoni, D., et al,  coords., Presencia Zoque. Chiapas, UNICACH, pp 207-222.

Tudela, F., 1992, La modernización forzada del trópico. México, Colmex.

Villa Rojas, A., et al, 1975, Los zoques de Chiapas. México, INI

Villafuerte D., et al, 1997, La cuestión ganadera y la deforestación. Chiapas, UNICACH.

* Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México). E-mail: fermin.ledesma.d@gmail.com

[1] El TVA es un modelo de intervención y agencia del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con sede en Knoxville, Tennessee creado en 1933 para suministrar energía eléctrica a la población mediante el control estatal de las cuencas hidrológicas con la idea de dinamizar económicamente el área circundante.

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