Conflictos ambientales en Centroamérica y las Antillas: un rápido toxic tour

Joan Martínez-Alier*

 

Resumen: En ecología política hace falta más trabajo empírico sobre el ingente movimiento mundial de resistencia nacido del ecologismo popular e indígena. Los conflictos ambientales recogidos en el Environmental Justice Atlas (www.ejatlas.org) son 3300 en octubre de 2020, incluidos 130 de México y otros 120 de Centroamérica y el Caribe. Este artículo deja a México de lado, ya bien cubierto en este número de Ecología Política, y se concentra en América Central y el Caribe. A lo largo de este recorrido analizo brevemente unos veinte conflictos ambientales, muchos de ellos fracasos de la justicia ambiental, aunque con ejemplos animadores como los de Pacific Rim en El Salvador; Cerro Blanco en Guatemala y El Salvador; Crucitas en Costa Rica, y el canal de Nicaragua, que parece haber sido frenado. También los casos contra Cemex en Puerto Rico y República Dominicana, el pueblo cimarrón de Cockpit Country en Jamaica contra la minería de bauxita y el de Vieques en Puerto Rico contra la militarización. En las conclusiones señalo algunas características de la ecología política de esta región.

Palabras clave: ecología política, conflictos socioambientales, pueblos indígenas, América Central, Caribe

 

Abstract: In political ecology there is need for more empirical work on the large world resistance movement born from the environmentalism of the poor and the indigenous. The environmental conflicts collected in the Environmental Justice Atlas (www.ejatlas.org), 3,300 in October 2020 include about 130 from Mexico and 120 from Central America and the Caribbean, each one with a data sheet of 5 to 6 pages. This article puts Mexico aside because it is well covered in this issue of Ecología Política. I focus on Central America and the Caribbean briefly analyzing about twenty conflicts. Many of them are failures in environmental justice but some are encouragingly successful: for instance, Pacific Rim in El Salvador; Cerro Blanco in Guatemala and El Salvador; Crucitas in Costa Rica, and the Canal of Nicaragua that seemingly has been stopped. Also cases against Cemex in Puerto Rico and the Dominican Republic, the maroon people of Cockpit Country in Jamaica against bauxite mining, and Vieques in Puerto Rio against militarization. In the Conclusion I list some characteristics of the political ecology of the region.

Keywords: political ecology, socio-environmental justice, indigenous peoples, Central America, Caribbean

 

 

Entre Guatemala y Panamá

Hay aquí lugar solamente para algunas informaciones sobre América Central y las islas del mar Caribe.[1] Veamos por ejemplo en Honduras un caso célebre ya antes de que en 2016 el asesinato de Berta Cáceres (Martínez-Alier y Navas, 2017) colocara los peores horrores de este país ante la opinión pública mundial. Se trata de la mina del Valle de Siria, unos setenta kilómetros al norte de Tegucigalpa. La compañía de minería de oro Glamis Gold empezó operaciones en el año 2000. Finalmente se fundió con Gold Corp, una empresa presente en Peñasquito (Zacatecas), Carrizalillo (Guerrero) y otros lugares, como Cerro Blanco entre Guatemala y El Salvador y la mina Marlin en Guatemala, que tan conflictiva ha sido. Gold Corp ha sido verdaderamente una empresa criminal en sus actividades fuera de Canadá. En 2019 se fusionó con Newmont, de Colorado, Estados Unidos, conocida por sus fechorías en Yanacocha, en Cajamarca, Perú. Es como una gran familia de facinerosos. La presencia de empresas extractivistas de Canadá o Estados Unidos es una constante en la región, pero también aparecen empresas europeas y, cada vez más, chinas.

El nombre local de la compañía en el Valle de Siria, Honduras, era Entre Mares. Un gran defensor a la vez de la salud pública y de la ecología, el doctor Juan Almendares, denunció durante muchos años lo que ocurría en el Valle de Siria (Imagen 1). La compañía canadiense chocó contra la resistencia popular; deforestó catorce mil hectáreas y perjudicó muy gravemente la salud de los habitantes locales: mujeres, niños y hombres. El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero la denunció repetidamente. La empresa no hizo nada con respecto a sus pasivos ambientales y sociales, siguiendo la regla general de todas las empresas. Las comunidades locales nunca dieron su acuerdo, y la empresa trató de dividirlas[2].

Imagen 1: El doctor Juan Almendares. Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/171273.

 

Si tuviera que guiar a un grupo de estudiantes y activistas en un toxic tour por Centroamérica y el Caribe, mi primera estación sería Honduras y entrevistaría a Juan Almendares, que reúne la lucha por la ecología y por la salud pública en su única persona. De Honduras, siguiendo la ruta de la minería del oro y el antiguo sueño de El Dorado que los españoles llevaron a Abya Yala, haría una segunda parada en El Salvador y Costa Rica, para explicar otros dos conflictos mineros paralelos, ambos exitosos, al menos de momento. El movimiento global de justicia ambiental, como otros movimientos sociales, necesita algunos éxitos de vez en cuando para alimentarse y reforzarse. Veamos.

 

Pacific Rim en El Salvador y Crucitas en Costa Rica[3]

El proyecto minero El Dorado lleva propiamente este nombre, El Dorado. No es una sátira. Está situado en la municipalidad de San Isidro, en el departamento de Cabañas, sesenta y cinco kilómetros al este de San Salvador. Allí asesinaron a varios activistas a partir de 2009. Tras perder la licencia de explotación, la empresa acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, para reclamar trescientos un millones de dólares de compensación por inversiones realizadas y lucro cesante. Una compañía australiana-canadiense, Oceana Gold, implicada en problemas similares en Filipinas, compró Pacific Rim con la esperanza de recobrar esta «deuda» de El Salvador, que, de país damnificado, iba a convertirse en país deudor por un milagro del Ciadi. En Filipinas, en Didipio, Nueva Vizcaya, unos doscientos setenta kilómetros al noreste de Manila, esa empresa minera de oro y cobre causó daños en territorio indígena durante dos décadas. Tanto en El Salvador como en Filipinas, tanto con Pacific Rim como con Oceana Gold, ocurrieron varios asesinatos de activistas que quedaron impunes. Existió pues una posibilidad de contacto internacional entre movimientos de distintos países. Filipinas es uno de los países con mayor número de ecologistas asesinados (como también lo son Honduras y Guatemala, en Centroamérica). La lucha contra Pacific Rim y su sucesor dio lugar en El Salvador a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que eventualmente logró la prohibición de la gran minería a cielo abierto en el país.

También está prohibida la gran minería, de momento, al menos, en Costa Rica, como consecuencia de la larga campaña contra Crucitas, en San Carlos, Alajuela, en la frontera del río San Juan con Nicaragua. Su carácter de conflicto transfronterizo pesó en la decisión de la corte costarricense, que finalmente entre 2010 y 2011 suspendió la concesión porque la empresa no había cumplido con lo estipulado en el obligatorio estudio de impacto ambiental. Se invalidó el decreto del presidente Óscar Arias que facilitaba la minería. Un trabajo de la Fundación Neotrópica valoró el daño preliminar causado por la empresa. Además de la decisión judicial, favorecieron la retirada del proyecto los reclamos de Nicaragua, una marcha de ciento setenta kilómetros y una huelga de hambre del Frente contra la Minería y de la coordinadora Una Sola Mina. La compañía canadiense Infinito Gold, lejos de reconocer los daños ya causados en la zona de Crucitas, reaccionó contra la prohibición acudiendo en arbitraje al Ciadi para reclamar más de mil millones de dólares a Costa Rica.

 

En Guatemala (Martínez- Alier, 2002)

Un análisis de la ecología política de Mesoamérica debería tratar en un mismo texto los territorios mayas de Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Guatemala. Aquí, sin embargo, lo dividimos por estados. No es buena idea. La cuenca del Usumacinta une México con Guatemala con diversos proyectos hidroeléctricos y con resistencias mancomunadas[4].

Además, resulta imposible dar en pocas páginas una impresión suficiente de la multitud de injusticias socioambientales de un Estado tan racista como Guatemala, donde la izquierda perdió la guerra civil y no ha existido verdadera «justicia transicional». El EJAtlas incluye veintinueve casos de Guatemala (octubre de 2020), pero solo hay lugar para cinco breves comentarios: la triste historia de la represa de Chichoy, un caso especialmente dramático entre muchos otros conflictos hidroeléctricos en la región; la minería de ferroníquel en El Estor, en el lago de Izabal en territorio q’ekchi; Cerro Blanco, otro conflicto minero transfronterizo, entre Guatemala y El Salvador; el sangriento conflicto de la mina de plata de El Escobal, y el desalojo de campesinos q’ekchis en el valle del Polochic para establecer plantaciones de palma de aceite y caña de azúcar. Las plantaciones, ya sean de banano, de piña, de caña o de palma de aceite, marcan la historia y la actualidad de América Central y del Caribe[5].

Uno de los capítulos más tristes de la triste historia de Guatemala es la masacre por la represa de Chichoy de trescientos megavatios de potencia, en Verapaz. Esa región maya, sumida en la guerra civil entre 1976 y 1983, no obtuvo ninguna reparación por las tierras perdidas y por las víctimas de la masacre hasta 2014, cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (que habían financiado la represa veinte años antes) exigieron al Gobierno de Guatemala que reconociera los muertos y donara ciento cincuenta millones de dólares. Se estima que en las masacres del río Negro, a cargo de militares y paramilitares, derivadas de los desplazamientos y las protestas contra Chichoy, perecieron unos 444 mayas achíes del primer golpe, seguido de otras muchas muertes, tal vez cinco mil en la región. A partir de 1993 se exhumaron cadáveres y se formó la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia de los Verapaces (Adivima). Expusieron sus reclamos en 1999 en las audiencias de la Comisión Mundial de Represas (que sesionó a partir del conflicto en el valle del Narmada en la India). Años después se anunció la construcción de la represa de Xalalá en la parte baja del propio río Chichoy, lo que despertó nueva oposición (Imagen 2).

Imagen 2: Manta en protesta contra la represa de Xalalá. Fuente: EJAtlas.

 

Veamos ahora dos conflictos mineros guatemaltecos: Cerro Blanco y Fénix-El Estor, a los cuales sin duda deberían añadirse El Escobal y la mina Marlin.

Cerro Blanco es un conflicto transfronterizo relacionado con una mina de oro de Gold Corp, cerca de la reserva biológica del Trifinio, donde coinciden Guatemala, Honduras y El Salvador. El proyecto se suspendió en 2013 por las protestas y el riesgo para el lago Güija en El Salvador. Como ya se indicó, Gold Corp ha hecho mucho daño en la aciaga mina Marlin en San Miguel de Ixtahuacán, al norte de Guatemala, que devino un sitio famoso por la consulta popular antiminera de Sipakapa. En el caso de Cerro Blanco se temía que los relaves contaminaran el río Ostúa; este desemboca en el lago Güija y, de ahí, el agua va al río Lempa, que provee de agua a tres millones de salvadoreños. Varios activistas que viajaron de El Salvador en protesta sufrieron detenciones y robos a manos de la policía guatemalteca. Mientras, del lado guatemalteco, la Iglesia Católica, con los obispos Julio Cabrera y Álvaro Ramazzini, participó en una gran marcha y en una misa en Juliapa contra el proyecto minero en enero de 2012; del lado salvadoreño, el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales Herman Rosa Chávez pidió una mediación. En 2013 la empresa Entre Mares (subsidiaria de Gold Corp) se retiró, tras anunciar que con eso perdía una inversión ya realizada de ciento cincuenta millones de dólares. En 2019 Bluestone Resources anunció que contemplaba iniciar la minería de 113.000 onzas de oro anuales durante ocho años. Pero el panorama minero de Guatemala no era halagüeño por los grandes conflictos de minería de oro en La Puya, de plata en El Escobal y de níquel en El Estor.

La mina de plata de El Escobal, operada por Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources, entró en operación en 2014 a pesar de la resistencia popular en el sureste de Guatemala. Debido a la resistencia y la violación de derechos indígenas, la explotación se suspendió en junio de 2017. Sabedora de esto, a principios de 2019, Pan American Silver compró Tahoe Resources y, con ella, su principal proyecto, El Escobal. El proyecto, que amenaza a la población indígena xinka y campesina de los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, ha sido marcado por la criminalización de defensores, la extrema represión y la violencia.

El proyecto Fénix está ubicado en El Estor, en el departamento de Izabal, en el extremo occidental del lago del mismo nombre, unos ciento cincuenta kilómetros al este de Ciudad de Guatemala. Exmibal inició operaciones en Guatemala en 1965, al conseguir una concesión por cuarenta años para explorar y explotar níquel en Izabal y Alta Verapaz. Tras décadas de resistencia contra HudBay Minerals y otras empresas, con muertos por el camino, un Premio Goldman para Rodrigo Tot y casos en las cortes de Guatemala y de Canadá, los q’ekchis lograron parar la mina.

Cerca del lago de Izabal, al oeste, en el valle del Polochic, el desalojo campesino, las muertes y la resistencia contra las plantaciones de caña de azúcar y palma de aceite están bien documentados. Son sintomáticos de un fenómeno muy extendido en el Sur global consistente en el robo de tierra indígena para cultivos de exportación. La caña de azúcar irrumpió al inicio de la colonización y la palma de aceite se ha convertido en protagonista en el Sudeste asiático, América y su lugar de origen: África Occidental. Los q’ekchis del valle del Polochic ya fueron desposeídos en el siglo xix para instalar plantaciones de café, en las que los emplearon como mozos-colonos. Las familias Maegli y Widmann poseen más de tres cuartas partes de la tierra fértil. En marzo de 2011, 779 familias fueron desalojadas brutalmente y fallecieron Antonio Bec Ac, Óscar Reyes y Margarita Chub. Hubo muchos heridos. En 2012 una Marcha Indígena Campesina y Popular caminó doscientos kilómetros en protesta. Los intentos de mediación de Oxfam y otras organizaciones apenas han aliviado la situación de los desalojados.

 

El canal de Nicaragua[6]

De los doce conflictos ambientales de Nicaragua reseñados en el EJAtlas, elijo este por su dimensión y por las enseñanzas acerca de la situación política interna del país y de la economía mundial. Despunta la participación china. La idea de un gran canal interoceánico en Nicaragua es una apuesta favorable a una economía mundial materialmente desbocada. El creciente tráfico de contenedores en buques cada vez mayores indica la ausencia de desmaterialización de la economía. El furor de infraestructuras de transporte y de la logística nace de la visión de una economía en crecimiento que usa más y más materiales. Los planes del canal de Nicaragua se añaden a las nuevas rutas del Ártico facilitadas por el deshielo y a la ampliación reciente del canal de Panamá. Todo ello viene a decir: «Señores, el discurso de la desmaterialización es falso, el tráfico de mercancías no hace más que crecer» (por lo menos hasta el año 2020).

Por fortuna, no se realizará el canal de Nicaragua. Ha habido fuerte oposición local a este proyecto de 278 kilómetros desde el río Brito en el Pacífico hasta al mar Caribe, cruzando el lago Nicaragua. La longitud sería más de tres veces mayor que la del canal de Panamá. El proyecto incluye aeropuerto, un área de libre comercio, residencias para 140.000 personas, autopistas… y permitiría el tránsito de buques super post panamax. Opositoras muy firmes han sido las lideresas populares Francisca Ramírez y Mónica López Baltodano. Y junto con ellas, la Coordinadora de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, el Centro Humboldt y otros grupos que temían el impacto en zonas de reserva de biodiversidad como Bosawás. Los pueblos misquitos, ulwas y creoles se sintieron amenazados. El tema del canal unió a la oposición contra el sempiterno presidente Daniel Ortega, quien desencadenó una fuerte represión.

 

En Panamá: los ngöbe-buglés y los kunas     

Frente a la minería de cobre en Cerro Colorado y en Cerro Chorcha, hubo en 2011 un cierre de rutas y varios muertos del grupo indígena ngöbe-buglé, que cuenta con unos ciento ochenta mil integrantes. La gran minería en esa comarca indígena se prohibió, como también las hidroeléctricas, tras una protesta que en 2012 bloqueó la carretera Panamericana, donde murieron Jerónimo Montezuma y Francisco Miranda. La compañía Dominion Minerals de Estados Unidos aparecía como concesionaria de minas. Una lideresa muy conocida entonces fue la cacica Silvia Carrera. Otro famoso conflicto minero es el de Cerro Quema en la provincia de Los Santos.[7]

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá está relacionado con el conflicto de Cerro Colorado, pues se suponía que la electricidad iba a ir a ese proyecto minero. Pasó después a la empresa hondureña Genisa. Está en el río Tabasará, y esperaba recibir «créditos de carbono» por su generación eléctrica con capacidad de solo veintinueve megavatios. Algunos ngöbe-buglés viven en la cuenca del río. Se bloqueó la carretera Panamericana durante una semana. La protesta recordaba que el pueblo ngöbe-buglé quería prohibir legislativamente la minería y las hidroeléctricas en sus territorios. Sufrieron represión en 2012, con varios muertos. La represa al final se construyó, con varias promesas al grupo indígena. Los petroglifos en el río que se habían convertido en objetos rituales de un culto religioso fueron cubiertos por el agua.

Veamos ahora el caso de los kunas, otro grupo indígena maltratado. Los impactos del cambio climático empiezan a notarse en las costas y en las pequeñas islas, como las que componen el archipiélago kuna. La comarca de Guna Yala se creó dentro de la República de Panamá en 1925; los kunas viven en la costa y en las islas donde se refugiaron y ahora sufren directamente el aumento del nivel del mar, un mayor impacto de los huracanes y también el blanqueo de los corales. Además, para hacer frente a la intrusión del mar, extraen corales como material de relleno. Aunque muy lejos, se trata de una situación no muy distinta a la de aldeas de Alaska que, como Kivalina, han iniciado causas judiciales por el cambio climático contra empresas de combustibles fósiles y Gobiernos. ¿Un camino para los kunas?

El cambio climático es una amenaza global, tal vez sea un fenómeno que ya no se puede detener y que obligará a las comunidades indígenas kunas a migrar a la zona continental de Panamá, con lo que se romperá el tejido social y se perderá su patrimonio natural y ancestral, aunque ese pueblo no tenga en absoluto ninguna responsabilidad en el cambio climático. Ahí se ve muy directamente la injusticia ambiental. Sin embargo, las comunidades se están informando, organizando, fortaleciendo.

 

Siete conflictos caribeños                                                                                         

De Jamaica y su antigua historia cimarrona y anticolonialista, que se manifiesta en conflictos de defensa del territorio contra la bauxita y el aluminio, iremos brevemente a Haití, a un caso en que algunos campesinos fueron víctimas por sus intentos de frenar la deforestación, y después estudiaremos de forma sucinta las diversas contaminaciones de la bahía de Cienfuegos en Cuba. De ahí pasaremos a ver las fechorías de una compañía mexicana, Cemex, en la República Dominicana y a Puerto Rico. Por último, veremos el conflicto de Vieques en Puerto Rico, donde el ecologismo, el antimilitarismo y el nacionalismo defensivo se dieron la mano.

 

Carbón, bauxita, aluminio y cimarrones en Jamaica[8]

Empecemos con dos casos en Jamaica, ambos relacionados con la minería de bauxita y la energía eléctrica necesaria para la fabricación de aluminio.

En febrero de 2017 parecía que la compañía china Jiuquan Iron & Steel (Jisco) pondría en marcha una central termoeléctrica de carbón de mil megavatios en Nain, en St. Elizabeth, Jamaica. Con una inversión de 2000 millones de dólares, quería suministrar la electricidad a la fábrica de bauxita-aluminio que había sido de Alpart y que Jisco modernizó. Los conflictos nacerían tanto de la quema de carbón como de la minería y fundición de la bauxita; la fábrica pasaba de propiedad rusa a propiedad china para producir medio millón de toneladas de aluminio al año. Desde 2008, la fabricación de aluminio de Alpart estaba parada. Un conjunto de movimientos, el Jamaica Environment Trust (JET), se manifestó en contra de los planes de Jisco y el Gobierno de Jamaica. JET se oponía al uso de carbón y propugnaba si acaso el uso de gas natural licuado (LNG). Una termoeléctrica de carbón de mil megavatios emitiría 6,7 millones de toneladas de CO2 al año y muchos otros contaminantes (dióxido de azufre, mercurio, plomo, arsénico). La partida la ganó a finales de 2017 la opción del LNG y no el carbón porque, a los argumentos locales, se añadió el cambio climático global. El carbón emite más gases de efecto invernadero por megavatio que el LNG.

Se plantea, además, el tema de si a Jamaica le conviene la minería de bauxita. La fabricación de alúmina produce un gran residuo de barro rojo tóxico. En 2019 hubo quejas de que las actividades del grupo industrial Jisco ocasionaban graves daños a la salud de los pobladores de las comunidades aledañas a su complejo de producción, que incluye minas de bauxita y una refinería de aluminio en Nain, pues este comprometía la calidad del aire y el suministro de agua en las áreas afectadas.

Años antes, en 2007, había empezado una fuerte resistencia, que continúa en 2020, contra la minería de bauxita en Cockpit Country, una sierra en Jamaica que fue hogar de rebeldes cimarrones (esclavos escapados) contra el dominio británico. Ese territorio de Trelawny tiene, pues, un enorme valor simbólico, de lucha contra el racismo ambiental y por la justicia socioambiental, comparable a la defensa de territorios garífunas en Centroamérica, raizales, palenqueros y quilombos en Colombia y Brasil, y los asentamientos afroamericanos en la costa del golfo de México en Estados Unidos, en plena Carcer Alley. Trelawny fue una temprana zona de plantaciones de caña de azúcar con africanos esclavizados. Sir William Trelawny fue gobernador de Jamaica. La sierra de ese territorio sirvió de refugio a un gran grupo de maroons (cimarrones) jamaiquinos. Los ingleses se resignaron a firmar un tratado con ellos en 1739, en el que les daban la libertad y derechos a la tierra, para que dejaran de invadir las plantaciones del llano. Más tarde hubo otras guerras contra ellos.

En Jamaica, Alcoa de America, hizo minería de bauxita desde 1963. Jamaica ha sido el sexto país del mundo en extracción de bauxita, tras Australia, Guinea, Brasil, China e India. El EJAtlas contiene casi cincuenta casos de conflictos relacionados con la bauxita y el aluminio, un tema transversal a estudiar comparativamente. En 2007 las comunidades de Cockpit Country en Jamaica argumentaron que no había habido consulta previa que permitiera renovar la concesión de Alcoa en ese lugar montañoso y de gran valor cultural y ambiental. Es una gran reserva de agua y es el hogar de especies como el loro de pico negro (black billed parrot), que aparece en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Imagen 3). El Cockpit Country Stakeholders Group consiguió la rescisión de la concesión a Alcoa y también a la empresa estatal Clarendon Alumina Production.

Imagen 3: Amazona agilis, loro de pico negro, especie endémica de Jamaica. Fuente: ebird.org

Las comunidades cimarronas (maroons) han solicitado que su territorio se declare libre de minería, zona de conservación de biodiversidad protegida y Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2020 los habitantes siguen oponiéndose a la minería en un lugar de Cockpit Country donde está la mira de Noranda Bauxite Jamaica.

 

En Haití: desalojo sangriento de comunidades locales en pro de la conservación

El proyecto de reforestación del Parc National de La Visite, de la Fondation Seguin, condujo al sangriento desalojo de comunidades locales. Un caso más de los muchos de militarización de la conservación de la biodiversidad que ocurren en el mundo. En 1983 el Gobierno de Jean-Claude Duvalier creó el Parc National de La Visite, contra la deforestación. En 2012 estalló un conflicto entre los campesinos que vivían cerca del parque y el nuevo Gobierno junto con la ONG local Fondation Seguin, que trabaja en la preservación del bosque. El Gobierno y la Fundación Seguin consideraron a los campesinos como la principal causa de deforestación dentro del parque. Ellos usan la leña para cocinar y vender. Pero hay otras perspectivas: desde un punto de vista histórico, fueron las plantaciones de caña de azúcar bajo la colonia francesa las que deforestaron. Los cimarrones escapados aprendieron a vivir en los bosques. Con la victoria obtenida por Haití en su lucha de independencia del dominio francés y contra la esclavitud, se logró que el territorio del país fuera históricamente de campesinos afrodescendientes. En algunas épocas hubo exportación de maderas. En cuanto a la leña para cocinar, hay que dar soluciones técnicas, como tal vez el acceso a gas licuado de petróleo (GLP), y no reprimir a ese campesinado pobre.

En cambio, el intento de conservar el bosque desembocó en un desastre el 23 de julio de 2012, cuando el Gobierno quiso desalojar a las 142 familias que vivían dentro o cerca del parque. Los campesinos se negaron a abandonar sus hogares, como habían expresado en reuniones anteriores con funcionarios del Gobierno que trataban de llegar a un acuerdo con ellos, pues no se les ofreció ninguna alternativa de vivienda. Después de múltiples intentos infructuosos, los representantes del Gobierno comenzaron a destruir la primera casa a martillazos. Los campesinos protestaron y empezaron a lanzar piedras. Se dispararon las armas y cuatro campesinos fueron asesinados; también se perdieron dos vacas, y un policía resultó herido. Ni el Gobierno ni la policía se hicieron responsables de la muerte de los campesinos, y no hubo ningún procedimiento legal posterior. El Estado dio unos mil cuatrocientos veinte euros a las familias de las víctimas para los funerales. Para expresar su descontento, las familias construyeron una gran tumba de cemento en medio del bosque.[9]

 

Cuba: la bahía de Cienfuegos

En la bahía Cienfuegos, a partir de 1960 se inició un proceso de industrialización que ha incluido una refinería de petróleo y fábricas de alimentos, fertilizantes y materiales de construcción, así como actividades turísticas y portuarias; esto gracias a su lugar privilegiado en la isla, pues es el segundo complejo portuario más importante de Cuba. Pero, pese a la importancia ecológica y económica de la bahía, esta presenta altos índices de contaminación a raíz de eventos que han colocado en riesgo la salud del ecosistema y el bienestar humano. Uno reciente se registró el 29 de mayo de 2018 en la empresa Refinería de Petróleos Cienfuegos S. A. A causa de las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Alberto, las piscinas de almacenamiento de crudo se desbordaron hasta llegar a la bahía; el vertido se estimó en doce mil metros cúbicos de aguas oleosas y la mancha aceitosa ocupó un 70 por ciento de la bahía. A este evento se suman otros: un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) reportó en total cuatro derrames de petróleo por parte de barcos petroleros (en 1986, 1992, 1993 y 1993) y uno de arsénico en 2001. Este último preocupó a la autoridad local, que tomó la decisión de prohibir la pesca de forma permanente. En 2013, Reinaldo Acosta Milán, director de la Unidad de Supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), en unas declaraciones en una radio local, manifestó que la bahía se encontraba libre de arsénico y solo se tenía que evitar el consumo de crustáceos y moluscos. Sin embargo, estudios recientes advierten que esto aún no se puede determinar y alertan de la posible contaminación de varios organismos marinos, como algas y peces, en la bahía.

Estos sucesos generaron impacto en pescadores artesanales que dependen únicamente de la actividad pesquera.[10]

 

En República Dominicana y Puerto Rico

En esos países hay, por supuesto, diversos conflictos ambientales.[11] Uno de los más importantes es el de la minería en Loma Miranda, en República Dominicana. Aquí se presenta el dilema habitual acerca de qué conflictos escoger en este rápido viaje, pues el EJAtlas señala diez en Puerto Rico y ocho en República Dominicana.

 

Cemex en Los Haitises y en Ponce

Hace unos años se reportó que la empresa Cemex Dominicana contaba con un fuerte lobby en el Gobierno para instalar una cementera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises. Los jóvenes instalaron un campamento en la zona en rechazo de la iniciativa; los sindicatos declararon su oposición, al igual que el mundo científico y ambientalista. El Tribunal Contencioso se declaró en contra de la empresa y suspendió la instalación de la cementera.

Sin embargo, los dominicanos temían que el fallo de 2009 fuera ignorado, al igual que el informe oficial elaborado por la Subsecretaria de Estado de Áreas Protegidas, donde constaba claramente que «se sugiere que sea desestimado» el proyecto de construcción de la cementera. Este pone en peligro las reservas de agua potable del subsuelo de formación cárstica de Los Haitises, aguas indispensables para el futuro abastecimiento de Santo Domingo y de toda la región este del país, en especial de la comunidad del distrito de Gonzalo. Cemex ya tiene antecedentes nefastos por su forma de operar en el puerto de Barahona, antes zona turística y hoy casi un cementerio por las malas prácticas ambientales.

En 2012, República Dominicana había exportado 1,37 millones de toneladas métricas de cemento, un 36 por ciento más que el año anterior. Cemex es la principal productora de cemento. En 2013 se proponía formular un proyecto especial para solucionar los problemas de degradación de los ecosistemas y recursos naturales del parque y para reubicar a las familias.

Otra fábrica de Cemex se encuentra en Ponce, Puerto Rico. En 2002 comenzó a quemar neumáticos usados para ahorrar costos. Como en muchos otros casos en todo el mundo, los vecinos se quejaron. Mexico Cement, más conocida como Cemex, es una productora de cemento con sede en Portland Monterrey México que compró Cemento Puertorriqueño en 2002 para seguir expandiéndose en el mercado global. La planta de cemento en Ponce comenzó a quemar neumáticos para producir energía que se utilizaría en la planta de cemento. Ponce es conocido por estar expuesto a diferentes contaminantes debido a la densidad industrial. Por eso la Junta de Calidad Ambiental (JCA) colocó una estación de recursos aéreos que mide la calidad del aire en este municipio. El municipio en su conjunto ha estado en el rango de condiciones atmosféricas aceptables, pero el área donde se encuentra la planta de Cemex tiene una alta concentración de emisiones que afecta a las comunidades aledañas. Durante el año 2005, Cemex fue la industria con más emisiones en Ponce.

En julio de 2006, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) otorgó a Cemex un permiso para usar energía para su producción mediante la quema de neumáticos. El 80 por ciento de los costos en la producción de cemento son para energía. Propusieron a la Administración de Residuos Sólidos (ADS) utilizar el 25 por ciento de todos los neumáticos de desecho del país para producir energía, al amparo de la ley 171 que luego fue modificada. Esto resolvería parte del problema que el país tenía por la acumulación de neumáticos en vertederos y tiendas de neumáticos, que alcanzaba 4,7 millones de unidades al año. Cemex invirtió veintiún millones de dólares en maquinaria y equipos de control de emisiones para el proceso de quema de neumáticos. Diferentes comunidades en Ponce se preocuparon por estas prácticas, pues la quema de neumáticos libera cloro que, cuando se calienta, crea dioxinas carcinógenas. A pesar de que la compañía lanzó un folleto explicando muy brevemente cómo iba a gestionar los neumáticos de desecho, nunca mostró cómo iba a manejar las emisiones. Esto causó protestas contra la barbaridad de la quema de neumáticos desechados. Un portavoz de Acción Comunitaria Ponceña por un Ambiente Sano (Apcas) declaró en una de las protestas que llegarían a la desobediencia civil si era necesario. Más de ochenta ciudadanos y Apcas exigieron al Tribunal de Apelaciones que revocase los permisos adquiridos por Cemex. En 2008, este tribunal revocó los permisos y exigió a Cemex que fuera más explícito sobre los tipos de emisiones y cómo las controlarían, si deseaba continuar con las quemas. La ONG internacional GAIA apoyó el movimiento contra la incineración.

 

Vieques: un triunfo de la ciudadanía

Desde 1938, la Marina de Estados Unidos ocupó el 70 por ciento de la isla puertorriqueña de Vieques como campo de entrenamiento para prácticas de tiro y pruebas de bombardeo. Muchos de sus diez mil habitantes fueron sacados por la fuerza de sus hogares y reubicados en la parte central de la isla. Vieques fue lugar de protestas contra el uso de la isla por parte de la Marina estadounidense como campo de bombardeos, lo que al final condujo a la salida de la Marina en 2003. El pueblo ganó. Ahora se ha convertido en un refugio nacional de vida silvestre, pero la contaminación no se ha limpiado del todo. Se espera que la limpieza, presupuestada en alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares, se ejecute al menos en 2025.

La resistencia a la presencia militar siempre fue un elemento del conflicto. El 19 de abril de 1999 sucedió un evento que fue un hito en la movilización generalizada en Puerto Rico y en toda la diáspora puertorriqueña. Las bombas de la Marina cayeron sobre civiles y mataron a David Sanes Rodríguez. En 2000 se establecieron varios campamentos de manifestantes pacíficos en la isla, y el 4 de mayo el ejército desplazó por la fuerza a más de doscientos de estos desobedientes civiles. Este fue un momento catalizador para unificar la diáspora puertorriqueña en la exigencia del fin de la militarización en la isla. Mientras tanto, los militares continuaron bombardeando Vieques. En febrero de 2000, 150.000 personas participaron en la Marcha de la Paz para Vieques en San Juan, la capital de Puerto Rico. El presidente Clinton trató de negociar y ofreció noventa millones de dólares para que las operaciones de la Marina continuaran allí de forma permanente, pero un referéndum informal en julio de 2001 mostró que el 70 por ciento de la población quería que la Marina se fuera de inmediato. El presidente Bush revirtió los intentos de Clinton de negociar con Vieques y declaró que la Marina detendría los ejercicios militares en febrero y abandonaría la isla en mayo de 2003.

La ciudadanía puertorriqueña fue víctima de un experimento ambiental-militar. Los resultados del estudio de 2000 revelan que la tasa de cáncer en Vieques, también llamada la Isla Nena, fue casi 27 por ciento más alta que en la isla grande de Puerto Rico. Estudios realizados por científicos puertorriqueños han encontrado que un 34 por ciento de los residentes tienen niveles tóxicos de mercurio; un 55 por ciento están contaminados con plomo, y un 69 por ciento, con arsénico. Con sus diez mil habitantes, la isla carecía de un hospital para tratar enfermedades como el asma y el cáncer, atribuibles a la antigua actividad de bombardeos militares. A pesar de que hoy Vieques se presenta como un lugar turístico ideal, los químicos tóxicos que allí quedan narran una historia muy diferente. El PCB, el napalm y el uranio empobrecido hacen que la isla sea muy peligrosa. La Marina ya no está físicamente allí, pero las toxinas están lejos de desaparecer.

En 2005, Vieques se añadió a la lista del Superfondo (Cercla) de Estados Unidos, que asigna fondos para la limpieza de residuos tóxicos. La isla se enfrenta ahora a otra forma de invasión e injusticia: el acaparamiento de tierras y la gentrificación por parte de los ricos.[12]

 

Conclusiones

Todos estos conflictos socioambientales, tanto los fracasados como los exitosos, son una pequeña muestra de los recogidos en el EJAtlas, que a su vez solo es una muestra de las decenas de miles de conflictos ambientales que han existido y existen.

En Centroamérica y las Antillas, grupos indígenas que sobrevivieron al desastre demográfico de la conquista europea se han reorganizado en los últimos años. Junto a ellos, las poblaciones afroamericanas (creoles), como los raizales de las islas de Providencia y San Andrés en Colombia y los garífunas en Honduras. La identidad afroamericana es compartida por pueblos de la gran región del Caribe. Los casos de Jamaica encajan muy bien con el reciente y brillante libro Ecología decolonial del autor Malcom Ferdinand (2019), nacido y criado en Martinica. Los esclavos se rebelaron en Haití y expulsaron a los colonos franceses, pero en otros lugares no llegaron a dominar los países enteros, sino que se escaparon en pequeños grupos y se ocultaron en territorios boscosos o manglares (como en Esmeraldas, en Ecuador), en palenques o quilombos. Eso ocurrió en Jamaica también. La resistencia histórica y actual en Trelawny es parte de la identidad del país, como lo son las invocaciones a la lucha contra la colonialidad y el racismo en la defensa del territorio frente a la minería de bauxita. Lo mismo ocurre en Centroamérica con los diversos pueblos mayas (como los q’ekchis) o los ngöbe-buglés.

América Central, pequeña en superficie (con extensión y población parecidas a España), ha sido muy importante en la historia económica mundial desde el siglo xvii, al igual que las Antillas, desde Barbados hasta Cuba, por la producción de azúcar a bajo coste, alimento barato del proletariado industrial. Eso se logró eliminando a la población indígena, importando esclavos de África y destruyendo los bosques. Recuerdo ver el intenso tráfico por el ampliado canal de Panamá (con problemas ambientales de suministro de agua) por invitación del historiador Guillermo Castro Herrera, mientras meditaba sobre estos temas. Uno siente que está en la mitad del mundo.

Con lo dicho hasta ahora, basta para entender cuáles son los temas principales de la ecología política de la región: las fronteras de la extracción minera de oro, cobre, níquel, carbón; energía hidroeléctrica; plantaciones y extracción de biomasa; infraestructuras; compañías transnacionales; conflictos transfronterizos; el racismo antiindígena y la nueva resistencia indígena y afroamericana; los abundantes asesinatos de activistas; las vinculaciones internacionales de los movimientos activistas. Todo eso con movimientos ecologistas vivos, activos y cambiantes desde hace más de veinte años: Madre Selva en Guatemala, el Centro Humboldt en Nicaragua, AECO en Costa Rica, Radio Temblor en Panamá y muchos otros.

Una comparación con los ecologismos europeos lleva a señalar características diferentes: ausencia de conflictos de energía nuclear, presencia de plantaciones de cultivos de exportación, presencia de población indígena y afroamericana, extremada violencia. Este artículo es una minúscula contribución a esta ecología política empírica y comparada que estudia conflictos socioambientales en todo el mundo y que pone a los muchos resistentes y víctimas de América Central y el Caribe en primera fila de la historia, como lo está Berta Cáceres desde 2016. Nosotros, los que escribimos artículos y libros, somos, como dice Boaventura de Sousa Santos, «pensadores de la retaguardia», amanuenses de una tremenda historia.

 

Referencias

Ferdinand, M., 2019. Une écologie décoloniale. París, Seuil.

Martínez-Alier, J., 2002. «20 años de ecologismo en Guatemala: una conversación con Magalí Rey Rosa». Ecología Política, 24, pp. 19-28.

Martínez-Alier, J., y G. Navas, 1917. «La represión contra el movimiento de justicia ambiental: algunas ecologistas asesinadas». En: H. Alimonda, C. Toro Pérez y F. Martín (coords.), Ecología política latinoamericana, pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Buenos Aires, Clacso, vol. II, pp. 29-52.

* Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). E-mail: joanmartinezalier@gmail.com

[1] Las fichas del EJAtlas citadas en este artículo fueron realizadas por integrantes de los proyectos Ejolt y EnvJustice, entre los que destacamos Patricio Chávez, Grettel Navas, Daniela Del Bene y yo mismo. Algunas provenían de Ocmal o de ASUD (Lucie Greyl). Otros autores aparecen en las referencias.

[2] https://bit.ly/2KI8Cwr

[3] Véanse: https://bit.ly/2WAjDT4

[4] http://bit.ly/34z4Kor

[5] Para Guatemala, véanse: https://bit.ly/37FctDk, https://bit.ly/2KLDKea, http://bit.ly/3h5ONv5, http://bit.ly/3pe6QCc , https://bit.ly/2KqpRCv, https://bit.ly/3mya29W

También el vídeo Xalalá. Nuestra tierra y nuestros ríos no tienen precio: https://bit.ly/3hk5N0R

[6] https://bit.ly/37FLt6S

[7] Para Panamá, véanse: http://bit.ly/2Kjez34, http://bit.ly/2WD5UuC y https://bit.ly/3nFH3Ct.

[8] Para Jamaica, véanse: http://bit.ly/2WCyVXj y http://bit.ly/2KFaMNb.

[9] https://bit.ly/2KOMzUw

[10] https://bit.ly/3rkUl9u

[11] Véanse: http://bit.ly/3rjSHoE, http://bit.ly/3rhHEwa y https://bit.ly/3rksuGL

[12] https://bit.ly/3rhuzTz

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