El crecimiento que no todo el mundo quiere

El crecimiento que no todo el mundo quiere*

Gemma Tarafa y Miquel Ortega Cerdà**

 

Para Wanamama(1) la primera semana de enero fue un mal inicio de año. Como técnico del gobierno de Uganda le correspondía realizar el catastro de las tierras de una pequeña comunidad de la región de Teso (Uganda) llamada Kamuda. Su trabajo era parte del nuevo plan de gestión de tierras del gobierno para asignar derechos de propiedad sobre las tierras a sus propietarios. Su sorpresa fue mayúscula cuando le recibieron en la comunidad armados con «pangas» (machetes) y le invitaron a volver a casa sin realizar su trabajo. Para Wanamama fue tan solo un susto, para nosotros debería ser un elemento de reflexión.

LAS NUEVAS «REFORMAS DE LA TIERRA» AFRICANAS

Existen a grandes rasgos dos tipologías de reformas de la tierra: las reformas centradas en la redistribución de las tierras y las reformas centradas en la gestión de la propiedad de la tierra. En las primeras, con un componente en muchas ocasiones más radical, una parte de la tierra es transferida por ejemplo de los grandes propietarios de tierra a campesinos sin tierra o a los usuarios reales de la tierra. Históricamente han tenido una relevancia destacada y aún hoy en día existen algunas iniciativas en esta línea de reforma agraria, por ejemplo en Bolivia algunas de las propuestas de modificación de la constitución que se está gestando se pueden entender en este marco de referencia.

 

«Como comunidad no apreciamos la privatización de la tierra. Cuando el gobierno vino a saber qué extensiones trabajamos, qué parte cultivamos y qué partes no, algunos de nosotros mostramos nuestras pangas y les pedimos que se marcharan. No nos han explicado los beneficios de la privatización. Pensamos que el gobierno tiene una agenda oculta y que éste será el primer paso para perder nuestra tierra. Como comunidad apoyamos la decisión de expulsar la representación gubernamental»

Declaración final del Grupo de Base de Kamuda obtenida en la reunión de trabajo realizada por Veterinarios Sin Fronteras en Kamuda el 5 de febrero de 2008.

A diferencia de las reformas agrarias de tipo redistributivo, las reformas basadas en la gestión de la propiedad de la tierra se centran en modificaciones legislativas que definen las normas de propiedad, normalmente mediante un proceso de privatización y liberalización de las tierras. En este caso las mejoras esperadas derivan de la idea que si las normas de propiedad están bien definidas se pueden facilitar otros aspectos como la realización de inversiones (incluyendo aspectos como la propia compra de la tierra o la mecanización intensiva en capital de la producción) o la eficiencia en el uso de la tierra.

Los organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial, han estado en los últimos años favoreciendo que los países africanos introduzcan cambios legislativos de importancia en la gestión de la propiedad de la tierra, dejando al margen los elementos redistributivos de las reformas agrarias. Los resultados han sido muy variados y en no pocas ocasiones los gobiernos se han encontrado con importantes oposiciones entre sus propios ciudadanos.(2)

Una buena parte de este nuevo impulso de las reformas basadas en la gestión de la propiedad de la tierra se basa en la lógica defendida por economistas como Hernando de Soto,(3) que se podría resumir muy brevemente de la siguiente manera: la principal razón por la que no se ha producido un desarrollo fuera de los países no capitalistas es que no existe un marco adecuado de propiedad intelectual. El problema no es que los pobres no tengan recursos, sino que los recursos de los que disponen no tienen un reconocimiento de propiedad adecuado, por ejemplo no disponen de títulos de propiedad de la tierra donde viven. Si se les asigna legalmente la propiedad de la tierra (mediante la modificación de las leyes de tierra), podrán utilizarlas como herramienta de acceso al crédito bancario, y a partir de ahí a través de su propia iniciativa económica entrar en un espiral de crecimiento económico que les ponga en las vías de desarrollo.

Esta lógica ha encontrado en las últimas décadas un amplio reconocimiento en muchos ámbitos políticos, por ejemplo el expresidente Clinton fue uno de sus valedores iniciales, y hoy en día aparece en las políticas agrarias del Banco Mundial, de la PNUD, etc. De esta manera para numerosos organismos internacionales la reforma de la propiedad de la tierra es no sólo un mecanismo para la reducción de la pobreza sino un elemento básico de crecimiento económico, al pasar a tener ésta una función básica para facilitar el acceso al crédito bancario. Aquellas políticas no basadas en la privatización y liberalización de la tierra son vistas por tanto como barreras no sólo contra la pobreza sino también para el crecimiento, y entran en conflicto con uno de los paradigmas más importantes de nuestra sociedad contemporánea.

La perspectiva de la gestión de la tierra como un elemento clave para el acceso al crédito y para el crecimiento económico ha recibido en los últimos años un nuevo impulso en África al vincularse con los tratados de libre comercio que está negociando África con Europa. Mediante estos acuerdos Europa está tratando de crear las condiciones sobre la propiedad de la tierra adecuadas para que sus empresas, ya sean agroindustria o empresas de servicios, puedan adquirir más fácilmente terrenos y extenderse al ámbito africano.

Por ello numerosos países, entre los que se encuentra Uganda, están en procesos de reforma de la legislación de la tierra, tratando de impulsar procesos de catastro y asignación de derechos individuales pese a que en muchas ocasiones, como en Kamuda, se encuentran con la oposición de los propios usuarios y propietarios comunales de las tierras.

La oposición a la privatización y fragmentación de las zonas comunales no es una característica específica de algunos agricultores de África, es un fenómeno relativamente frecuente en algunos países en América Latina. Este es el caso por ejemplo de los recientes conflictos aparecidos en Esmeralda-Ecuador, con razón de los procesos de privatización asociados a la promoción de las inversiones de la agroindustria orientados a la producción de biocombustibles. En este caso la privatización de la tierra ha supuesto la fragmentación de diversas comunidades, el conflicto entre los habitantes y la disminución de la capacidad de presión de los agricultores opuestos a la introducción de la producción a gran escala de biocombustible en la zona.

EL CRECIMIENTO QUE NO TODO EL MUNDO QUIERE

Enfrentados a una oposición por partes importantes del campesinado, los técnicos gubernamentales y teóricos de la propiedad de la tierra han tratado en ocasiones de ridiculizar la posición de los campesinos tildándolas de «anticuadas», «retrógradas», «opuestas a la modernización», etc. sin tratar de analizar qué razones existen para oponerse a la privatización y la liberalización de la tierra. ¿Por qué los campesinos se niegan a convertir la propiedad de la tierra en un elemento orientado principalmente al acceso al crédito bancario?

Existen no obstante algunas razones justificadas para optar por este posicionamiento.

Pensamos que la tierra debe ser gestionada de manera comunitaria tradicional, debe ser el clan quien tome las decisiones. Estamos dispuestos a expulsar a los representantes gubernamentales si vienen a proponer la privatización de la tierra» Declaración final del Grupo de Base de Kamuda obtenida en la reunión de trabajo realizada por Veterinarios Sin Fronteras en Kamuda el 5 de febrero de 2008

Por una parte, en ocasiones estar fuera del sistema «legal» de propiedad de la tierra es directamente beneficioso si la decisión se toma a partir de un análisis en el que se considera que el Estado no cumple sus obligaciones hacia la población y tiene una función básicamente «parasitaria». La importancia de esta valoración es en ocasiones minusvalorada por los analistas que vivimos en los países donde el Estado tiene un mejor funcionamiento, lo que puede llevar a posicionamientos analíticos precipitados.

La experiencia de muchos campesinos es que el sistema legal estatal es poco adecuado a sus necesidades, y que históricamente ha jugado (y juega) contra sus intereses. Si el sistema judicial del país no es capaz de garantizar un sistema justo para todos los ciudadanos y favorece sistemáticamente a los más ricos y poderosos (entre los que no se encuentran los campesinos usuarios de la tierra), no existe ningún incentivo para poner sus tierras en un contexto en el que cualquier diferencia de opiniones no se gestiona entre un colectivo de iguales (por ejemplo el clan) sino en un marco ajeno que se percibe como perjudicial. Por otra parte, siendo en muchas ocasiones un marco legal profundamente centralista y poco adaptado a la diversidad del país, las leyes resultan poco funcionales para las necesidades y sistemas de gestión propios de cada una de las zonas.

También es importante señalar que el proceso de privatización y liberalización de la tierra en ocasiones se trata de imponer sobre estructuras comunales tradicionales previamente existentes (éste es el caso por ejemplo de Kamuda), con unas normas de gestión tradicionales diferentes. Los espacios comunales son distribuidos por un grupo de dirección del clan que asigna los recursos de manera flexible y variable entre los miembros de la comunidad, ajustando recursos y necesidades de manera permanente. La desmembración de la tierra y su asignación individual elimina el soporte físico sobre el que se apoya la dirección del clan, eliminando así una parte importante de su autoridad. Cabe destacar que el grupo de dirección del clan tiene otras funciones más allá de la asignación de tierras, por lo que su desautorización en este aspecto tan importante tiene repercusiones sociales que van más allá de la estricta gestión territorial. En ocasiones la pérdida del sistema de gestión tradicional comunal genera tensiones y fragmentaciones en las comunidades a una escala nunca previamente vista (ver el ejemplo anterior de Esmeraldas).

Tampoco favorece la privatización y «legalización de la tierra» que la contrapartida de poner las tierras en un marco «legalizado» sea en muchas ocasiones el pago de impuestos. Si la percepción (justificada en muchas ocasiones por otra parte) es que el estado no va a reinvertir nada en sus tierras, y que los recursos se van a malgastar,4 la estrategia de no poner a disposición del estado los escasos recursos disponibles no parece injustificada.

Ante la propuesta de «visualizar las tierras» y emprender el «crecimiento» por parte de algunos gobiernos africanos, una parte de la población rural prefiere en un marco de desconfianza «invisibilizarse» y realizar estrategias de «autogestión, aseguramiento de la gestión comunal de la tierra, autoproducción y comercialización de proximidad».

«El gobierno nos tiene olvidados, pagamos los impuestos pero no hay ninguna acción gubernamental aquí, únicamente los donantes internacionales nos apoyan con proyectos: escuelas, establos, etc.» Declaración final del Grupo de Base de Kamuda obtenida en la reunión de trabajo realizada por Veterinarios Sin Fronteras en Kamuda el 5 de febrero de 2008

No se trata siempre de estrategias «anticuadas», «antimodernización», o «anticrecimiento» como sus detractores señalan. Se trata en muchas ocasiones de estrategias adaptadas al entorno, que en la opinión de los pequeños agricultores les permiten gestionar mejor los recursos de los que disponen (es decir realizar una gestión económica —en su sentido etimológico— de la tierra) y les permiten gestionar mejor las presiones externas sobre las cuales tienen poca capacidad de decisión y control. Son por tanto estrategias que en su opinión les ayudan a vivir mejor, individualmente y como colectivo humano al que pertenecen.

* Este artículo de difusión ha sido realizado a partir de la información obtenida en la investigación realizada por Miquel Ortega, Gemma Tarafa y los equipos de Veterinarios Sin Fronteras en Barcelona, Uganda y República Democrática del Congo – RDC- sobre los efectos de los tratados de libre comercio sobre el sector agrícola y ganadero en la zona de los Grandes Lagos (RDC y Uganda).

** Gemma Tarafa pertenece al Observatorio de la Deuda en la Globalización (gemma.tarafa@odg.cat); y Miquel Ortega Cerdà pertenece a la Facultad de Veterinaria, Departamento de Ciencia Animal y Alimentación de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Ent, medio ambiente y gestión (miquel.ortega@uab.cat).

1 Nombre ficticio utilizado para proteger la identidad personal.

2 Se puede encontrar un análisis de las reformas agrarias africanas en «The politics of land reform in Africa. From communal tenure to free markets. Hambrean Manji. Zed Books. 2006.»

3 Ver por ejemplo «The mystery of capital: why capitalism triumphs in the best and fails everywhere else. Hernando de Soto. Black Swan. 2000»

4 Es suficiente ver por ejemplo los últimos presupuestos estatales de Uganda, en los que se gastan 30 veces más en mantenimiento de coches oficiales que en políticas agrarias.

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