Deuda, agua y África

Eloi Badia e Irene González*

 

Desde principios de los años noventa se ha ido incrementando la presencia del sector privado en los ámbitos de agua y saneamiento de los países llamados «en desarrollo». Esta privatización ha sido impulsada por distintos actores, con fuerte peso de las Instituciones Financieras Internacionales, aduciendo la supuesta eficiencia del sector privado y la necesidad de recuperación de costes, visionando el agua ante todo como un elemento de valor económico. Así, los mismos Organismos Internacionales que alertan que 2/5 partes de los habitantes de África no tienen acceso al agua potable proponen su mercantilización como solución al problema, lo que conlleva el beneficio económico como fin último y que se sitúa en clara confrontación con lo que debería ser el agua: un derecho humano de acceso universal.

¿Porqué el agua y la deuda externa están relacionadas? Un simple cálculo nos permite ver que, mientras las Naciones Unidas estiman entre 102.000 y 204.000 millones de dólares la suma necesaria para garantizar el acceso mundial al agua potable (Hall y Lobina, 2006), la deuda externa acumulada de solamente la región de África Subsahariana ascendía en 2007 a 193.761 millones de dólares (Banco Mundial, 2008). Esta deuda es considerada ilegítima, tanto en su formación como en su negociación por varios sectores de la sociedad civil (Fresnillo, 2007) y sin embargo acaba forzando, a través de determinadas cláusulas impuestas en los procesos de renegociación, la privatización de los servicios públicos, entre ellos el agua. Paradójicamente, las inversiones privadas en nuevas conexiones de agua potable no han supuesto desde 1990 ni siquiera un 1% de las necesarias para alcanzar los Objetivos del Milenio de la Naciones Unidas (Hall y Lobina, 2006). Así pues, ¿están siendo las políticas de renegociación un modo de aliviar la deuda y reducir la pobreza o un nuevo mecanismo de apertura de mercados y dominación?

El interés en el negocio del agua juntó su camino con el de la deuda externa mediante las políticas de condicionalidad impuestas por iniciativas como la PEAE (Países Empobrecidos Altamente Endeudados, HIPC en sus siglas en inglés). Dicha iniciativa fue lanzada conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 1996 con el objetivo de hacer que la deuda de los países más empobrecidos fuera «sostenible a largo plazo»;(1) la concepción inicial recibió muchas críticas y tras la campaña de presión liderada por la red Jubilee se lanzó en 1999 la HIPC Reforzada que modificaba los parámetros de sostenibilidad de la deuda y aumentaba el volumen de cancelación asignado.

Actualmente, 41 países forman parte de la iniciativa, 33 de ellos pertenecientes a África Subsahariana. Para acceder a la cancelación prometida, deben redactar un Plan de Estrategia de Reducción de la Pobreza y llevarlo a cabo, supervisado conjuntamente por las instituciones de Bretton Woods. Es en estos planes, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica de los gobiernos, se encuentran expuestas las condiciones de privatización. En 2001 se identificaron 12 países a los que el FMI explícitamente les exigía alguna forma de privatización o recuperación de costes en el sector del agua (Grusky, 2001). En 2002, el Banco Mundial condicionaba el 80% de sus préstamos en dicho sector a la implantación del modelo de gestión privada.(2) Este sector es extremadamente delicado, si tenemos en cuenta que el 90% de los países con más de un 25% de la población sin acceso al agua participan en la iniciativa PEAE.

Diversos estudios muestran que esta oleada de privatizaciones no se ha traducido en más síntomas de eficiencia que la propia intervención del sector público pero, sin embargo, sí ha contribuido a acelerar la concentración de capitales en manos de empresas transnacionales y a aumentar sus beneficios y activos. Por ejemplo la transnacional francesa Saur obtenía, en 2001, el 20% de sus beneficios en África Subsahariana (Bayliss, 2002).

Es más, al tratarse de un sector que demanda grandes inversiones a largo plazo y ofrece una baja recuperación de costes a corto plazo, se han dado varios casos de incumplimiento en las inversiones prometidas, subida de tarifas y restricción del acceso. En la región subsahariana, el 80% de los casos de concesión o arrendamiento firmados antes de 2006 han sido rescindidos o se encuentran inmersos en conflictos entre las autoridades públicas y el operador privado correspondiente (Blagojevic y Cann, 2008).

Ante este fracaso, las grandes corporaciones han buscado nuevas estrategias, empleando los partenariados público-privados, en los cuales la empresa privada se queda un porcentaje siempre inferior al 50%, dejando a la empresa pública las inversiones y la responsabilidad. Se trata de un negocio redondo, ninguna responsabilidad, ninguna inversión, sólo aportar el know-how a cambio de recoger los beneficios. El Banco Mundial resumió en 2003 que la falta de inversión a partir del 2000 ha ido acompañada de una «reducción de las ambiciones de los inversores… un cambio en la opinión pública, ahora contraria al suministro privado de los servicios e infraestructura. El sentimiento de desilusión que reina ahora contrasta, mirando atrás, con las expectativas que nacieron del crecimiento espectacular de las infraestructuras privadas en los años noventa» (Harris, 2003).

UN EJEMPLO CLARIFICADOR

Un ejemplo que ilustra lo expuesto anteriormente es el proceso sufrido por Tanzania. La privatización de la compañía de agua DAWASA (Dar es Salaam Water Supply and Sewerage Authority) fue una de las condiciones recogidas para la participación del país en la iniciativa HIPC bajo forma de «firmar un acuerdo de concesión que asigne los activos de DAWASA a compañías de gestión privada».(3) Ya antes, en 1997, se habían llevado a cabo tentativas de privatización, pero por ausencia de interesados no fue hasta 2003 que se firmó un contrato de arrendamiento por diez años (como paso previo a la concesión), con City Water Services (CWS), subsidiaria de la inglesa BiWater. Durante esos diez años la infraestructura debía de ser rehabilitada mediante préstamos internacionales por valor de 145 millones de dólares (generando más deuda externa) mientras que el inversor privado, al que se pedía una contribución de sólo 8,5 millones de dólares, sería propietario de la infraestructura sólo cuando estuviera en buen estado (Bayliss, 2002).

El resultado de la gestión realizada por CWS se tradujo en un sensible aumento de las tarifas, ninguna mejora perceptible en el servicio, y la previsión de inversión del 98% de fondos del proyecto en el 20% de población con mayores ingresos mientras que los habitantes de los asentamientos informales se beneficiaban solamente del 2% bajo forma de un proyecto de acceso al agua conducido por una ONG local (Action Aid International, 2004).

Los acontecimientos condujeron en mayo de 2005 a la rescisión del contrato por parte del Ministro de Agua Edward Lowasa denunciando el incumplimiento de los compromisos de inversiones y la deportación de tres técnicos ejecutivos de la transnacional. Aun así, BiWater denunció al gobierno de Tanzania frente al Bank’s International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), que falló finalmente en enero de 2008 en favor de éste último, reconociendo la mala gestión llevada a cabo durante la privatización.

Este caso nos ilustra la incoherencia que se vive en este momento y la difícil conciliación, en el sistema en que nos enmarcamos, entre las finanzas mundiales y el garantizar una vida digna a todos los integrantes del planeta. El problema radica en el uso que los propios Organismos Internacionales dan a una crisis tan apremiante para los países del Sur como la de la deuda externa, de la que no sólo no reconocen la ilegitimidad sino que se usa como mecanismo para ampliar los mercados de las transnacionales a través de ámbitos como el agua, que debería constituir un bien común con acceso universal en lugar de una mercancía con la que se negocia para obtener beneficios. Y se llega así a un doble despropósito: por un lado se ahogan los presupuestos de países que se ven incapaces de garantizar el acceso al agua de su propia población y por el otro se reduce a un valor económico, a un negocio, algo que constituye un derecho y una necesidad básica para la vida. Un negocio que, además, la experiencia nos dice que acaba resultando un fracaso.

REFERENCIAS

ACTION AID INTERNATIONAL (2004), Turning off the taps. Donor conditionality and water privatisation in Dar es Salaam, Tanzania. Disponible en www.actionaid.org.uk/_content/documents/ TurningofftheTAps.pdf. Última visita octubre 2008.

BANCO MUNDIAL (2008), Global Development Finance 2008. Washington DC.

BAYLISS, K. (2002), Water Privatisation in SSA: Progress, problems and policy implications, Presented at the Development Studies Association Annual Conference, University of Greenwich, 9th November 2002. Disponible en http://www.eldis.org/assets/ Docs/11893.html. Última visita octubre 2008.

BLAGOJEVIC, K. y CANN, V. (2008), Great Expectations.The saga of an African city, a UK company, the World Bank and a pop song. World Development Movement. Disponible en http: //www.wdm.org.uk/resources/briefings/water/greatexpectatio ns25072008.pdf Última visita octubre 2008.

FRESNILLO,I. (2007), Deuda externa en África. Reescribiendo la historia a través de la ilegitimidad. Observatorio de la Deuda en la Globalización. Disponible en http: //www.quiendebeaquien.org/spip.php?article725. Última visita octubre 2008.

GRUSKY, S. (2007), IMF forces water privatization on poor countries. Globalization Challenge Initiative. Disponible en http: //www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/water.htm. Última visita octubre 2008.

HALL, D. y LOBINA, E. (2006), Pipe Dreams. The failure of the private sector to invest in water services in developing countries, PSIU y World Development Movement. London, 60 pp.

HARRIS, C. (2003), Private participation in infrastructure in developing countries: Trends, impacts and policy lessons, documento de trabajo del Banco Mundial nº 5. Washinton D.C.

* Eloi Badia es Miembro de la ONG Ingeniería Sin Fronteras. Correo electrónico: eloi.badia@isf.es; e Irene González es Miembro de la ONG Ingeniería Sin Fronteras y del Observatori del Deute en la Globalització. 1 Más información disponible en http://www.imf.org.

1 Más información disponible en http://www.imf.org.

2 World Bank and Center for Public Integrity Analysis.

3 IMF, World Bank, Decision Point Document under the enhanced HIPC Initiative, 2000/2001.

Descargar artículo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *