Invasión minera en territorios comunales en Perú

Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) – ENTREPOBLES*

 

Perú está considerado dentro de los doce países mega diversos del mundo. Posee gran variedad de ecosistemas (84 de las 104 zonas de vida existentes en el planeta y 11 eco regiones) y cultural (existen 72 pueblos indígenas, 7 andinos y 65 amazónicos, los cuales reúnen 5934 comunidades andinas y 1267 comunidades amazónicas). Sin embargo esta riqueza está amenazada por la invasión de concesiones mineras y petroleras en las regiones de todo el país. Esta expansión provoca multitud de conflictos sociales. Perú es el país de América Latina con el mayor número de mineras junior y empresas exploradoras. En el ranking mundial de inversiones en exploración minera, figura en el tercer lugar, después de Canadá y Australia y supera largamente a Estados Unidos, Rusia, México, Chile… y la inversión acumulada supera los US$ 2.638 millones.(1)

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Como se muestra en el gráfico uno, la evolución de los derechos mineros a nivel nacional ha aumentado vertiginosamente en los últimos veinte años. De las 2.258.000 hectáreas concesionadas en el año 1991, se ha pasado a las casi 20 millones en 2010. Si observamos el mapa de concesiones mineras del Perú, podemos constatar cómo las concesiones otorgadas ocupan gran parte del territorio peruano (concretamente el 15,56%), alcanzando tanto a la costa, como a la sierra y la amazonía, y afectando el 64,98% del territorio de las comunidades nativas (Fuente «Mapa de comunidades nativas y lote de hidrocarburos» de CooperAcción, 2010). (2) De esta manera, territorios comunales, fuentes de agua y concesiones mineras se sobreponen.

Ante tal situación los pueblos originarios se han organizado para defender sus derechos, su territorio y su sistema de vida ancestral. En esa lucha encontramos a dos organizaciones nacionales, CONACAMI Perú(3) (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería) y AIDESEP(4) (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). La primera representando a los pueblos andinos y la segunda a los pueblos amazónicos.

CONACAMI Perú, que cuenta con más de diez años de existencia, agrupa a más de 4.000 comunidades andinas a nivel nacional. Está presente en todo el territorio nacional, agrupándose en Macro Regiones: Macro Región Norte (Piura, Ancash), Macro Región Centro (Pasco, Junín, Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica) y Macro Región Sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cuzco, Tacna, Puno). AIDESEP, creada en el año 1980, tiene 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1.350 comunidades donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas.

Los impactos de la minería son diferentes según la etapa: concesión, exploración o explotación. A medida que avanza la actividad minera en la zona, más se van agudizando los impactos negativos sobre la población. Pero podríamos analizar esos impactos principalmente desde tres vertientes:

Desde la vertiente social, hay que valorar cómo las empresas mineras adquieren las tierras para explotar y a qué precio, pues generalmente ni se consulta a los campesinos y campesinas de la zona que viven de esas mismas tierras ni se les informa. Y el derecho a la consulta es un derecho de los Pueblos Indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT, vigente desde junio de 1989 cuando se aprobó en Ginebra (el 26 de noviembre de 1993 se ratificó en el Congreso de La República y a partir de 1995 entra en vigencia en Perú). Ese derecho no se está promoviendo por parte del Estado, pero los pueblos indígenas lo siguen reivindicando. Un ejemplo de ello fue la Consulta Vecinal que se realizó en los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y el Carmen de la Frontera contra el Proyecto Minero Río Blanco el 16 de septiembre de 2007. Toda esta zona es rica en ecosistemas de páramos y bosques de neblina que son los productores de agua de las regiones de Piura y Cajamarca y por tanto, son de una importancia vital. Dicha consulta fue promovida por las propias comunidades campesinas, los frentes de defensa del medio ambiente, las organizaciones de base y los alcaldes de Ayabaca y Huancabamba. Fue una fiesta democrática, pacífica y transparente con masiva concurrencia. El espíritu de participación estaba en el derecho que tienen las Comunidades Campesinas a decidir sobre su futuro y a una consulta previa, libre e informada. El resultado fue un NO ROTUNDO al Proyecto Minero (el 97% de la población de Pacaipampa, el 93,47% de Ayabaca y el 93% de El Carmen de la Frontera). Aunque el resultado de la consulta no es vinculante para el Estado, tiene un valor simbólico que las comunidades quieren hacer respetar.

Sólo la Mina de Antamina (que es la explotación de cobre más grande del Perú) ubicada en la región de Ancash, distrito de San Marcos, ocupa una extensión de unas 11.000 ha y la mina de Yanacocha, en Cajamarca, unas 26.000 ha. Entre las Regiones de Puno, Moquegua y Tacna con la invasión de las concesiones mineras se ha afectado más de 30.000 km2 . Es por todo ello que el problema de territorio genera conflictos sociales muy importantes. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo (septiembre, 2010) existen 250 conflictos sociales a nivel nacional, siendo 121 los conflictos socioambientales.(5)

Por otro lado, en la mayoría de los casos, esas empresas prometen a las comunidades mejoras en infraestructuras tales como construcción o mejora de carreteras, escuelas, centros de salud,… promesas que generalmente nunca se cumplen. Además polarizan a la población, generan miedo, compran a la gente y a las autoridades, dividen a las organizaciones y criminalizan a los líderes sociales que se oponen a su actividad.

Los efectos sociales sobre la mujer son todavía más nefastos ya que se han producido cambios en las relaciones de género que no han servido para modificar su rol de subordinación sino incrementarlo. Las mujeres han visto aumentada su carga al no existir una complementariedad en la división del trabajo, en el acceso a los recursos agua y tierra, en el aumento de la violencia familiar y sexual producto del mayor alcoholismo… Este impacto negativo se ha trasladado a los niños y niñas y adolescentes, ya que se les han otorgado tareas propias del rol productivo de los hombres, afectando a su asistencia a la escuela. (Cuadros, 2010)

Desde la vertiente ambiental, el principal problema relacionado con la explotación minera es el agua. Son muchos los conflictos y las denuncias que ha generado su uso. Los conflictos por el agua tienen que ver con el hecho que las actividades mineras necesitan para procesar sus minerales grandes cantidades de agua y para ello, buscan ubicarse en las zonas generadoras de agua que van hacia las cuencas del Pacífico o del Atlántico (en las nacientes de los ríos o en las propias lagunas). Mientras hay comunidades que sólo disponen de agua durante unas horas al día (como es el caso de Cerro de Pasco, en la región Pasco), las empresas mineras pueden disponer y abastecerse de toda el agua que requieran. Sólo la mina de Yanacocha, en Cajamarca, consume diariamente 600.000 toneladas métricas de agua.

La mayor contaminación del agua en Perú no está relacionada a la utilización agrícola de este recurso, sino al uso minero, industrial y urbano… Dieciséis de los cincuenta y tres ríos de la costa (el 30,2%) están contaminados por los relaves mineros y vertederos de poblaciones adyacentes. (Fuente: Eugenio Bellido, Director de Saneamiento Básico de DIGESA. El Comercio 23.03.2005)

Por otro lado, la actividad minera genera otros problemas ambientales derivados, como la contaminación de los ríos por depósitos de relaves y derrames de petróleo. Es el caso de la contaminación del río Opamayo el 25 de junio de este año, cuando por negligencia de la Minera Caudalosa Chica se depositó un alud de 50 mil metros cúbicos de relave. El lodo tóxico produjo la muerte de miles de truchas y contaminó los sistemas fluviales de los ríos que son alimentados por el río Opamayo. Visitando las comunidades afectadas de la región de HuancavelicaLircay (provincia de Angaraes) durante los días 27 y 28 de agosto, pudimos testimoniar el alcance de los hechos acaecidos. En las comunidades de Huancahuanca, Santa Ola y Callanmarca no se había llevado a cabo ninguna labor de limpieza por parte de la empresa minera y se habían encontrado días después del relave kilos de truchas muertas en el río que fueron consumidas por las familias. Los propios comuneros y comuneras nos mostraban indignados sus chacras contaminadas, sus cultivos se habían secado y sus animales no podían beber agua del río. Y la mayoría de esas familias viven precisamente de eso, dedicándose al cultivo de árboles frutales, a la pesca de truchas y al cuidado de animales. Miembros de esas mismas familias habían estado consumiendo truchas durante esos días y habían enfermado, manifestando síntomas de envenenamiento (color amarillento de la piel, diarreas, náuseas, erupciones cutáneas…). También algunas mujeres gestantes habían consumido. En total, se calculó que entre unos 12-15 km de esa zona del río había sido afectada.

En las comunidades de Canchapata Pampas, Palcas, Ccasccabamba, Yanaututu y Tucsipampa sí se habían realizado algunas labores de limpieza, siendo los propios comuneros y comuneras contratados por la empresa minera quienes las habían llevado a cabo. Ellos manifestaban que la limpieza sólo se había realizado en las zonas bajas del río y en la orilla. Ahora la empresa había dejado las tareas de limpieza porque ya no tenía más dinero para contratarles. Mientras tanto, el río sigue contaminado.

Por otra parte, son muchos los casos de desastres ambientales generados por la explotación minera que afectan a la salud humana. En La Oroya (región de Junín), donde se encuentra una de las diez minas más contaminantes del mundo, el 98% de los niños tienen plomo en la sangre superior a los normales, lo que daña gravemente su salud. También se encuentran muy afectadas las comunidades de Cerro de Pasco (es la quinta ciudad del mundo más contaminada por la minería) y El Callao (Lima). En estos días se está llevando una propuesta al Parlamento Andino para la construcción de un hospital para «Desintoxicación de plomo en la sangre en la población infantil» en la comunidad de Koripampa con sede en Rancas-Pasco para todos los casos de afectados a nivel nacional (los últimos datos hablan de más de 250.000 intoxicados con metales tóxicos). Hoy día todavía no existe ningún tipo de seguimiento y tratamiento específico para esos casos. También el cianuro es fuertemente tóxico para los humanos. El cianuro de hidrógeno líquido o gaseoso y las sales alcalinas del cianuro pueden ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión o absorción a través de los ojos y la piel. El nivel de absorción de la piel aumenta cuando ésta se encuentra cortada, deteriorada o húmeda. Las sales de cianuro se disuelven con facilidad y se absorben al entrar en contacto con las membranas mucosas. Las consecuencias negativas de todo ello se manifiestan en las afectaciones que sufren los nuevos neonatos, padeciendo enfermedades extrañas y malformaciones genéticas.

Desde la vertiente económica, cabe decir que cuando la mina ingresa en un territorio rompe con las estructuras económicas familiares y comunales de la zona. Aunque pueda proveer de trabajo a parte de los comuneros, hay que ver en qué condiciones laborales (capacitación profesional, horarios, salarios…) y a qué precio se les proporciona. Según los últimos datos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES, 2006),6 el mapa de pobreza del Perú nos muestra los ocho departamentos más pobres, entre ellos, Huancavelica, Cajamarca y Pasco.

Según el censo de 2007 en Huancavelica, con 454.797 habitantes y con el 68% de la población rural, el 60% no tienen agua, el 58% no tienen desagüe y el 42% no tiene electricidad; la tasa de desnutrición de los niños de 6 a 9 años es del 53% y el índice de desarrollo humano es del 0,49. En el caso de Cajamarca, con 1.387.809 habitantes y con el 67% de la población rural, el 26% no disponen de agua, el 19% no tienen desagüe y el 59% no tienen electricidad; la tasa de desnutrición es del 38% y el índice de desarrollo humano es del 0,54.

Vemos, pues, como la paradoja de «inmensa riqueza, inmensa pobreza» queda reflejada una vez más, como se explicaba en el último Foro Nacional de CONACAMI sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas y las bases para una nueva constitución», celebrado durante los días 10 y 11 de octubre en Lima. En aquellos territorios donde existe una gran riqueza en cuanto a recursos naturales y por ende, las extractivas mineras más grandes, es donde se genera más pobreza. También se ha demostrado que en las regiones que reciben canon minero no ha disminuido el nivel de pobreza, sino que muchas veces incluso ha aumentado. Los campesinos y campesinas, con sus ríos contaminados y con la ocupación de su territorio, ven perjudicadas sus cosechas, su ganado y, por ello, sus fuentes de ingresos y, lo que es aún más importante, su modo de vida.

Así pues, sobreganancias mineras e impactos negativos en la vida, la salud, el agua y el desarrollo de las comunidades se contraponen en el territorio peruano. Este modelo de explotación es una forma de apropiación del territorio que se hace incompatible con el desarrollo local, basado en la agricultura, la ganadería y el «buen vivir» y, por tanto, con la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades y del país. Supone vender en unos pocos años unos recursos no renovables que no son solamente patrimonio de la actual generación, sino también de las futuras y por ello, suponen empobrecer el país hipotecando su futuro sin dejar ninguna base social, económica y ecológica para el sustento de las comunidades, sino todo lo contrario, destruyéndolas solamente para que unas pocas empresas se beneficien.

Es un deber cuestionar el modelo de desarrollo en el que se basa el extractivismo, que provoca pérdida de biodiversidad, la contaminación de la atmósfera y el calentamiento del planeta. Debemos pensar en la necesidad de construir un modelo alternativo de vida y desarrollo utilizando una lógica de respeto a la naturaleza y no sólo de extracción de recursos y obtención de beneficios con el único objetivo de acumular, sin tomar en cuenta los derechos y las necesidades de las comunidades y sin pensar en las generaciones futuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

– Revista «Willanakuy», Julio 2010; Publicación de CONACAMI Perú.

– Publicación «Pueblos Indígenas del Perú. Derecho a la Consulta Previa, libre e informada», elaborada por el Colectivo Indígena conformado por las organizaciones AIDESEP, CONACAMI y PAZ Y ESPERANZA, Julio 2010.

– Presentación «La Consulta en el sistema interamericano de Derechos Humanos», Renata Bregaglio Lazarte, Cedal (Foro Nacional de CONACAMI sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas y las bases para una nueva constitución», 10 y 11 de octubre, 2010, Lima)

– Presentación «Minería en las Fronteras», CooperAcción (Foro Nacional de CONACAMI sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas y las bases para una nueva constitución», 10 y 11 de octubre, 2010, Lima)

– Presentación «La minería y sus efectos en la salud y medio ambiente regional y nacional», Nora Melchor Cohaila, Secretaría de Defensa de Tierra y Agua de CONACAMI (Foro Nacional de CONACAMI sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas y las bases para una nueva constitución», 10 y 11 de octubre, 2010, Lima)

– CUADROS, Julia (2010), «Impactos de la minería en la vida de hombres y mujeres en el sur andino», CooperAcción, Lima, 2010

* www.conacami.org; http://epueblos.pangea.org.

1 http://www.mineriadelperu.com/category/proyectos.

2 http://www.cooperaccion.org.pe.

3 http://www.conacami.org.

4 http://www.aidesep.org.pe.

5 http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2010/ reporte-079.pdf.

6 http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza

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