Una izquierda marrón en América del Sur

Eduardo Gudynas. Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) (egudynas@ambiental.net)

 

Las cuestiones ambientales se han convertido en un frente de crecientes contradicciones y tensiones para los gobiernos sudamericanos de la llamada nueva izquierda o progresismo. Estos países han superado los distintos embates de las crisis globales, con envidiables crecimientos económicos, generación de empleo y reducción de la pobreza.

Pero lo han logrado en buena medida por una fuerte expansión de las exportaciones basadas en el extractivismo. Los ejemplos clásicos son la minería, hidrocarburos, o más recientemente, los monocultivos como la soya. Es un extractivismo que se caracteriza por una apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales, para volcarlos a los mercados globales.

Estas actividades generan serios impactos sociales y ambientales, y eso explica que en este momento en todos los países bajo gobiernos progresistas se registren algún tipo de conflicto frente a ellas. En unos casos son muy intensos, en otros son más apagados, pero lo impactante es que han dejado de ser una excepción, y ahora se han convertido en una regla para todo el continente, desde Argentina y Chile, a Venezuela, Guyana y Suriname.

Esta expansión del extractivismo se debe a una demanda sostenida para muchos minerales, los hidrocarburos y los alimentos, no sólo desde los países industrializados, sino también desde las economías emergentes, especialmente China. Ahora se buscan yacimientos de menor calidad o en sitios remotos, bajo procedimientos más intensivos o cubriendo superficies enormes, y por lo tanto los impactos sociales y ambientales son inevitables.

A pesar de la protesta social contra esta estrategia, los gobiernos progresistas la defienden, entendiéndola como fundamental para asegurar el crecimiento económico, las exportaciones e incluso el financiamiento de los planes contra la pobreza. La izquierda de esta manera se hace cada vez menos roja, porque se vuelve marrón.

Es una situación peculiar, y para aquellos que la observan desde otros continentes, es incluso paradojal. Sin duda las administraciones progresistas sudamericanas están a la izquierda de los gobiernos que hoy son mayoría, por ejemplo, en Europa. El progresismo sudamericano rompió con el fundamentalismo neoliberal y defiende al Estado. Pero simultáneamente promueve el extractivismo, en unos casos utilizando empresas nacionales, o en otros bajo convenios con corporaciones. En rubros como los hidrocarburos, han aumentado sustancialmente su apropiación de riqueza, por ejemplo aumentando las regalías, pero en otros casos siguen siendo muy bajos, como en la minería. Reniegan del Fondo Monetario Internacional y se distancian del Banco Mundial, pero repiten la avidez por la inversión extranjera, a la que
siguen recibiendo con las manos abiertas, y no dudan en usar sus propios dineros para financiar el extractivismo. Combaten las imposiciones políticas del norte, pero usan ese mismo discurso para recortar las exigencias sociales y ambientales dentro de sus propios países.

Como muchos movimientos ciudadanos apoyaron la llegada de estos gobiernos progresistas, no ha sido sencillo el lidiar con estas contradicciones. Pero los graves impactos del extractivismo dejan al desnudo esta problemática. A pesar de contar con amplia adhesión electoral, todos estos gobiernos enfrentan ahora resistencias ciudadanas. Por ejemplo, en Ecuador crece la protesta frente a la minería, llegando a una marcha nacional; en Bolivia se han sucedido dos marchas indígenas; y en Argentina se registran protestas en por lo menos 12 provincias.

Este proceso, donde se mezcla el desencanto con la reacción ciudadana, fue particularmente rápido en Perú. Ollanta Humala conquistó el gobierno en 2011 con una agenda que, en una de sus primeras formulaciones, fue entendida como progresista, ya que defendía entre otras metas una cierta recuperación de los recursos naturales para el Estado y un acercamiento a las demandas ciudadanas en temas sociales y ambientales. El optimismo inicial vivido con la presencia de actores progresistas en ministerios clave, como el del ambiente, no fructificó. En efecto, a los pocos meses el gobierno Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos. Se escogió el camino de las «inversiones y el orden», tal como indicaban algunos medios de prensa en Lima, e incluso se apeló a una intervención militar desde el gobierno central en diciembre de 2011. Esto generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo. El gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.

El apoyo a las inversiones extractivitas es una de las características de estos gobiernos. También lo hacía Néstor Kirchner en Argentina, y todavía más su sucesora, Cristina Fernández. Esto quedó en claro con el llamado «veto Barrick Gold» (el veto presidencial a la ley de protección de los glaciares andinos, una medida que era percibida como una amenaza ambiental para la gran mina de oro de Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold; véase Bonasso, 2011).

En Brasil, durante el gobierno de Lula da Silva, se flexibilizaron los controles ambientales; con Dilma Rousseff la situación se agravó tanto que las organizaciones ciudadanas alertaron sobre el «mayor retroceso de la agenda socio ambiental» en los últimos 30 años 1.

Un caso dramático ocurre en Uruguay con el gobierno de José Mujica (un ex líder guerrillero, al frente de una de las coaliciones de izquierda más estructuradas y estables del continente). Su gobierno está decidido a cambiar la estructura productiva del país, que tradicionalmente ha sido agrícola y turístico, para volverlo minero. Se propicia una enorme inversión para la megaminería de hierro a cielo abierto, con lo cual surgió la protesta ciudadana por sus impactos ambientales y dudosas ventajas económicas. Mujica respondió a esa resistencia amenazando con desmembrar al Ministerio del Ambiente. La coalición de izquierda que gobierna Uruguay con estas medidas no rompe promesas ambientales, ya que siempre ha sido sincera: su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, dejando en claro que están dispuestos a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.

Estos son sólo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos progresistas. Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha
contra la pobreza.

Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales. Defienden al extractivismo como expresión de progreso e innovación, y desde allí varios ignoran o rechazan las alertas ciudadanas, se burlan o las califican como infundadas, infantiles o incluso peligrosas. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ofrece muchos ejemplos de estas actitudes. Por un lado reviste a la minería de atributos religiosos ya que es «la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la miseria», otorgándole poderes casi mágicos para lograr el desarrollo, ya que gracias a una mina de cobre se podrá «eliminar la pobreza». Por otro lado, según Correa, quienes advierten sobre los impactos son infantiles o demagogos y en otros países los «meterían en un manicomio»2. Desde esa postura se ha comenzado a judicializar y criminalizar la protesta ambiental (en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador).

Algunos discursos presidenciales intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama. Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico. Esto lo ha dejado en claro el presidente de la
empresa petrolera estatal boliviana (YPFB), afirmando que las licencias ambientales son trabas que impiden efectivizar las inversiones; para «agilizar» el ingreso de esos capitales se deben «destrabar» esos procesos 3.

El progresismo se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o exportadores, considerándolas un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados. Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente.

Los más veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que sólo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, y sus posturas son insostenibles en pleno siglo XXI.

¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales? Es cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera. Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social. Pero el problema es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde sólo son posibles algunos avances parciales. Más allá de las intenciones, la insistencia en reducir la justicia social a pagos mensuales en dinero, los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas. Este es el sueño de un capitalismo benévolo.

Parecería que el progresismo gobernante sólo puede ser extractivista, y que éste es el medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis financiera internacional. La obsesión en retener la presidencia los hace temerosos y esquivos ante la crítica, y pierden sus capacidades para nuevas transformaciones. Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el progreso económico (Gudynas, 2010).

Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales. También alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Tiempos atrás, cuando muchos de estos actores estaban en la oposición, eran posibles los encuentros entre quienes demandaban la protección de la Naturaleza y los que exigían cambiar las estrategias de desarrollo. Esas viejas alianzas rojo-verde, entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.

Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre los temas «verdes», enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda «marrón», que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.

Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una «izquierda marrón». Esta «izquierda marrón» es la que defiende el extractivismo o celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea tanto roja como verde.

BIBLIOGRAFÍA

GUDYNAS, E. (2010), «La ecología política del progresismo sudamericano: los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda». Sin Permiso, Barcelona, No 8: 147-167.

BONASSO, M. (2011), El mal. El modelo K y la Barrick Gold. Buenos Aires, Planeta.

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1 «Retrocesso do governo na agenda sócio-ambiental», declaración de redes y ONG, marzo 2012.

2 Ejemplos basados en un discurso del 10 de diciembre de 2011 en Macas, Ecuador.

3 Declaraciones de C. Villegas en ERBOL, 21 de diciembre 2011.

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