Marcela Gómez* y Andrea Echeverri Sierra*
Palabras clave: Colombia, BanCo2, crecimiento verde, financiarización de la naturaleza
Introducción
La crisis ambiental amenaza a los sistemas biofísicos en todo el planeta y, con ellos, a la multiplicidad de sistemas sociales existentes. Sin embargo, a nivel mediático y en no pocos ámbitos, la discusión sobre este tema se enfoca principalmente en el cambio climático, soslayando los elementos políticos y sociales subyacentes al asunto ambiental y reduciéndolo a una mera emisión de moléculas. Esta visión hegemónica define algunas soluciones enmarcadas esencialmente en la economía verde.
Los programas de economía verde en Colombia comienzan a sonar con fuerza a partir de la estrategia de crecimiento verde establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el que el concepto se entiende como una estrategia transversal para lograr un desarrollo económico sostenible. Luego se consolidan con la Misión de Crecimiento Verde, iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación, cuyos objetivos son: “1) Promover la competitividad económica. 2) Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y de los servicios de los ecosistemas. 3) Promover un crecimiento económico resiliente ante los desastres y el cambio climático. 4) Asegurar la inclusión social y el bienestar” (DNP, 2017).
El postulado guía de la economía verde es que no hay disyuntiva entre el crecimiento económico y la conservación ambiental si se plantea “reconstruir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos” (PNUMA, 2011: 9). De este modo, se asume al mercado como un actor clave, se avanza en la mercantilización y financiarización de la naturaleza y se subsumen los ciclos ecológicos en los económicos, a la vez que se perpetúan modelos civilizatorios en los cuales la naturaleza es fuente de riqueza y no fuente de vida, y se desconocen las causas estructurales de la crisis ambiental premiando a los grandes contaminantes con un lavado de imagen o maquillaje verde.
Acá nos centraremos en la introducción al análisis de mecanismos propios de la economía verde en la subregión Oriente del departamento de Antioquia por ser la zona piloto en la cual se implementan en Colombia, la primera con un plan formal de crecimiento verde, así como el territorio inicial del proyecto BanCO2, que a la fecha se está replicando en jurisdicción de 26 CAR y cuenta con el reciente aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su aplicación en todo el país.
Oriente de Antioquia, cuna de BanCO2
El Oriente antioqueño es una región administrativa compuesta por veintiséis municipios (tres del Oriente antioqueño, uno del Magdalena Medio y dos del Nordeste). Es atravesado por la Cordillera Central, que al sur forma el complejo del Páramo de Sonsón y al norte, los valles de la Ceja del Tambo y El Santuario. Comprende pisos altitudinales desde alturas cercanas al nivel del mar hasta casi los 3400 metros, en las cuales existen numerosas formaciones vegetales, contribuyendo a una alta biodiversidad expresada en una riqueza de flora y fauna con alto grado de endemismo.
Cuenta con nueve grandes cuencas y cañones en los valles de los ríos Negro, Buey, Arma, Nus, Porce, Samaná Norte, Magdalena, Samaná Sur-La Miel y Cocorná-Río Claro, además de cientos de corrientes hídricas y una extensa red de aguas subterráneas. Estas características biofísicas ─sumadas a una presencia de vieja data de empresas extractivas en la región y a las particularidades demográficas de una población ubicada en uno de los cuatro territorios que con más fuerza padecieron el conflicto armado en Colombia en los últimos años─ parecían confluir en un escenario propicio para adelantar el ejercicio piloto de construcción de un plan de economía verde.[1]
Los primeros pasos en esa dirección se dan en 2013 con la estructuración e implementación del programa BanCO2 promovido por Cornare[2] en alianza con Bancolombia, CDKN, WWF y la Fundación Natura. Este se presenta como un “banco de servicios ambientales comunitarios [que] pretende la conservación de los bosques naturales de la región, su biodiversidad, la restauración de ecosistemas naturales, la implementación de proyectos forestales sostenibles y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos dueños de los bosques” (Cornare, 2013: 15). Esto se hizo a través de una participación voluntaria de empresas en la medición de su huella de carbono para compensar sus emisiones (medidas en carbono equivalente), mediante aportes económicos a 107 campesinos de la región.
Si bien la vinculación de las empresas es libre y voluntaria, los campesinos que se inscriben sí son sometidos a controles y a procesos de verificación del estado de los bosques. Para estos últimos, son poco claras las condiciones contractuales,[3] hecho agravado por la incierta legislación sobre pago por servicios ambientales en Colombia ─esencialmente contenida en el decreto 0953 de 2013─, que no aclara las consecuencias de incumplir dicho contrato ni las repercusiones del mismo en el uso de los territorios.
Preocupa que dicha norma indique que el pago por servicios ambientales es temporal ─por un máximo de cinco años─, hasta que las autoridades ambientales adquieran los predios de interés, ya sea por compraventa o por expropiación. BanCO2 ha sido promocionado como la gran apuesta del medio ambiente al posconflicto (Cornare, 2016), que al mismo tiempo “concreta la realización del anhelado sueño de brindar a la comunidad de [sic] efectivos mecanismos de equidad en el disfrute y conservación de sus recursos naturales” (Cornare, 2013: 9). Consideramos que la posibilidad de una expropiación no contribuye a la resiliencia de una región que apenas comienza a sanar las heridas de la guerra y que el programa, a pesar de promocionarse como una garantía de no repetición y de permanencia en los territorios, atenta contra los postulados que promulga.
Las suspicacias frente a BanCO2 se fundan también en otras experiencias de pago por servicios ambientales. En México, Costa Rica y Ecuador, son notorios los cuestionamientos de la rentabilidad real obtenida por los campesinos, toda vez que la estricta preservación de los ecosistemas impide a sus habitantes y cuidadores tradicionales usarlos de cualquier manera, lo que incluye tomar madera para leña o para mejoras en el hogar, el pastoreo, la caza, la agricultura y esencialmente cualquier alteración del predio involucrado. Esto afecta las condiciones de vida familiares, vuelve inviables otras formas culturales de satisfacer necesidades y plantea la pregunta de hasta qué punto el monto pagado beneficia realmente a los participantes.
En otros asuntos, pese a los precarios debates sobre el tema, las alertas en el Oriente comienzan a prender. En el corregimiento de Río Verde Los Montes del municipio de Sonsón, en mayo de 2016 BanCO2 suscitó la decisión asamblearia de no recibir funcionarios de Cornare en ese territorio hasta que se mostraran dispuestos a otorgar información veraz sobre la iniciativa. Se arguyó: “Estamos desconcertados y nos declaramos en desobediencia civil por diferentes acciones que se hacen a nuestras espaldas con la disculpa de “CONSERVAR” nuestro territorio, pero olvidando a quienes lo habitamos ancestralmente y las diferentes costumbres que hacen parte de nuestra cultura rioverdeña” (Otálvaro et al., 2016).
Por su parte, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño (Movete) plantea acerca de este esquema: “… numerosas empresas generadoras de conflictos socioambientales en áreas urbanas y rurales ─que, entre otras, incluyen a AngloGold Ashanti, EPM, Isagen, Sumicol S.A., HMV Ingenieros, Gramalote Colombia Limited, Generadora Alejandría, Argos, Ecopetrol, Nutresa, Corona y Asocolflores─ encuentran un aval para continuar expandiendo sus actividades por pequeños pagos a familias campesinas de la zona a cambio de dejar intactos los bosques que tradicionalmente habían cuidado” (Movete, 2016: 7).
Imagen 1. VI Festival del Agua, San Carlos. Autor: Movete.
Frente a lo planteado por Movete, es útil tener en cuenta que en noviembre de 2016 había 84 empresas vinculadas al proyecto a nivel nacional y 1000 beneficiarios (Cornare, 2016). Vamos a hablar brevemente sobre algunas de ellas y sus vínculos con BanCO2 con el objetivo de provocar la reflexión acerca de qué tan efectivas realmente son este tipo de apuestas a la hora de combatir el cambio climático o de contribuir a la justicia social y ambiental en donde se aplican, en este caso, en un territorio que se prepara para el posconflicto colombiano. Veamos.
Asocolflores aportó 188 millones de COP (65.540 USD) a campesinos del Páramo de Sonsón; las exportaciones en 2015 ascendieron a 1295 millones de dólares, pues se vendieron más de 222.000 toneladas de sus productos (en su gran mayoría, flores) a países como Rusia, España, Japón y Estados Unidos, valiéndose de combustibles fósiles y con emisiones GEI en las etapas de producción, circulación, distribución y excreción.
EPM es una multilatina colombiana involucrada, entre otras actividades, en la generación de energía hidroeléctrica. El Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima no reconoce las emisiones de metano generadas por estos emprendimientos, de los cuales EPM tiene veinticuatro en Colombia. Actualmente está construyendo el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país, Hidroituango, para el cual ha talado más de 4500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas esenciales más amenazados de esa nación. La compensación de BanCO2 por más de 25 hidroeléctricas y sus afectaciones sociales, ambientales y culturales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1209 millones de COP (421.482 USD), mientras que sus utilidades en 2016 fueron de 1,86 billones de pesos.
AngloGold Ashanti vincula a 15 familias en la conservación de 215 hectáreas en el área de influencia de su Proyecto Gramalote. Solo el área de concesión de ese proyecto afecta a 9413 hectáreas en forma directa. Según el catastro minero, esta empresa tiene 504 títulos en Colombia y cuenta con la posibilidad de desplazar y de afectar de otras formas a miles de familias en el territorio nacional.
Conclusiones
Las referencias a estas empresas se emplean a manera de ejemplo para mostrar que, si bien las compensaciones emergen como la última alternativa dentro de la pirámide de la mitigación, las grandes compañías y las autoridades ambientales pretenden instaurarlas como alternativa de conciliación entre actores y escenarios cuyos intereses en muchos casos se han mostrado antagónicos. Tal es el caso de los que enfrentan a los campesinos con las grandes empresas o al ambiente con el extractivismo. Si algo queda claro con BanCO2, es que el mismo sentido del concepto de naturaleza está en disputa, y este es un asunto ineludible para un país que pretende construir la paz, una paz que no será estable si el ambiente se concibe como mercancía.
Bibliografía
Cornare, 2013. Informe de gestión. Disponible en: https://www.cornare.gov.co/Gestion/Informe-gestion/InfoGestion2013.pdf
Cornare, 2016. Mil familias, mil pactos de paz. Disponible en: http://www.cornare.gov.co/sala-de-prensa/informativo/noticias-corporativas/543-mil-familias-mil-pactos-de-paz, consultado el 5 de abril de 2017.
Departamento Nacional de Planeación, 2017. Misión de Crecimiento Verde. Gobierno de Colombia (abril). Disponible en https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Paginas/Misi%C3%B3n-de-crecimiento-verde.aspx, consultado el 5 de abril de 2017.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, que reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. Decreto N0953, Bogotá.
Movete, 2016. “Declaración frente al Crecimiento Verde”. Periódico Movete, vol. 2, 6-7. Disponible en: https://issuu.com/creacionlibertaria/docs/periodico_movete_no.2, consultado el 7 de abril.
Otálvaro, E. H., y J. Toro Osorio. Carta dirigida a Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare. Copia en posesión de Andrea Echeverri.
PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Disponible en: www.unep.org/greeneconomy, consultado el 4 de abril de 2017.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, 2014. Manual de comercio y economía verde. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, Ginebra.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2011. Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza: Una perspectiva desde América Latina y el Caribe. UNEP, Quito.
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* Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra, Colombia ✉ clima@censat.org
[1] Estas son las razones identificadas por nosotras. No obstante, en el Plan de Crecimiento Verde las argumentadas son: las recientes tendencias de crecimiento en el Oriente; sus características biofísicas; una población relativamente joven; una tradición de liderazgos; la calidad de sus suelos y su papel como despensa agrícola, y la multiplicidad de servicios energéticos, de infraestructura y otros que ofrece la región.
[2] Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare. Estas entidades territoriales de carácter público son las encargadas de administrar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
[3] Si bien se intentó acceder a los contratos, hasta el momento no ha sido posible.
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