Miren Rekondo, Annaïs Sastre*
El pasado 19 de octubre se celebró en el juzgado penal nº 2 de Lleida el primer juicio contra un activista antitransgénico en España. Albert Ferrer fue acusado de la destrucción de un campo experimental de trigo transgénico de titularidad pública en la población de Gimenells (Lleida). Dicho campo formaba parte del proyecto Sustain —financiado por la Unión Europea (UE)— y en él participaban, entre otros, el IRTA(1) y la Universidad de Barcelona, y no cumplía los requisitos de señalización, distancia de seguridad mínima y notificación al organismo competente, tal como exige la UE.(2)
La acción, que fue reivindicada por la Plataforma Trasngènics Fora! (PTF!), tuvo lugar el 3 de julio del 2004 con la participación de unas 70 personas. El objetivo era denunciar la imposición de la agricultura transgénica en Cataluña, y más concretamente la peligrosidad de la experimentación, a cielo abierto, con variedades transgénicas.
El IRTA y la UB, que se personaron como acusación particular, interpusieron una demanda civil en la que reclamaban una indemnización de 470.000 euros. Por su parte, la fiscalía presentó una demanda penal de 15 meses de prisión equivalentes a 24.000 euros.
Las movilizaciones previas al juicio por parte del movimiento antitransgénico fueron numerosas: ruedas de prensa, concentraciones en Barcelona y Lleida, y la celebración del Tribunal Popular de la agricultura transgénica. En estos actos participaron, además de colectivos catalanes y del resto del Estado español, organizaciones de Francia y otros países europeos, muestra de las relaciones del movimiento catalán contra los Organismos Genéticamente Modificados (OMG) con otras organizaciones que trabajan en ese ámbito. Más de un centenar de colectivos y personas individuales se adhirieron a la campaña de solidaridad organizada por la PTF! y Assemblea Pagesa de Catalunya.(3)
Resulta predecible que el IRTA y la UB busquen responsables debido a las pérdidas ocasionadas por la acción, pero ¿quién pide responsabilidades a los centros de investigación y sobre todo a las empresas comercializadoras?
¿Cómo puede ser que los agricultores ecológicos tengan que pagar un sello para acreditar que practican una agricultura que tiene más de 2.000 años de historia; que tengan que sembrar más tarde para evitar la coincidencia de la época de floración con los vecinos que han decidido plantar maíz transgénico; que tengan que pagar las analíticas de control para detectar la posible «contaminación transgénica»(4) que descalificará su cosecha? Mientras tanto, quienes contaminan los campos, las aguas y los alimentos con agrotóxicos y practican una agricultura industrial invasora, reciben subvenciones agrarias. (Valium) Actualmente existe un vacío legal en materia de responsabilidad debido a la ausencia de herramientas legales válidas mediante las cuales los agricultores puedan exigir responsabilidades e indemnizaciones por la contaminación por OMG de sus cosechas. Nos encontramos ante una lucha desigual.
Por otro lado, institutos de investigación y empresas de semillas plantan variedades transgénicas no aprobadas y en fase de experimentación a cielo abierto, permitiendo la posible transferencia de modificaciones genéticas a otros animales o plantas y la dispersión de semillas y polen MG en el medio ambiente, sin aparentes consecuencias legales.(5)
En el continente europeo, donde más de 80 regiones y miles de municipios se han declarado libres de OMG desafiando a la Comisión Europea, el número de campos experimentales disminuye al contrario de lo que ocurre en territorio español. La creciente oposición de la población europea y los conflictos sociales, económicos y legales inherentes a la implantación de los cultivos transgénicos probablemente hayan influido en la relocalización de los campos experimentales por parte de las empresas. En el año 2006, 41 de las 100 autorizaciones para experimentos de campo con transgénicos en la UE, se concedieron en el España.(6)
La siega de campos experimentales como señal de protesta se remonta a finales de la década de los noventa, cuando grupos de acción directa mostraban, y siguen mostrando, su oposición a la implantación de la agricultura transgénica. Durante 1998 tuvieron lugar alrededor de 40 acciones de destrucción de campos MG en Gran Bretaña y Francia, también en la India y al menos 11 acciones más en los Estados Unidos.
Desde entonces el movimiento antitransgénico ha crecido considerablemente. En el año 2003 nació en Francia el movimiento de los faucheurs volontaires (segadores voluntarios), amparados por el conocido sindicato agrario francés Confédération paysanne. A día de hoy este colectivo lo forman unas 6.100 personas comprometidas por escrito a participar en la destrucción de campos experimentales transgénicos. El 31 de julio de 2006, el Ministerio de Agricultura francés estimaba que un 40% de los campos experimentales había sido destruido.(7)
El pasado 23 de octubre se hizo pública la sentencia en la que se absolvía a Albert Ferré por falta de pruebas concluyentes. A pesar de la criminalización del movimiento de oposición a los OMG en Cataluña mediante juicios políticos, este juicio ha suscitado un importante debate y ha permitido sacar a la luz la problemática que se deriva de la implantación de los OMG en la agricultura.
Es en el debate entorno a la legitimidad de este tipo de acciones, en las que la población civil, debido a la ausencia de vías legales para frenar la expansión de los OMG en Europa, recurre a la acción directa; quizás deberíamos preguntarnos a quién se debería juzgar.
Para ampliar la información:
www.transgenicsfora.org
www.infogm.org
www.monde-solidaire.org
www.genewatch.org
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* Miembros de la plataforma Transgènics Fora! (transgenicsfora@moviments.net)
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1 Institut de Recerca i Tecnologia Agrícola. Instituto de investigación agrícola que depende de la Generalitat de Catalunya.
2 La Directiva 2001/18/CE sobre liberación intencionada al medio ambiente de OMGs se transpone a la legislación española mediante la Ley 9/2003. Las autorizaciones y requisitos que han de cumplir los campos experimentales a cielo abierto se recogen en el Real Decreto 178/2004.
3 La Assemblea Pagesa es un movimiento social y sindical de base, rural y asamblearia, organización independiente que trabaja por una agricultura campesina, autónoma, digna y respetuosa con el medio ambiente.
4 La «contaminación transgénica» o «contaminación genética» consiste en la transferencia de modificaciones genéticas de plantas transgénicas a variedades tradicionales, convencionales agrícolas u otras espécies silvestres emparentadas. El sector biotecnológico se refiere a este fenómeno con las expresión «flujo de transgenes» o «mezcla genética».
5 Assemblea Pagesa, Plataforma Transgènics Fora! y Greenpeace (2006). «La imposible coexistencia. La coexistència impossible», editado por AP, PTF! y Greenpeace. Disponible en http://www.greenpeace.org.
6 Joint Research Center de la Comisión Europea:http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx. Acción de protesta en Gimenells.
7 «Les anti-OGM passent à l’offensive dans le Sud-Ouest», publicado en Le Figaro, 31/07/2006.
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