Dolores de crecimiento. La etapa reciente del movimiento por la justicia ambiental en Sudáfrica

Dolores de crecimiento. La etapa reciente del movimiento por la justicia ambiental en Sudáfrica*

David A. McDonald**

 

El movimiento por la justicia ambiental en Sudáfrica ha sido tanto un éxito remarcable como un fracaso desalentador. Es importante analizar los vínculos entre ambos desenlaces.

Su éxito deriva de su capacidad para difundir un discurso progresista postapartheid sobre el ambientalismo y, en menor medida, influir sobre la toma de decisiones políticas y las prácticas reguladoras. No es este un hecho desdeñable en un país que durante décadas tuvo gobernantes que se preocuparon más por la vida silvestre y la fauna que por la población negra, con un movimiento ambientalista que era considerado una herramienta explícita de la opresión racial por el gobierno del apartheid.

Desde los inicios de la década de 1990 ha habido un cambio dramático en la postura ambiental oficial, que reconoce a la pobreza como una cuestión ambiental y que redefine al «medio ambiente» como el lugar donde la gente vive y trabaja, no sólo como un espacio de ocio de las clases medias. Este cambio conceptual ha permitido plantear que los grandes desafíos e injusticias ambientales en Sudáfrica están en las barriadas(1) y fábricas del país, una línea argumental que se extendió como el fuego en el tremendamente politizado contexto de la transición posterior al apartheid.

Pero es precisamente ese rápido y amplio crecimiento del movimiento por la justicia ambiental lo que le ha conducido a su (parcial) desaparición. En el proceso de romper con la estrecha y racista retórica del pasado para forjar una coalición de organizaciones ambientalistas, prácticamente cualquier grupo que vinculase la pobreza con la degradación ambiental era aceptado en la congregación.

El Foro coordinador para la justicia ambiental (EJNF – www.ejnf.org.za) se convirtió en el eje de de ese esfuerzo organizativo, creciendo rápidamente de 150 organizaciones afiliadas en 1995 a más de 600 a fines de esa década (reduciéndose luego el número de miembros a unos 300 en 2004). Las organizaciones participantes eran una ecléctica mezcla de colectivos interesados en el medio ambiente, desde sindicatos a organizaciones religiosas, pasando por grupos de defensa de la vida silvestre y hasta la Sociedad para Acabar con la Prohibición de la Marihuana en Sudáfrica. También incluía a algunas organizaciones empresariales.

Esa vasta coalición surgió en parte de la impetuosa excitación provocada por una nueva conciencia ambiental, hasta cierto punto importada de Estados Unidos, y de una cultura política postapartheid favorable a la reconciliación y a las «coaliciones arcoiris». Pero al igual que en el resto del panorama político postapartheid, había una incómoda tensión ideológica inherente a esa mezcla. Como sucediese con las tendencias políticas dentro del «gobierno de unidad nacional» liderado por el Congreso Nacional Africano, hubo un creciente escoramiento hacia el neoliberalismo, en el que la política ambiental pasó a un segundo plano ante unas políticas económicas y sociales cada vez más centradas en reformas favorables al «goteo de la riqueza» y a orientar los mercados hacia la exportación.

Durante algunos años esas tensiones fueron ignoradas en nombre de la creación de consenso y, tal vez, debido al relativo éxito del movimiento por la justicia ambiental a la hora de influir sobre la legislación. Sin duda, Sudáfrica ha adoptado algunas de las políticas ambientales, en los ámbitos constitucional y legislativo, más progresistas del mundo; al menos sobre el papel.

Pero las realidades del neoliberalismo comenzaron a penetrar por las fisuras que se fueron abriendo en el movimiento por la justicia ambiental, a medida que los debates sobre la privatización del agua, la distribución del ingreso y las políticas comerciales fueron sacando a la luz diferencias insoslayables. Esos temas actuaron como imanes políticos, atrayendo a las organizaciones ambientalistas hacia la derecha o hacia la izquierda, o simplemente generando confusión, poniendo de manifiesto tensiones ideológicas que hasta ese momento habían permanecido bajo la superficie.

También ha tenido importancia la enorme disparidad de recursos entre los grupos ambientalistas suburbanos (mayoritariamente blancos) y los grupos de las barriadas (mayoritariamente negros). Los primeros son los principales receptores del dinero de los donantes y poseen los recursos financieros y humanos necesarios para gestionar grandes proyectos y llevar adelante su cometido. También tienden a ser más conservadores, pese a que muchos continúan utilizando la retórica del movimiento por la justicia ambiental, centrándose en la flora y la fauna y apoyando las políticas neoliberales de los gobiernos locales y del gobierno nacional.

Por el contrario, las organizaciones ambientalistas de las barriadas tienden a funcionar con presupuestos estrechísimos, con limitaciones de espacio y equipos y con escaso personal capacitado. Estas organizaciones están agobiadas por los problemas de gestión, la delincuencia de barrio, la falta de transporte y otras dificultades que conducen a la inefectividad o el colapso. Algunas aún se las arreglan para batallar fervorosamente, pero su capacidad de compromiso en cuestiones que vayan más allá del ámbito del vecindario es muy limitada.

No es de extrañar el virtual colapso del EJNF en semejante contexto político-económico. La carencia de fondos y las dificultades de gestión han sido parte del problema, pero cualquier esfuerzo por mantener unido a un grupo tan dispar de organizaciones por la justicia ambiental estaba condenado a fracasar.

Pero, a la larga, tal vez eso sea lo mejor para el movimiento por la justicia ambiental. La ausencia de una fachada de gran coalición puede permitir a los grupos hablar más abiertamente sobre su orientación política, abriendo espacio polí- tico a organizaciones más radicales que no habrían sido admitidas por la ideología conciliadora del EJNF.

Sin duda en el país no faltan temas para ser abordados por organizaciones críticas a favor de la justicia ambiental y hay un puñado de ONG que han logrado vincular los recursos suburbanos con la política de las barriadas para enfrentar al neoliberalismo (ver por ejemplo GroundWork – www.groundwork.org.za; Environmental Monitoring Group – www.emg.org.za; Earthlife Africa – www.earthlife.org.za).

Ha sido este un proceso político bastante doloroso para muchos integrantes del movimiento por la justicia ambiental en Sudáfrica, pero a medida que madure y se haga más visible el carácter profundamente político del ambientalismo, más clara quedará la dirección a seguir por las ONG, sindicatos, militantes y académicos progresistas

*Traducción al español por Ángelo Ponziano.

**Director de Estudios sobre Desarrollo en la Queen’s University de Canadá (www.queensu.ca/devs) y Codirector del Proyecto de Servicios Municipales en África del Sur (www.queensu.ca/msp). Entre otros libros sobre justicia ambiental, ha coordinado «Environmental Justice in South Africa» (Ohio University Press, 2002). Este año, la editorial Routledge publicará un libro suyo sobre Ciudad del Cabo. También en 2007, HSRC Press publicará un libro del cual es coordinador sobre la reestructuración del sector eléctrico en África del Sur. dm23@post.queensu.ca

1 El autor escribió la versión original de este artículo en inglés. Se ha traducido por barriadas el original townships (N de T).

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