Los desplazados de Endesa

Los desplazados de Endesa*

Pedro Cayuqueo Millaqueo**  

 

En septiembre del año 2004 fue inaugurada oficialmente por altos ejecutivos de Endesa-España la Central Hidroeléctrica Ralko, en el sur de Chile. Gerentes, autoridades, accionistas e ingenieros brindaron aquel día sobre el imponente muro de 150 metros emplazado sobre el río Bio-Bio, en la precordillera de la VIII Región y sobre territorio de comunidades indígenas pehuenches. Como contrapunto, 40 kilómetros montaña arriba, caminos intransitables y viviendas enterradas en la nieve daban cuenta de uno de los capítulos desconocidos de esta historia.

«Nosotros antes teníamos una o dos hectáreas de tierra allá abajo en Lepoy. Apenas nos alcanzaba para criar algunas aves, animalitos y hacer huerta… Acá Endesa nos paso veinte hectáreas promedio. Todos lo vimos como un avance, sin embargo, hoy estamos casi peor que antes. Los animales se nos mueren en invierno, los mata la nieve cuando se accidentan en las quebradas o se acaba el pasto y no hay forraje… Ahora los estamos vendiendo casi todos, para poder comprar mercaderías o para pagar las deudas que tenemos con la propia Endesa», señala José Millanao, miembro de la comunidad pehuenche El Barco.

Millanao es uno de los 184 indígenas pehuenche que —a fines de los años noventa— aceptó permutar sus tierras a Endesa-España para posibilitar la construcción de la Represa Ralko en el Cajón del río Bio-Bio, uno de los más importantes de la zona sur de Chile y que nace en las altas cumbres cordilleranas de la VIII región. Nos cuenta que vivía en la comunidad Ralko Lepoy y desde allí se traslado junto a toda su familia cordillera arriba, hasta el denominado Fundo El Barco, uno de los dos lugares elegidos por la transnacional para trasladar a todas aquellas familias afectadas directa o indirectamente por el emplazamiento de la central. «En ese tiempo no pudimos negarnos. La situación estaba mala, no había trabajo, no teníamos tierra, animales y Endesa nos prometió ayudarnos», recuerda Millanao.

Sin embargo, le bastó soportar solo uno de los seis inviernos que llevan en la zona para darse cuenta que el paraíso prometido bien podría transformarse en un verdadero infierno. En un verdadero y cruel infierno blanco. «Acá los inviernos son muy duros, a veces caen dos, tres metros de nieve y no se puede hacer nada en varios meses porque la nieve lo tapa todo… Antes Endesa limpiaba con su maquinaria los caminos, pero cada vez cuesta más que cumplan. Ahora, como la represa Ralko está terminada, ya ni se aparecen por estos lados. Toda la gente que Endesa traía para ayudarnos está desapareciendo poco a poco de este lugar», nos dice.

Llegamos a la comunidad pehuenche El Barco cerca del atardecer, después de sortear los casi 70 kilómetros de montañas que la separan de la pequeña localidad de Ralko, antiguo campamento maderero hoy reconvertido en cabeza municipal y puerta de entrada hacia los imponentes cajones cordilleranos de los ríos Queuko y Bio-Bio, territorio ancestral de las comunidades mapuche-pehuenche. Cuando ellos se enteraron de los beneficios que contemplaba el Plan de Relocalización de Endesa, reconocen que no dudaron que debían permutar sus tierras. Se trataba —en teoría de un negocio redondo. Pocas tierras, erosionadas e improductivas a orillas del Bio-Bio, a cambio de nuevos terrenos, animales, modernas viviendas, electricidad y una calidad de vida digna de habitantes de los alpes suizos. Poco y nada de eso se cumpliría.

Domingo Puelma fue uno de los dirigentes que encabezó el proceso de negociaciones de las familias que se trasladaron más tarde al fundo El Barco. Le tocó, por tanto, escuchar de boca de los propios gerentes las promesas de la transnacional y convencer más tarde a sus hermanos de la conveniencia de los contratos. Hoy, al igual que su peñi José Millanao, se siente estafado y, peor aun, responsable de la situación que padecen gran parte de los miembros de su comunidad.

«Yo participé activamente como parte de las negociaciones, junto al peñi Ricardo Gallina y otros de Lepoy y Quepuka. Nosotros veíamos que era favorable para nuestra gente permutar las tierras. Había mucha pobreza, casi ningún futuro para nuestros hijos en esas tierras y el ofrecimiento de Endesa lo encontramos bueno, todos lo encontramos bueno, aunque era poco, casi nada, si lo comparamos hoy con lo que ofrecieron después a las Quintremán. Pero como le decía, nosotros vimos que era mejor que lo poco y nada que teníamos», señala. «Sabíamos que estaba lejos, que la tierra no era muy buena, pero también veíamos que Endesa iba a construir buenas casas, teníamos la palabra de Endesa, que se comprometió también a seguir apoyándonos por 10 años, ellos dijeron que no nos iban a dejar solos», agrega. «Algunas cosas se cumplieron en los primeros años.

Algunas veces mal, otras veces a medias, otras veces bien. Nos pedían paciencia cuando pedíamos proyectos, asistencia y esas cosas. El tiempo pasó y comenzamos a darnos cuenta de que nos estaban mintiendo. La luz eléctrica, por ejemplo, que prometieron instalar apenas llegáramos, recién hace dos años que llegó y ahora a todos nos están cobrando. Y el que no paga, simplemente se la cortan. Nosotros estamos ahora con velas, con lamparines a parafina, ya que no hay plata para pagar las cuentas. Tenemos los postes y los medidores de bonito en nuestras casas y eso es una burla, una verdadera burla…», nos cuenta Puelma enrabiado.

«Otra cosa es la tierra. Acá nadie es propietario, esto sigue siendo un fundo, claro que con otro dueño. No hay títulos de propiedad, solo un comprobante que no tiene validez legal, según nos han dicho los abogados. Más encima, como han pasado los años, las cosas que Endesa construyó cuando llegamos ya no sirven. Las casas, por ejemplo, gotean en invierno, la madera se está pudriendo porque resultó ser de mala calidad, los puentes están casi todos a punto de caerse y la micro funciona sólo a veces, dependiendo del tiempo, de la nieve. Nosotros hemos reclamado esto, pero hoy nos dicen que Endesa no tiene responsabilidad, porque solo eran un compromiso, que nada de eso aparece en los documentos firmados», denuncia el ex dirigente.

Y lo peor de todo es que los años pasan, implacables, agrega el peñi Domingo. «Sólo nos quedan un par de años con ayuda, luego la empresa se irá de la zona y quedaremos solos, abandonados a nuestra suerte aquí en la cordillera… Ya se están yendo todos, eso estamos viendo acá en la comunidad. Si ya ni nos visitan, siendo que antes pasaban a cada rato. Eso nos duele en el alma porque nosotros confiamos en lo que nos dijeron al permutar, confiamos en sus palabras. Por eso decimos ahora que fuimos engañados, estafados por esta empresa extranjera que se aprovechó de la gente pehuenche».

En teoría y mirándolo desde un plano estrictamente económico, el Plan de Relocalización de Endesa significaba un buen negocio. A no ser por un solo detalle. Bueno, digamos dos: la elevada altura cordillerana en que estaban ubicados los terrenos y que, según diversos informes, hacían imposible la permanencia humana por más de cuatro meses al año, y la poca voluntad de Endesa de cumplir finalmente con lo pactado con cada una de las familias. El tema de la altura de los terrenos no era menor. Condiciones climáticas extremas en invierno, suelos no aptos para la ganadería, mucho menos para la agricultura y una evidente lejanía de los centros poblados aconsejaban desde hace mucho tiempo no realizar en El Barco ningún intento de reasentamiento humano.

En los hechos, se trataba de terrenos solo aptos para «veranadas», tal como lo señalaba de manera categórica un estudio elaborado por Raúl Molina y Martín Correa para la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), antecesora de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Dicho estudio, denominado «Las Tierras Pehuenche del Alto Bio-Bio», es claro en señalar que las tierras del Fundo El Barco constituían «veranadas», debiendo ser «bajados» sus animales durante el invierno hacia las partes bajas del sector de Guayalí, «donde los inquilinos del fundo arrendaban talaje para su mantención».

Sendos informes de organismos gubernamentales alertaban además sobre esta situación. Es así como el año 1998, en plena etapa de evaluación de las permutas por parte de la propia CONADI, un informe sobre el plan de desarrollo productivo de los predios El Huachi, Santa Laura y El Barco, encargado en agosto de 1998 por el entonces Intendente Martín Zilic, señalaba textualmente que el fundo estaba «en el límite de la desertificación» y que «no debería usarse en actividades agropecuarias» si lo que se buscaba era cautelar la sustentabilidad de la cuenca hidrográfica a la que pertenecía. La comisión encargada de elaborar el informe la integraron profesionales de la Seremi de Agricultura, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Chillán, INIA-Quilamapu, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

A diferencia de lo sostenido por Endesa, el informe indicaba que el predio se encontraba en una zona agroecológica muy frágil, señalando además que la parte del fundo que Endesa había destinado para invernadas estaba sometido durante gran parte del año a constantes bajas temperaturas y nevadas. Huelga destacar que los resultados del informe fueron silenciados por la empresa y solo pudieron ser conocidos por la opinión pública en octubre de 1998 a través de una denuncia del diputado de la Bancada Verde, Alejandro Navarro (PS). Sin embargo, el poderoso lobby de Endesa fue más fuerte y rápidamente todas estas observaciones quedaron en el olvido. Ni al gobierno de Eduardo Frei, dicho sea de paso uno de los beneficiados por el holding español, ni a los propios pehuenche, maravillados por una «mejora» de última hora en la oferta de permuta de Endesa, les interesaba por aquellos días arruinar el negocio.

Pero el informe de este comité técnico no fue el único documento sobre su intervención en el Alto BioBio que Endesa intentó mantener en reserva. En mayo de 1995, producto de las críticas de grupos ecologistas a la Fundación Pehuén -creada por Endesa para ayudar en teoría a los pehuenches afectados por la central Pangue-, la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad encargada de financiar esa central, contrató al antropólogo Theadore Downing para que evaluara el funcionamiento de la fundación. El acuerdo incluía informar de los resultados a todas las partes involucradas, incluidos los pehuenches. Downing viajó a Chile en octubre de 1995 y en mayo del año siguiente entregó su informe, el cual jamás llegó a manos de los pehuenches ni menos a la opinión pública. Endesa lo rechazó y amenazó a la IFC y al antropólogo con demandarlos si lo hacían público. De acuerdo a la Asociación Americana de Antropología, entidad a la cual Downing elevó los antecedentes para su investigación, «la entrega del informe hubiera perjudicado los esfuerzos de Endesa para que se aprobara Ralko».

En diciembre de 1997, cuando ya la Comisión Nacional del Medio Ambiente había aprobado con condiciones la construcción de Ralko, se autorizó a Downing a entregar su informe. Nadie ajeno a Endesa supo antes de su existencia, asegura hoy el diputado Alejandro Navarro, quien sostiene que tampoco se conoció el informe elaborado por el ecólogo Jay Hair, por petición del Banco Mundial, en mayo de 1997. Hair habría llegado a las mismas conclusiones que Downing, según consta en el informe final de la Asociación Americana de Antropología.

Originalmente el Fundo El Barco fue propuesto por Endesa como medida de mitigación ecológica por la pérdida de unas 3.000 hectáreas de bosque nativo que quedarían bajo inundación o serían afectadas por las obras del megaproyecto. Para tal efecto, la empresa planteó un esquema de manejo similar y complementario al de la Reserva Nacional Ralko. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Endesa cambió su postura y abiertamente presentó el Fundo El Barco como espacio para la relocalización de las familias pehuenche afectadas por la inundación de sus tierras.

«Endesa sabía que estas tierras no eran aptas para vivir y nosotros de alguna forma también lo sabíamos. Pero confiamos en los apoyos que nos prometieron para el futuro, en los proyectos, en su Plan de Asistencia. Nosotros, creo yo, fuimos ingenuos y no supimos negociar… nos faltó asesoría, apoyo, saber más de estas cosas. Imagínese, muchos de quienes viven aquí son gente que no sabe leer, escribir… y ellos llegaban con abogados, antropólogos, psicólogos, con un regimiento de gente para convencernos de permutar. «Van a tener progreso», nos decían. «Piensen en sus hijos». Ese era el discurso que traían. Yo me pregunto, adónde están ahora todos ellos… no están… nos dejaron solos», concluye el peñi Domingo.

Actualmente, la comunidad El Barco cuenta con una superficie total de 19.270 hectáreas, de las cuales menos de mil corresponden a terrenos aptos para algún tipo de actividad económica de subsistencia. Son 32 las familias que mal viven en estos inhóspitos parajes. A ellos se suman otras 34 familias que actualmente habitan el fundo El Huachi y que conforman la comunidad Ayinmapu, en las cercanías de la localidad de Santa Bárbara y quienes deben lidiar hoy con la cesantía y una progresiva pérdida de sus valores culturales. Son los modernos refugiados de Endesa, aquellos que no estuvieron presentes en los discursos del 27 de septiembre de 2004, sobre el muro de la flamante central hidroeléctrica Ralko.

* Reportaje publicado originalmente en Periódico Azkintuwe Nº10.

** Periodista, director del Periódico Azkintuwe, de circulación en Chile y Argentina (www.azkintuwe.org); miembro de la Red Internacional de Comunicadores Indígenas y del Consejo Editorial de la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN)

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