Marc Gavaldà*

 

En el precipitado avance tropical de las transnacionales petroleras, que en su política de tierra pisada siguen abriendo accesos para nuevos pozos en la faja subandinaamazónica, las culturas que viven allí sufren un deterioro cultural y poblacional irreversible.

Las compañías para su expansión cuentan con contratos que las legitima todavía por tres décadas más, estados que actúan de socios y a la vez recaudadores de regalías, y una débil y confusa resistencia a sus operaciones por parte de las poblaciones atrapadas en el bloque petrolero.(1)

Englobadas en un contexto internacional de petrodependencia, con un agotamiento visible de las reservas hidrocarburíferas que empuja los precios (y beneficios) por las nubes, las compañías petroleras hacen caso omiso de las advertencias científicas del cambio climático, de la destrucción territorial de las actividades de los pueblos indígenas y de las denuncias de los afectados. En su convicción ciega del «todo vale» para satisfacer al accionista, no se prevé ningún cambio sustancial en su metodología operativa más allá de destemplados informes de Responsabilidad Social Corporativa, convertidos en álbumes de fotos para ilustrar sus perniciosas actividades filantrópicas en sus respectivas juntas de accionistas.(2)

LA PETROLIZACIÓN TERRITORIAL

En cada una de las etapas de su ciclo productivo, la industria petrolera perpetra acusados impactos sobre el territorio. A través de la deforestación, apertura de accesos y erosión de las líneas sísmicas; la contaminación por lodos de perforación, aguas de formación y restos de crudo de la perforación o los inseparables derrames de la red de oleoductos, el petróleo imprime su huella destructiva.

Las poblaciones que habitan la superficie de las concesiones —en el caso amazónico, en su mayoría indígenas— son afectadas directamente por la convivencia forzada de trabajadores temporales que en su estancia consumen alcohol, prostitución y no son raros los casos de violencia y violaciones.(3)

Indirectamente, las poblaciones afectadas ven como las condiciones ambientales y los recursos naturales que las sostienen son degradados irreversiblemente. A corto o mediano plazo, la industria petrolera es responsable del empobrecimiento de las poblaciones vecinas y la aparición de enfermedades, empujándolas a desplazarse hacia otras tierras, o sobretodo a las ciudades donde su cultura es asimilada sin dejar apenas rastro.

Ante esta situación, ¿cómo reaccionan las comunidades indígenas? ¿articulan una oposición útil? ¿reaccionan a tiempo al embate petrolero?

LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS ANTE LA INVASIÓN

Para iniciar cualquier proyecto, las compañías petroleras necesitan una consulta con las poblaciones afectadas para cumplir las leyes nacionales y los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT que obliga a las empresas a pedir permiso en las operaciones que afecten territorios indígenas. En la actualidad, este proceso se evita o se desinforma a las poblaciones en la precipitada búsqueda de una firma que avale el inicio de operaciones. Para esta fase, las compañías aprovechan la débil estructura de las organizaciones indígenas y los dirigentes locales para obtener el permiso a cambio de promesas o entregas de dinero, alguna obra o productos de primera necesidad para las comunidades. Algunas veces, si la población está desorganizada, recurren a personas no indígenas que los representen, como puede ser un alcalde del municipio cercano. Otras veces las compañías se aprovechan del «fortalecimiento» organizativo y visibilización de una élite indígena amoldada al modus vivendi occidental.

Ejemplos locales son la funcionalidad que tiene la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) para empresas como Repsol YPF o Agip, que operan en el interior del Territorio Indígena y el Parque Nacional Yasuní con el beneplácito de esta organización.

Sin embargo, en general, es en la organización indígena donde las comunidades depositan sus esperanzas y aglutinan fuerzas para resistir a un conflicto desigual, donde las compañías se benefician de una población aislada y dividida. Que la organización defienda los intereses colectivos depende de la participación y control de las comunidades a sus respectivos dirigentes.

LOS PLANES DE DESARROLLO, ACULTURACIÓN Y ESPEJISMOS

Algunas organizaciones indígenas, apoyadas por ONG locales, han querido transformar el método del espejito por otro más sofisticado, que incluye demandas más amplias, consensuadas por las comunidades y con un relativo control de la ejecución de los proyectos. Son los denominados Planes o Programas de Desarrollo Indígenas (PDI). Estas negociaciones, por su participación más transparente, ha permitido a las petroleras colgarse de antemano una medalla por sus buenas formas, aunque al final del recorrido, en el distante momento que los planes son ejecutados en la comunidad, el proyecto real que lo ha generado, o sea no el PDI sino por ejemplo un ducto o un campo petrolero, es ya una realidad irreversible. El largo proceso de redacción, negociación y ejecución peca entonces de tremenda ingenuidad por involucrar a poblaciones enteras a resolver sus necesidades a partir de una cuenta bancaria alimentada por la petrolera que puede congelar o retirar si algún día se siente presionada. La distracción de la verdadera y urgente problemática que es la ejecución del proyecto petrolero, así como el paso del tiempo, juega en favor de la compañía.

Algunos ejemplos en Bolivia son las negociaciones de la Organización Indígena Chiquitana con el consorcio del Gasoducto Lateral San Miguel – Cuiabá (2002)4 o la negociación muy publicitada de Repsol YPF y Petrobras con la Asamblea del Pueblo Guaraní y la Organización Weenhayek-Tapiete en la construcción del Gasoducto Yacuiba Río Grande (2003). En ambos casos, tras dilatadas negociaciones, la ejecución de los PDI se quedó por el camino, se rompieron negociaciones pero el mal ya está hecho. Ambas experiencias, convirtieron las ilusiones de las comunidades en un espejismo.

LA VIGILANCIA SOCIAL

Conociendo las graves inexactitudes y vacíos de los Estudios de Impacto Ambiental realizados por y para sí mismas, las empresas, en una actitud de mirarse el propio ombligo, destacan las iniciativas de monitoreo ambiental que realizan por cuenta propia las comunidades afectadas. La importancia de estas experiencias, radica en el profundo conocimiento que tienen de su territorio, con una penetrante percepción de la realidad del presente y del pasado local, que permite una valoración más ajustada de los impactos producidos por la actividad petrolera en su comunidad.

La vigilancia social se convierte entonces en un instrumento de formación y empoderamiento de las comunidades frente la prepotencia de los técnicos a sueldo de las petroleras. El problema radica en la poca cobertura legal y voluntad de fiscalización así como la inoperancia gubernamental para sancionar las denuncias que se levantan en los campos petroleros.(5)

LA RESISTENCIA FRONTAL

Algunas comunidades indígenas, por su unión o fortaleza cultural, han sabido adelantarse al desencanto de las promesas de buenas prácticas petroleras, para enfrentar una oposición radical que pone en entredicho la colonización corporativa en América Latina.

Con esta estrategia, las comunidades —que han conocido la suerte de sus vecinos afectados— intentan preservar su territorio intacto evitando así la conocida política de hechos consumados. A pesar de emprender un camino a contracorriente, pues tanto los Estados, organismos como el Banco Mundial o el intervencionismo pragmático de muchas ONG apoyan la solución negociada, afortunadamente la resistencia también genera la solidaridad internacional. Construir puentes entre las comunidades resistentes y grupos de presión en los centros de poder corporativo es un reto que tiene el ecologismo actual para parar la destructiva maquinaria petrolera. La lucha de Sarayaku en Ecuador, Tentayapi en Bolivia o los U´was en Colombia, por citar los más conocidos, merece ser acompañada.(6)

* Participa en campaña Repsol Mata (http://repsolmata.info).

1 Ver por ejemplo: Kimerling, FCUNAE, Crudo Amazónico, Abya Yala, Quito, 1993; Narváez, Huaorani vs. Maxus, FESO, Quito, 1996; La Torre, ¡Sólo queremos vivir en paz!, IWGIA-Racimos de Ungurahui, Lima, 1998.

2 Carrión, Gavaldà, Desenmascarando la Responsabilidad Social Corporativa, Ágora Nord-Sud, Barcelona, 2007 (en prensa).

3 Ver impactos de empresas como Petrobras: Leroy, Malerba, Petrobras: ¿integración o explotación?, NCF, Rió de Janeiro, 2005; Occidental: Maldonado et al, La Manera Occidental de extraer petróleo, Oilwatch, Quito, 2001; Repsol: Gavaldà, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2006

4 Recogidas en el informe: Organización Indígena Chiquitana. Guía Metodológica para la Vigilancia Social de la Industria Extractiva en Territorios Indígenas, CEADES. Santa Cruz, Bolívia, 2004.

5 Ver por ejemplo: APG- Itika Guasu, Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia, CEADES-CERDET, Tarija-Bolivia, 2005.

6 Ver respectivamente: www.sarayaku.org; Gavaldà, Viaje a Repsolandia, Tutuma Edicions, Barcelona, 2006; Ramiro, Chaparro, Colombia en el pozo, OMAL, Madrid, 2006; Otros casos de resistencias indígenas son reseñadas en Proaño, «Pueblos originarios y acción directa ambientalista», Ekintza Zuzena, Nº34, 2007.

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