Joan Martínez-Alier y LeahTemper*
De camino hacia la Zona Industrial Kalinga Nagar, a la que nos dirigíamos el 2 de enero del 2007 para conmemorar el primer aniversario del asesinato de algunos miembros de grupos adivasis (tribales) durante una protesta contra la acería TATA, íbamos viendo trituradores de piedras alineados a ambos lados de la carretera acabada de pavimentar. Mujeres, niños y hombres movían los martillos bajo el cálido sol rompiendo piedras en trozos más pequeños. El salario para este tipo de trabajo es de 40-60 rupias por día,(1) pero es un trabajo disponible para aquellos que han sido expulsados de su tierra para dejar espacio a las industrias. Hasta ahora se han firmado alrededor de 50 MoUs (2) para construir acerías en la zona industrial, algunos de ellos con gigantes industriales como la sur-coreana POSCO. check out syzygyslegal.com
El contexto del encuentro con los adivasis al que asistimos se inició en enero de 2006, cuando las excavadoras de TATA empezaron a hacer movimientos de tierras bajo los arrozales de la comunidad, y los habitantes locales fueron a encontrarlos con arcos y hachas. El resultado fue un enfrentamiento el 2 de enero de 2006, en el que murieron 12 adivasis y un policía. Otra adivasi murió más tarde. Los líderes empezaron entonces un corte de la carretera que va desde Daitari a Paradip, que atraviesa su territorio, a una hora y media de distancia en coche de la capital del Estado, Bhubaneswar. Este rasta roko (3) ha durado más de un año. Sólo una de las 13 familias ha aceptado la compensación (10 lakh Rs)(4) ofrecida por el gobierno, que es cinco veces mayor que la habitual en casos de muerte laboral o en accidente de tráfico.
El aniversario de Katalinganagar es importante porque no se trata de un incidente aislado, sino tan sólo el último de un conjunto de conflictos abiertos entre dos bandos: aquellos que promueven la industrialización extractiva, liderado por el gobierno; y quienes se oponen a ella. El 14 de marzo de 2007 en Bengala occidental, en Nandigram, 14 personas murieron cuando la policía quiso acabar con las protestar contra una zona especial industrial para la industria química. En Maikanch, en Orissa, el 16 de diciembre del 2000, tres adivasis murieron por el ataque de la policía cuando protestaban contra los planes de minería de bauxita de ALCAN (la compañía canadiense) y UTKAL. Estos lugares se convierten, como Kalinga Nagar, en lugares de manifestación en los «días de los mártires».
NO HAY DESMATERIALIZACIÓN
Con el crecimiento de la economía de la India, el flujo de materiales que entra y sale de la economía crecerá inevitablemente. Los ritmos de crecimiento son del orden del 7 por ciento anual, de forma que la cantidad de materiales extraídos se dobla cada diez años. La industria del automóvil crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Cuando los materiales entran en la economía, sale dióxido de carbono. En la India esto pasa en pequeñas cantidades por capita y año, comparado con los países ricos. La India importa petróleo y gas, y estas importaciones crecerán. Pero se basa todavía bastante en sus propios recursos de carbón, cuyo ritmo de extracción está aumentando muy rápidamente. La energía eléctrica proviene también de embalses que desplazan a mucha gente. También se ha incrementado mucho el uso de materiales para la construcción de viviendas o de infraestructuras, como la arena y piedras. Hay una gran demanda de minerales metálicos, tanto para consumo interno como para exportar; la bauxita es uno de los principales. Este es el contexto de los enfrentamientos sobre el uso del territorio en Orissa y otros estados, como Jarkhand (minería de uranio) o ahora también Andhra Pradesh (minería de bauxita), además de las minas de hierro y de carbón en muchos otros lugares. La economía mundial no se desmaterializa en términos absolutos, ni tampoco en relación al crecimiento del PIB. Las fronteras de extracción de materias primas para abastecer el consumo material de las clases urbanas están llegando lejos, hasta las áreas Adivasi, mientras que la apropiación de tierras agrícolas para construir grandes polígonos industriales provoca conflictos y muertes (como en Singur y en Nandigram en Bengala Occidental, en el 2006 y 2007).
Cuando se trata de minería, los requerimientos de tierra para las minas a cielo abierto, para depositar los residuos (como por ejemplo los fangos rojos de la bauxita) y para las infraestructuras como carreteras y ferrocarriles son todavía mayores que en el caso de polígonos industriales. La India es un país con mucha población, con una densidad similar a Alemania, Italia y los Países Bajos, pero que no puede permitirse importar los metales que necesita y los combustibles fósiles del extranjero, como lo han ido haciendo cada vez más Europa y Japón. Al contrario, la India se ve a si misma como un país exportador de aluminio y hierro o acero. Así, para conseguir la industrialización al estilo occidental, la India se ve obligada a desposeer su propia gente. El precio del desarrollo en la India ha caído desproporcionadamente sobre las castas más bajas y las comunidades tribales. Los Adivasi son el 8 por ciento de los habitantes del país, pero el 40 por ciento de la población desplazada.
El choque entre los planes indios de un crecimiento basado en la minería y los de las comunidades tribales no es tan palpable en ningún otro sitio como lo es en Orissa. El Estado es uno de los más pobres de la India, aunque por un giro cruel del destino sus recursos minerales son los más ricos del país. Orissa tiene aproximadamente el 97% de la cromita, el 71% de la bauxita, el 33 % del hierro y el 32% del manganeso presente en la India. El año pasado, con la subida de los precios de las materias primas, las empresas internacionales estuvieron «salivando» para tomar parte de este botín mineral, gran parte del cual está situado bajo el territorio tribal.
Pasando unos días cerca de la realidad de la industria minera de la bauxita y la industria pesada de Orissa, uno se da cuenta de la estupidez de la economía neo-clásica, que se basa en la idea de «compensar las externalidades». La minería y la industria ciertamente producen «externalidades» —es decir, daños a la gente y al medio ambiente que no se tienen en cuenta en los costes de las empresas. Para recibir las compensaciones la gente tiene que tener un título de propiedad de su tierra y suficiente poder de negociación; así pueden pedir compensaciones equivalentes al bienestar que han perdido. Las empresas pagarían estas compensaciones de sus beneficios. Hasta aquí, todo bien. Pero la situación sobre el terreno es muy distinta.
Los conflictos ambientales son luchas por los títulos de propiedad de los recursos. En la práctica los títulos no están bien establecidos. Más allá de los títulos legales a la tierra privada o comunal, los derechos de propiedad sobre el medio ambiente son controvertidos. Las reivindicaciones indígenas por el derecho al agua limpia y el aire limpio, y el acceso a los boques son negados. Bajo «Quinta Lista» de la Constitución india, (5) las áreas tribales no se pueden vender a inversores privados, pero el gobierno puede alegar necesidades de interés público. Lo que sucede en la práctica es que el gobierno expropia las tierras para un «interés público», pagando mucho menos del precio de coste, y las revende a las empresas con un pequeño margen de beneficios, pero todavía por debajo del precio de coste. Por ejemplo, en el caso de Kalinganagar, según la organización de derechos humanos People´s Union for Civil Liberties [Unión del Pueblo por las Libertades Civiles], la agencia de desarrollo de infraestructuras industriales de Orissa (Industrial Infrastructure Development Corporation of Orissa [IDCO]) (6) compró terrenos a los propietarios a un precio de 15.000 a 30.000 rupias por acre, añadiendo después una cantidad ex-gratia de 25.000 rupias. Posteriormente revendió el terreno a TATA por 3,5 lakhs rupias por acre. El precio de mercado estaba alrededor de 5 lakhs rupias por acre.
Mientras, el gobierno estatal local también aporta la infraestructura, concede permisos administrativos, se encarga de que las Evaluaciones de Impacto Ambiental no compliquen las cosas, acepta regalías bajas, y no pide compensaciones por las externalidades ni impone tampo «impuestos al agotamiento del capital natural». La urgencia de firmar MoUs parece inexplicable a primera vista. Aún más cuando se tiene en cuenta que Orissa recibe una regalía muy pequeña comparada con los precios de mercado por el mineral extraído de sus minas. Así pues, ¿por qué el Estado negocia en nombre de las empresas en lugar de proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos?
LENGUAJES DE VALORACIÓN
Se comenta a menudo en Orissa que el primer ministro del gobierno del estado no habla la lengua local del estado, Oriya, y mucho menos todavía las lenguas de las comunidades tribales. Sin embargo, incluso si lo hiciera, habría todavía grandes diferencias entre los lenguajes utilizados por las empresas, el gobierno del Estado, los intermediarios y los adivasis mismos. «Lugar sagrado», por ejemplo, como en la montaña Niyamgiri amenazada por la minería de bauxita por Vedanta, ese lenguaje de sacralizad es el lenguaje de los adivasis, los antropólogos y algunas ONG, mientras que el Análisis Coste-Beneficio es el lenguaje de las empresas, así como de la Corte Suprema de la India.
Los bancos gubernamentales y de desarrollo calculan los costes y beneficios de los proyectos industriales sólo en términos monetarios, pero la gente desplazada vive y ha vivido de los ecosistemas que los envuelven durante generaciones. Los aparceros u otros campesinos forzados a irse de su tierra de las Zonas Económicas Especiales o los adivasis que pierden sus bosques pueden ganar 60 rupias al día como trituradores de piedra, mientras que antes ganaban 45 o vivían en parte fuera del mercado. Un ministro podría calcular que por eso son más ricos que antes, el PIB aumenta y todo va bien. Pero esta simple aritmética desatiende las ayudas de la naturaleza que habían obtenido previamente —incluyendo agua limpia para beber, leña para combustible, hierba, frutos secos y frutas de los árboles, y tierra y agua para cultivar arroz— que no podrán obtener ya en el nuevo paisaje modificado de Orissa.
Los economistas han calculado que los productos recogidos en las áreas rurales de la India fuera del mercado, normalmente en tierras de propiedad comunal, llegarían a ser un 4 o un 5% del PIB si se convirtieran a valor monetario. Pero estos valores no se incluyen en los análisis económicos, ni tampoco el valor de los ríos y corrientes de agua ni la pérdida de biodiversidad debida a los proyectos de minería. Tal como argumenta el PSSP (Grupo de Protección de Recursos Naturales, con base en Kashipur), en 25 o 30 años, tota la bauxita se habrá extraído de Bapla Mali y Niyamgiri, pero la gente tribal todavía estará allí, encerrada en sus colonias de casitas que les han dado y que ya están cayéndose al cabo de tres años, sin tierra, agua o formas de subsistencia.
Algunas ONG que se oponen a los proyectos, como el Grupo de Protección Ambiental (freewebs.com/epgorissa/ kashipur.htm) en el caso de Niyamgiri, a veces intentan ilustrar estos costos sociales y ambientales elaborando análisis coste-beneficio alternativos que tengan en cuenta los servicios ambientales aportados por los bosques y los corrientes de agua que se perderán, la pérdida de biodiversidad, las externalidades del lodo rojo y las balsas de ceniza que se generaran, la pérdida de formas de subsistencia y los costes sociales del desalojo, y los traducen en términos monetarios —la única lengua que les parece que entienden los gobiernos y las empresas.
Todo esto nos lleva a las luchas de poder por los lenguajes de valoración que son impuestas por quienes tienen el poder y tienen éxito en este proceso de «cerramiento de los comunes».(7) ¿Son los lenguajes de los derechos territoriales, los derechos humanos, la subsistencia, lo sagrado, verdaderamente conmensurables con los valores monetarios del crecimiento económico (en términos de PIB)? No lo son. Así, la cuestión no es tanto llegar a un equilibrio entre el medio ambiente, las necesidades humanas, y el progreso económico expresados en las mismas unidades (una vez las «externalidades» se han incluido en las cuentas). Realmente no hay ninguna unidad de medida común. La cuestión es quién tiene el derecho, o más exactamente quién tiene el poder de imponer el lenguaje económico de valoración pasando por encima de los otros. En este sentido, la economistas y quienes emplean su lenguaje, hasta cuando se quejan con la mejor intención de que las «externalidades» no se incluyen en las cuentas económicas como debería hacerse, se convierten en cómplices de la tarea de privar a los pobres de sus propias voces. La situación también demuestra que sólo se valora la opinión de científicos expertos, mientras que el conocimiento y la perspectiva de las poblaciones indígenas queda descartada. En el caso de los informes a la Corte Suprema sobre la mina de Niyamgiri sólo dos comités científicos podrán presentar pruebas, mientras que los otros expertos locales propuestos han sido silenciados. Pero los que habitan la región tienen su propia forma de entender la relación entre las montañas de bauxita y la tierra, tal como han explicado Feliz Padel y Samarencdra Das en sus escritos y en el extraordinario documental «Earthworm / Company Man».
Hay una gran asimetría en recursos y poder entre los que se oponen a los proyectos que amenazan subsistencias humanas, culturas locales, y el medio ambiente, y los que sacrifican estos valores en el altar de una industrialización pasada de moda y un crecimiento económico basado en la minería. Viendo las fenomenales fuerzas desplegadas contra ellos, a uno se le plantea la inmensidad de la lucha y los retos a los que debe hacer frente la gente del ecosistema, intentando parar el juggernaut8 de la minería que les desaloja y les aplasta.
—
* leah_temper@yahoo.com
—
1 Entre 0,60 céntimos y 1 euro diario.
2 Memorando de entendimiento (Memorandum of understanding). Es un documento legal que describe un acuerdo bilateral entre partes, expresando las intenciones de las partes e indicando una línea de acción común, aunque no significa un compromiso legal. (N.d.T.)
3 Corte de carreteras. (N.d.T.)
4 El lakh es una unidad que se utiliza en la India que equivale a 100.000 unidades (10 lakh Rs son, por tanto, un millón de rupias, un poco más de 17.000 Euros). (N.d.T.)
5 Conocido como «Fifth Schedule». Es la parte de la Constitución india que trata de la administración y control de determinadas áreas donde hay tribus establecidas cuya lista («schedule») está dada. Cubre áreas tribales de 9 estados de la India: Andhra Pradesh, Jharkhand, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Orissa y Rajasthan. (Fuente: http://www.mmpindia.org/Fifth_Schedule.htm; web de la organización Mines, minerals and people) (N.d.T.)
6 http://www.idcoindia.com/
7 Se refiere a «enclosure of the commons». (N.d.T.)
8 Se refiere a «una fuerza irrefrenable que en su avance aplasta o destruye todo lo que se interponga en su camino». (N.d.T.)
—
