Así lo dio a conocer el presidente del Tribunal, Eduardo González Segura, al dar lectura al por tanto de la sentencia, luego de casi un mes de juicio para determinar la legalidad de las autorizaciones que otorgó el Estado para este proyecto.
La anulación de la concesión debe hacerla el Registro Minero, por orden del tribunal. Como parte del fallo, los jueces recomendaron al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez y funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, vinculados con la declaratoria de interés público de la mina Crucitas, así como a las autorizaciones dadas.
El Tribunal Contencioso ordenó además a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona.
El Estado y el Sistema de Áreas de Conservación también deberán destinar recursos al restablecimiento del equilibrio ambiental, por eso el tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda hacer una provisión financiera para cuando se fije la suma final en la ejecución de la sentencia.
La parte acusadora de este caso son las asociaciones ambientalistas Apreflofas y Frente Norte por la Vida (Unovida). Los jueces indicaron además que la declaratoria de interés público de Crucitas no contó con criterios técnicos fundamentales. Edgardo Araya, abogado y representante de Unovida, se manifestó satisfecho y emocionado hasta las lágrimas por la sentencia favorable en el Tribunal Contencioso.
«Este es un mensaje de que aquí el poder político y el poder económico no pueden hacer lo que quieren en este país, la institucionalidad de este país se ha reforzado con esta sentencia. Es un triunfo de todos los costarricenses.», en referencia a la anulación del decreto ejecutivo de la administración Arias Sánchez.
«Supongo que Industrias Infinito irá a Casación», añadió Araya en declaraciones a los medios de prensa presentes en el Tribunal, en Calle Blancos de Goicoechea. Allí la empresa de capital canadiense apelará el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, declinó dar declaraciones y abandonó las instalaciones judiciales en medio de abucheos e insultos de un grupo de ambientalistas que lo esperaban en la calle
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