Conflictos ambientales en torno a proyectos extractivos y agrarios en Madagascar

Vahinala Raharinirina [*]

Traducido por: Yago Mellado Lopez

Palabras clave: glocal, biodiversidad, inversión extranjera directa, land-grabbing

 

Madagascar es uno de los puntos calientes en biodiversidad del mundo, así como un país extremadamente rico en recursos naturales y es, paradójicamente, uno de los más pobres. En 2013, el Banco Mundial estimaba que un 92% de la población malgache vivía por debajo del umbral de la pobreza.

Desde hace varios años, el país es acosado por las industrias mineras y petroleras, los inversores del agronegocio y del sector turístico, y por las intereses de países emergentes que buscan recursos energéticos y nuevos espacios de cultivo. Forma parte así de las nuevas zonas que abastecen de materias primas a las sociedades industriales (commodity frontiers), consecuencia directa del cambio del «metabolismo social» a escala global, que empuja a las sociedades industriales a extender los territorios de abastecimiento.

En los últimos diez años se han lanzado multitud de nuevos proyectos mineros, petroleros y agrarios con el aval del Estado nacional provocando un aumento, hasta ahora desconocido, del nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). El stock de IEDs de la rama «actividades extractivas» se ha disparado de 95 millones de US$ en 2005 a 4,5 miles de millones US$ en 2010 (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2011). Paralelamente, la proporción de población pobre nunca fue tan elevada en los últimos cincuenta años y el país asiste a la aparición de conflictos por todo el territorio. La sociedad civil malgache está desbordada por casos de acaparamiento de tierras (land grabbing) y la multiplicación de injusticias ambientales. Se denuncia la opacidad total de los contratos que a menudo van acompañados de escándalos de corrupción que ponen en cuestión la gobernanza del país y consolidan la ruptura de confianza entre las élites y la población local.

Dentro del marco del proyecto EJOLT se han recopilado e integrado en el EJAtlas 14 conflictos (véase Mapa 1). Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la sociedad civil, las organizaciones locales de defensa de la justicia ambiental, periodistas de investigación y universitarios de diferentes disciplinas.

El objetivo de este artículo es doble. Ante todo queremos dar cuenta del estado de avance de los diferentes proyectos extractivos y agrarios en Madagascar y censar los diferentes conflictos que han generado. Y, en segundo lugar, pretendemos demostrar que el punto en común entre todos estos proyectos es su carácter glocal. Esto permitiría explicar por qué los actores malgaches, y concretamente la sociedad civil, manifiestan una cierta dificultad a organizar la resistencia, a pesar de las numerosas protestas.

Acoso a los recursos mineros y petroleros en Madagascar

Los modos de vida de los países industrializados han provocado de manera directa la exploración de todas las reservas planetarias disponibles de recursos mineros y energéticos, incluidas aquí energías altamente controvertidas, como la arenas bituminosas o el gas de esquistos. El aumento de la demanda energética de los países emergentes no ha hecho más que reforzar esta tendencia. Y como las energías fósiles no son reciclables, la presencia de nuevos proveedores en el mercado es vital (Martínez-Alier, 2014).

Mapa 1. Mapa de los conflictos ambientales en Madagascar recopilados en el EJAtlas (septiembre 2014)
Mapa 1. Mapa de los conflictos ambientales en Madagascar recopilados en el EJAtlas (septiembre
2014)

Madagascar se encuentra así en el corazón de este nuevo fenómeno mundial de «bulimia energética y minera». Las inversiones extranjeras compiten en el país con mayor interés dado que la legislación malgache es una de las más atractivas en toda África en materia de extractivismo, siendo especialmente «atractivo» fiscalmente para los grupos mineros y petroleros. Desde 1996, siguiendo el impulso del Banco Mundial (BM), el Estado puso en marcha una nueva legislación minera y petrolera. Y en 2002, la entrada del «Ley sobre las Grandes Inversiones Mineras» (LGIM) estipula, por ejemplo, que la imposición a los beneficios de las empresas quedará reducida a un 25% (frente al 35% del régimen general), e incluso a un 10%, cuando la transformación de los productos se realiza in situ. En este caso significa que el impuesto minero se fija en un 1% del valor de la producción vendida. La tasa de impuestos a la minería es del 2%.

En menos de diez años el gobierno malgache ha firmado varios contratos, a menudo de largo plazo y de manera opaca. Y en la mayor parte de los casos para extracción de recursos nunca extraídos como tierras raras, ilmenita, níquel, cobalto, uranio o arenas bituminosas. Los principales países inversores en estas «actividades extractivas» son Canadá, Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El stock de IED recibido por parte de estos países representa más del 90% del conjunto de las IEDs a finales de 2010 (Banco Central de Madagascar e Instituto Nacional de Estadística, 2011).

Teóricamente las consultas públicas son obligatorias y el Estado debe informar a la ciudadanía. A nivel práctico, sin embargo, las autoridades públicas establecen un proceso elitista y secreto en torno a estos contratos. Ante la urgencia financiera, el Estado quiere ir deprisa y no da lugar al debate público, monopolizando así el proceso. Es la expresión misma de la depredación del Estado y del monopolio estatal (Randrianja, 2014); situación denunciada constantemente por la sociedad civil malgache. Para Amigos de la Tierra (Friends of the Earth, 2012) son las leyes mineras y petroleras, redactadas para hacer de Madagascar un país «competitivo», las que formalizan esta opacidad generalizada. El artículo 222 del código minero estipula, por ejemplo, que «los informes y estudios aportados por los titulares son confidenciales durante la validez de los permisos mineros. Una vez expirado este plazo, serán accesibles al público».

Proliferación de los proyectos agrarios en Madagascar: ¿inversión o acaparamiento de tierras?

Madagascar no sólo atrae empresas mineras y petroleras; también las tierras agrícolas interesan a los inversores extranjeros. El alza de los precios de los alimentos en 2007 y 2008 contribuyó ampliamente a la aceleración de las adquisiciones y del arrendamiento de tierras a gran escala (Allaverdian, 2010). Por otra parte, la mediación internacional en 2008 en el proyecto de arrendamiento de tierras agrícolas por parte de la compañía surcoreana Daewoo Logistics permitió a la sociedad civil internacional y malgache familiarizarse con esta problemática del land grabbing. A modo de recordatorio, el 18 de noviembre de 2008 un artículo del Financial Times informó de una conferencia de prensa realizada por Daewoo en Seúl, en la que anunciaba que el gobierno malgache le cedía 1.300.000ha de tierras por 99 años para producir 500.000 toneladas de aceite de palma y 4 millones de toneladas de maíz, destinados en su totalidad a Corea y a otros mercados exteriores. Según anunciaba, el acceso a estas tierras sería gratuito a cambio de una inversión de 6.000 millones US$ en 25 años (Teyssier et al., 2010). Esta información fue rápidamente difundida por varios medios de comunicación internacionales y nacionales, a pesar de que ya había sido revelada un mes antes por la ONG internacional GRAIN.

Esta maniobra de apropiación territorial a gran escala tanteada por Daewoo, así como otros casos que explicaremos a continuación, participaron a la desestabilización del gobierno de Ravalomanana (Teyssier et al., 2010). Hay que señalar que, a pesar de la modificación realizada en 2003 por Ravalomanana autorizando la venta de las tierras a los extranjeros que invirtieran más de 500.000 US$ (Ley 2003-028), la tanindrazana o «tierra de los ancestros» sigue siendo inalienable para la sociedad malgache (Franchi et al., 2013). Rajoelina, que detentaría el poder sin haber sido electo, desde el golpe de 2009 hasta 2013, no hizo sino reforzar la misma tendencia. En efecto, al no haber sido reconocido por la comunidad internacional, su gobierno sólo pudo autofinanciarse a través de proyectos.

Las tierras agrícolas entregadas entre 2005 y 2013 por los gobiernos de Ravalomanana y Rajoelina representaban millones de hectáreas. La superficie total de Madagascar es de 58.704.100ha y la superficie de tierras arables se estima que es de 8 millones de hectáreas, según el Ministerio de Agricultura (2008), frente a los 15-20 millones estimados por la FAO (2007). La superficie media cultivada por persona o superficie agrícola por productor era de 1,2ha en 1985, de 0,87ha en 2005 y en 2009 tan sólo representaba 0,15ha (Andrianirina et al. 2011). En un país en el que el 70% de la población es rural, esta situación plantea un verdadero problema ético.

Los colectivos TANY, GTZ, GRAIN y CIRAD hacen referencia a numerosos contratos. Un estudio científico realizado en 2012 da cuenta de 50 proyectos de adquisición de tierras destinadas al agronegocio entre 2005 y 2010. Esto representaría en torno a 3 millones de hectáreas de las cuales un 65% irían destinadas a la producción de productos alimenticios, un 32% a la producción de agrocarburantes y un 3% a plantaciones de bosques (Burnod, Gingembre y Andrianirina, 2012).

Las cesiones de tierras a gran escala en Madagascar son realizadas por el Estado en favor de inversores de naturalezas y orígenes diversos: podemos encontrar un Estado, una empresa extranjera pública o privada, filiales de multinacionales, así como actores nacionales. Por otra parte, el inversionariado ya no es como el de antes, originario exclusivamente de países occidentales: incluye ahora a países como Corea, India, Australia, China, Francia, Alemania, Irlanda, las islas del océano Índico y probablemente Malasia e Israel. En efecto, los medios de comunicación locales revelaron respectivamente en 2013 y 2014 la intención del Estado nacional de arrendar tierras arables a estos dos países (Colectivo TANY, 2013b).

Extractivismo y agronegocio: ¿origen de conflictos?

Por un lado, el agronegocio y el extractivismo son «sectores estratégicos» para el Estado malgache y sus principales socios capitalistas. Se trata de sectores esenciales para reforzar la lucha contra la pobreza e impulsar el despegue económico de Madagascar, a través de inversiones, fiscalidad, creación de empleo y transferencia tecnológica. Los medios de comunicación malgaches hablan en este sentido, a menudo, de proyectos en los que «todo el mundo gana». Y es cierto que las empresas de inversión extranjera se encuentran entre las principales proveedoras de empleo en Madagascar.

El número de empleos en las industrias de capital extranjero era de 80.500 en 2008, de 60.200 en 2009 y cerca de 62.700 en 2010 (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2010). Entre 2008 y 2009 se produjo una pérdida notable de empleos, debido al inicio de la crisis política que desembocó en el «golpe de Estado». Se trata de empleos perdidos fundamentalmente en el sector textil. A continuación se observa una ligera alza del 4,2% en 2010 respecto al año 2009, fundamentalmente generada por la creación de empleos en el sector de las «actividades mineras». Dicho de otro modo, la inestabilidad política no frenó a los  nversores extranjeros del sector minero. Y más aún, las industrias extractivas son la excepción: respecto a 2008, el nivel de la producción en este sector progresó en un 10,4% (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2012).

Por otra parte, la mayor parte de estos proyectos extractivos tienen una huella ecológica muy elevada. Cada año, millones de metros cúbicos de agua son bombeados directamente desde los ríos para el refinado de los minerales y  para la alimentación de los oleoductos. A esto se añaden otras externalidades negativas, como la polución de los cauces de agua y de las capas freáticas, el enarenamiento de ciertos ríos, la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos, la destrucción de biodiversidad, etc.

Se le ha dado mucha cobertura a casos de tierras confiscadas a los campesinos en beneficio de los grandes proyectos. Fue el caso de Daewoo, de Varun International, WISCO y el de Tozzi Green. Las cesiones de tierras a gran escala afectan seriamente a los derechos consuetudinarios de uso y usufructo de las tierras de las poblaciones locales, a pesar de que la reforma territorial de 2005 pretende tener en cuenta tales derechos (Franchi et al., 2013). Los medios de comunicación y la sociedad civil también han señalado injusticias de orden étnico en dos zonas donde se han implantado proyectos. Las comunidades nativas de Toamasina y de Taolagnaro reprocharon respectivamente a Sherritt/Ambatovy y QMM/Rio Tinto que privilegiaran la contratación de mandos nativos de Antananarivo en detrimento de jóvenes de sus regiones.

La sociedad civil denuncia también niveles de compensación irrisorios al desplazamiento de la población. En Taolagnaro, por ejemplo, las tierras que pertenecían a las comunidades locales de Ehoala se compraron a un precio que osciló entre 100 y 6.000 ariary/km2, que equivale aproximadamente entre 0,01 y 2€, por las necesidades de QMM/Rio Tinto a principios de los años 2000. Esto provocó manifestaciones locales contra Rio Tinto en la región Anosy entre 2011 y 2013.

Un ejemplo de la flagrante falta de respeto de los cuadros de mando que dirigen las actividades extractivas es el caso de la compañía china MAINLAND, que empezó a explotar el yacimiento de ilmenita de Anjahambe en noviembre de 2007, a pesar de carecer de permiso medioambiental. Según los medios de comunicación locales en diciembre de 2007 esta compañía pudo exportar 1.250 toneladas de ilmenita a través del puerto de Toamasina (Hariniaina y Zafimahova, 2012).

El proyecto WISCO Soalala plantea la extracción de hierro y la construcción de un puerto internacional en la Bahía de Baly; un enclave ecológico con numerosas especies inscritas en la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Se han recopilado también casos de confiscación de tierras por parte del Estado y la exclusión de las poblaciones locales de Soalala de los procesos de concertación (Colectivo TANY, 2013c). También los medios revelaron un escándalo financiero: el desvío de los 100 millones US$ abonados por WISCO al Estado malgache, de los cuales una parte debería haber llegado a las colectividades descentralizadas.

Ambatovy provocó la degradación del bosque primario durante la construcción de los 220km de oleoducto, la desaparición masiva señalada por la Asociación de apicultoras y agricultoras de Toamasina (FMMT), sin ninguna compensación y una fuga de dióxido de azufre en la fábrica. También hubo un escándalo de corrupción: según los medios de comunicación, algunas personalidades del gobierno de Rajoelina reclamaron una importante suma de dinero al inversionariado de Ambatovy a cambio del permiso de explotación.  El punto común entre estos variados proyectos es que los productos alimenticios, los minerales o los recursos energéticos están destinados a la exportación. Una vez más nos encontramos en lo «glocal»: inversores y tecnologías procedentes de los países industrializados y emergentes, empleo de mano de obra y recursos locales, productos destinados al mercado internacional. Una realidad que recuerda a la de los períodos coloniales y postcoloniales, en los que las materias primas eran casi siempre exportadas sin transformación local y, por lo tanto, con muy poco valor añadido.

La(s) respuesta(s) de la sociedad malgache

La proliferación de proyectos mineros, petroleros y agrarios ha multiplicado los conflictos y las injusticias en el conjunto del territorio malgache. La sociedad civil se ve desbordada por las demandas de las comunidades campesinas, a menudo impotentes. En general, están muy poco informadas y, en algunos casos, ni tan siquiera han sido llamadas a los procesos de concertación. A pesar de su declarada voluntad, la sociedad civil malgache ha manifestado una cierta dificultad para organizarse y articular las protestas que siguen siendo finalmente muy localizadas. Varias razones explican esta situación.

En primer lugar, las crisis políticas cíclicas impiden a la sociedad civil encontrar una verdadera dinámica de protestas. El estado malgache ya no es considerado como un interlocutor fiable. Es juez y parte. Se produce así una «ruptura de confianza» evidente. O peor aún, se constata una fuerte reaparición de la represión y una ausencia de libertad de expresión. En 2012 y 2013, durante los conflictos que enfrentaron a una parte de la población de Taolagnaro y la compañía QMM/Rio Tinto, el estado malgache intentó bloquear a la sociedad civil y ahogar las protestas locales (Raharinirina y Meynen, 2013).

En segundo lugar, la naturaleza compleja de los contratos firmados por el gobierno impiden a la sociedad civil definir estrategias claras de protesta. Los proyectos implican a menudo un consorcio de compañías privadas, filiales de multinacionales o empresas conjuntas (joint venture) entre el gobierno, compañías privadas, bancos, instituciones financieras internacionales y agencias de desarrollo. Y a veces ocurre incluso que grandes organizaciones internacionales de defensa del medio ambiente llegan a conceder el estatus de «modelo de desarrollo sostenible» a proyectos localmente controvertidos. En 2010, por ejemplo, la UICN no dudó en firmar un acuerdo de tres años con Rio Tinto para la conservación de la biodiversidad en Madagascar. Esta empresa, que degradó 1.650ha de bosque primario litoral (un 3,5% de la superficie del bosque litoral total), se beneficia así del apoyo de una de las principales ONG internacionales de conservación y se presenta como una empresa responsable. Una situación incomprensible para las organizaciones locales que militaron por la justicia ambiental.

A pesar de estos obstáculos, la sociedad civil ha dado ya un primer paso en la organización de la resistencia. Se han creado redes en el país que a su vez se han integrado en otras redes a nivel internacional. Con el fin de dar cobertura mediática internacional a las injusticias, se está trabajando con redes académicas y con la sociedad civil mundial. Por ejemplo, la Alliance Voahary Gasy (AVG), plataforma que agrupa 28 organizaciones de la sociedad civil en defensa del medio ambiente, colabora con la Universidad  e Michigan, es miembro de la red académica Madagascar Environmental Justice Network (MJEN) y está implicada en el proyecto europeo EJOLT sobre justicia ambiental. Ante el fenómeno del land grabbing, en 2003, se creó una plataforma denominada Solidarité des Intervenants du Foncier (SIF) cuyo objetivo es facilitar el acceso a la propiedad territorial a la población malgache.

La sociedad civil malgache trabaja también con su ala expatriada Colectivo TANY, un actor muy dinámico y reactivo de la diáspora malgache en Francia en cuestiones territoriales y extractivas. Hace lobbying institucional con el fin de lograr una transparencia en los contratos y la implicación sistemática de las poblaciones locales en los procesos de negociación. Con SIF y AVG es uno de los actores más presentes mediáticamente en Madagascar. Ha sabido también acercarse a otras organizaciones de la sociedad civil como GRAIN (España), Re:Common (Italia), Ritimo (Francia), etc.

Las reivindicaciones de la sociedad civil se articulan principalmente en torno a negociaciones de los contratos, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, la seguridad alimentaria, así como las compensaciones de las comunidades. Se observan asimismo posiciones divergentes, e incluso contra dictorias, respecto a la pertinencia de las inversiones extranjeras. En los proyectos agrarios, por ejemplo, una parte es favorable a la intensificación agrícola, pero reclama más equidad en el reparto de las ventajas, mientras que otra parte se opone por completo y reivindica una agricultura familiar y sostenible. Respecto a los proyectos mineros y petroleros, una parte reclama la suspensión de los proyectos polémicos y el retorno a una auténtica concertación, mientras que otra parte pide más bien compensaciones justas, más empleos para la población local y una gestión transparente de los contratos y los pagos. La sociedad civil también está dividida en torno a la necesidad o no de revisar la legislación sobre el territorio, los códigos mineros y petroleros así como la Ley sobre Grandes Inversiones Mineras (LGIM).

A nuestro parecer la sociedad civil malgache necesita un refuerzo en términos de información y conocimientos sobre estas cuestiones que son cada vez más complejas. Según el sociólogo malgache Jean-Claude Rabeherifara, la sociedad civil de Madagascar es aún muy joven; podríamos decir que está naciendo (Raharinirina, 2013a). Necesita por lo tanto tiempo para reapropiarse los problemas, que son nuevos y complejos y que tienen una dimensión a la vez local y global («glocal»).

Conclusión

El cambio de rumbo realizado en Madagascar en la política agraria y extractiva hacia finales de los años 90 (con el impulso del BM) ha permitido alcanzar un doble objetivo: atraer IED y crear empleo. El sector extractivo se ha convertido en el mayor proveedor de empleo en Madagascar. A la vez, los proyectos mineros, petroleros y agrarios han multiplicado las tensiones y los conflictos en la sociedad malgache y están acompañados a menudo de injusticias sociales y medioambientales cada vez más frecuentes.

El análisis de estos proyectos ilustra el carácter «glocal» de todos estos conflictos. Para responder a las necesidades energéticas y para alimentar a una población planetaria en crecimiento, Madagascar se ha posicionado como un país proveedor de recursos y esta elección ha conllevado diferentes conflictos con la sociedad civil, concretamente a nivel local. Por otra parte, los actores implicados en los contratos son cada vez más variados e implican a veces entidades muy potentes en el ámbito financiero mundial. El posición del propio Estado malgache ha sido frecuentemente muy criticada por su «debilidad» en las negociaciones. Los contratos que firma tienden a privilegiar los intereses de los inversores extranjeros. Por el contrario, su posición ante la sociedad civil o las comunidades locales es considerada como «discrecional». Algunos analistas no dudan en hablar de depredación y de monopolio estatal.

En este juego de actores, la sociedad civil malgache ha tratado de posicionarse como un contrapoder del Estado y denunciar prácticas irresponsables e injustas. A pesar de la timidez de sus acciones locales y las divergencias internas, la sociedad civil malgache ha asimilado la idea de que se debe adoptar una nueva estrategia, por el carácter complejo de las implicaciones de estos grandes proyectos y las relaciones de fuerza entre los actores. En ese sentido, ha empezado a tejer vínculos con la sociedad civil mundial, la diáspora malgache y las redes académicas. Han aparecido nuevas formas de protesta, concretamente desde 2008 y debido el acaparamiento de tierras realizado por Daewoo. Estas protestas han recurrido a los canales de estas nuevas redes, pero también, cada vez más, a los medios sociales. A falta de una verdadera democracia deliberativa en el territorio, la sociedad civil intenta tomar como testigos a actores del ámbito global, una estrategia que parece finalmente pertinente y hábil, ante el carácter «glocal» de los conflictos y para esquivar la ausencia de libertad en el territorio.

Referencias

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[*] Investigadora del Centro internacional de Investigación en Economía Ecológica, eco-innovación y herramientas de de­sarrollo para la sostenibilidad (REEDS) de la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), (vahinala.raha­rinirina douguet@uvsq.fr)

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