Entrevista a Molly Conisbee

Molly Conisbee es la Directora Asociada de Comunicaciones del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Inglaterra, pero en esta entrevista realiza sus aportaciones a título individual. Es coautora del documento Environmental Refugees: The Case for Recognition(1) junto a Andrew Simms, Director de Políticas en la New Economics Foundation (nef). En esta entrevista responde a las preguntas de Ecología Política.

EP. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de la temática de los desplazados ambientales? ¿Se trata de un conjunto de problemas locales o un problema global?

Algo que está claro es que muchos expertos creen que la desertificación, la elevación de los niveles del mar, la disminución de disponibilidad de agua, etc. conllevará una explosión de desplazados/refugiados ambientales; Janos Bogardi del Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas, Bonn, sostiene que el deterioro ambiental desplaza ya hoy día a unos 10 millones de personas al año, y que la tendencia es a aumentar. Así pues esta es una temática claramente global, los desplazados tendrán que ir a algún sitio.

EP. En el documento «Environmental Refugees – the case for regnition» apostaban por el reconocimiento de la figura del «refugiado ambiental» ¿Por qué?

En el documento que ha citado utilizamos la idea «refugiado ambiental» más para atraer la atención pública que para examinar las sutiles diferencias entre «desplazado» y «refugiado». Algunos escritores critican la idea de «refugiado ambiental» porque creen que desnaturaliza la idea de refugiado, pero nuestra opinión es que la definición del estatus de refugiado —realizada en la Convención de Ginebra— fue contingente a la situación política, social y económica de la Europa de posguerra, y que una definición contemporánea debería reconocer los cambios en nuestro entorno social. Sin duda deberían incluirse grupos de población que son desplazados, en algunas ocasiones deliberadamente —piensa por ejemplo en aquellos que pierden sus casas porque el gobierno construye una represa—, cuyos casos puedan ser interpretados como un abuso de poder mediante acciones opresivas, al igual que lo son otras actividades como arrestos arbitrarios o abusos de autoridad.

EP. ¿Qué aportaría el reconocimiento del «refugiado ambiental»?

El Dr. Bogardi y otros apoyan la idea del reconocimiento del estatus de refugiado ambiental por la simple razón que esto ayudaría a planificar y priorizar los recursos necesarios para afrontar esta problemática. También significaría que los estados deberían comprometerse formalmente a ayudar a estos colectivos, de la misma manera que lo hacen con otros refugiados. Él sugiere que debería crearse un panel intergubernamental para tratar esta problemática. La Cruz Roja también está de acuerdo, recordándonos que los problemas ambientales desplazan a más gente que la propia guerra.

EP. ¿Cómo se relaciona consumo y desplazados ambientales? ¿Y deuda ecológica y desplazados ambientales?

Tenemos una relación clara entre los niveles de consumo y la degradación ambiental, por ello no supone ninguna dificultad reconocer que el desplazamiento de población es parte del debate de la deuda ecológica. Todos estos elementos están interrelacionados, y pueden ser solo afrontados holísticamente. De hecho «los impactos» asociados a los refugiados también recaen sobre los más pobres. La inmensa mayoría de los refugiados se desplazan a países vecinos, lo que significa que se quedan en África o Asia.

Igualmente, es artificial sugerir que los desplazamientos de las comunidades rurales a las zonas urbanas o son debidos a las políticas nacionales, o son debidos al crecimiento internacional de los mercados y el comercio. Ambos están intrínsicamente ligados debidos a la globalización. Podríamos argumentar que en los siglos XVIII y XIX el desplazamiento de población del ámbito rural al urbano en Inglaterra fue forzado por la revolución industrial. Pero esta a su vez fue acelerada por la existencia del Imperio Británico. Así pues fue un fenómeno nacional, vivido y realizado en un ámbito muy local, pero al mismo tiempo reflejaba un cambio en las relaciones internacionales, en la esfera del poder y en los mercados.

Las actuales estructuras económicas dependen hasta cierto punto de los desplazados, de la existencia de jerarquías, de la disparidad entre los que tienen y los que no tienen. La narrativa colectiva ha decidido interpretar los desplazamientos como parte del «progreso» – el movimiento del ámbito rural al urbano, la lucha por la supervivencia en las ciudades, etc. se interpretan como pasos para un mayor bienestar. Pero no tenemos por qué verlo de esta manera. No es una cuestión de falta de recursos si no de distribución de recursos y esto es lo que deberíamos estar poniendo en duda.

EP. ¿Cuáles son las principales demandas en vuestro informe?

En nuestra opinión deben afrontarse dos aspectos. Por un lado es necesario la actualización de la Convención de Ginebra, o la redacción de una nueva Convención. Deben incorporarse aquellos que han sido desplazados por crisis ambientales. Debe proteger a aquellos cuyos gobiernos no tienen el deseo o los recursos para protegerlos.

Por otra parte deben compensarse las deudas ecológicas —el mundo debe reconocer la existencia de deudas ecológicas— definidas como la deuda adquirida por la comunidad global cuando los ciudadanos de un país se apropian de una parte mayor de lo que le corresponde de los «commons» como la atmósfera. Los ciudadanos de los países menos consumidores son creditores de la comunidad internacional pues están sufriendo el peso de una deuda de carbono. Igualmente se debería llegar a un consenso para medir la deuda ecológica – por ejemplo un nivel por cápita en el consumo de combustibles fósiles. Esto ayudaría a clarificar las obligaciones ecológicas y financieras del sobreconsumo de nuestros países, en particular en el ámbito relacionado con las problemáticas del cambio climático.

1 El documento puede leerse en http://www.neweconomics.org/gen/ uploads/lpce0g55xjx5eq55mfjxbb5523102003180040.pdf.

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