Análisis legal del programa brasileño de producción y uso de biodiésel y del desarrollo sostenible

Análisis legal del programa brasileño de producción y uso de biodiésel y del desarrollo sostenible*

Solange Teles da Silva & Carolina Dutra**

 

La Constitución Federal Brasileña de 1988 consagró el derecho de todos a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, trasladando tanto al poder público como a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo para generaciones presentes y futuras. Se afirmó que el deber genérico de la protección al medio ambiente y la responsabilidad ética en relación a las generaciones presentes y futuras debe ser traducido en obligaciones concretas, incluyendo la adopción de estrategias alternativas a la latente crisis del sector energético (Silva, 2005). En otras palabras, eso significa que las políticas públicas del sector energético deben buscar un desarrollo sostenible, sustentado e incluyente (Sachs, 2004). Dentro de esas políticas estratégicas se encuentra el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB). En julio del año 2003 fue creado un Grupo de Trabajo Interministerial encargado de estudiar la viabilidad del uso del biodiésel como fuente alternativa de energía. Los informes presentados constituyeron los fundamentos del PNPB. En diciembre del año 2003, se estableció su forma de implantación y se definió la Comisión Ejecutiva Interministerial como unidad gestora del programa. En el año 2004, el Congreso Nacional elaboró un proyecto de ley teniendo por objeto su institución. A través de la Medida Provisoria 214/2004, convertida en la Ley Federal 11.097, del 13 de enero de 2005, el biodiésel fue incluido en la matriz energética brasileña, definido como el «biocombustible derivado de biomasa renovable para uso en motores a combustión interna con ignición por compresión o, conforme al reglamento, por generación de otro tipo de energía, que pueda sustituir parcial o totalmente combustible de origen fósil» (Brasil, 2004). Biomasa, a su vez, es la fracción biodegradable de productos y residuos provenientes de la agricultura, incluyendo sustancias vegetales (semillas oleaginosas como el maní, el girasol, el babaçu, el dendê, la mamona, la soja) y animales de la silvicultura y de las industrias relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales urbanos (Brasil, 2003).(1)

La metodología adoptada por Brasil es similar a la de la Unión Europea: adición progresiva del porcentaje de combustible derivado de biomasa al diésel de origen fósil, en cualquier parte del territorio nacional: 2% antes de enero del 2008 y 5% hasta enero del 2013. Dentro de las principales directrices del PNPB están: a) el aumento de empleos, sobre todo en el campo; b) la creación de un mercado competitivo, que garantice la calidad y el abastecimiento, a partir del uso de diferentes materias primas, sobre todo las oleaginosas, que serán materia prima base de la producción, en función de la riqueza biológica existente en Brasil, país tropical (Brasil, 2003). Además, la estrategia de inserción del biodiésel en la matriz energética brasileña está acompañada de un discurso sobre la necesidad de inclusión social. En éste sentido, el Decreto Federal n. 5.297, de 06.12.2004, instituyó el sello «Combustible Social» a ser concedido al productor que emplee agricultores afiliados al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), a cambio de beneficios económicos, como inmunidades y exenciones tributarias (Brasil, 2004). Aunque el biodiésel parezca una alternativa viable, es todavía parcial para la crisis energética, ya que la asociación a medidas, como economía de energía y cambios en el comportamiento, merece el mismo estímulo, se observa que las políticas públicas destinadas para su fomento, están concentradas, al menos en su discurso, en la problemática social. Es necesario, por lo tanto, levantar el velo y señalar algunos puntos que permanecen oscuros en relación al fomento de este tipo de energía. ¿Se iniciará una explotación del sol (Monbiot, 2006: 52) y de agua virtual? ¿Cómo fiscalizará el gobierno la producción dispersa en pequeñas propiedades y todavía garantizar la calidad del biodiésel que llegará al consumidor? ¿Existen riesgos de que el avance de la frontera agrícola empeore la tala del Amazonas Brasileño?

Despojo y migración rural del campo latinoamericano en la era de los agrocombustibles

Arturo Landeros Suárez (extracto)

Según el Ministerio del Trabajo de Brasil en el 2005 se registraron 450 muertes en la agroindustria de la caña de los ingenios de Sao Paulo: accidentes con máquinas, trabajadores carbonizados, cáncer de piel relacionado con el uso de agroquímicos y 17 muertes por agotamiento en el corte de caña. La mano de obra es principalmente emigrante, trabajadores agrícolas que ya no poseen sus propias tierras, sin derechos laborales y con sueldos precarios pagados por la cantidad de caña cortada y no por el número de horas trabajadas, esto sin tener control sobre la medición del peso de lo que producen (Cerdas, 2007; Martins, 2007; Frei Betto, 2007; Red de Acción e Investigación sobre la Tierra, 2007). Actualmente el gobierno de Brasilia, junto con el de Washington vía el CAFTA-DR,(2) tiene un alto interés en la región centroamericana y caribeña, especialmente en República Dominicana donde piensa subsidiar el traslado de sus compañías productoras de etanol, y en Haití, donde dirige las tropas de paz desplegadas por la ONU, pretende introducir cultivos cañeros para, según Lula, fomentar el desarrollo de ese país. 

Para que este biocombustible contribuya eficazmente a la confrontación de problemas actuales como la dependencia energética, la pérdida de biodiversidad y el cambio del clima, se deben considerar todas las consecuencias que la producción y uso de ese biocombustible puede generar. Impactos ambientales como la tala pueden aumentar en el caso que la soja se convierta en la fuente primaria de producción. No se puede tampoco olvidar que la utilización de granos para la producción de biodiésel puede generar aumento del precio de los granos y alimentos y dudas sobre la seguridad alimenticia, como advierte el informee de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación.(3) El informe señala la posibilidad de agudizar las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo, sobre todo en el campo de los subsidios a las materias primas. Examinando la experiencia de otros países, es posible prever algunas situaciones. Malasia, mayor productor mundial de aceite de palma, en la busca desenfrenada por la absorción de la demanda de biodiésel en la Unión Europea, elevó a un 87% el nivel de tala de sus selvas entre los años 1985 y 2000. Especies de rinocerontes, orangutanes y tigres están en peligro de extinción, sin contar que comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios.

Surge la intrigante cuestión: ¿Los países en desarrollo están destinados a sacrificar su patrimonio natural para que los países desarrollados alcancen la tan anhelada conciencia ecológica (Monbiot, 2006: 52)? Ahora es fundamental que las medidas adoptadas por el PNPB sean transversales, sostenidas y busquen el alcance de sostenibilidad, lo que significa que la política de fomento para la producción y uso de biodiésel debe propiciar simultáneamente el desarrollo económico, la justicia e inclusión social, así como la prudencia ecológica, asegurando para todos el derecho humano al medio ambiente ecológicamente equilibrado.

REFERENCIAS

Brasil (2003), Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial, Brasília. Brasil (2004), Relatório da Câmara dos Deputados, Brasília.

CERDAS, G. (2007), «Agrocombustibles las amenazas del imperialismo verde», Ecoportal, 13-08-2007, en http: //www.ecoportal.net/content/view/full/71716 fecha de consulta: agosto.

FREI BETTO (2007), «Necrocombustibles», nota en La Jornada, 21 de julio.

MARTINS DE CARVALHO, H. (2007), «La expansión de la oferta del etanol», ALAI, 13-08-07, en http://alainet.org/active/ 19020&lang=es fecha de consulta agosto.

MONBIOT, George (2006), «Biocarburants: attention, danger!», Courrier International, n. 797, p. 52.

SACHS, Ignacy (2004), Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond.

SILVA, Solange Teles da. (2005), Responsabilidade Civil Ambiental, in Philipphi Jr., Arlindo; Alves, Alaôr Caffé (ed.), Curso Interdisciplinar de Direito Ambiental, Barueri, p. 425-464.

Informe de la Red de Acción e Investigación sobre la Tierra (2007), «Derechos Humanos en el campo latinoamericano: Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay», Brasil.

* Traducción a cargo de Mónica Ferrigni Vera de Camargos.

** Solange Teles da Silva es Profesora de Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad del Estado Amazonas (UEA) y Profesora de la Maestría de Derecho Ambiental e Internacional de la Universidad Católica de Santos (Unisantos). Contacto: solange.teles@terra.com.br. , y Carolina Dutra esEstudiante de Maestría del Programa de Posgrado de Derecho Ambiental e Internacional de la Universidad Católica de Santos (Unisantos). Contacto: carolina.dutra84@gmail.com.

1 Otras informaciones en: www.biodiésel.com.br e http:// www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/biomassa/index.html.

2 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y EEUU 3 Otras informaciones en www.iisd.ca/ymb/sdibe/html/ ymbvol128num1p.html.

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