Sudáfrica: Éxitos de los activistas por la salud y el medioambiente

Patrick Bond*

 

En Sudáfrica, a lo largo de esta década, los principales avances en salud y medioambiente logrados por los activistas sociales fueron el resultado de haber ignorado el factor beneficio; de aquí en más, el desafío será unir sus fuerzas, vincularse a los más importantes movimientos sociales del mundo, «conectando los puntos» entre los problemas afines a cada sector, en una escala que vaya desde la situación de las mujeres y los niños dentro del hogar hasta la atenuación de los efectos del cambio climático.

Debido al hecho de que los activistas solo comenzaron el trabajo aquí descrito hace más o menos diez años (aunque tiene sus orígenes en la década de 1980), el periodo iniciado con el fin del apartheid ha sido testigo de un terrible declive en la salud de la sociedad, reflejado en la drástica disminución de la esperanza de vida, de 65 años en el momento de la liberación a 52 años una década más tarde, debido en gran parte al sida (Statics South Africa, 2004). Además, los problemas ecológicos han empeorado considerablemente, según la investigación encargada por el propio gobierno y reflejada en el informe «Environmental Outlook» de 2006, el cual, según un alto funcionario del estado (Yako, 2007) «confirmó un declive generalizado de la situación medioambiental».

Ante estos problemas, el antídoto más prometedor es el poder del activismo social. Hasta ahora, la victoria más importante ha sido el acceso gratuito a los medicamentos para el sida, que requirió la derrota del formidable bloque capitalista/estatal constituido por los regímenes de ClintonGore en Washington y Mbeki en Pretoria, además del grupo «Big Pharma» integrado por las empresas farmacéuticas que tienen los derechos de propiedad intelectual sobre los fármacos antiretrovirales (ARV). Después de un breve repaso del trabajo realizado por la Treatment Action Campaign, analizaremos los casos posteriores en los que las campañas rojiverdes de los movimientos por la justicia ambiental han marcado una diferencia en la situación sanitaria de los electores: agua, electricidad, contaminación y clima (aunque este último recién está en su etapa inicial). Las interconexiones entre salud y medioambiente en las que se centran los activistas incluyen las enfermedades respiratorias y aquellas transmitidas por el agua, que han empeorado especialmente en zonas caracterizadas por la pobreza en las que se han desconectado el agua y la electricidad y donde la contaminación industrial es permanente.

MEDICAMENTOS PARA EL SIDA

La Ley de Medicamentos de 1997 del gobierno de Sudáfrica, en la que constaba la posibilidad de obligar a conceder la licencia de los fármacos patentados, contribuyó a la formación en 1998 de la Treatment Action Campaign (TAC); este movimiento ha presionado a favor de la gratuidad de los fármacos para el sida, que hasta fines de la década de 1990 eran prohibitivamente caros para gran parte de la población seropositiva del país, es decir, aproximadamente el 10% de una población de 50 millones de habitantes. De inmediato, el Departamento de Estado de los EEUU declaró una vigorosa ofensiva contra la Ley de Medicamentos, en gran medida para proteger los derechos de propiedad intelectual en general y, específicamente, para evitar el surgimiento de proveedores paralelos de fármacos más baratos, algo que afectaría gravemente los beneficios de las multinacionales occidentales (Bond 1999, Nattrass 2004).

Esta ofensiva incluyó la intervención directa en 1998- 99 del vicepresidente de los EEUU, Al Gore, ante los lideres gubernamentales de Sudáfrica para que revocasen le ley. En julio de 1999, Gore lanzó su campaña electoral para las presidenciales de 2000, una campaña generosamente financiada por las grandes corporaciones farmacéuticas, que ya en las elecciones anteriores habían donado 2,3 millones de dólares al Partido Demócrata. Como contrapeso, los aliados de la TAC en la coalición ACTUP comenzaron a protestar en cada acto de la campaña de Gore. Finalmente, las protestas amenazaron con costarle a Gore mucho más en publicidad adversa de lo que ganaba con las contribuciones de Big Pharma, por lo que cambió de bando y retiró su oposición a la Ley de Medicamentos; unas semanas más tarde, Bill Clinton haría otro tanto en la Cumbre de la OMC, en Seattle.

El lobby farmacéutico no se rindió y en 1999 interpuso una demanda contra la constitucionalidad de la Ley de Medicamentos, con el contraproducente título de «La Asociación de Fabricantes de Fármacos versus Nelson Mandela», algo que encontraron ofensivo hasta los editorialistas del Wall Street Journal. El caso llegó a los tribunales a principios de 2001. En abril, nuevas protestas en solidaridad con la TAC y contra las multinacionales farmacéuticas, convocadas en diversas ciudades por Médicos Sin Fronteras, Oxfam y otros grupos solidarios con la Campaña, forzaron a la Asociación a retirar la demanda. A fines de 2001, la Agenda de Doha de la OMC adoptó un lenguaje explícito que permitía la transgresión de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPs) en el caso de emergencias sanitarias.

Sin embargo, el gobierno sudafricano continuó mostrándose reticente a proporcionar tales medicamentos por muy diversas y dudosas razones, en parte relacionadas con el «negacionismo» de que el VIH cause el sida. Como resultado, la TAC se vio obligada a presentar el caso ante el Tribunal Constitucional, que a mediados de 2001 autorizó el acceso al Nevirapine para las embarazadas seropositivas en los hospitales públicos. Sin embargo, simultáneamente la Anglo American Corporation, uno de los principales promotores de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) en Sudáfrica, publicó un estudio mostrando que solamente el 12% de sus empleados superó una prueba de coste-beneficio según la cual la provisión de medicamentos le era más beneficiosa a la empresa que permitir que los trabajadores seropositivos muriesen prematuramente para luego buscar sustitutos entre el 40% de trabajadores en paro. En 2002, las reacciones no solamente de la TAC sino también del principal sindicato de mineros forzaron a Anglo a revocar su decisión de negar medicinas a la mayoría de sus trabajadores (Bond 2005).

La reticencia de Big Pharma a ceder los derechos de propiedad para aliviar las necesidades en el vasto, pero poco lucrativo, mercado africano coincidió con el aumento de las iniciativas filantrópicas para proporcionar medicamentos de marca. Los servicios sanitarios paralelos de la Fundación Bill y Melinda Gates en sitios como Botswana han socavado los servicios de salud del gobierno; no es una mera coincidencia que Bill Gates sea de los que más tienen que perder en el planeta si los derechos de propiedad intelectual se ven amenazados.

Debido a semejantes relaciones de poder, el gobierno de Sudáfrica no hace uso de ninguna licencia obligatoria de los medicamentos, aun después de que la Asociación de Fabricantes de Fármacos retirase su demanda de 2001. No obstante, los fabricantes locales Aspen y Adcock Ingram redujeron los costes considerablemente, al conceder voluntariamente la licencia para elaborar los principales medicamentos para el sida. En este sentido, era de vital importancia no sólo la desmercantilización sino la desglobalización del capital para facilitar el acceso a tales medicamentos. En poco tiempo, se lograron similares acuerdos de licencias locales con empresas de Kampala, Harare y otras regiones.

En 2008, aproximadamente 700.000 sudafricanos recibieron medicamentos para el sida, un logro aun insuficiente para alcanzar en 2011 el objetivo de 1,3 millones de pacientes beneficiados (IRIN; 2008). Sin embargo, el reemplazo de Mbeki y su Ministro de Salud en septiembre 2008 significó un gran avance a favor de la financiación estatal; un avance debido, casi por entero, a la constante presión de los activistas sociales.

AGUA PÚBLICA VERSUS AGUA PRIVADA

El agua es otro sector en el que los activistas de la sociedad civil pueden enorgullecerse de sus éxitos, favorecidos en parte por la solidaridad internacional. Pero la influencia adversa del capital trasnacional, para no mencionar al Banco Mundial, en la metrópolis más poblada de Sudáfrica, Johannesburgo, durante los primeros años de la presente década será padecida durante muchos años por los consumidores de agua, debido a las peligrosas técnicas de ahorro de agua y a los sistemas utilizados para establecer su precio.

Suez de París, la segunda empresa de aguas del mundo, se estableció en Sudáfrica poco antes del final de apartheid, adquiriendo tres pequeñas concesiones de agua en poblaciones del Cabo Oriental durante los primeros años noventa. En 2001, la firma obtuvo la concesión de un contrato de prueba por cinco años para gestionar el agua de Johannesburgo, logrado en parte por haber llevado un año antes a los consejales de la ciudad a Argentina, en un viaje de lujo pagado con fondos públicos, para que constatasen el «éxito de la empresa» en Buenos Aires. (Ese contrato fracasaría en 2002, cuando el gobierno argentino ya no pudo seguir permitiendo la enorme repatriación de beneficios de Suez, en medio de la crisis económica que padecía el país).

En esa misma época, la empresa Dumes, subsidiaria de Suez, fue acusada por los fiscales del gobierno de Lesotho de haber sobornado a Masupha Sole, gerente de la Autoridad de Aguas de los Highlands de Lesotho, que abastece de agua a Johannesburgo. Supuestamente, en una reunión en Paris en 1991, Sole recibió 20.000 dólares para diseñar la renegociación del contrato, que concedía a Dumez unos beneficios adicionales de más de un millón de dólares a costa de los consumidores de agua de Johannesburgo. Ante esta situación, el sindicato de trabajadores municipales de Sudáfrica solicitó a las autoridades de Johannesburgo que prohibiesen a Suez presentarse a los concursos para la gestión del agua, pero estas se negaron (Bond 2002).

Suez heredó un sistema público de agua disfuncional, especialmente en los enormes asentamientos de chabolas que son el hogar de casi un tercio de los 3,2 millones de habitantes de la ciudad. Allí, según los informes disponibles, el 65% cuenta con tuberías comunales y el 20% recibe pequeñas cantidades de agua de camiones cisterna, el 15% restante sólo dispone de agua de fuentes públicas. En cuanto a los servicios sanitarios, el 52% ha cavado sus propias letrinas, el 45% depende de inodoros químicos, el 2% tiene inodoros conectados a la red, y el 1% hace uso de instalaciones de ablución. No hace falta decir que tales condiciones son particularmente adversas para las mujeres y los niños, propiciando infecciones oportunistas cuando la tasa de VIH en Johannesburgo está por encima del 25% y en una década en que las epidemias de cólera y diarrea han matado a decenas de miles de personas, especialmente niños.

En lugar de ampliar el suministro a estas áreas desatendidas, la respuesta de Suez a la pobreza fue llevar a cabo masivas desconexiones de agua. En su momento álgido, en los primeros meses de 2002, poco antes de que la resistencia comunitaria se convirtiese en una efectiva fuerza compensatoria, los funcionarios de Johannesburgo estaban desconectando el agua y la electricidad a más de 20.000 hogares cada mes, mientras que en la página web del Departamento de Asuntos de Agua y Bosques, se jactaban de que la ciudad ofrecía Agua Básica Gratuita al 100% de sus residentes. Tanto para los burócratas municipales como para Suez, la decisión de desconectar a la gente de bajos ingresos y mantener bajo mínimos los servicios sanitarios y de agua era, simplemente, una estrategia de ahorro financiero.

Con la intención de reducir el consumo de la gente con bajos ingresos, Suez comenzó su reinado como gestora de aguas de Johannesburgo con la instalación de 6.500 letrinas, un sistema piloto de pozos sanitarios de poca profundidad y miles de contadores de agua de prepago en áreas de bajos ingresos, incluyendo Soweto. Las letrinas no requieren nada de agua. El nuevo sistema de pozos sanitarios de poca profundidad es también atractivo para la empresa, puesto que los costes de mantenimiento se transfieran a los llamados usuarios residenciales en «condominio», donde el poco flujo de agua y la escasa gravedad implican que los desagües deben ser desatascados cada tres meses o menos por los residentes mismos, tradicionalmente las mujeres. A diferencia de los contadores convencionales instalados en las urbanizaciones ricas que advierten debidamente, mediante notificación en rojo en la factura mensual, de la inminente interrupción del servicio y ofreciendo así la oportunidad de normalizarlo, la desconexión de los contadores de prepago es automática y sin aviso después de agotarse el suministro de agua básica gratuita. Si la desconexión ocurre durante la noche o en fin de semana, cuando los establecimientos que venden créditos de agua están cerrados, el damnificado tiene que pasar sin agua hasta que abran; si esa familia no dispone de dinero para agua adicional, debe pedir un préstamo o agua a los vecinos para poder sobrevivir. Esta situación no sólo representa una amenaza a la dignidad y a la salud, sino también un riesgo directo para la vida en el caso de que haya un incendio. La muerte de dos niños en un incendio de una chabola en Soweto, motivada por los contadores de prepago, fue el detonante de una demanda contra Aguas de Johannesburgo.

Los gestores de Aguas de Johannesburgo eran reticentes a ofrecer un suministro de urgencia genuinamente gratuito y establecer un sistema de tarifas que favoreciese la redistribución del agua de los ricos hacia los pobres; un sistema que, de ser correctamente diseñado, penalizaría además el consumo excesivo y promovería la conservación de un recurso escaso. Después de todo, su negocio era vender más agua, no menos, a pesar de que ésta es transportada mediante acueductos a lo largo de cientos de kilómetros, desde las montañas de Lesotho, en el mayor sistema de trasvase de aguas de toda África. Durante los últimos años de la década de 1990, los consumidores de agua de Johannesburgo tuvieron que pagar los préstamos concedidos para construir la enorme represa de Lesotho, algo que implicó un espectacular incremento del 69% sobre el coste nominal del agua entre 1996-1999. En 1999, cuando la ciudad puso en práctica su estrategia de comercialización, el precio del agua en Johannesburgo se tornó más regresivo más que durante el apartheid (por ejemplo, con una escala menos marcada entre los diferentes niveles de consumo).

Sin embargo, debido a una promesa hecha por el partido gobernante durante la campaña electoral de diciembre 2000, al año siguiente se puso en práctica un servicio de urgencia de Agua Básica Gratuita (ABG), equivalente a 6.000 litros mensuales de agua para cada hogar. El debate principal se centra en si el paquete de ABG proporciona agua suficiente a las familias numerosas de bajos ingresos, especialmente las que tienen miembros seropositivos y si la curva de tarifas sube de manera excesivamente convexa o suficientemente cóncava. La estrategia del gobierno nacional (p.e. la promesa de agua básica gratuita realizada ante el aumento de las protestas y el malestar social, junto con el estallido de la epidemia de cólera) se sintetiza en estos términos: «El gobierno local del Congreso Nacional Africano proveerá a todos los residentes con una cantidad básica gratuita de agua, electricidad y otros servicios municipales, para ayudar así a los pobres. Aquellos que utilicen más que las cantidades básicas, pagarán el consumo extra.»

Los funcionarios de Johannesburgo reinterpretaron el mandato, bastante progresista, de manera completamente regresiva, adoptando una curva de tarifas relativamente convexa y brusca, en lugar de una curva cóncava con un paquete de urgencia más amplio y más adecuado para los habitantes de bajos ingresos. El aumento dramático de las tarifas del segundo bloque significaba que no había una gran diferencia en la factura mensual aun después de los primeros 6.000 litros gratuitos. Además, la tarifa marginal para los usuarios comerciales/industriales de agua, aunque mayor que la tarifa residencial, de hecho disminuía después de alcanzar un gran volumen de consumo. Los residentes de bajos ingresos simplemente no podían pagar el agua al precio que pedía Suez.

Pronto se organizó la resistencia, en coherencia con la tradición de movimientos sociales urbanos que surgieron a mediados de los años ochenta, cuando Johannesburgo fue cuna del que posiblemente era entonces el movimiento social urbano más impresionante del mundo, los «cívicos» de los distritos segregados de Sudáfrica (Mayekiso 1996). Pero la Organización Nacional Cívica de Sudáfrica sufrió la sistemática desmovilización de sus filas por parte del partido gobernante durante los noventa, por lo que en su reemplazo surgió una red independiente de grupos comunitarios en varios distritos segregados de Johannesburgo, iniciada con la formación del Comité contra la Crisis de la Electricidad de Soweto a principios de 2000. El grupo adoptó lo que ya era una táctica de supervivencia popular en el distrito: reconectar ilícitamente la electricidad después que, por impago, la desconectasen los funcionarios del estado (en 2001, el 13% de las conexiones en Gauteng eran ilegales) e incorporó una orientación socialista a favor del auto empoderamiento. En pocos meses se constituyó el Foro AntiPrivatización (APF) para coordinar a las casi dos docenas de grupos comunitarios que había en Gauteng, promoviendo multitudinarias marchas periódicas de trabajadores y habitantes. El APF también se conectó con activistas por el agua pública de todo el mundo, por ejemplo, con los grupos de Cochabamba, en Bolivia, uno de los principales campos de batalla a favor del agua y también con movimientos de Argentina, Accra y Detroit.

Para que sus reivindicaciones pudiesen llegar a ser legalizadas y generalizarse, los activistas antiprivatización de Soweto, en particular los del barrio de Phiri, iniciaron en 2004 un pleito constitucional, asesorados por el Instituto para la Libertad de Expresión y el Centro de Estudios Legales Aplicados de la Universidad de Witwatersrand y expuesto por uno de los abogados más importantes del país, Wim Trengove. El caso, Mazibuko y otros versus la ciudad de Johannesburgo y otros, fue visto finalmente en la Corte Suprema de Johannesburgo en diciembre de 2007. Varias cuestiones fueron examinadas: las implicaciones de los contadores de prepago y los servicios sanitarios de poca profundidad en relación a su accesibilidad y a la justicia administrativa, especialmente en casos de necesidad urgente de agua y de pobreza crónica; los orígenes y las cuotas de Agua Básica Gratuita, así como el precio prohibitivo del agua más allá de la asignación de ABG, que Aguas de Johannesburgo elevó en abril de 2008 a 10.000 litros por hogar y por mes, pero sólo para los hogares que después de una investigación sobre sus ingresos fuesen catalogados como «indigentes».

Pero esta acción no apaciguó al juez de la Corte Suprema Moroa Tsoka, que el 30 de abril de 2008 dictaminó que la imposición de un control de crédito mediante de contadores de prepago «en las áreas históricamente pobres y negras y no en las áreas históricamente ricas y blancas» era racista, puesto que su instalación aparentemente se había centrado «en función del color o del área geográfica.» Además, consideró que el proceso de consulta comunitaria realizado por Aguas de Johannesburgo era «un ardid publicitario» caracterizado por un «enfoque de Gran Hermano». Finalmente, ordenó la eliminación y prohibición de los contadores de prepago y la provisión de 50 litros de agua por persona y por día, duplicando la asignación de ABG.

Debido a que el reinado de Suez incrementaba los conflictos sociales, además de generar discrepancias dentro del ayuntamiento, en 2006 el contrato de la empresa no fue renovado, a pesar de la anhelada opción a una ampliación por 25 años que constaba en el Plan de Negocios inicial de comercialización del agua. El plan preveía que los beneficios netos del suministro de agua a Johannesburgo sumarían aproximadamente 300.000 dólares en 2000-2001, hasta alcanzar los 50 millones de dólares en 2008-2009. En lugar de permitir un enorme flujo de beneficios hacía Paris, los activistas locales lograron con sus estrategias, al menos parcialmente, desmercantilizar el agua y elevar el ABG de 25 a 50 litros por persona y por día, además de desglobalizar el capital al mandar a casa a Suez y favorecer la gestión local del suministro de servicios públicos.

Pero el suministro de ABG seguía siendo insuficiente, en parte debido a los funcionarios de Johannesburgo que, influenciados todavía por el régimen de precios que Suez estableció en 2000, pretendían condicionar el abastecimiento de ABG a las investigaciones sobre los ingresos familiares. Pese a que el ayuntamiento de Johannesburgo retomó la gestión del suministro de agua, continuó su comercialización y, más aun, el alcalde Amos Masondo apeló el veredicto del juez Tsoka a fines de 2008, apoyado por el Departamento Nacional de Asuntos de Agua y Bosques. En abril de 2009, la victoria de los 50 litros por persona y por día se vio reducida a 42 y la prohibición de los contadores de prepago, hecha por Tsoka alegando su injusticia administrativa, fue modificada. Por tal motivo, en abril de 2009 los activistas y sus asesores legales apelaron el veredicto ante la Corte Suprema de Apelaciones, en busca de una victoria decisiva en el Tribunal Constitucional.

CONTAMINACIÓN MULTINACIONAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Hay un sinfín de incidentes en los cuales las empresas multinacionales que operan en Sudáfrica, algunas con sedes centrales en el país, violan las leyes con vertidos ilegales de desechos o la emisión de sustancias contaminantes en el agua y el aire (www.groundwork.org.za). Lo más importante es que a partir del fracaso del sistema regulador y el empeoramiento de las condiciones medioambientales posteriores al apartheid (debido en parte al descenso en la calidad de los informes de impacto ambiental), los activistas locales han hallado formas de presionar efectivamente al estado y al capital. Algunas de estas incluyen las campañas a largo plazo, como contra el envenenamiento por mercurio de la empresa Thor Chemicals, que finalmente tuvo que pagar por los daños ocasionados. Otras suponen interponer demandas que servirán luego para sentar precedentes, como el caso del amianto de Cape PLC, que llevó a esta empresa a la bancarrota. Otras requieren de la acción directa y la protesta creativa.

Como ejemplo de tácticas de resistencia respaldadas por un análisis fuerte, podemos citar a la organización groundWork, con sede en Pietermaritzburg, que en 2002 estableció los «Premios Cadáver» junto con Corpwatch de EEUU y posteriormente con el Centro para la Sociedad Civil de la Universidad de KwaZulu-Natal, en 2005, para «distinguir las peores prácticas empresariales generadoras de injusticia medioambiental» (las citas posteriores provienen de http://www.groundwork.org.za). Las nominaciones son hechas principalmente por organizaciones comunitarias de la sociedad civil, especialmente las de gente que vive junto a fábricas y minas.

En 2005, entre las empresas que recibieron nominaciones al «Premio Cadáver» se contaban las más agresivas contaminadoras del país: las refinerías de petróleo Sasol, Sapref y Engen, el gigante siderúrgico Mittal (antes Iscor), los gigantes del papel y pulpa Sappi y Mondi, la estadounidense Monsanto y la empresa sudafricana de electricidad Eskom. Los nominados de 2006 fueron AngloPlatinum (por la destrucción de la comunidad de Mapela, que más abajo se describe), Bayer Cropscience (por promover el azúcar modificado genéticamente), la industria cementera de Sudáfrica (por la utilización de desechos tóxicos en sus productos, otras dos refinerías de petróleo (FFS en Pietermaritzburg y Chevron en Table View, Ciudad del Cabo), cuyos análisis de contaminación del aire eran muy superiores a los niveles legalmente aceptables, Engen (una vez más), Samancor Manganese (por envenenar a sus trabajadores en el Triángulo de Vaal), Paladin Resources de Australia (por sus minas de uranio en Malawi) y AngloGold Ashanti (por los 16 trabajadores muertos en 2006 en la mina Tautona, de Carletonville, cerca de Johannesburgo), su supuesta violación del embargo de armas de la ONU en el República Democrática del Congo (a mediados de 2005, el entonces director ejecutivo, Bobby Godsell, respondió a las acusaciones de colaboración con los señores de la guerra con el comentario «Errores se cometerán»), su responsabilidad en la muerte de trabajadores artesanales en Obuasi, Ghana y el papel de su subsidiaria Kedahda en uno de los países más represivos del mundo: «el ejército colombiano está abocado al desarraigo de los campesinos y mineros en pequeña escala, atacando a sus dirigentes, como Alejandro Uribe, para que la multinacional minera Kedahda pueda entrar en la región y emprender la explotación de esos territorios.»

Según la invitada a la entrega de los premios de 2005, Naomi Klein, «Sabemos que las multinacionales no se contentan sólo con sangrar a vuestras comunidades y envenenar vuestros cuerpos. Quieren ser amadas, y esa es la razón de por qué el gobierno inventó la responsabilidad social corporativa (RSC). No hay para ellos problemas suficientemente grandes que no puedan ser resueltos mediante el uso de las relaciones publicas.» El director de groundWork y receptor del Premio Goldman por su activismo medioambiental, Bobby Peek, explica su rechazo a la autorregulación de las empresas: «Todos (los nominados de 2005) alardean de su compromiso con la RSC y el medioambiente. Sus anuncios y publicaciones proclaman las prácticas óptimas y sus permanentes avances, además de su compromiso con la salud y la seguridad. Algunos hasta han recibido premios por lo bien que informan sobre temas ambientales y sociales. Nada de eso ha convencido a sus vecinos que afrontan el riesgo de enfermedades: cáncer, asma y problemas respiratorios afines, eczemas, alergias y una serie de alteraciones que afectan a la sangre y a los sistemas nervioso e inmunológico.»

Quienes se oponen a la contaminación continuarán con una variedad de tácticas, incluyendo la ridiculización del Premio Cadáver (que recibía una cobertura favorable en la prensa de negocios de Sudáfrica). El siguiente ataque contra el capital multinacional proviene de las víctimas de la extracción de minerales, como las comunidades de Limpopo y las provincias del Cabo Noroeste y Oriental, que han acusado AngloPlats, LonPlats y Australian Mineral Resources, respectivamente, por el saqueo de sus recursos. Por ejemplo, las comunidades de Mapela y Maandagshoek acusaron a AngloPlats de expulsar a las comunidades de sus tierras ancestrales, robar los recursos de la gente y amordazar las voces de resistencia. AngloPlatinum impuso órdenes «SLAPP» (Demanda estratégica contra la participación pú- blica) contra el representante legal de las comunidades de mineros, Richard Spoor, para impedirle «calumniar» a la empresa mediante la utilización de palabras como «racista, gángster y matón.»

La forma de contaminación más seria y con más riesgos para la vida son los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, especialmente el dióxido de carbono (CO2 ). Estos gases están ya incluidos en el comercio de emisiones, un síntoma de la aparición de un vasto mercado potencial surgido de la nada, con una actividad estimada cercana al billón de dólares anuales en los próximos años. Aunque el objetivo es la mitigación del cambio climático, los activistas sudafricanos argumentan que el nuevo mercado de carbono podría hacer más mal que bien. En 2004, se coordinaron con otras organizaciones internacionales para formar el Grupo de Durban por la Justicia Climática, en oposición a las multinacionales responsables de generar emisiones que amenazan a las especies y al clima y que, mediante el comercio de carbono, intentan eludir su obligación de reducir la contaminación. En 2008, entre estas empresas se contaban los principales compradores de créditos de emisiones de los países del Norte, como Shell, BHP Billiton, EDF, RWE, Endesa, Rhodia Energy, Mitsubishi, Cargill, Nippon Steel, ABN Amro, Chevron y Chugoku Electric Power. Las empresas vendedoras de créditos de reducción de emisiones, especialmente de Brasil, Sudáfrica, la India y China incluían a Tata Chemicals, ITC, Plantar, Votorantim, Petrobras, Shri Bajrang, Birla, Oil & Gas Nat. Corp., Sasol, Mondi, Hu-Chems Fine Chemical, Chugoku Electric Power y Chhatisgarh Electricity.

Sudáfrica es uno de los sitios más importantes donde los activistas de base y sus aliados cuestionan la lógica interna y las implicaciones prácticas del comercio de carbono, debido a que, como resultado de la dependencia histórica del apartheid de una electricidad barata, proporcionada por generadores a base de carbón, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y medidas según el porcentaje del PIB per cápita, son veinte veces más altas que las de EEUU. El comercio de carbono llegó a Sudáfrica como concepto en 2002, gracias a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible y fue presentado como un medio relativamente indoloro de mitigar los gases de efecto invernadero en el vertedero más grande de África. El vertedero de Bisasar Road, ubicado por el régimen de apartheid dentro de una comunidad residencial negra, Clare Estate de Durban, brindó al gobierno de Sudáfrica, al Banco Mundial y a numerosas multinacionales, la ocasión de obtener beneficios de la reducción de emisiones convirtiendo las emisiones de metano en electricidad, gracias a un subsidio de 15 millones de dólares del Banco Mundial, cuya intención era traspasarlo luego a grandes inversores internacionales.

Hasta su muerte, en julio de 2007, la activista Sajida Khan intentó cerrar el vertedero de Bisasar Road, situado enfrente de la que era su residencia familiar desde hacía décadas, y simultáneamente desbaratar el proyecto piloto de comercio de emisiones más grande de África. Murió de un cáncer que ella atribuía a las toxinas transportadas por el viento desde el vertedero. Según el escenario ideal de Khan, con el cierre del vertedero de Bisasar Road, el metano sería capturado, transportado por tubería, limpiado y convertido en energía. En cambio, los funcionarios de Durban querían quemar el metano in situ (incrementando la generación de cancerígenos peligrosos) y mantener abierto el vertedero por lo menos otros siete años y posiblemente veinte, así aumentar el flujo de créditos por la reducción de carbono mediante el Prototype Carbon Fund del Banco Mundial. Sin embargo, en julio de 2006, la Durban Solid Waste reconoció la validez del informe crítico de 90 páginas Enviornmental Impact Assessment de Khan, que un año antes había contribuido a ahuyentar al Banco Mundial del vertedero de Bisasar. La empresa municipal de basura se limitó a solicitar (y obtener) financiación del Banco Mundial para la obtención de electricidad mediante la combustión de metano en dos vertederos más pequeños, no ubicados en las proximidades de zonas residenciales. Pero además del de Bisasar, hay otros ejemplos de como se abusa en Sudáfrica del comercio de carbono, lo que justifica el rechazo popular a este método como una estrategia para combatir el cambio climático (Bond, Dada y Erion, 2008)

¿Qué proponen los activistas en lugar del comercio o las compensaciones por las emisiones de carbono tipo RSC? El enfoque propuesto por las bases, (inspirándose en los activistas del sector energético del delta del Níger, en las comunidades indígenas y ecologistas de Ecuador, en las luchas conservacionistas de California y Alaska, en los pueblos con minas de uranio de Australia, en Noruega y en las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá), es decir: «Dejad el petróleo bajo la tierra, dejad el carbón en el pozo». Las críticas de los activistas sudafricanos contra el sector petrolero aúnan las etapas de procesamiento y consumo con la de producción, apoyados por la red internacional OilWatch. El acontecimiento más importante hasta ahora es la campaña de presión ejercida por Acción Ecológica de Quito sobre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para mantener en el subsuelo del Parque Nacional de Yasuní petróleo valorado en unos 12.000 millones de dólares; un petróleo por cuya no extracción Correa solicita compensaciones por valor de 5.000 millones de dólares.

Además de mitigar el cambio climático, otra razón para dejar los recursos en la tierra es la «maldición de los recursos» que ha afectado adversamente a la mayoría de países en vías de desarrollo. La extracción de recursos no renovables genera ahorros negativos netos en muchos países, algo que reconoce hasta el informe interno del Banco Mundial de 2006 ¿Dónde está la riqueza de las naciones? El informe calcula que los ahorros nacionales netos de Sudáfrica equivalían a dos dólares negativos por habitante en 2000, un año en que el ingreso nacional bruto per cápita fue de 2.837 dólares (el impacto negativo de la devaluación de capital, la contaminación y, muy especialmente, la extracción de recursos no renovables, en los cálculos del Banco Mundial está compensado por el aumento de la inversión en capital humano a través de los presupuestos educativos, pero aun así continúa siendo negativo para la mayoría de los países africanos). Para decirlo de otra manera, hasta la economía más industrializada de África no puede generar y retener localmente suficiente riqueza como para contrarrestar el efecto de riqueza negativa provocado por el agotamiento de los recursos no renovables, reconoce el Banco Mundial (2006, p. 56). Por tal razón, dejar los recursos en la tierra no sólo es bueno para el medioambiente sino también para la economía local, considerando la magnitud alcanzada en la expropiación de los activos de la naturaleza por parte del capital transnacional. La mayoría de empresas mineras de Sudáfrica, especialmente Anglo, DeBeers y BHP Billiton, trasladaron sus casas matrices a paraísos fiscales desde principios de esta década, de tal manera que sus beneficios ni siquiera quedaron en Sudáfrica, generando en el proceso un enorme déficit de cuenta corriente que alcanzó el -9% a principios de 2008.

Está por verse si los activistas y sus aliados pueden frustrar el mercado de carbono en su etapa inicial y forzar al movimiento ambientalista a adoptar una perspectiva mas crítica ante las «soluciones» del mercado a los problemas que él mismo ha generado. Pero el enfoque alternativo de dejar el petróleo en el subsuelo y el carbón en la mina (p.e. tomándose en serio la gestión de la oferta), tiene a largo plazo un potencial mucho mayor para neutralizar efectivamente el calentamiento global. Esto se debe, además de la cuestión de la deuda ecológica, a que la estrategia de los activistas desincentiva el comportamiento de las empresas multinacionales por el cual, actualmente, se provocan daños ecológicos locales sin atender a la disciplina de los mercados ni a las consecuencias sociales. Según nuestra conclusión, esa misma estrategia de desincentivar las actitudes antisociales de las empresas multinacionales caracterizó también a otro gran esfuerzo internacional relacionado con el movimiento contra la deuda durante el Jubileo: la campaña a favor de una compensación por los beneficios adeudados a las víctimas negras de las multinacionales durante el apartheid.

CONCLUSIÓN

Los ejemplos de resistencia social al poder multinacional y estatal que hemos citado: el acceso a medicamentos para el sida, la privatización del agua, la contaminación (en particular las emisiones de gases de efecto invernadero), demuestran que una crítica profunda e inflexible de los malos comportamientos puede allanar el camino para un genuino cambio social, que beneficie tanto a la salud pública como al medioambiente.

Lo más necesario en la etapa venidera es la fusión dentro y entre estos movimientos. El espíritu de movimiento ya es compartido, lo que supone una aproximación militante y anticapitalista que se enfrenta directamente hasta a un partido gobernante aliado (como en el caso de la Treatment Action Campaign – TAC) y a las empresas multinacionales más grandes del mundo. El enfoque estratégico latente es similar entre los activistas, basándose en programas a favor de la desmercantilización de los medicamentos y del agua y en la desglobalización del capital (Walden Bello, 2005) o en la «desconexión» (Samir Amin, 1990) mediante la globalización de la solidaridad.

¿Debería esa solidaridad dirigirse a foros multilaterales? Más allá de un puñado de casos, como el Acuerdo de Basilea contra el comercio de productos tóxicos de 1989, la prohibición de las emisiones de CFC en Montreal en 1996 y la eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes gracias a la Convención de Estocolmo de 2001, las políticas públicas mundiales han sido insatisfactorias en áreas como el acceso a los medicamentos, los derechos de propiedad intelectual, el suministro público de agua y otros servicios esenciales, la contaminación, el cambio climático y la compensación de la deuda ecológica provocada por la opresión histórica. Por lo tanto, queda en manos de los activistas abordar desde abajo al poder multinacional, en su lucha por erradicarlo completamente.

Es mucho más probable que esto pueda lograrse a nivel nacional que a escala global, considerando el equilibrio de fuerzas que hoy prevalece y que se desplaza desde un poder neoconservador (el complejo petrolero-militar-industrial) hacia los intereses empresariales neoliberales (especialmente bancarios y comerciales), por más que se disfrace de «keynesianismo» el capitalismo de amiguetes, como lo demuestran los rescates de bancos emprendidos por Barak Obama y Gordon Brown.

En Sudáfrica, los activistas están entrando en una etapa con un nuevo presidente, algo más dispuesto a considerar los intereses de los trabajadores y de los defensores de la salud. A pesar de la aparente corrupción asociada al comercio de armas y unas posiciones extremadamente patriarcales, el gobierno encabezado por Jacob Zuma puede favorecer la apertura de más puertas. Pero esto es algo que aun está por verse y sólo la lucha permitirá a los activistas franquear esas puertas, acceder a la mesa donde se toman las decisiones, e ir más allá hasta lograr la puesta en práctica de políticas y programas a favor del medioambiente y la salud de la población.

REFERENCIAS

AMIN, Samir (1990) Delinking, London: Zed Books.

BELLO, Walden (2005) Deglobalisation, London: Zed Books.

BOND, Patrick (1999) Globalization, Pharmaceutical Pricing and South African Health Policy: Managing Confrontation with US Firms and Politicians, International Journal of Health Services, 29, 4.

BOND, Patrick (2002) Unsustainable South Africa: Environment, Development and Social Protest, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press.

BOND, Patrick (2005) Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press.

BOND, Patrick, Rehana DADA y Graham ERION (Eds) (2008) Climate Change, Carbon Trading and Civil Society: Negative Returns on South African Investments, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press.

IRIN (2008) Question Marks over ARV Tender, 29 February, Johannesburg.

LEHOHLA, Paddy (2004) «State of the world population, 2004: Statement from the Statistician General (Stats SA)», Pretoria, 17 September, http://www.statssa.gov.za/news_archive/ 17sep2004_1.asp

MAYEKISO, Mzwanele (1996) Township Politics: Civic Struggles for a New South Africa, New York: Monthly Review Press.

NATTRASS, Nicoli (2004) The Moral Economy of AIDS in South Africa, Cambridge: Cambridge University Press.

PEEK, Bobby (2005) The Corpse Awards, groundWork, www.groundwork.org.za/CorpAccountability/Background %20Awards%20Doc.doc

WORLD BANK (2006) Where is the Wealth of Nations? Washington: The World Bank.

YAKO, Pamela (2007), ‘The State of our environment should remain under a watchful eye’, Press release, Department of Environmental Affairs and Tourism, 28 June, Pretoria.

* Doctor en Geografía Económica, profesor de la Universidad de KwaZulu-Natal y director de la organización Centre for Civil Society de la misma universidad.

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