La Iniciativa Yasuní ITT es una gran señal para la humanidad

Fander Falconí Benítez*

 

Ecuador se ha situado, por fin, en la vanguardia del mundo. Hablamos de las discusiones de economía y medio ambiente. Gracias a un ecologismo sereno y adulto, mostrado en los debates que llevaron a aprobar la Constitución más «verde» del planeta y, por otra parte, al impuesto Daly-Correa. Ecuador lidera, también, las discusiones mundiales por la iniciativa, no libre de controversia, de la no extracción del petróleo, a cambio de una corresponsabilidad internacional de al menos la mitad de los ingresos que se dejarían de percibir, en una parte del Parque Nacional Yasuní: el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini ) en la Amazonía.

La Tierra, el medio físico, la Naturaleza, son parte integral de la Constitución, el «Sumak Kawsay» o Buen Vivir. La Carta magna ecuatoriana, aprobada con mayoría absoluta por el pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008, convierte a la Naturaleza en sujeto de derecho, en virtud del cual, todos sus ciclos vitales han de ser respetados, preservados y regenerados. No fue fácil el debate en la Asamblea Nacional Constituyente, ya que este planteamiento fue blanco de burlas internas y externas. Fue difícil concretar el principio del Buen Vivir, lo cual significa vivir con dignidad y considerar los valores culturales y la armonía con la Naturaleza.

El segundo ejemplo es el «ecoimpuesto» Daly—Correa. Ecuador es un país exportador de petróleo, aunque con reservas y extracción marginales, si se lo compara con otros países: menos del 1% en términos globales. Daly (2007) explicó el funcionamiento del «ecoimpuesto» en un artículo publicado en la revista internacional Ecological Economics, y el Presidente Rafael Correa lo planteó en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el año 2007. Un ecoimpuesto a la exportación de petróleo sería un gravamen ambiental del 3% del precio barril de petróleo, que podría ser administrado por los países de la OPEP. Ese ecoimpuesto debería aplicarse también a otros combustibles exportados, en proporción a su impacto ambiental. A éste se le ha llamado el impuesto Daly-Correa.

Un impuesto Daly-Correa lograría en concreto dos cosas. Por una parte, impediría que se deprima el precio del petróleo exportado, como ocurriría si los impuestos al petróleo (o al carbono) los ponen los países importadores ricos (el mismo caso del banano). Por otra parte, mostraría que los países de la OPEP admiten la existencia del aumento del efecto invernadero, y lo combaten aumentando el precio del petróleo con un impuesto variable del 3%. El efecto sería la disminución de la demanda de petróleo (menor producción de CO2 , en consecuencia), lo que se compensaría con unos ingresos mayores, destinados a la transición energética y a otros fines sociales (energías renovables, viviendas y escuelas eficientes en el uso de energía).

La tercera acción consiste en mantener bajo tierra el crudo localizado en una parte del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, declarado reserva ecológica de la biósfera por parte de la Unesco en 1979.

La Iniciativa Yasuní-ITT establece una nueva ética en la relación entre los seres humanos y la naturaleza, protege la vida y la salud de pueblos en aislamiento voluntario (los Taromenane y Tagaeri) y otras nacionalidades huaoranis. Preserva la biodiversidad de una de las zonas más ricas del planeta (en una sola hectárea del Yasuní hay mayor diversidad de especies que la presente en los Estados Unidos y el Canadá). Alrededor de la preservación de este territorio, está la posibilidad real de lograr un cambio en la estrategia productiva, para alcanzar el Buen Vivir.

Tal política radica en recibir aportes de la comunidad internacional por, al menos, la mitad de los ingresos petroleros futuros, a cambio de no extraer los 850 millones de barriles de reservas probadas de petróleo pesado del Parque Nacional Yasuní. Así, se evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 de la ulterior quema de esos combustibles fósiles. Se pretende evitar una mayor contaminación. El instrumento clave para alcanzar este propósito es la suscripción de un fideicomiso internacional que garantice la soberanía del Estado en el manejo de los recursos y, a la vez, asegure a los aportantes que habrá continuidad en la propuesta, con independencia del gobierno de turno.

EL FIDEICOMISO INTERNACIONAL

En el año 2007, al empezar su gobierno, el Presidente Rafael Correa decidió proponer al mundo la tesis de una compensación monetaria para no explotar las reservas petroleras ubicadas del campo ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.

La propuesta es una construcción colectiva y con historia. A inicios de la década pasada, un conjunto de organizaciones sociales, académicos y políticos plantearon un gran canje de deuda externa legítima —para desmarcarse de las denominadas deudas externas ilegítimas, odiosas o inmorales— a cambio de la moratoria petrolera en la Amazonía centro sur. Con el conocimiento de la riqueza petrolera que alberga esta región, se buscaba evitar que se replicasen los daños sociales y ambientales que produjo la explotación del llamado oro negro en la Amazonía de los años setenta.

En el 2000, se propuso ya «una moratoria a la explotación de petróleo de la Amazonía que se sume al respaldo a la intangibilidad de los territorios indígenas» (Acción Ecológica, 2000: 12).

En CDES (2001), ya expusimos la necesidad de «un ambicioso canje de deuda con el objetivo de conservar la Amazonía y evitar su destrucción con la explotación petrolera. A cambio de la condonación de deuda por parte de los acreedores privados, bilaterales y multilaterales, el Ecuador se comprometería a conservar la Amazonía e invertir un porcentaje de lo condonado en el desarrollo sostenible de la región, y en un fondo de inversión social a favor de los pueblos indígenas y sectores pobres del país, garantizando la consulta y el control ciudadano».

En el plan de gobierno del Movimiento País —la organización política que condujo al Presidente Correa a la presidencia de la República- (2006: 41) anotamos: «En este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza, la necesidad de analizar con seriedad la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía. Además, es preciso manejar el petróleo existente como una reserva energética para el futuro, que sería extraída, siempre que existiesen suficientes garantías para no poner en riesgo la principal riqueza de la Amazonía: su biodiversidad».

Para que el planteamiento tenga éxito en el ámbito internacional, se requiere de una estructura financiera —un fideicomiso— capaz de brindar soberanía plena en las decisiones al Estado ecuatoriano, y de ofrecer las más altas seguridades a los contribuyentes para el uso independiente de los ingresos dejados de percibir.

El fideicomiso es el instrumento financiero que permite captar los recursos de los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos del mundo, empresas, etc. Es una cuenta para recibir los recursos, bajo ciertas condiciones que permitirían su buen manejo y su transparencia. Tales usos los determinaría de manera autónoma el Estado ecuatoriano.

La creación del fideicomiso se hace en ejercicio pleno y no en desmedro de la soberanía. En estricto rigor, no es una «negociación» que se hace con quien va a aportar los recursos, ya que el Estado dictamina qué hacer con ellos y dónde invertirlos, dado que es el primer actor concurrente del proyecto.

La Iniciativa Yasuní ITT ha gozado de apoyo interno, exterior y de todas las entidades multilaterales: la Asamblea Nacional ecuatoriana dio su aval. Las Naciones Unidas y sus órganos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina (CAN), Unión Europea, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Movimiento de Países no Alineados, Grupo de Río, OPEP, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la han secundado. Ha tenido el soporte de España, Bélgica, Alemania y Francia. El Bundestag, el parlamento alemán en pleno, apoyó la idea en junio del 2007, sin exigir para Alemania ningún puesto en el directorio del fideicomiso.

La decisión no ha estado exenta de contradicciones no resueltas. Por una parte, el gobierno ha establecido un plan A y un plan B. El plan A consiste en dejar el crudo en el subsuelo y lograr la corresponsabilidad internacional. El plan B radica en extraer el petróleo del ITT. De otro lado, el tiempo para cumplir la iniciativa, o sea la consolidación de los aportes internacionales, siempre ha sido una espada de Damocles. Al inicio, eran seis meses, luego, se logró que el plazo para obtener la contribución fuera indefinido. Al mismo tiempo, han existido intereses petroleros para extraer el crudo: los potenciales ingresos por la exportación de 850 millones de barriles de crudo representan mucho dinero, a más de las enormes inversiones que se requieren para su extracción.

La figura del fideicomiso tampoco es la que mayor consenso ha provocado, ya que de una u otra manera genera ciertas restricciones para el uso del dinero. El fideicomiso tiene que ser de orden internacional, para captar los recursos del exterior y porque así genera la credibilidad necesaria y garantiza, a los contribuyentes, que el petróleo se quedará en tierra. Hay consenso en esto.

CONCLUSIONES

La Iniciativa Yasuní-ITT beneficia al mundo entero: el calentamiento global nos afecta a todos. Es una gran señal para la humanidad. Es necesario pasar de los discursos a los hechos para contrarrestar un fenómeno que tiene efectos devastadores para toda la humanidad.

Enfrentar el reto de vida que representa el ITT, no pasa sólo por cristalizar la legislación nacional, que convierte a la protección de esa área en un imperativo político nacional. Esta Iniciativa, por sus repercusiones internacionales, se proyecta en el mundo. Su racionalidad no depende de los recursos financieros que se puedan obtener internacionalmente. Más allá de sus efectos benéficos sobre el cambio climático y sobre el acervo planetario en términos de biodiversidad, esta Iniciativa puede ser el punto de partida para repensar la vida de los seres humanos en el planeta.

No se trata de una simple donación voluntaria o compensación para proteger un pedazo de Amazonía. Se parte del principio de la corresponsabilidad que tendría que normar la construcción de nuevas formas de relacionamiento internacional entre los seres humanos y la Naturaleza. Los países más ricos, los mayores responsables del calentamiento global, tienen que asumir lo antes posible el grueso del esfuerzo para enfrentarlo. Este principio debe ser la piedra angular de una nueva justicia ecológica global.

Las emisiones de CO2 son excesivas ahora. Lo serán más, si en el mundo se continúa extrayendo petróleo, gas y carbón al ritmo actual.

La Iniciativa Yasuní ITT adquiere relevancia, más cuando la Cumbre mundial de cambio climático en Copenhague fracasó, pues no logró un acuerdo vinculante que restringiera las emisiones de gases de efecto invernadero (Falconí, 2010). En cambio, el Ecuador ofrece una acción sin precedente, que es innovadora frente a los mecanismos del Protocolo de Kyoto: la propuesta se centra en la no emisión de más carbono, por una compensación, mientras que los mecanismos tradicionales buscan la absorción de los efectos de las emisiones. La Iniciativa propone un cambio de perspectiva, una nueva ética para vivir en armonía de la Naturaleza. Por eso, requiere de una concreción y un férreo compromiso político.

Al dejar el petróleo en tierra, el Ecuador renuncia a un ingreso económico grande, pero, a cambio, proporciona bienes para toda la humanidad; por lo tanto, tiene que existir corresponsabilidad internacional. Se parece a Galápagos. ¿Convendría construir un gran complejo de hoteles y casinos allí? Rotundamente, no. Hay responsabilidades de gestión. Con el Yasuní se trata de favorecer a toda la humanidad, de conservar su biodiversidad que es la nuestra. Hasta el turismo debería ser cuidadoso. Galápagos es una historia viva desde Charles Darwin.

La sociedad ecuatoriana y el mundo tienen la última palabra.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

ACCIÓN ECOLÓGICA (2000), El Ecuador Post Petrolero, Quito, Acción Ecológica, Ildis, y Oil Watch.

CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales), Suplemento del 29 de noviembre del 2001, «Deuda externa: Rompiendo mitos», Quito, CDES.

DALY, Herman (2007), «Sustainable Development and OPEP», en Ecological Economics and Sustainable Development, Edward Elgar, Cheltelham.

FALCONÍ, Fander (2010), «El mundo al revés», en www.politica yeconomia.com. Gobierno Nacional de la República del Ecuador (2009), «Yasuní- ITT Una iniciativa para cambiar la historia», Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio del Ambiente.

OLADE, Organización Latinoamericana de Energía (2009), «Informe de Estadísticas Energéticas», Quito, OLADE.

VARIOS AUTORES (2006), «Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011», Quito.

* Coordinador del Doctorado de Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede Ecuador (ffalconi@flacso.org.ec).

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