Minería en los paramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica

Hacia la búsqueda de la justicia ambiental*

Javier Alfredo Molina Roa*

Palabras clave: páramos, minería, campesinos, ecologismo.

 

El pasado mes de marzo, la empresa canadiense Greystar Resources Ltd., días después de la celebración de una audiencia pública ambiental particularmente agitada, desistió del trámite de licencia ambiental que adelantaba ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia para la explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán, complejo de alta montaña localizado en el nororiente del país. La decisión de la empresa cerró un capítulo del candente debate suscitado por este megaproyecto que implicaba la remoción de millones de toneladas de tierra y roca, la utilización de cianuro para la obtención del metal, el cambio drástico en los suelos y un uso intensivo de agua, con una producción a 15 años calculada en 7 a 8 millones de onzas de oro y 34 de plata, y ganancias de miles de millones de dólares para la multinacional, pero con los consecuentes impactos ambientales negativos e irreversibles en este ecosistema de alta montaña, en especial sobre las fuentes hídricas que allí nacen y de las cuales se surten más de dos millones de personas (Roa, Urrea, 2011). Fue evidente que la movilización de miles de ciudadanos, ONG, asociaciones gremiales y comunitarias, que contó con el apoyo de autoridades públicas y medios de comunicación y usó eficazmente redes sociales como Facebook y Twitter, obligó a la empresa a detener temporalmente la ejecución del proyecto, si bien su nueva junta directiva estudia la posibilidad de desarrollar un sistema de explotación subterránea en la zona, propuesta que ha suscitado críticas y una fuerte oposición desde el movimiento ecologista y entidades como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, así como la advertencia clara del Gobierno de que no habrá viabilidad para la explotación aurífera si ésta afecta el ecosistema de páramo.

Para entender el radical y masivo rechazo que suscitó el proyecto minero es esencial tener en cuenta la importancia de los páramos en Colombia desde el punto de vista ambiental, social y cultural. Estos constituyen una biorregión de las altas montañas tropicales que abarca los Andes del norte y la alta montaña centroamericana; se caracterizan por bajas temperaturas, pronunciadas variaciones climáticas y humedad relativa superior al 80% (Hofstede, Segarra, 2003), son considerados ecosistemas estratégicospor su biodiversidad (IAvH, 2007) y la variada provisión de bienes y servicios ambientales,en especial la regulación hídrica, consistente en la retención de agua y paulatina liberación del flujo hacia cuencas hídrográficas, fenómeno favorecido por una alta tasa de infiltración y almacenamiento propios de sus suelos, bajo nivel de escorrentía superficial y escaso consumo de agua de su vegetación (De Bievre, 2007). Colombia posee el 49% del total de páramos del mundo; aproximadamente el 70% de su población se surte del agua proveniente de estos ecosistemas la cual también es usada en actividades agropecuarias, industriales y generación de energía. Los páramos cumplen una importante función como sumideros de carbono (Borda, Moreno, 2008). Además del suministro de agua proveen alimentos y recursos genéticos, poseen el 8% de endemismo de flora, en ellos nacen la mayor parte de los ríos del país y tienen un gran valor paisajístico y cultural para las comunidades que los habitan.

Sin embargo, la conformación geológica de los páramos representa un enorme potencial minero; las zonas de alta montaña albergan oro, plata, los mejores carbones para uso térmico y metalúrgico, platino, cobre y otros minerales, lo cual ha despertado el interés de multinacionales que proyectan su explotación a alturas que oscilan entre los 2.600 a 3.900 metros sobre el nivel del mar. El interés inversionista se ve favorecido por la creciente demanda internacional y una política gubernamental de corte neo-extractivista (Gudynas,2009) basada en la atracción de capital y tecnología extranjeros y una mayor competitividad, que busca convertir a Colombia en un país minero, dominante dentro del contexto latinoamericano (Idárraga, Muñoz, Vélez, 2010). En desarrollo de esta política, de un millón de hectáreas adjudicadas para minería en el año 2002 se pasó a 8,5 millones en el 2009 (Ruiz, 2011) casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas. Datos del año 2008 indicaban que el 10% de los páramos ya estaban titulados para proyectos mineros y el 47% adicional estaba siendo solicitado. Pese a haberse expedido la Ley 1382 de 2010 que prohíbe la minería en páramos, muchos títulos mineros sobre estas áreas ya habían sido otorgados y cuentan con licencia ambiental. Por otra parte el marco legal favorece al inversionista privado mediante contratos de concesión minera de hasta 10.000 hectáreas con duración de 30 años, prorrogables por 30 años más y negociables entre particulares, exploración minera exenta de licencia ambiental estabilidad de cláusulas relacionadas con regalías y canon superficiario. Existe igualmente un régimen tributario especial para la inversión extranjera, con importantes exenciones arancelarias, de IVA, del pago de la renta presuntiva y descuentos en la base del impuesto de renta, entre otros incentivos tributarios y aduaneros. (Díaz, 2006).

LA LUCHA POR EL CAPITAL NATURAL

Pese al panorama favorable para la inversión de grandes capitales, la minería en los páramos de Colombia se encuentra con una férrea oposición de comunidades campesinas que ven vulnerado su territorio ancestral por los proyectos extractivos. La lucha por el agua ha cobrado una importancia decisiva para muchos colectivos rurales, que han ido reconstruyendo el tejido social afectado por años de conflicto armado. La resistencia, apoyada y en algunos casos promovida por organizaciones cívicas y ambientalistas urbanas y autoridades públicas como en Santurbán, se dirige también contra las autoridades ambientales regionales, que son vistas con desconfianza pues se les atribuye la falta de aplicación de políticas y normas ambientales para la conservación y protección de los páramos frente a actividades antrópicas, lo cual se refleja en pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y sobre todo contaminación y deterioro de fuentes de agua superficiales y subterráneas (Procuraduría General de la Nación, 2008).

La negativa campesina a la minería en páramos también tiene que ver con la amenaza sobre los sistemas productivos tradicionales. En el año 2007, los habitantes del municipio de Nuevo Colón en el departamento de Boyacá, se movilizaron y a través de protestas, combinadas estratégicamente con acciones jurídicas lograron la revocatoria de una licencia ambiental para la explotación de carbón en una zona de páramo por falta de socialización del proyecto (decisión inusual en una autoridad ambiental colombiana). Frente a los beneficios de la minería, la cual asociaban a la contaminación y deterioro de fuentes hídricas necesarias para consumo humano y agricultura, antepusieron mayores ingresos, desarrollo y cohesión social producto de la actividad tradicional de cultivo de frutas. Otros municipios boyacenses como Socotá, Tasco y Cucaita experimentaron un singular fenómeno de movilización; los campesinos interpusieron acciones judiciales y administrativas, convocaron audiencias públicas ambientales, protagonizaron marchas y tomas de entidades estatales, logrando en algunos casos la cancelación de proyectos mineros en zonas de páramo. Es particular el caso de las comunidades de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander que ya completan casi 20 años de resistencia en contra de la minería de carbón en el páramo del Almorzadero, y han logrado detener varios proyectos de explotación del mineral en este ecosistema de alta montaña a través de la movilización directa, el uso de mecanismos de participación ciudadana como el Cabildo Abierto, acciones administrativas y judiciales y sobre todo mediante la integración de la sociedad civil (estudiantes, mujeres, ambientalistas, campesinos, educadores, comerciantes, artesanos y funcionarios públicos) en la búsqueda de un objetivo común, la protección y preservación de su principal riqueza, las fuentes hídricas que nacen en este páramo.

ECOLOGISMO POPULAR Y EL NACIMIENTO DE UNA CONCIENCIA JURÍDICA AMBIENTAL

Este fenómeno de ecologismo popular (Martínez Alier, Guha, 2000) ha cobrado una fuerza inusitada, logrando hacer parte de la cotidianeidad de muchas comunidades y sectores urbanos que habían permanecido ajenas a la problemática ambiental generada por la minería en páramos, de escala reducida por su carácter artesanal y de subsistencia. La entrada de grandes capitales, capaces de desarrollar proyectos mineros en gran escala y modificar drásticamente la oferta ambiental y la dinámica socioeconómica, generó un fuerte movimiento de resistencia que se podría explicar en términos habermasianos: las nuevas estructuras productivas-extractivas se insertan en contextos locales y regionales y «colonizan» la vida diaria y los procesos de interacción tradicionales de las comunidades afectadas; como reacción a este modelo de apropiación privada de recursos naturales surgen movimientos sociales que buscan descolonizarse y defender formas de vida dentro del marco de un sistema político que atiende de forma insuficiente sus demandas (Bebbington, 2007, Idárraga et. al. 2010). La amenaza de contaminación y agotamiento de fuentes de agua, la incorporación de nuevas tierras al proceso extractivo y la débil gobernanza contribuyen al surgimiento de una conciencia ambiental que años atrás no hubiera sido posible. La percepción colectiva apuesta por la defensa del territorio y de los sistemas productivos tradicionales, del medio ambiente y el agua como bienes fundamentales; la licencia social para la minería, iniciativa adoptada por las multinacionales mineras y con alto contenido simbólico toma fuerza entre las comunidades, que la ven como un requisito real e indispensable para la ejecución de estos proyectos.

En Colombia al igual que en otros países andinos los movimientos ecologistas campesinos han surgido de redes sociales rurales (Bebbington, et.al.) como las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Usuarios de Aguas, promovidas inicialmente por el Estado y con mínima experiencia o conciencia ecológica. Ante los riesgos representados por la minería incorporaron lo ambiental como una de sus principales líneas de reflexión y acción. Es relevante que muchas de estas organizaciones de base influenciadas en su momento por grupos armados, hayan logrado recuperar y ampliar su nivel de legitimidad y convocatoria, pues alegan que la protección de los recursos naturales supera toda barrera ideológica; «súbannos la plata y nosotros les bajamos el agua», es uno de los lemas esgrimidos por los habitantes de los páramos, aludiendo a la necesidad de inversión estatal y privada en la conservación de estos ecosistemas, que además reconozca e integre de manera sostenible sus modos de vida y formas tradicionales de producción.

El activismo ecológico que se opone a la minería, permite igualmente vislumbrar el nacimiento y paulatina consolidación de una conciencia jurídica enfocada hacia la protección de los sistemas naturales, y por esta misma vía del territorio y los sistemas productivos de las comunidades, como expresión de su ideal de justicia ambiental. Este nuevo empoderamiento de lo ambiental y lo jurídico, complemento de la movilización y resistencia social, se refleja a través de lo que piensan los colectivos campesinos sobre las normas ambientales, cómo las conocen y las utilizan, y cómo su experiencia con los órganos administrativos y judiciales encargados de aplicarlas contribuye a planear estratégicamente sus acciones y a reforzar su oposición a los proyectos mineros. La protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el acceso al agua, desconocidos anteriormente como problemas jurídicos que afectan a una colectividad cobran un nuevo valor y mediante la juridización del conflicto ambiental son asumidos como derechos fundamentales que deben ser defendidos por las autoridades dentro de los canales legales, sin abandonar nunca el recurso a la movilización y la confrontación directa pero pacífica como alternativas de resistencia. No cabe duda que el ethos que permea este nuevo activismo ha sido definido en gran medida por la Constitución Colombiana de 1991, reconocida como «ecológica», si bien desde la perspectiva política verde (Dobson, 1999) puede considerarse más bien una Constitución medio ambientalista, siendo superada sin duda por la del Ecuador, en lo que a valores ambientales y protección de la Naturaleza se refiere (Gudynas, 2009). Es importante resaltar que el ecologismo en Colombia ha sido reforzado por la denominada Acción Popular, mecanismo judicial de origen constitucional para la protección de derechos colectivos; la opacidad de las normas ambientales se ha visto superada por la acción de abogados, ecologistas, ONG y funcionarios públicos que contribuyen a su difusión y a la creación de una conciencia ambiental basada en la militancia jurídica (Macías, 1999), la cual busca en el litigio duro la defensa de intereses ecológicos y el logro de una justicia ambiental construida socialmente.

EL «EFECTO GREYSTAR» Y EL FUTURO DEL MOVIMIENTO CONTRA LA MINERÍA

Lo sucedido con el proyecto minero de la empresa Greystar Resources Ltd., ha marcado un precedente transcendental para el movimiento ecologista en el país y ha servido como ejemplo para otras movilizaciones recientes como la de los «raizales» o habitantes tradicionales del Archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar Caribe, que se oponen radicalmente a la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la estatal ECOPETROL y REPSOL-YPF en la reserva marina de la biosfera «Sea Flower», declarada por la UNESCO en el año 2000. El próximo capítulo de la resistencia social a la minería promete ser mucho más interesante, que no decisivo, para la inversión extranjera en Colombia; el proyecto La Colosa de la empresa Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, que planea extraer una mayor cantidad de oro que en Santurbán en un área que actualmente es reserva forestal nacional, se anuncia como el round más esperado que enfrentará a un fortalecido movimiento ecologista de origen predominantemente urbano, reforzado por activistas de todas las clases sociales, con múltiples redes de apoyo y contactos a nivel nacional e internacional, con una poderosa multinacional minera que muy seguramente hará uso de una estrategia corporativa y ambiental mucho más contundente que la de su antecesora, si bien el efecto Greystar quedó arraigado en las mentes de muchos colombianos y promete ser un referente clave para los nuevos movimientos verdes en Colombia y en especial para la resistencia civil a los megaproyectos mineros.

REFERENCIAS

BEBBINGTON, Anthony (Ed.) (2007)m Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas, Instituto Peruano de Estudios Sociales-IEP, Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES, 1º Edición, Lima.

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DE BIEVRE, Bert (2007), Amenazas a los servicios hídricos del páramo, En Perspectivas del Ecosistema de Páramo. Procuraduría General de la Nación, Bogotá.

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DOBSON, Andrew (1997), Pensamiento Político Verde, Primera Edición, Editorial Paidós, Barcelona.

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HOFSTEDE, R.; SEGARRA, P.; MENA V. (eds.) (2003), Los Páramos del Mundo, Proyecto Atlas Mundial de Páramos, Global PeatlandInitiative/NC-IUCN/Ecociencia, Quito.

IDARRAGA F. Andrés; MUÑOZ C., Diego, VELEZ G. Hildebrando (2010), Conflictos Socio-Ambientales por la Extracción Minera en Colombia, CENSAT Agua Viva, Bogotá. Disponible en www.censat.org.

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT- IAVH, Atlas de Páramos, Bogotá, 2007.

MACIAS, Luis Fernando (2002), Las Acciones Populares. Un nuevo paradigma de militancia jurídica. En Revista Electrónica de Derecho Ambiental. N.º 7, mayo, en www.aliens.cica.g imadus.es.

MARTÍNEZ ALLIER, Joan, GUHA (2000), Ramachandra, Varieties of Enviromentalism, Earthscan Publications Ltd., London.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2008), Situación de los páramos en Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio climático, Informe preventivo, Bogotá D.C., 2008.

ROA AVENDAÑO, Tatiana; URREA, Danilo (2011), Agua o Minería, un Debate Nacional. CENSAT Agua Viva, Bogotá. Disponible en www.censat.org.

RUIZ, Juan Pablo )2010), Minería y Plan de Desarrollo, artículo publicado en el diario El Espectador el 22 de diciembre.

Links para consulta:

www.infoandina.org

www.upme.gov.co

www.paramo.org

www.condesan.org

www.humboldt.org.co

www.censat.org

www.paramocolombia.info

* Las fotos de este artículo son cortesía del periódico EL DIARIO de la ciudad de Tunja (Boyacá- Colombia) y han sido realizadas por el fotógrafo Hisrael Garzón.

** Abogado ambientalista. Asesor de autoridades ambientales en Colombia. Docente de Derecho y Política Ambiental de la Universidad de Boyacá (javierm1272@yahoo.es).

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