Conflictos ambientales en Argentina durante el año 2010

Claudio C. Vizia*

 

Por conflicto ambiental se entiende el resultado de las acciones contrapuestas entre agentes que, en sus prácticas productivas y de reproducción social, ocasionan perjuicios que afectan la salud de las personas y las condiciones de los ecosistemas que son sus soportes, provocando determinadas acciones y diversas formas organizativas que suelen manifestar diferentes concepciones simbólicas sobre el uso de recursos. En estas situaciones el poder político es un actor privilegiado, al que las diversas fuerzas procuran por distintos medios atraer hacia sus respectivas posiciones e intereses.

MEGAMINERÍA

Según el autor y ambientalista Javier Rodríguez Pardo, en el país operaban 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, con 165 proyectos de explotación a la espera de aprobación en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. En la Argentina existían a 2010 siete provincias que prohibían diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba.1

Chubut: La ley Nº 5001 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro. El gobierno de Mario Das Neves intentó habilitar la explotación minera mediante una reforma a la misma ley. A fines de 2009 iniciaron una campaña de firmas los Foros Ambientales y Sociales de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. El gobierno pretendía activar un yacimiento de oro y plata cercano a Esquel, propiedad deYamana Gold y el proyecto Navidad en Gan Gan, anunciado como el más grande en el mundo de plata y plomo. El 10 de abril del 2010 las comunidades de la Meseta marcharon a Rawson, capital de la provincia de Chubut, en la reunión de comisiones de Pueblos Originarios en rechazo a la megaminería.2

La Rioja: En agosto de 2008, el gobernador Luis Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería a cielo abierto y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, con presencia en 9 localidades, han realizado numerosas movilizaciones —incluyendo una pueblada en 2009 en Famatina con represión y heridos- en reclamo por daños sociales y económicos.

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Mendoza: Las compañías mineras con el apoyo del gobierno provincial, intentan modificar la ley. Pero se enfrentan a la movilización de la Asamblea Mendocina por el Agua y la Multisectorial de General Alvear y a sectores vitivinícolas cuyo insumo básico es el agua. En abril de 2010 un fallo judicial suspende la exploración de cobre y oro en Villavicencio, ante posible contaminación. En junio de 2010 la Legislatura aprueba el proyecto de Potasio Río Colorado, produciéndose incidentes con ambientalistas. Previamente hubo protestas y cortes de ruta en Tunuyán, San Carlos, General Alvear y Uspallata. En octubre se realiza una asamblea pública por el Proyecto San Jorge para la extracción de cobre, finalmente aprobado con algunas observaciones.3 Se suceden manifestaciones y asambleas. La explotación consumiría un millón de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia.

Córdoba: La Cámara de Empresarios Mineros presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley Nº 9526. Las Asambleas «¡Ongamira Despierta!» y «¡Traslasierra Despierta!», se han constituido para resistir la reforma. La ONG Conciencia Solidaria presentó en la Procuraduría del Tesoro de la Provincia 86.000 firmas en defensa de la ley.4

Catamarca: El yacimiento minero Bajo de la Alumbrera se encuentra en el Departamento Belén, a unos 150 km al noroeste de la ciudad de Andalgalá. Es la explotación de oro más grande de la Argentina y produce anualmente unas 700.000 toneladas de concentrados que contienen 190.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro. El accionar de la empresa es cuestionado por vecinos de la zona y organizaciones sociales. La contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Numerosas patologías de pobladores de la región estarían relacionadas con la contaminación producida por el emprendimiento. Hay causas judiciales iniciadas en Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Rosario (por evasión). Agua Rica: El 15 de febrero vecinos cortaron la ruta para impedir las tareas preparatorias para su explotación. El 18 de febrero el Juez de Garantías admitió un amparo presentado. Se realizaron además numerosas movilizaciones a la capital provincial, contando con la asistencia de personalidades del arte y el espectáculo.5

Jujuy: Vecinos autoconvocados de Tilcara y Huella obtuvieron en febrero de 2010 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia una sentencia favorable al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el estado provincial, por los pedidos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A. sobre superficies de 9.100 hectáreas y de 5.000 hectáreas en el departamento de Tilcara, sobre territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite. El tribunal de primera instancia había negado un recurso de amparo presentado por los vecinos.6

San Juan: Veladero, es el segundo proyecto minero más importante del país después de Bajo La Alumbrera en Catamarca. Se encuentra ubicado en el Departamento de Iglesia, en un área conocida como cinturón minero El Indio, reserva de oro considerada como una de las más grandes del mundo con varios emprendimientos como Pascua-Lama, La Ortiga y Amarillos, entre otros. Veladero se encuentra en explotación desde 2005 a cargo de la empresa Barrick Gold, con una inversión de 1.938 millones de pesos. Tras cinco años de funcionamiento los vecinos denuncian consecuencias evidentes: el agua es escasa y de mala calidad, el cáncer crece en la población, niños presentan leucemia y diarreas permanentes, hay pérdida de cosechas, accidentes, muertes laborales, amenazas, drogas y prostitución. En el conflicto interviene la asamblea de autoconvocados de Iglesia y Jáchal.

Santa Cruz: Gobernador Gregores, yacimiento de oro y plata propiedad de Pan American Silver Corp (canadiense), ubicado en la meseta al oeste de San Julián, sobre la ruta 25 y a 50 km al este de Gobernador Gregores, se inauguró en 2009 y desde entonces se han sumado problemas laborales, denunciando permanentes inconvenientes de seguridad, falta de capacitación, de mantenimiento y comunitarios, pues las poblaciones vecinas temen la contaminación de sus aguas por el cianuro.

PETRÓLEO, GAS E HIDROCARBUROS

Existe una confluencia de intereses entre las empresas que buscan aumentar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas.7

Neuquén: En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 3.800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufú. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad prohibió el ingreso. La petrolera ingresó por la fuerza al territorio, atacó a miembros de la comunidad matando casi un centenar de animales, e incendiando dos viviendas y un vehículo. Tras un amparo presentado por la empresa la jueza interviniente dictó una medida cautelar, ordenando a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena.

Loma de La Lata: A 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén, es el yacimiento gasífero más importante del país, con una extensión de 350 km2. En el período 1997/2008 representó más del 60% de la oferta gasífera. En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, denunció al Estado provincial por no garantizar el ambiente sano y la salud de la población. Pese a un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —instancia que aceptó la denuncia en 1998 e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas. Mientras tanto, en el fuero neuquino sigue abierta la causa por la remediación ambiental. En 2000 el entonces gobernador Jorge Sobisch y el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, anunciaran la prórroga por 10 años de la concesión, que vencía recién en 2017.

En 2001 se instaló una planta para la producción de metanol de la compañía Repsol-YPF en Plaza Huincul. Los más afectados por la situación son las personas ubicadas en la zona de chacras a un kilómetro de la planta. Pequeños ganaderos, poseedores de vacas y otros animales, denunciaron mortandad de hacienda por ingesta de agua. Estudios de las aguas arrojaron presencia de hidrocarburos.

Salta: la Comunidad Misión Wichi Mataco del departamento San Martín, mantiene un conflicto con la empresa constructora Víctor Contreras SA, concesionaria de la ejecución de las obras para el tendido de un gasoducto. Pese a una medida de no innovar sobre estos terrenos, el juez actuante ordenó que prosiga la construcción por la traza que atraviesa las casas de los comuneros. La firma León y Chibán S.A. es propietaria de 20.000 hectáreas, de las cuales disputa 1.100 con la comunidad Wichi.

Fortín Dragones: A mediados de febrero se origina un conflicto entre las comunidades Wichi y Tecpetrol, con la llegada de la empresa a para explorar nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. Se advierten potenciales riesgos presentados por sus más de 5.000 habitantes.8

AGROQUÍMICOS

Santa Fe: En diciembre de 2009 la Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge. Por primera vez se invirtió la carga de la prueba: el gobierno provincial y la Universidad del Litoral tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Además sentaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio imponiendo medidas protectoras. Recientemente una ley que regulaba el uso de agroquímicos y fumigaciones que había sido aprobada en Diputados, perdió estado parlamentario al no ser aprobada por el Senado provincial.

Chaco: Arroceras San Carlos y Cancha Larga: Las fumigaciones de estas empresas motivaron denuncias ante el daño ambiental que producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, en los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Según la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, se triplicaron los casos de cáncer en niños menores y se cuadruplicaron las malformaciones en recién nacidos en La Leonesa durante el período 2000-2009. Un fallo de segunda instancia (junio 2010) limitó las aspersiones con químicos a no menos de 1.000 metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2.000 metros si es aéreo, fijando un plazo de 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental.9

DEFORESTACIÓN

Córdoba: Ley de Bosques: En agosto de 2010 se aprobó la ley que preserva dos millones de Hectáreas menos que lo previsto previamente por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En la «zona roja» se permite el aprovechamiento sustentable, no estipulado en la ley nacional, reduciéndose las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas. Con esta modificación un millón de Hectáreas, que el proyecto original consideraba en categoría «amarilla», fueron catalogadas como «verde», con lo cual se pueden desmontar.10

Santiago del Estero: El 21 de julio hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga y golpearon a familias. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.

En el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos.

Salta: El Gobernador de la Provincia de Salta dictó el Decreto Provincial N° 2211 en fecha 28/05/10, por medio del cual se permite de manera ilegal e ilegítima transformar la categoría rojo a amarillo, y de amarillo a verde. La magnitud del desmonte llevado a cabo en Salta posiciona a la provincia como la número uno del país en superficies deforestadas. La Ley de Bosques y un fallo de la Corte Suprema de Justicia no han logrado frenar un fenómeno que desde 2002 a 2009 acumulaba casi 860.000 hectáreas.11

Vidosan Agroforestal en noviembre 2010, intentó realizar un desmonte en colonias La Juanita y La Santafesina, pese al fallo de la Corte Suprema de la Nación que prohíbe desmontes en los departamentos de Rivadavia, San Martín Orán y Santa Victoria. Si bien las familias y un concejal de la localidad Coronel Juan Sola lograron frenar las topadoras, fueron denunciados ante la Justicia por la compañía ante el Juzgado de Instrucción de Tartagal.12

Mendoza: una compañía de capitales coreanos comenzó a alambrar un campo e introdujo topadoras para desmontar unas 8.000 hectáreas ubicadas en el departamento San Martín, en la localidad de Nueva California, afectando a una decena de familias campesinas que sostiene la posesión desde el año 1935.

RESIDUOS URBANOS — INCINERACIÓN

Ciudad y Provincia de Buenos Aires: Las organizaciones integrantes de la Asamblea Ambiental «No + CEAMSE» denunciaron la intención de la concesionaria de ampliar el relleno sanitario de Punta Lara, infringiendo legislaciones nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental y de gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Fallos judiciales determinaron que CEAMSE debe cerrar el establecimiento, y la única opción apropiada es la Planta de Tratamiento Integral de Residuos Urbanos para los Residuos de la Región. CEAMSE es un ente que agrupa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 34 municipios del Conurbano de la provincia. Desde diversas organizaciones ambientalistas se ha alertado que el Gobierno de la Ciudad no cumple además con las metas del Plan Basura Cero, promulgado en enero de 2006.

Córdoba: En 2009 se anunció el desarrollo de tres proyectos para instalar plantas de gasificación de residuos sólidos urbanos en Córdoba, Villa María y Río Cuarto, con una inversión de 315 millones de dólares. Grupos locales miembros de la Coalición Anti Incineración Argentina y de GAIA, así como Greenpeace, desplegaron un gran movimiento de oposición. En Villa María el proyecto se aprobó rápidamente, en Río Cuarto los concejales lo detuvieron, y en Córdoba el intendente lo rechazó.13

Santa Fe: En la ciudad de Pérez desde 1997 existe un basural situado al Noroeste de la localidad en las márgenes del arroyo Ludueña. Es un emprendimiento privado que recibe residuos sólidos urbanos y también cloacales. Se han acumulado numerosas denuncias de parte de los habitantes, quienes se ven perjudicados por las continuas irregularidades tanto en el manejo de residuos sólidos como líquidos. Se realizaron reuniones y movilizaciones, y luego de la intervención de la Secretaría provincial de Medio Ambiente, la planta donde se descargan camiones atmosféricos que generaba hedores fue clausurada.

OTROS CONFLICTOS

Papeleras

Entre Ríos: Papelera Botnia: Profesionales de la salud de Gualeguaychú denunciaron que el aumento de la frecuencia e intensidad de patologías de vías aéreas superiores, irritación y afectación de membranas mucosas, ocular y bronquial y reacciones alérgicas, sumado al agravamiento de afecciones preexistentes en los últimos años, tienen vinculación estrecha con la presencia de los contaminantes emitidos por la papelera. Advierten además sobre otros efectos a largo plazo (carcinogénesis, malformaciones congénitas, teratogénesis, alteraciones en la reproducción, depresión del sistema inmunológico entre otras).14

Ganadería a corral

Córdoba: En abril de 2010 las autoridades municipales de Luque reclamaron la intervención de las Secretarías de Ambiente y de Ganadería y Agricultura y Subsecretaría de Recursos Hídricos, al defensor del Pueblo y al SENASA —Servicio Nacional de Sanidad Animal— con el objeto de poner fin a los efectos que genera la actividad de dos feedlots, un criadero de cerdos y una fábrica de quesos ubicados en zonas lindantes al ejido urbano. Más de 600 vecinos del pueblo —el 40% de la población adulta- firmaron un petitorio dirigido al intendente.15

Santa Fe: Un feedlot ubicado en zona rural de Soldini lindante con la jurisdicción con la ciudad de Rosario fue instalado entre 2004 y 2005, ocupando unas 6 Hectáreas. Llegó a operar con más de 6.000 cabezas en 2009. Se suceden reclamos y reuniones de pobladores afectados por las emanaciones en Soldini y Pérez. La secretaría de Medio Ambiente dispuso el cese de actividades, luego del cual la empresa fue reduciendo paulatinamente sus operaciones.

Buenos Aires: Feedlot ubicado a 20 km de la ciudad de Saladillo, en zona rural. Comienza a radicarse en 2001, con una capacidad instalada de 5.200 animales. Las primeras denuncias fueron realizadas por pobladores de la zona, vecinos del establecimiento en el año 2005, recibiendo el apoyo de organizaciones sociales, con destacado protagonismo de Ecos de Saladillo. Como resultado de las acciones se logró la sanción de una ordenanza que prohíbe este tipo de establecimientos en el ejido urbano. Sin embargo la prohibición no comprende a los feedlots preexistentes.

CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA

Tucumán: Los desechos industriales del ingenio Marapa y los efluentes cloacales de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, luego de un muy rudimentario tratamiento, desaguan a través de dos ductos en el arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. En sus orillas está asentada una comunidad de artesanos productores lácteos, seriamente afectada. Hay mortandad vacuna, no tienen crías y la tierra es cada vez más infértil por la afectación de las napas freáticas. Los pobladores a través de Unión de Vecinos del Sur y Pacto Verde, realizaron una presentación al Juzgado Federal Nº 2 aguardando respuesta.

Santiago del Estero: La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe de la situación de la cuenca Salí-Dulce. Se establece que la principal fuente de contaminación del agua son los desechos de los ingenios azucareros, que representan el 65% y el 17% de la contaminación total. En segundo lugar se encuentran los efluentes de las empresas citrícolas y luego los líquidos cloacales sin tratar (aportan el 9 y 2% de la contaminación, respectivamente). Además se afirma que «los efluentes de la empresa minera La Alumbrera contienen metales pesados como arsénico, hierro, cadmio, cromo, etc., que hasta 1997 eran vertidos sin tratar en el canal pluvial DP-2 que desagua en el río Salí». Si bien la minera Alumbrera inauguró en 2001 una planta de proceso de filtrado y laboratorio de control de calidad de aguas, la Defensoría sostiene que altas concentraciones de metales pesados vertidos anteriormente persisten en el sistema.

Ciudad y Provincia de Buenos Aires: La contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre la que viven 5 mi llones de personas, adquirió mayor relevancia a partir del dictamen de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el saneamiento del curso hídrico en el año 2008, reservándose un rol activo en la coordinación entre Nación, Capital y Provincia para el saneamiento. El cumplimiento de la sentencia demandará relocalizaciones de un número no determinado de familias e industrias, según relevamientos en curso. La Justicia dispuso la creación del Comité de Cuenca,que desde su formación clausuró más de 150 industrias por  contaminación. Habría más de 3.000 industrias que vierten sus residuos en el Riachuelo, mientras que un 55 por ciento de la población ribereña carecería de cloacas y un 35 por ciento no tendría acceso al agua potable. Vecinos de la cuenca han denunciado enfermedades respiratorias, dérmicas y hepatitis. Varias renuncias de funcionarios estarían vinculadas al incumplimiento de los plazos estipulados.

REFLEXIONES FINALES

El gobierno nacional ha impuesto en los últimos ocho años un modelo que se considera neodesarrollista con políticas redistributivas, recuperación de la acción estatal y una ostensible evitación de la represión como respuesta a los conflictos sociales. Sin embargo este último aspecto no es compartido por los gobiernos de varias provincias, ámbitos de desarrollo de los conflictos ambientales, ante los cuales el gobierno central no interfiere al menos de modo manifiesto, en función de alianzas políticas.

Desde el punto de vista de la resolución de los conflictos, el escenario es heterogéneo, fuertemente condicionado por las realidades provinciales y locales. En ciertas instancias son decisivas las acciones de autoridades ejecutivas o judiciales, donde puede observarse, si bien no mayoritariamente, la presencia en determinadas provincias de funcionarios o jueces que actúan con criterios proteccionistas, y atendiendo a los derechos de los pobladores. En otros casos, la subordinación a las estructuras tradicionales de poder se manifiesta tanto en el incumplimiento de funciones como en el desconocimiento de derechos básicos.

Si bien algunos conflictos se han resuelto favorablemente para los intereses de la población, no debe desconocerse que se trata en todos los casos de luchas defensivas contra el modelo de desarrollo, que en algunos casos consiguen atenuar o detener los daños ambientales y en muy pocos retrotraer a la situación anterior. El modelo dominante logra imponerse, aún con cambios o retrocesos.

Existen sin embargo consecuencias políticas positivas, por la experiencia que van adquiriendo los movimientos en el desarrollo de los conflictos, y por la formación de redes que vinculan a diversas poblaciones, no solamente afectadas por un mismo tipo de problema. Se observan asociaciones locales con vínculos regionales, nacionales e internacionales, lo que puede conducir a nuevos escenarios para los movimientos sociales de mayor influencia sobre el accionar estatal.

BIBLIOGRAFÍA

BLANCO, Daniel E. y MENDEZ, Florencia M. Editores (2010), «Endicamientos y terraplenes en el delta del Paraná. Situación, efectos ambientales y marco jurídico», Wetlands Internacional, Buenos Aires.

GUDYNAS, Eduardo (2010), «La ecología política del progresismo sudamericano: los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda», Revista Sin Permiso, No 8: 147-167, diciembre 2010.

PEREZ ROIG, Diego (2009), «Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia», Observatorio Petrolero Sur. 25/11/2009.

RODRÍGUEZ PARDO, Javier (2010) «Un año de conflictos mineros en Argentina», en www.ecoportal.net, 10/02/10.

VICENTE, Carlos (Acción por la Biodiversidad/GRAIN), MALDONADO MAY, Verónica (MOCASE-MNCI/CLOC-Vía
Campesina Argentina), STANCICH, Elba (Taller Ecologista, Rosario) Redactores (2012) «Engordes a corral en Argentina.
Una amenaza para la salud, el ambiente y la producción campesino-indígena». También disponible en www.noalaganaderiaindustrial.org.

VIZIA, Claudio (2011) Un Marx verde? Antropología, Ecología y Marxismo, Editorial Kaicron, Buenos Aires.

* Antropólogo – Taller Ecologista — Rosario (claudiovizia@hotmail.com).

1 Rodríguez Pardo (2010). El fallecido gobernador de Río Negro, Carlos Soria ,en uno de sus primeros actos de gobierno en diciembre de 2011, impuso la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en las actividades de la minería.

2 www.noalamina.org.

3 www.mapaconflictominero.org.ar.

4 www.noalamina.org. www.conflictosmineros.net

5 Para ampliar, consultar http://www.avizora.com/atajo/informes_varios/mineria/0004_investigacion_minera_alumbrera.htm.

6 www.autoconvocadostilcara.jimdo.com.

7 Un notable cambio en la política oficial lo constituye el actual proceso de quita de concesiones de yacimientos por parte de gobiernos provinciales a YPF, ex empresa nacional privatizada por el gobierno neoliberal de Carlos Menem y adquirida por la española Repsol. La mayoría de los análisis coinciden en que estas medidas concertadas conducen en un plazo muy breve a la reapropiación de la empresa por parte del Estado.

8 Observatorio Petrolero sur, miembro de la red internacional Oilwatch,
reúne la información más completa en esta materia. Ver opsur.wordpress.com.

9 www.medioymedio.com.ar.

10 www.argenpress.info.

11 Salta, capital del desmonte, Darío Aranda, Diario Página/12, 21/02/2010.

12 Conflicto por la tierra, por Sebastián Premici. Diario Página/12, 24-12-2010.

13 www.noalaincineracion.org.

14 www.noalaspapeleras.com.ar.

15 www.grain.org.

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