La ecología política y el movimiento global de justicia ambiental

Joan Martínez Alier 

Presentación realizada en el CIDECI, Universidad de la Tierra, San Cristóbal de las Casas (Chiapas), el 5 de noviembre de 2015

 

Entiendo que aquí, en el CIDECI, estamos en un seminario, que ustedes prefieren llamar un “semillero”. Esperemos que lo que yo diga les sirva, se difunda y llegue más lejos. Les hablaré de economía ecológica (que es una crítica de la economía ortodoxa y también de la economía keynesiana, porque ambas olvidan la naturaleza) y de ecología política, que estudia cómo el poder político incide en los conflictos socioambientales (que también podemos llamar conflictos ecológico-distributivos). Les hablaré del movimiento global de Justicia Ambiental.

He leído, en estos días pasados, que el zapatismo no te dice que te vayas a vivir a una comunidad en Chiapas ni que aprendas al menos una de sus lenguas como el tzeltal o el tzotzil (a las que se traduce lo que yo voy diciendo aquí, lenguas que están en cierto peligro de extinción, como miles de otras en este siglo bárbaro). El zapatismo tampoco te pide que te tapes el rostro y que abandones todo y te subas a las montañas con las insurgentes y los insurgentes. El zapatismo te dice y te pregunta: “Aquí estamos nosotras haciendo esto aquí, en los caracoles, en la Unitierra… ¿Qué estás haciendo tu allá?”

Una pregunta que les agradezco mucho y que me remueve. No es ésta, para mí, una charla más en cualquier universidad. Pero es una charla, unas palabras, más que unos hechos. Espero que les infunda ánimos, esperanzas, y que ayude a renovar indignaciones.

  1. La ecología política estudia los conflictos socioambientales, quién gana y quién pierde en estos conflictos (que estamos recopilando en el EJAtlas, www.ejatlas.org). Los conflictos tienen resultados, consiguen unos logros, tienen unas consecuencias que, como señala Gabriela Merlinsky, pueden ser las siguientes:

— El surgimiento de alternativas productivas locales con una racionalidad ecológica, tras paralizar un proyecto extractivista, como podría darse en Temacapulín (en Jalisco) si se consigue parar la presa de El Zapotillo, o en Intag (en Ecuador) si se para (otra vez) el proyecto de minería de cobre.

— La formación de redes nacionales o internacionales, como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), o la página “No a la mina”, nacida en Esquel, u Oilwatch.

— Algunos tímidos cambios en la institucionalidad ambiental, ya sea por impulsos desde la base como en los referéndums o consultas populares, estudiados por Mariana Walter y Leire Urkidi, o por iniciativa municipal (nuevas ordenanzas) o provincial (por ejemplo, vetos a la megaminería por algunas legislaturas provinciales argentinas).

— La introducción de controversias sociotécnicas (sobre el cianuro, el riesgo nuclear, las dioxinas, los cultivos transgénicos y la aplicación de glifosato, como se están dando estos días en México), abriendo espacio para la “ciencia posnormal” (de Funtowicz y Ravetz, 2000), con la participación de los que no son expertos oficiales.

— La introducción de lenguajes de valoración que habían sido desdeñados o expresamente excluidos anteriormente.

La ecología política estudia, pues, los conflictos socioambientales y sus desenlaces y logros.

Ha habido intentos de frenar la vorágine extractivista con políticas públicas como la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador, de dejar el petróleo en tierra y otras propuestas parecidas como las de las islas de San Andrés y Providencia, en Colombia. Son propuestas nacidas de las resistencias. También hay otras muchas protestas que a veces llevan a referéndums o consultas locales, desde Tambogrande y Esquel, en Perú y en Argentina, contra la minería en 2002, hasta Piedras y Tauramena, en Colombia, en 2013 (contra la minería de oro por Anglo Gold Ashanti en un caso y contra la prospección petrolera en el otro).

El poder político de empresas y gobiernos lleva a un déficit de democracia local, se intenta desconocer las protestas y las consultas locales. A veces se recurre a una ridícula teoría legal: el suelo pertenece a los propietarios, pero el subsuelo a la nación, como si uno pudiera hacer minería a cielo abierto o sacar petróleo o gas sin pasar por el suelo.

  1. Debemos preguntarnos: ¿quién tiene el poder de excluir determinados lenguajes de valoración?

Valorar no siempre significa atribuir un valor monetario. “Todo necio confunde valor y precio.” La economía ecológica descansa más bien en la noción de inconmensurabilidad de valores. Hay muchos valores distintos. Valorar es dar importancia a algo o a alguien, y no siempre en dinero. No hay una unidad común de medida. Eso separa la economía ecológica de la convencional. Por ejemplo, en un conflicto socioambiental se puede hablar de:

— Compensación monetaria de los daños sufridos por una de las partes, como en el juicio de la Chevron-Texaco en Ecuador.

— Derechos territoriales indígenas que se ejercen directamente, o tras apelar a la convención 169 de la OIT, que exige consentimiento previo informado, derecho a consulta con poder de veto.

— Existencia de ríos, lagos o cerros sagrados.

— Existencia de restos arqueológicos o paleontológicos que deben ser preservados.

— Valores ecológicos únicos, paisajes sin parangón, especies endémicas en peligro.

En presencia de tales diferentes lenguajes de valoración, ¿quién tiene el poder de imponer una decisión? y, no menos importante, ¿quién tiene el de imponer el método de decisión?

En realidad, muchas veces los conflictos socioambientales se “solucionan” por defunción de la parte más débil, por criminalización de los activistas o por su encarcelación. No hay que solucionar conflictos, sino problemas.

Paralizar proyectos extractivistas suele ser beneficioso para el territorio en cuestión y también para avanzar a nivel global hacia una economía menos insostenible y más ecológica. Reforzar la justicia ambiental puede conducir a una mayor sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, las protestas por la extracción de petróleo, carbón y el fracking del gas, suelen tener motivos locales (protección de la población, defensa de la biodiversidad y de la calidad del agua) pero al mismo tiempo ayudan a una menor emisión de gases de efecto invernadero que la combustión eventual de esos materiales produciría. Lo local y lo global van juntos.

  1. En colaboración con bastantes organizaciones académicas y activistas en distintos lugares del mundo, hemos construido un Atlas (www.ejatlas.org) que en octubre de 2015 alcanzó los mil seiscientos casos de conflictos. Queremos avanzar en estudios comparativos y estadísticos de ecología política.

Por ejemplo, podemos ya señalar que, en América Latina, en algo así como en la mitad de los conflictos socioambientales participa población indígena (que está frecuentemente situada en las fronteras de la extracción). En Guatemala, el porcentaje alcanza 90%, con casos de resistencia a la minería y a las presas en los ríos, y también a plantaciones de palma de aceite. Cabe señalar que casi un 20% de los conflictos se resuelven con victorias de la justicia ambiental. En un 12%, uno de los resultados de los conflictos es la muerte de uno o más de los defensores ambientales. En unos 250 casos de los hasta ahora recopilados, uno o más de los líderes de los movimientos de justicia ambiental es mujer.

Hay en Sudamérica una escuela de pensamiento “postextractivista”. Se ha llamado “postextractivistas” a los autores, activistas y algunos exministros que, en pleno boom de los precios de las materias primas, alejados de los gobiernos neo-libs o nac-pops: gente como Eduardo Gudynas, Maristella Svampa, Alberto Acosta, Carlos Monge, Edgardo Lander o Raúl Prada Alcoreza, advirtieron de los males sociales, ambientales y económicos de las políticas extractivistas incluso si van unidas a una mayor captura de rentas y a su reparto entre la población. Señalaron que los términos de intercambio eran estructuralmente negativos (en promedio, una tonelada importada ha seguido siendo siempre más cara que una exportada, incluso en pleno boom de precios de materias primas) y que además podía llegar un ciclo de baja de las materias primas. Apoyaron los cientos de protestas sociales del ecologismo popular. Se llamaron “postextractivistas”. Su hora parece estar llegando: ellos han tenido razón.

  1. El movimiento de justicia ambiental no sólo realiza inventarios y mapas, no sólo da noticias actualizadas de fallecidos, represiones y victorias en los conflictos, sino que también ha creado y está creando su propio vocabulario o terminología. Es una tarea que se desarrolla fuera de las universidades, pero que a veces es recogida en investigaciones universitarias.

Vean, por ejemplo, en la Argentina, la expresión “Paren de fumigar”, tan relevante en Córdoba y en el juicio penal entablado con éxito por las Madres del Barrio Ituzangó Anexo —un caso de “epidemiología popular” cuyos resultados fueron confirmados. También el movimiento Médicos de Pueblos Fumigados en Argentina, nacido de la experiencia clínica de jóvenes profesionales y apoyado por las investigaciones del valiente científico Andrés Carrasco y las más recientes del profesor Medardo Ávila, de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre la morbilidad en localidades como Monte Maíz. En los conflictos socioambientales en Argentina por el cultivo de la soja, la megaminería u otras causas, suelen aparecer “asambleas de vecinos autoconvocados”, y existe una Unión de Asambleas Ciudadanas (la UAC), que las reúne con frecuencia.

En mi opinión, las acciones de este ecologismo popular o de los pobres e indígenas empobrecidos son más eficaces para conseguir una economía menos insostenible y más ecológica que los esfuerzos del ambientalismo de la ecoeficiencia o del conservacionismo internacional.

5.- El metabolismo social. ¿Por qué existe esa economía extractivista? No es solamente por el ansia capitalista de ganar dinero y acumular capital, sino también por las características de lo que llamamos metabolismo social de la economía industrial. “Metabolismo social” significa el flujo de materiales y de energía en la economía. Marx ya usó la palabra “metabolismo” en este sentido al analizar la agricultura capitalista, que agotaba los nutrientes y estropeaba la fertilidad de los suelos.

La economía industrial no es circular, sino entrópica. Voy a explicarlo.

Los materiales se reciclan en proporciones bajas, no más del treinta por ciento en el caso del papel, del cobre, del aluminio. Hay que buscar suministros frescos en las fronteras de la extracción. No existen economías industriales circulares. La economía industrial no es circular, sino entrópica. En los albores de la economía ecológica, Nicholas Georgescu-Roegen publicó, en 1971, La ley de la entropía y el proceso económico. Quemamos carbón, petróleo o gas, que, una vez quemados, no se pueden quemar otra vez. La energía se disipa. Incluso una economía industrial sin crecimiento se vería precisada a buscar los combustibles fósiles de cada día en las fronteras de la extracción, probablemente con un EROI (tasa de retorno de energía) decreciente o, lo que es lo mismo, un costo energético creciente.

La economía de la vegetación terrestre y de las pesquerías es renovable, depende de la fotosíntesis actual —es “neguentrópica”, en expresión de Schrödinger en su libro sobre la vida vista desde la física (¿Qué es la vida?, 1944). Igualmente, el agua se evapora por la energía solar y cae otra vez en la forma de lluvia o nieve. Pero estamos consiguiendo hacer de esa biomasa un recurso no renovable y agotando las fuentes de agua en algunos lugares.

Es obvio atribuir la extracción del carbón, el petróleo y el gas, el mineral de hierro, la bauxita y el cobre, la soya y la pasta de papel a las necesidades del metabolismo industrial que alimenta el consumo excesivo, pero no lo es tanto para el oro, aunque algún papel industrial tiene. Metales como el oro y la plata, desde la explotación colonial portuguesa y española en Minas Gerais, Potosí y Zacatecas que consumió muchas vidas humanas, han sido llamados muy propiamente “metales preciosos”, en el mismo sentido con el que Immanuel Wallerstein distinguió entre preciosities y bulk commodities. Los primeros, de poco volumen y alto valor crematístico; los segundos, mercancías a granel. El oro ha dado lugar a diversos conflictos en América Latina en los últimos tiempos, y el movimiento por la justicia ambiental ha paralizado algunos proyectos (Tambogrande y Conga en Perú, Esquel y Famatina en Argentina, Pascua Lama y El Morro en Chile, Crucitas en Costa Rica, El Dorado en El Salvador).

El oro se destina a la joyería y a insumo industrial, aunque la mayor cantidad de oro va a descansar en los subterráneos de los bancos estatales o privados en forma de lingotes. Sale de la tierra en concentraciones de un gramo por tonelada, contaminando terriblemente, y regresa absurdamente bajo tierra.

Todas las commodities, todas las materias primas, tienen en parte un doble papel: de materia prima, pero también de depósito de valor crematístico, que permite negocios financieros como la pignoración y la especulación en mercados de futuros. Esos aspectos financieros, muy destacados en el caso del oro, son secundarios para las bulk commodities, las mercancías a granel, cuya extracción y transporte se explica por su rol de materias primas en la economía industrial. Vean, por ejemplo, los muchos conflictos sangrientos por minería de cobre en Perú, como el de Las Bambas en Apurímac, que hace algunas semanas causó varios muertos. Esta mina de cobre (y molibdeno, oro y plata) será una de las mayores del mundo, y ahora es propiedad de una empresa china tras haberlo sido de Xstrata y de Glencore. Aunque el cobre bajó mucho de precio, la furia extractivista persiste.

  1. El vocabulario de la justicia ambiental

Como hemos indicado, la ecología política estudia los conflictos socioambientales, por la extracción de materiales y energía, por el transporte, por la contaminación. Al mismo tiempo, el término designa un amplio movimiento social y político por la justicia ambiental, que es más fuerte en América Latina que en otros continentes. Este movimiento lucha sin apenas apoyo de partidos políticos contra las injusticias ambientales en ámbitos locales, nacionales, regionales y globales. Por ejemplo, contra las injusticias climáticas. Se forman redes entre las OJAs (organizaciones de justicia ambiental) y con otras organizaciones como la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC).

La tabla siguiente recoge los principales términos introducidos desde la década de 1980, con breves definiciones o ejemplos ilustrativos y con uno o dos autores conocidos. Estos términos nacieron en general fuera de las universidades, en la práctica de los movimientos. Muchos son nacidos en Latinoamérica, pero doy también otros nacidos en EE.UU., Europa, África, India y China.

Justicia ambiental Usado desde 1982 por el movimiento en EE.UU. contra la contaminación en barrios pobres con población afro-americana o hispana (Bullard, 1990).
Racismo ambiental Contaminación o destrucción de bienes comunes de minorías étnicas; se usa en EE.UU.
Epidemiología popular Estudio y denuncia de la incidencia de la contaminación en la salud pública, en barrios o territorios “sin doctor” (Phil Brown, 1997).
Zonas de sacrificio Steve Lerner (2010) publica un libro con este título resumiendo investigaciones en el seno del movimiento de justicia ambiental en EE.UU.
Deuda ecológica y pasivos ambientales Conceptos nacidos en Sudamérica hacia 1990 (Robleto y Marcelo, 1992), el reclamo de daños producidos por el cambio climático, la biopiratería y el comercio ecológicamente desigual. También las deudas ambientales no pagadas por las empresas.
Biopiratería El robo de plantas medicinales o agrícolas u otros recursos biológicos y del conocimiento sobre ellos (Pat Mooney, 1993).
Justicia climática Hay emisiones de CO2 necesarias y hay emisiones de lujo (Agarwal y Narain, 1991). Política de contracción y convergencia de las emisiones.
Ecologismo de los pobres, ecologismo popular Defensa de la naturaleza y los bienes comunes por poblaciones pobres o indígenas empobrecidas, motivado por la necesidad de sobrevivencia.
Soberanía alimentaria El derecho proclamado por la Vía Campesina a alimentarse de los productos campesinos en mercados locales
Soberanía energética El derecho a abastecerse de energías renovables controlada localmente, distribuida en el territorio.
Justicia hídrica La asignación equitativa del agua, contra del hecho de que “el agua corre hacia el poder”. Alianza de grupos latinoamericanos bajo este nombre (impulsada por Rutgerd Boelens).
El agua como derecho humano El agua como bien común y no como mercancía, introducido en Naciones Unidas por Pablo Solón.
“Atingidos por barragens” Afectados por represas. Vocablo y organización brasileña, con paralelos en otros países, como por ejemplo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER).
“Desertos verdes” Se usa en Brasil contra plantaciones de eucaliptos para fábricas de celulosa.
Las plantaciones no son bosques Lema del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) contra los monocultivos de árboles como eucaliptos, pinos, etc. Propuesto por Carrere y Lohman (1996).
Agrocombustibles La Vía Campesina usa este término para plantaciones para etanol o biodiésel, evitando la connotación favorable de “biocombustibles”.
Conservación de semillas in situ Movimiento en defensa del derecho de los campesinos a reproducir y difundir sus semillas. Revista Biodiversidad, dirigida por Carlos Vicente. “Sin maíz no hay país” se dice en México en el movimiento En Defensa del Maíz.
“Paren de fumigar” Se usa en Argentina contra la fumigación con glifosato en plantaciones de soja, que atenta contra la salud humana.
La agricultura campesina enfría la tierra Lema de la Vía Campesina muy visible en 2009 en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las NNUU sobre el Cambio Climático en Copenhague, recogido por el amplio movimiento agroecologista.
Acaparamiento de tierras GRAIN introdujo en 2008 la expresión land grabbing para designar una nueva ola mundial de desalojos campesinos por empresas transnacionales.
Resource caps Introducida por la Resource Cap Coalition en Europa, propuesta de topes a la extracción de determinados materiales.
Ogonización, yasunización Dejar petróleo, carbón y gas bajo tierra, para evitar daños locales y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. Propuesta de Oilwatch en 1997, nacida en Nigeria y Ecuador. Naomi Klein le llama blockadia.
Responsabilidad empresarial, civil y penal Se propone, en contra de la responsabilidad social corporativa, una legislación y una práctica vigorosas que incluyan una convención internacional contra el ecocidio.
El agua vale más que el oro Un lema del movimiento contra la megaminería, que está bien representado por OCMAL.
Derechos de la naturaleza Incluidos en la Constitución de Ecuador de 2008, en su artículo n.º 71.
Recuperadores o recicladores urbanos Movimiento de recicladores urbanos de basura (catadores, cartoneros, pepenadores) de toda Latinoamérica, con éxitos en Bogotá y otras ciudades.
Critical Mass Movimiento que defiende los derechos de los ciclistas en las ciudades (Carlsson, 2008).
Agricultura urbana En EE.UU. la llaman guerrilla food gardening, muy presente en ciudades latinoamericanas. Movimientos de permacultura.
Colonialismo o imperialismo tóxico Nombre dado a la exportación internacional ilegal de residuos tóxicos (desguace de barcos, residuos electrónicos, etc.). Red BAN.
Grands Projets Inutiles Imposés Red europea contra los muchos grandes proyectos públicos o privados (el aeropuerto de Nantes, el tren de alta velocidad de Turín a Lyon, etc.), inútiles y muy caros.
Postdesarrollismo, postextractivismo Dos crecientes movimientos presentes en América Latina desde los años 1990 (el primero) y los 2000 (el segundo) (A. Escobar, 1995; G. Esteva, 1992; E. Gudynas, 2010; M. Svampa, 2013).
Buen Vivir, Sumak Kawsay y otros términos análogos Un objetivo distinto al desarrollo económico, que fue incluido en la Constitución de Ecuador de 2008.
Sand mafia Término usado en la India en los conflictos por extracción de arenas y gravas de ríos y playas, que está prohibida.
Cancer villages Traducción inglesa del término usado en China para lugares donde hay industria tóxica y protestas locales (Anna Lora-Wainwright, 2013).

Uso aquí, para acabar, unas frases de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, diciendo que los activistas de las organizaciones del ecologismo popular “apuntan en sus cuadernos estas palabras de resistencia de otros para que luego cada quien lo platique a sus compañeros y sus compañeras en sus otros mundos”, y así se ha ido creando y se está creando este vocabulario del movimiento global de la justicia ambiental.

Referencias

AGARWAL, A.; NARAIN, S. (1991). Global Warming in an unequal world: A case of environmental colonialism. Nueva Delhi: Centre for Science and Environment.

BROWN, P. (1997). “Popular Epidemiology Revisited”, Current Sociology, 45 (3), pp. 137-156.

BULLARD, R. D. (1990). Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality. Boulder: Westview Press.

CARRERE, R.; LOHMAN, L. (1996). Pulping the South: Industrial tree plantations and the world paper economy. Londres: Zed Books.

CARLSSON, C. (2008). Nowtopia: How pirate programmers, outlaw bicyclists and vacant-lot gardeners are inventing the future today. Oakland, CA: AK Press.

ESCOBAR, A. (1995). Encountering Development: The making and unmaking of the third world. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press.

ESTEVA, G. (1992). Development. En: W. SACHS (ed.). The development dictionary (pp. 1-23). Londres y Nueva York: Zed Books.

FUNTOWICZ, S.; RAVETZ, J. (2000). La ciencia posnormal: Ciencia con la gente. Barcelona: Icaria.

GEORGESCU-ROEGEN, N. (1971). The entropy law and the economic process. Cambridge: Harvard University Press.

GUDYNAS, E. (2010). “Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas”, Ecuador Debate (CAAP), 79, pp. 61-81.

LERNER, S. (2010). Sacrifice zones: The front lines of toxic chemical exposure in the United States. Cambridge: MIT Press.

LORA-WAINWRIGHT, A. (2013). Fighting for Breath: Living Morally and Dying of Cancer in a Chinese Village. Honolulu, EE.UU.: University of Hawaii Press, 2013.

MERLNSKY, G. (2014). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CLACSO, Editorial Ciccus.

MOONEY, P. R. (1993). “Exploiting local knowledge: International policy implications”. En: W. de Boef, K. Amanor, K. Wellard y A. Bebbington (eds.). Cultivating knowledge: Genetic diversity, farmer experimentation and crop research. Londres: Intermediate Technology Publications.

ROBLETO, M. L.; MARCELO, W. (1992). Deuda ecológica. Santiago de Chile: Instituto de Ecología Política.

SCHRÖDINGER, E. (1944). What is life? The Physical Aspect of the Living Cell. Dublín. http://campus.usal.es/~licesio/Biofisica/QEV.pdf.

SVAMPA, M. (2013). “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina”, Nueva Sociedad, 244, pp. 30-45.

WALTER, M.; URKIDI, L. “Consultas comunitarias y vecinales contra la minería metalífera en América Latina (2002-2012)”, Ecología Política, 48, pp. 48-53.

Descargar artículo

2 comentarios sobre “La ecología política y el movimiento global de justicia ambiental

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *