Marcelo Firpo Puerto*
Palabras clave: justicia ambiental; conflicto socioambiental; salud pública; Brasil.
RESUMEN
Este artículo tiene por objetivo discutir como las injusticias ambientales en Brasil se reflejan en conflictos que, frecuentemente, envuelven cuestiones de salud para las poblaciones más vulnerables. Los conflictos emergen de modelos de desarrollo que, en América Latina y en Brasil en particular, están basados principalmente en la producción de productos rurales y mineros. El metabolismo social de las cadenas productivas y sectores económicos implica no solamente la apropiación de los recursos naturales y degradación ambiental, sino también la explotación intensiva de fuerza de trabajo, el desprecio por los pueblos tradicionales y otras formas de discriminación contra aquellos que habitan los territorios. Poblaciones rurales y urbanas sufren las consecuencias de este modelo, que expulsa poblaciones del campo y contribuye a elevar la densidad poblacional de las periferias urbanas donde las condiciones de vida y las viviendas son precarias. En Brasil, una de las respuestas sociales a los conflictos socioambientales fue la creación en 2001 de la Red Brasileña de Justicia Ambiental, que articula movimientos sociales, poblaciones afectadas, ambientalistas y grupos académicos.
INTRODUCCIÓN: CONFLICTOS, JUSTICIA AMBIENTAL Y SALUD
Los conflictos socioambientales se encuentran presentes en diversos continentes y países. Su emergencia e intensificación derivan de una visión economicista estricta del desarrollo pautada por criterios productivistas y consumistas que no respetan la vida humana ni los ecosistemas, así como tampoco la cultura y los valores de los pueblos en los territorios donde las inversiones y las cadenas productivas tienen lugar. La apropiación de los recursos naturales y espacios públicos para fines privados, que generan exclusión y expropiación, producen reacciones por parte de los movimientos sociales, grupos y poblaciones que sienten atacados sus derechos fundamentales en cuestiones como salud, trabajo, cultura y preservación ambiental.
Tales conflictos pueden ser entendidos de incontables formas dependiendo del foco de análisis. Por ejemplo, según Martínez Alier (2002), podemos analizarlos a partir de las contradicciones existentes en el comercio desigual e injusto entre países del actual capitalismo globalizado. Al relacionar la ecología política con la economía ecológica teniendo como base el análisis del metabolismo social, Martínez Alier establece una importante base teórica para entender los conflictos socioambientales en cuanto conflictos distributivos, consecuencia de las desigualdades y las contradicciones de los procesos económicos y sociales de desarrollo que forman «centros» y «periferias» mundiales y regionales. Tales conflictos, sin embargo, tienden a radicalizarse en situaciones de injusticia presentes en sociedades marcadas por fuertes desigualdades sociales, discriminaciones étnicas y asimetrías de información y poder. En estos casos, las problemáticas relacionadas con la salud humana y ambiental se intensifican debido a la vulnerabilidad de poblaciones y territorios afectados, y la gravedad de los problemas de salud pública se presentan como una importante bandera de lucha para las poblaciones afectadas y movimientos sociales diversos.
El tema de la salud siempre estuvo presente en los movimientos de defensa de la justicia ambiental en los EEUU. El origen de estos movimientos está relacionado con la lucha contra la discriminación racial y étnica aparecidos en la sociedad norteamericana en los años 70 y 80. Inicialmente, el centro de estos movimientos fue la lucha contra el llamado racismo ambiental, debido a la presencia de poblaciones negras en regiones altamente contaminadas por industrias químicas o próximas a las áreas de depósito de residuos. Posteriormente el movimiento se amplió y se hizo más propositivo, adoptando un concepto más inclusivo de justicia ambiental, que incorporó la defensa por los derechos humanos universales y se enfrentó a otras formas de discriminación además de la racial, como las de clase social, etnia y género (Bullard, 1994; Puerto, 2007). Por lo tanto, la justicia ambiental debe ser vista en menor medida desde el punto de vista de la judicialización de los conflictos y relaciones sociales, y en mayor medida desde el punto de vista ético, político, de la democracia y de los derechos humanos.
En América Latina, no fue hasta los años noventa que la relación entre medio ambiente, salud, derechos humanos y justicia pasó a formar parte de la agenda política de algunos países con la adopción del concepto de justicia ambiental. Generalmente, en América Latina las situaciones de injusticia ambiental, además de otros factores como la elevada desigualdad social y discriminación étnica, emergen más intensamente en función de su inserción en la economía internacional a partir de la explotación intensiva y simultánea de recursos naturales y mano de obra, o sea, por su papel en la exportación de productos rurales y mineros. Este modelo de desarrollo se da históricamente a causa de prácticas económicas depredadoras que desprecian el valor de la vida humana y la no humana, y marcan la naturaleza socioambiental de incontables conflictos en Brasil. En ese país, a pesar de su relativo desarrollo económico, industrial e institucional en comparación con otros países latino-americanos, se da una fuerte concentración de renta y poder y, en consecuencia, generan incontables situaciones de injusticia ambiental.
Una interesante característica de los movimientos por justicia ambiental emergentes en países de América Latina es —en contraposición a los movimientos inicialmente localistas y enfocados a etnias específicas («People of Color») de los EUA— una visión más global de los problemas locales. Otra vertiente que ha contribuido a una visión crítica en la región ha sido la influencia de la medicina social latino-americana, que incorpora los aspectos sociales de los procesos salud-enfermedad en los análisis de salud pública (Nunes, 1994).
LA RED BRASILEÑA DE JUSTICIA AMBIENTAL. CONFLICTOS E IMPACTOS EN LA SALUD EN BRASIL
La creación de la Red Brasileña de Justicia Ambiental (RBJA)(1) en 2001 refleja la tendencia creciente a relacionar los temas ambientales con la justicia social, la democracia y la salud pública (Acselrad et al., 2004). En su declaración de principios, el concepto de injusticia ambiental fue definido como «el mecanismo por el cual en sociedades desiguales desde el punto de vista económico y social, concentran la mayor parte de los daños ambientales producidos por el desarrollo sobre las poblaciones de baja renta, los grupos sociales discriminados, los pueblos étnicos tradicionales, los barrios obreros, las poblaciones marginadas y vulnerables». El concepto de justicia ambiental es entendido como un conjunto de principios y prácticas que aseguran que ningún grupo social, étnico, racial, de clase o género, «soporte una parte no proporcional de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas, decisiones políticas y programas federales, estatales o locales, así como la ausencia u omisión de tales políticas». La Red ha permitido articular diferentes movimientos sociales, poblaciones afectadas e investigadores solidarios y ambientalistas, creando agendas nacionales y regionales, realizando campañas en torno a casos concretos de injusticia ambiental, así como elaborando propuestas de políticas y demandas dirigidas al poder público. De entre las actividades económicas generadoras de conflictos y temas que han movilizado la RBJA, destacan la explotación y producción de petróleo, la expansión de la minería y de la siderurgia, la construcción de presas y centrales hidroeléctricas, los sectores económicos que producen y utilizan substancias químicas extremadamente peligrosas como el amianto y los POPs (Contaminantes Orgánicos Persistentes), la expansión de monocultivos intensivos como la soja y eucaliptos, y, last but not least, los derechos de los pueblos rurales (indígenas, quilombos, pequeños agricultores y pescadores), cuyas injusticias ambientales también pueden ser consideradas como formas de racismo ambiental (Herculano, Pacheco, 2006).
En el contexto brasileño, los conflictos socio-ambientales pueden ser descritos, en buena parte, por la propia dinámica de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. El Cuadro 1 ilustra de forma sintética los principales casos de injusticia ambiental que han movilizado a la RBJA en los últimos años:
Dada la brevedad de este artículo, es imposible profundizar los datos de carácter general presentados en el Cuadro 1, sin embargo, cabe resaltar dos observaciones:
i. Los primeros tres tipos de conflictos están fuertemente relacionados con la inserción brasileña —y en buena parte latinoamericana— en el mercado globalizado, a través de las cadenas de producción de commodities rurales y mineros, así como en la infraestructuras que dan soporte a la mismas (carreteras, centrales hidroeléctricas y modificación de cuencas hidrográficas como la del río São Francisco). Los casos de monocultivos de exportación y de la expansión del parque siderúrgico son ejemplificantes en términos de conflictos socio-ambientales y generación de riesgos para la salud pública. Ambos se relacionan con problemáticas como: casos de trabajo semi-esclavo que recuerdan los orígenes del capitalismo del siglo XIX, riesgos tecnológicos que han sido transferidos a países como Brasil y envenenamientos por pesticidas (denominados agrotóxicos en Brasil). En Brasil, las intoxicaciones por pesticidas en trabajadores y población en general pueden ser consideradas externalidades negativas, ya que la mayoría de los costes de tratamientos médicos y otros costes sociales recaen sobre la sociedad a través de los sistemas públicos de salud y asistencia social. La concentración de la tierra en las enormes propiedades rurales de monocultivos dificulta la reforma agraria y genera enormes impactos en ecosistemas como la Amazonia y el sertâo, además de agravar la crisis urbana.
ii. En Brasil, como en casi toda América Latina, la migración campo-ciudad y la enorme concentración urbana han favorecido el crecimiento de áreas de viviendas precarias e insalubres en las ciudades, lo que puede ser considerado uno de los mayores problemas de salud pública. Se estima que cerca del 30% de la población brasileña (más de 50 millones de personas) viven en favelas, frecuentemente sin condiciones básicas de saneamiento, con servicios de salud y transporte precarios, y con graves problemas de violencia, relacionados con el comercio de drogas y con el enfrentamiento con fuerzas policiales, que dificultan el ejercicio de la ciudadanía y la organización política de estas comunidades. Tales condiciones aumentan la vulnerabilidad de estas poblaciones respecto a problemas de salud como la mortalidad infantil, diarrea, tuberculosis y muertes violentas de jóvenes por armas de fuego, entre otros. El desarrollo de una ecología urbana que integre los problemas de saneamiento, de violencia y de planificación urbana, y que cohesione estos temas con los movimientos de justicia ambiental, pueden ser considerados importantes desafíos para la realidad brasileña y latinoamericana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACSELRAD, H., HERCULANO, S., PÁDUA, J. A. (2004), Justiça Ambiental e Cidadania. Ed. Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 312 pp.
BULLARD, R. (1994), Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality. Westview Press.
FREITAS, C. M., PORTO, M. F. S. (2006), Saúde, ambiente e sustentabilidade. Ed. Fiocruz, Rio de Janeiro.
HERCULANO, S., PACHECO, T.,(2006), Racismo Ambiental. Ed. FASE, Rio de Janeiro, 334 pp.
MARTINEZ-ALIER, J. (2002), The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Edward Elgar Press, Cheltenham.
NUNES, E. D. (2004), Saúde coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saúde e Sociedade 3(2): 5-21.
PORTO, M.F., Uma Ecologia Política dos Riscos. Ed. FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 244 pp.
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* Investigador – Centro de Estudios de la Salud del Trabajador y Ecología Humana – Escuela Nacional de Salud Publica/Fundación Oswaldo Cruz. E-mail: marcelo.firpo@ensp.fiocruz.br.
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1 www.justicaambiental.org.br.
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