Jose Manuel Jurado y Biel Mas*
Hablar de medio ambiente desde la óptica sindical hoy en día es, dejando de lado otras cuestiones, hablar principalmente de la gestión energética.
La energía, o sea, su generación, transporte, transformación y consumo último, están afectadas en gran medida por las políticas que se tienen que adoptar con relativa urgencia. Efectivamente, la mitigación y la adaptación del cambio climático, la alarmante dependencia de los combustibles fósiles o la reducción de la contaminación atmosférica que perjudica la salud de nuestras ciudades, son complejos problemas que requieren medidas y planificaciones desde diferentes ámbitos de la administración pública. Consumidores domésticos e industriales también tenemos una participación y una responsabilidad ante esta problemática. Y ante todo esto los trabajadores y las trabajadoras no podemos, ni queremos, quedarnos al margen.
Desde el punto de vista laboral el sector de las energías renovables tiene importantes potencialidades: nuevas oportunidades de ocupación, distribución territorial de actividad, deslocalización improbable… A esto hay que añadir las innegables aportaciones socioambientales: reducción de las emisiones de contaminantes y de efecto invernadero, diversificación de la generación, substitución progresiva de fuentes de energía contaminantes, fijación de población en territorio rural, etc.
Las energías renovables no dependen de los combustibles fósiles para su funcionamiento, de manera que contribuyen en gran medida a superar el problema de su escasez. El modelo energético es estratégico para configurar una sociedad más justa y sostenible. No es raro que a los trabajadores y trabajadoras nos preocupe y nos afecte de forma directa su gestión.
Con estas premisas, CCOO de Cataluña impulsó durante el año 2008 un estudio sobre la ocupación relacionada con la implantación de instalaciones renovables. La idea consistió en realizar una aproximación que nunca antes se había considerado en nuestra comunidad.
Para poder determinar el impacto de las energías renovables en el empleo, fue necesario analizar la situación energética, los datos de producción de energía primaria y el consumo de energía final. Observamos un elevado componente de energías fósiles, tanto en la producción como en el consumo de energía. Y cabe destacar que en la producción primaria de energía en Catalunya un 85% proviene de la energía nuclear, según la consideración técnica (ciertamente cuestionable) de que la fisión del uranio importado se puede considerar como generación autóctona. La participación de las energías renovables es baja, únicamente el 2,4% del consumo de energía primaria. Respecto a la generación de electricidad, el 17% se inscribe el régimen especial, donde más de la mitad de esa cuota proviene de la cogeneración. Por sectores, el mayor consumidor de energía final es el transporte (39,9%), seguido de la industria (31,6%) y del consumo doméstico (14%). El resto se reparte entre el sector servicios (10,9%) y el primario (3,5%).
Esta dependencia sitúa a los ciudadanos, a las empresas y a las administraciones catalanas ante una situación de debilidad, por depender casi exclusivamente del exterior para el desarrollo energético del país, por tener un mix de producción centrado en la energía nuclear y en los combustibles fósiles, sujetos a los incrementos del precio del crudo, a los vaivenes de los mercados internacionales. El agotamiento de las reservas más ricas, el peak oil (o, dicho de otra manera, el momento en que se alcanza el máximo de producción global de petróleo), el aumento de la demanda mundial (especialmente por parte de China, y los llamados países emergentes, India y Brasil), y la actual reducción de la demanda europea (sobre 15%), son evidencias difícilmente cuestionables.
Un dato significativo es el aumento del precio del barril de petróleo en más de un 60% en los últimos tiempos, a pesar de las dificultades económicas de Europa y EE UU. De confirmarse los signos de recuperación económica a escala global, con el consiguiente aumento de la demanda de petróleo, podremos llegar a los records en los precios del barril del año 2008, pero todavía en una situación de crisis en el Estado Español. Las consecuencias de esta conjunción podrían resultar dramáticas.
Por lo que respecta a las energías renovables, aunque fue en Cataluña donde se instaló el primer parque eólico de España hace ya más de 25 años, en la actualidad ya son muchas las comunidades autónomas que la superan con creces en generación de energías limpias. Sucesivos gobiernos de la Generalitat (el gobierno catalán) se han caracterizado por una rápida adecuación a normativas y estrategias ambientales, de carácter predominantemente europeas. Hay ejemplos de esta adecuación en las políticas sobre agua, en los procesos de autorización ambiental de empresas, en la gestión de residuos, etc. Pero en muchas ocasiones no han demostrado una verdadera voluntad de cambio de modelo, de una aplicación sincera de los principios de la sostenibilidad ambiental, que a lo largo de los años se han ido consolidando en las directivas de la Unión Europea.
Pero el crecimiento de las instalaciones de producción de energía renovable en los últimos años ha sido evidente en nuestra comunidad. Este cambio positivo se ha hecho especialmente importante en relación a la energía solar (principalmente la térmica) y la eólica. El Acuerdo Estraté- gico para la Internacionalización, la Calidad del Empleo y la Competitividad de la Economía Catalana (firmado por sindicatos, patronales y Gobierno de la Generalitat), el Plan de la Energía de Catalunya 2006-2015 o el Pacto Nacional para las Infraestructuras, incluyen interesantes objetivos en generación de energía renovable. Al entorno de los 700 MW eólicos actuales se sumarán próximamente más de 2000. Y ya se han superado los objetivos en las instalaciones solares fotovoltaicas. Pese a este crecimiento, el peso de las renovables en Cataluña aún es muy bajo, y hay mucho campo por recorrer para llegar a una situación como, por ejemplo, la de Navarra.
A través de encuestas realizadas a empresas del sector de las energías renovables, estimamos en 15.432 el número de personas que trabajan total o parcialmente en renovables. De estos, 6.336 están dedicados exclusivamente en tareas propias del sector en Catalunya. La energía solar térmica de baja temperatura fue el principal subsector en empleo, lo que nos diferencia del resto del Estado, donde domina la eólica. A éste, le siguen el solar fotovoltaico y el eólico. Ya más distanciados en número de empleados, encontramos al subsector de mini hidráulica, biocarburantes y biogás. El estudio entrevió las enormes perspectivas de crecimiento de las diversas variantes de fuentes de energías renovables, principalmente en el subsector eólico, en su variante marina también, en el subsector de la biomasa y en la rehabilitación energética de edificios, ámbito de actividad económica que podría ayudar a paliar la destrucción de empleo en el sector de la construcción.
Otros datos de interés fueron, por ejemplo, la presencia mayoritaria de pequeñas y medianas empresas. En el 92% de las compañías la plantilla no superaba los 25 trabajadores. En su gran mayoría son independientes, no forman parte de ningún grupo empresarial o multinacional. Se puede catalogar de sector «joven», ya que más de la mitad de las empresas se crearon a partir del año 2000. Es importante destacar que la contratación en el sector era estable, especialmente en las ocupaciones de mayor cualificación (casi el 31% de los trabajadores/as del sector). El 90% de los contratos era de tipo indefinido, cuando según datos del Instituto Nacional de Estadística la media estatal del momento era del 70% (3er trimestre de 2008).
El 65% de las empresas encuestadas experimentaron un crecimiento fuerte o continuado hasta el momento del estudio, y las expectativas de cara al futuro eran muy buenas, ya que casi dos de cada tres empresas pensaban que seguirían aumentando sus plantillas, y casi el resto las mantendría.
Todos estos datos se plasmaron en el documento «Energías Renovables y Ocupación 2008», realizado con el soporte técnico de compañeros del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Actualmente, el Departamento de Medio Ambiente de CCOO de Cataluña se encuentra inmerso en su actualización, con el objetivo de realizar una revisión de manera bianual.
Los primeros datos preliminares que estamos recopilando, a través de encuestas y entrevistas realizadas a representantes del sector, reflejan la lógica irrupción de los efectos de la crisis económica y financiera mundial. Podemos avanzar que se han invertido los valores de crecimiento en cuanto a la contratación: ahora son casi dos tercios las empresas que creen que se mantendrán estables, mientras que poco menos de un tercio prevé un crecimiento continuado. Como dato negativo, y pendientes todavía de análisis pormenorizado, aumenta ligeramente el número de empresas que prevén un descenso continuo de la contratación. También baja en casi 10 puntos la contratación indefinida, pero continúa por encima de la media estatal. Se apunta una reducción de número total de trabajadores empleados en los diferentes subsectores.
A pesar de los primeros datos que estamos manejando en la actualización del estudio (todavía no definitivos), la actividad relacionada con la instalación y gestión de instalaciones de energía renovable todavía mantiene argumentos para el optimismo. Las perspectivas de evolución de la energía solar-térmica, la eólica y la solar fotovoltaica, sin olvidarnos de la emergente biomasa, son realmente positivas a pesar de la coyuntura económica.
Los cambios que se están produciendo repercutirán sobre las condiciones de trabajo y el futuro de miles de personas. Valorar, participar y actuar sindicalmente sobre esta evolución es una responsabilidad que desde CCOO reivindicamos e intentamos atender como corresponde. El hecho de poner en marcha estos estudios sobre empleo en el sector renovable, y el objetivo de mantener revisiones bianuales, nos coloca en esta irrenunciable dirección. Ya en 2007, nuestro sindicato publicó un primer trabajo a escala estatal, y que también se está actualizando durante 2010.
El aumento del precio de las materias primas, la evidencia del cambio climático, la mala calidad atmosfé- rica de muchos lugares, obliga a la aplicación de medidas correctoras. La intensidad energética, aun teniendo cierta mejora observable, nos sitúa a la cola de Europa, y nuestra dependencia exterior es mucho más preocupante. El transporte es totalmente dependiente de los combustibles fósiles, con todo lo que esto implica, y su transformación es ya urgente. Los resultados de este proceso serán muy diferentes si existe o no la participación de los trabajadores/as y de sus representantes sindicales.
Empresas, administraciones y sindicatos tenemos que entender que hace falta crear ámbitos para tratar conjuntamente los temas ambientales, de la misma manera que dialogamos sobre otras cuestiones (convenios, salud laboral, etc.). Tenemos un enorme margen para el ahorro energético y el aprovechamiento de las fuentes renovables, y un tejido industrial con capacidad para ponerlo en práctica.
Un buen ejemplo sería la constitución de comisiones paritarias en las empresas para desarrollar campañas de optimización de recursos energéticos y para promover un acceso más seguro y sostenible en los centros de trabajo. La idea es aplicar lo que definimos en el mundo sindical internacional como «transición justa».
La transición justa es un conjunto de medidas orientadas a moderar el impacto social de las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como también de las medidas de adaptación al cambio climático, con la finalidad de recuperar la confianza en la capacidad de avanzar y consolidar una economía basada en actividades menos contaminantes y mayor valor añadido (economía verde) que garanticen el empleo y la calidad de vida para todos los ciudadanos. Una transición justa requiere un importante despliegue de inversiones en sectores que contribuyan a una reducción significativa de las emisiones de GEI (rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, servicios ambientales, etc.), desarrollar políticas activas de empleo, políticas de protección social y reforzar el diálogo social como elemento que garantice la transparencia, la corresponsabilidad y la participación—de los agentes económicos y sociales en el diseño, la implantación y la gestión de las políticas de la lucha contra el cambio climático, así como de las medidas socioeconómicas de acompañamiento que aseguren el desarrollo económico y la justicia social.
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* Departamento de Medio Ambiente CCOO de Cataluña. Secretaría de Mediación, Responsabilidad Social e Inspección (jmjurado@ccoo.cat).
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