Ambiente Mortal

Ambiente Mortal [1]

Marien González Hidalgo [2]

 

Visibilizando crímenes ocultados

En 2014 la organización Global Witness publicó su informe Deadly environment. The dramatic rise in killings of environmental and land defenders (“Ambiente Mortal. El dramático aumento de asesinatos a defensores ambientales”). El informe analiza y denuncia el drástico aumento, en los últimos años, de los asesinatos a personas participantes de luchas en defensa del medio ambiente o derechos de tierra.

Ya en 2012 Global Witness denunció en su Informe A hidden crisis (“Una crisis escondida”)[3], que las muertes en relación a la presión extractiva de las tierras (y especialmente los bosques) estaban aumentando de manera dramática. Dicho informe demostraba que el conocido caso del asesinato en 1988 de Chico Mendes, activista y cosechador de caucho en Brasil, no es en absoluto un hecho aislado. En A hidden crisis se reportaban 711 muertes en relación a la defensa de la tierra. En el informe “Ambiente mortal”, Global Witness amplia el marco temporal del estudio, hasta finales de 2013.

El informe reporta 908 muertes desde 2002 a 2013 en 35 países de África, Asia y América central y del Sur.  Global Witness toma la información de más de 1.000 reportes de colectivos locales, grupos de investigación, instituciones de derechos humanos, y comisiones de investigación; dicha información es contrastada por instituciones nacionales o regionales para contrastar la información. Las regiones más afectadas fueron Asia y América central y del Sur.

El informe se enfrenta a la limitación que supone la probablemente deliberada falta de información al respecto. Muchas de las muertes suceden en lugares remotos y/o rurales, o donde no hay grupos de la sociedad civil que monitoreen los derechos humanos. Por ejemplo, en países como Nigeria, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Zimbabue, se conoce el carácter violento de los disturbios, pero la información es casi imposible de contrastar a menos que con visitas al terreno. Además, la ausencia de información revela también la falta de voluntad política para ejercer la justicia ante estos asesinatos, que se traduce en una impunidad al respecto. Sólo el 1% de los perpetradores de dichas muertes se sabe que hayan sido procesados y condenados por los asesinatos que han cometido.

El informe, por tanto, intenta contrarrestar la tendencia a que estas muertes queden silenciadas, o mantenidas como casos aislados, locales o circunstanciales. Se pretende así visibilizar este problema como una tendencia mundial: muertes relacionadas a acaparamientos de tierras, operaciones mineras, industria de la madera… demuestran que es la presión sobre los recursos finitos la que aumenta estas amenazas. Pocas cosas pueden dar más evidencia de la profunda crisis ambiental en la que vivimos.

Morir por defender la tierra

Las 908 muertes reportadas son en su mayoría asesinatos de personas concretas, o ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones o acciones de protesta. Las personas asesinadas  se oponían o denunciaban impactos por acaparamientos de tierras, operaciones mineras, deforestación y tala ilegal, principalmente. También han sido asesinados activistas relacionados con movilizaciones en contra de contaminación, protección de recursos fluviales y conservación de fauna.

Las personas asesinadas eran pertenecientes a pueblos indígenas, grupos sin tierra, campesinos/as, trabajadores de ONGs, periodistas. En muchos casos son las comunidades indígenas las que salen peor paradas: se han documentad  92 eventos con 115 víctimas en relación con los pueblos indígenas, aunque esta cifra puede ser difícil de confirmar, dado estas personas suelen vivir en áreas remotas.

Las razones que explican estas muertes son tres. Primero, el aumento de la presión sobre los recursos finitos. Segundo, el hecho de que las apropiaciones de tierra, recursos ambientales y bienes comunes siguen haciéndose a puerta cerrada, sin el consenso de las comunidades locales. Esto suele suceder con legitimación de los gobiernos, ya que normalmente los Estados y sus fuerzas de seguridad se ponen al servicio de la protección de los intereses privados. Finalmente, la colaboración entre extractivismo, capital privado y Estados se pone de manifiesto después, cuando se demuestra que éstos últimos tienden a no investigar los crímenes.

De las 908 muertes registradas entre 2002 y 2013, Brasil (448 asesinatos), Honduras (109), Filipinas (67) y Perú (58) son los que presentan la situación más dramática. El informe presenta en detalle los casos de Brasil y Filipinas. El caso de Brasil, por un lado, es paradigmático por la gran cantidad de asesinatos, vinculados a conflictos de tierra por la alta concentración de la misma y la tala ilegal en la Amazonía. Como ocurre en varios territorios, los asesinatos suceden en un contexto de títulos de propiedad en pugna, ausencias de aplicación de las leyes, y grandes intereses de terratenientes de la agroindustria o madereros. El alto número de casos de asesinato en Brasil, por otro lado, muestra sin embargo un buen monitoreo de las violaciones de los derechos humanos, algo ausente en mucho de los otros territorios. Filipinas, por otro lado, muestra una realidad también compartida en otros lugares: las muertes desde 2002 son 67, 42 de ellas relacionadas con la oposición a proyectos mineros de empresas nacionales o internacionales, cuyos principales perpetradores son fuerzas de seguridad.

Los casos reportados en este informe muestran como las personas que se articulan como defensores de la tierra y el ambiente, se enfrentan a poderosos intereses políticos y económicos, que les exponen a condiciones de abuso. La vulnerabilidad de estas personas se ve agravada, además, por el frecuente aislamiento rural, limitación de recursos económicos y a veces escaso  conocimiento que tienen de sus propios derechos. Por otra parte, es importante tener en cuenta que estas muertes son sólo la punta del iceberg de otras amenazas que sufren las comunidades, como son procesos de intimidación, violencia, detenciones arbitrarias, estigmatización, criminalización, etcétera.

Recomendaciones: parar la muerte

El informe Deadly Environment no se queda sólo en la denuncia de estas muertes, sino que propone y exige que los gobiernos nacionales, compañías de capital privado e instituciones internacionales asuman sus responsabilidades sobre esto.

Se exige a los gobiernos nacionales que tomen medidas en lo que refiere al respeto de  los derechos de los y las activistas ambientales, tal como estipuló la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en 2011[4]. Es fundamental que se respeten y se apliquen las disposiciones expuestas en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos[5], prestando especial atención al deber y la responsabilidad de los estados de proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente seguro y saludable. Así mismo, se debe garantizar que se investiguen rápida e imparcialmente las acusaciones de ataques y violaciones contra activistas, y proporcionar a las víctimas reparaciones e indemnizaciones adecuadas. Los Estados y sus gobiernos deben hacer cumplir el derecho que tienen las comunidades potencialmente afectadas por inversiones y proyectos extractivos a un consentimiento genuinamente libre, previo e informado antes de que se llegue a ningún acuerdo. Cuando corresponda, se debe cumplir la Convención de Aarhus[6], que otorga a la ciudadanía el derecho a participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente,  tener acceso a la información relacionada con el medio ambiente y  reclamar justicia en cuestiones ambientales. Además, se debe abordar el aumento del riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el proceso de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en sus propios informes como en las recomendaciones que hagan para los informes de otros estados.

A los organismos internacionales, se recomienda que en los procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (específicamente los que tienen el mandato de ocuparse de los defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, derechos humanos y empresas, derechos humanos y el medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales) se aborde  el aumento del riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en sus siglas en inglés) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los pueblos deberían crear un mecanismo basado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ofrecer protección a los defensores de los derechos humanos en casos de emergencia.

En lo que refiere a las empresas, se exige que tomen de inmediato las siguientes medidas: rehusar a invertir o planificar proyectos en zonas donde no cuentan con un  consentimiento genuinamente libre, previo e informado de las comunidades que pudieran verse afectadas; renunciar a operaciones en zonas militarizadas; y el uso de seguridad privada si existen acusaciones de participación en violaciones de los derechos humanos en el pasado. Asimismo, se urge a que las empresas revisen sus cadenas de suministro para garantizar que su política de adquisiciones no esté relacionada con empresas cuyas operaciones causan daños sociales o ambientales.  Se han de adoptar y aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos[7], los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos[8] y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional[9].

De manera más general, es evidente que los Estados, los organismos internacionales y las empresas tienen también la responsabilidad de estas muertes por impulsar modelos económicos erróneos  que causan la destrucción masiva del medio ambiente. Es decir, además de proteger los derechos de las personas activistas, se requiere con urgencia la acción para proteger el medio ambiente a nivel nacional y mundial. La tierra, los bosques y la propia biosfera son finitos, pero se están destruyendo por las demandas en alza en consumo y contaminación del Norte Global. Si no se toman estas medidas no sólo aumentará la destrucción ambiental, sino que también seguirán los asesinatos y la violencia, sabiendo que pueden quedar invisibilizadas, como lo han estado por mucho tiempo.

[1] Texto disponible aquí: http://www.globalwitness.org/deadlyenvironment/. La redacción de este artículo ha sido posible gracias al Programa People (Acciones Marie Curie) del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, bajo el acuerdo número 289374 – “ENTITLE” –  www.politicalecology.eu Consultado el x/x/x

[2] Universidad de Chile (marien.gonzalezhidalgo@gmail.com)

[3] http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/A_hidden_crisis-FINAL%20190612%20v2.pdf

[4] Consejo de Naciones Unidas (2011). Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Disponible en inglés acá: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-55_en.pdf

[5] Declaración de Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos (2008). Resolución de la Asamblea general de Naciones Unidas Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf

[6] Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (1998). Convención sobre acceso de información, participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Disponible en:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf

[7] Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (2000). Disponible en: http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principios_voluntarios_espanol.pdf

[8] Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011). Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Disponible en: http://business-humanrights.org/es/node/86208/principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos

[9] Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2012). Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf

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